ANTE LA VIII ASAMBLEA ORDINARIA: UNA OPORTUNIDAD PARA REDEFINIR LA ACCIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

Los miembros de esta Asociación celebraremos nuestra VIII asamblea ordinaria el próximo martes 25 de marzo, no solo para que la junta directiva rinda cuentas de la gestión realizada y no solo para renovar parcialmente a los integrantes de dicha junta, sino sobre todo para redefinir la orientación de la actividad asociativa y explorar nuevas ideas y nuevas iniciativas.

No podemos conformarnos con que nuestra acción sea la reiteración de peticiones, denuncias e impugnaciones judiciales que, en algunos casos, venimos formulando desde hace ya siete años –como ocurre en materia de acceso a la función pública, donde el balance de dichas acciones no puede considerarse desdeñable-, sino que hemos de avanzar y explorar otras acciones posibles, y ello requiere un debate interno y un trabajo posterior de desarrollo en el que hemos de implicarnos el mayor número posible de miembros de la Asociación.

El horizonte de nuestra Administración y de nuestra función pública es altamente preocupante –este Gobierno no está adoptando ninguna medida real para mejorar la legalidad y la profesionalidad en la función pública, más allá de unas medidas de provisión carentes de rigor y de unos forzados procesos selectivos en los que no se ha dado muestra alguna de verdadera voluntad de cumplir las leyes-, y esa realidad debe merecer un análisis por nuestra parte y una respuesta adecuada.

No es posible que la legislatura de la inanidad, en la que nos hallamos, nos deje una Ley de Función Pública –si finalmente se llegase a aprobar- que carece de la más elemental consistencia, y cuyos supuestos principios se ven desmentidos a diario por el arbitrario proceder de los actuales responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública. No podemos limitarnos a la crítica de las pobres iniciativas de los responsables de Función Pública, aunque dicha labor resulte imprescindible, si queremos mantener una línea de control y de exigencia.

La sociedad necesita y se merece una Administración a la altura de sus necesidades, servida por funcionarios públicos capaces y comprometidos, con valores firmes de servicio público, con voluntad de eficacia y de respeto de la legalidad. La degradación de la función pública, a la que todos hemos asistido a lo largo de todos estos años, es un factor central de la pérdida de calidad de nuestra democracia y de la debilidad de nuestro Estado de Derecho. La reforma de la función pública empieza, por lo tanto, por la actitud personal de cada uno de nosotros, más allá de los cambios legislativos que quepa impulsar. Ninguna ley por sí sola devolverá a los funcionarios el compromiso con los valores del servicio público, si éste no es resultado de una reflexión y decisión personal de cada servidor público sobre la propia responsabilidad en el buen funcionamiento de los servicios públicos.

Esta Asociación quiere seguir trabajando, tras la próxima Asamblea,  y con el mayor esfuerzo posible, por hacer valer los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública tanto en el quehacer de los servidores públicos como en la organización y funcionamiento de la Administración Pública, abriéndose también a la colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, con las que poder acordar propuestas comunes de buen gobierno y buena administración.