Anteayer, finalmente, se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón el nombramiento de un funcionario del Departamento de Medio Ambiente como Director del Centro Internacional del Agua y del Medio Ambiente (CIAMA), mediante Decreto del Gobierno de Aragón, poniendo con ello fin a la irregular situación que había denunciado de forma reiterada esta Asociación.
Dicho Centro es un servicio administrativo, dependiente de la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente, como se señala en el Decreto 281/2007, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica de dicho Departamento, y el puesto de Director/a del citado Centro se encuentra reservado a personal funcionario. Por lo tanto, su cobertura y desempeño sólo puede asignarse a persona que reuna la condición de funcionario de carrera.
Pese a ello, diferentes informaciones, surgidas del propio Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón y del Departamento de Medio Ambiente, identificaron en meses pasados a Carlos Franco como Director del Centro, a pesar de no reunir la condición de funcionario ni aclararse la relación laboral o de otro tipo que pudiera ligarlo con el CIAMA.
Dada la gravedad de tal situación, pues conllevaría la atribución de las funciones de un puesto de funcionario a persona carente de tal condición -lo que podría constituir un delito contra la Administración Pública , tipificado en el artículo 405del Código Penal-, se solicitó al Consejero de Presidencia, Javier Velasco, que llevase a cabo una investigación sobre la situación en que pueda hallarse el puesto de Director del CIAMA y determinase las posibles responsabilidades en que hubiesen podido incurrir los responsables del Departamento de Medio Ambiente, y se formuló una denuncia por tal presunta irregularidad ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Esta Asociación ha expresado, de forma reiterada, su preocupación por la situación que vive la función pública aragonesa, donde la falta de aprobación de Oferta anual de Empleo Público o la manifiesta insuficiencia e ilegalidad de la misma, cuando se aprueba, no ha constituido obstáculo alguno para la cobertura de puestos de trabajo o el desempeño de sus funciones con personal ajeno a la función pública aragonesa, como pudiera ser el caso del CIAMA.
Dicha insuficiencia parece además suplirse, especialmente en el Departamento de Medio Ambiente, con la atribución de funciones administrativas a personal laboral de la empresa pública SODEMASA, mecanismo fraudulento con el que se atienden o suplen las necesidades de personal funcionario y se suplantan sus funciones.
El hecho de que finalmente se regularice la situación administrativa del puesto de Director del CIAMA es un motivo de satisfacción para esta Asociación, pero ello no ha de impedir esclarecer la situación que ha vivido dicho puesto en los meses anteriores y deteminar las posibles responsabilidades, de todo tipo, en que hayan podido incurrir los altos cargos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
5 comentarios:
¿Nos lo podemos creer?
¿Es Sodemasa un proveedor de personal para el Departamento de Medio Ambiente?
¿Está contratado Carlos Franco por Sodemasa?
Sé que me aparto del tema, pero recomiendo leer el último artículo del blog de APUDEPA: "Discurso íntegro de APUDEPA sobre la Ley de Urbanismo ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón".
En sus primeros párrafos se puede leer la queja de esa Asociación por el retraso con que se le ha citado a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes, en una situación que recuerda mucho a la vivida por esta Asociación para la Defensa de la Función Pública ante una solicitud de comparecencia similar.
Pero lo que me interesa señalar es la queja por la falta de participación de esa Asociación en la elaboración, en este caso, de la Ley de Urbanismo de Aragón, como al parecer era su propósito, trasladando a las Cortes sus reflexiones. No ha sido posible, dicen. Si ha ocurrido como dicen, y no creo que haya motivo para dudarlo, ¿qué papel desempeña la Dirección General de Participación Ciudadana? Sé que Gobierno y Cortes son ámbitos distintos, pero teniendo en cuenta la mayoría parlamentaria con que cuentan los partidos en el gobierno, parece que ese pretendido interés por facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos no pasa de ser mera retórica. Gobierno y Cortes, o por expresarlo con más precisión, Gobierno y Grupos Parlamentarios que le apoyan, no son compartimentos estancos, sino al revés, perfectamente permeables e intercomunicados. Son, por decirlo de otra manera, la representación ante dos instituciones de un mismo equipo político.
Es tremendamente significativo este párrafo de la intervención de APUDEPA: “Parecida sensibilidad a la de este Parlamento en lo que a participación social se refiere demostró la Diputación General con el proyecto de Ley de Urbanismo, aprobado sin ningún tipo de debate ni consultas a los agentes sociales implicados. Esto que les muestro es el documento elaborado por la Dirección General de Participación Ciudadana sobre la necesidad de la participación “en el proceso de elaboración de una Ley”. Con gran entusiasmo la Dirección General ha publicitado su trabajo previo a la aprobación del proyecto de Ley de Servicios Sociales. Es una verdadera lástima que la Dirección General haya permitido que, paralelamente, las leyes fundamentales de la legislatura hayan tenido una tramitación tan desconsiderada y opaca. No crean sus señorías que nos sorprende: sabemos que el actual régimen democrático no ha podido evitar que las parcelas en que se desenvuelven los grandes intereses económicos (como lo son sin duda las parcelas urbanística y territorial) sigan “protegidos” de la intrusión que supone el debate y la reflexión en torno del bien común. Consignamos aquí, pues, el primer gran defecto de la Ley de Urbanismo de Aragón”.
La participación ciudadana no es más que un reclamo publicitario sin ningún contenido real ni tangible. Es sólo una declaración retórica. O eso parece.
Sé que se aparta de los fines de la Asociación, pero no estaría de más que con carácter excepcional y al menos una vez al año, se mantuviera un encuentro o un acto público con las otras asociaciones de carácter cívico que tratan de articular a la sociedad civil, aunque sus ámbitos de actuación no sean estrictamente coincidentes. Por lo que se ve, todas ellas nos enfrentamos a problemas de desatención y ninguneo muy parecidos.
Italia está viviendo desde hace años una inédita e inquietante forma de extinción del Estado constitucional de derecho. No se trata únicamente de que nos hallemos ante variedades extremas de la personalización de la política que se manifiesta también en un número creciente de países. Ha vuelto con prepotencia la lógica del Estado patrimonial, por la que los numerosos instrumentos de la acción pública son utilizados para la tutela de los intereses económicos del jefe del Gabinete. Berlusconi aspira a tratar el gobierno como si fuera una empresa, y considera por ello como un obstáculo cualquier forma de control democrático, empezando por el parlamentario. La legalidad misma se considera insoportable y debe ser sacrificada cada vez que entra en conflicto con los intereses personales del jefe del Gabinete, o mejor dicho, debe desaparecer del todo frente al consenso electoral, definitivamente presentado de forma obsesiva como una suerte de absolución para todo comportamiento suyo presente, pasado o futuro. De esta forma, el conflicto de intereses, del que se sigue hablando sobre todo a causa de la propiedad de tres canales televisivos por parte de Berlusconi, se dilata e invade todo momento de la vida pública.
STEFANO RODOTÁ.
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