INCONSISTENCIAS DEL “DIAGNÓSTICO” SOBRE LA FUNCIÓN PÚBLICA: LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Zaragoza, 15 de octubre de 2009.

En el denominado “Documento de análisis y diagnóstico de la Función Pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón”, presentado por el Director General de la Función Pública, Antonio Brun, ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, se hace referencia a la negociación colectiva y a la solución extrajudicial de conflictos colectivos.

Sorprende, una vez más, que un tema de tanta trascendencia como la acción sindical en el seno de la Administración aragonesa no tenga más reflejo que una genérica alusión a la negociación colectiva de las condiciones de trabajo como elemento básico del actual modelo de función pública, y al vacío incomprensible que en tal materia ofrece la ley aragonesa de función pública, pese a subrayar a renglón seguido el carácter pionero de dicha ley al prever la posibilidad de negociación conjunta y general de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral.

El tratamiento de esta materia, reducido a un par de consideraciones de carácter teórico, nada tiene que ver con un diagnóstico, en el que debieran haberse analizado, con detalle, las condiciones y resultados de la negociación colectiva en el ámbito de la función pública aragonesa. Nada se dice tampoco de la presencia de los sindicatos en la Administración aragonesa o de la ordenación de su acción sindical. Mucho menos se rinden cuentas del coste económico que la acción sindical en la Administración aragonesa supone para el presupuesto de la Comunidad Autónoma. O no se sabe, o no se quiere decir. En ambos casos, la ausencia del dato devalúa el “diagnóstico” presentado.

La negociación colectiva ha sido una cuestión presente, desde el primer momento, entre las preocupaciones de esta Asociación. A las pocas semanas de su constitución, y coincidiendo con la celebración de las elecciones sindicales de marzo de 2007 en la Administración autonómica, se remitió un documento a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa de Función Pública, en el que, entre otras cuestiones, se planteaba la necesidad de que la negociación colectiva asegurase el respeto a la legalidad y se atuviese a criterios de plena transparencia. Sólo CEMSATSE acusó recibo de tal documento, y valoró positivamente las propuestas formuladas. Los demás sindicatos nada dijeron sobre la propuesta, aunque, entonces o más tarde, han realizado actuaciones de inequívoco rechazo a las mismas e, incluso, a la propia existencia o actividad de esta Asociación. Tal actitud no ha hecho sino confirmar nuestra inicial preocupación: algo falla en la acción de los sindicatos en la función pública. Y ellos son los primeros interesados, aunque no los únicos, en analizarlo.

La negociación es una actividad que legalmente se reserva a los sindicatos, y ello no se ha cuestionado jamás, pero la defensa de la función pública es algo que incumbe a todos los servidores públicos –y también a los ciudadanos- y en esa defensa debieran estar comprometidos claramente los sindicatos, y demostrarlo, haciendo que la negociación colectiva se sujete a “los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia”, como exige el artículo 33.1 del Estatuto Básico del Empleado Público. Tenemos ejemplos recientes y palmarios de acuerdos alcanzados en el ámbito de la negociación colectiva que contravienen tales principios. Lógicamente, la responsabilidad principal de que ello suceda es del Gobierno de Aragón, pero también de unas organizaciones sindicales que han decidido prescindir del marco de la legalidad y entrar en el ámbito del fraude a la ley, convencidos de que obtener mejoras salariales, vulnerando la legalidad presupuestaria, es una conquista social, en lugar de un supuesto de corrupción pública.

El respeto a la ley es fundamento de la paz social, como señala el artículo 10.1 de la Constitución Española. Algo se ha torcido gravemente en nuestra Comunidad Autónoma, si sindicatos y responsables de la función pública creen o consideran que la paz social –en el seno de la Administración, al menos- puede pasar por la vulneración de la legalidad. No hay que desdeñar el poderoso efecto que acuerdos retributivos manifiestamente ilegales –como fue el caso de la “cláusula de revisión salarial” o el “anticipo de carrera profesional”- producen en el deterioro de la ética de los servidores públicos. Si aceptamos cobrar lo que no nos corresponde, si no nos importa traspasar la línea de la legalidad, porque de ello obtenemos beneficio económico, cuál puede ser el paso siguiente, dónde queda el límite infranqueable. Si la ley ha cedido, qué resistirá. No nos cansaremos de señalar este fenómeno gravísimo que vive nuestra Administración, y que, por lo que podemos apreciar, en nada preocupa a los responsables del Gobierno de Aragón ni a los sindicatos. Nueva muestra de ese absoluto desinterés por la legalidad, en materia de negociación colectiva, es la nula referencia a la cuestión en el llamado “diagnóstico” de la función pública.

El que las ilegalidades sean pactadas no les resta ni un ápice de su improcedencia. Más bien al contrario, agrava su irregularidad, pues el peor espectáculo que pueden ofrecer funcionarios –a través de sus sindicatos- y gobiernos es alcanzar acuerdos sobre los recursos públicos en fraude de ley, es decir, en perjuicio del conjunto de la ciudadanía. Es evidente que no existe interés en ver como es debido este fenómeno, y en realizar la autocrítica oportuna, tanto por los responsables sindicales como por los responsables de la función pública.

Sin un compromiso con la legalidad, la negociación colectiva queda desprovista de toda legitimidad y justificación. Sin una garantía máxima de transparencia, se olvida que lo que se negocia no lo paga el Gobierno, sino que se endosa a la factura de los ciudadanos y a la deuda de las instituciones. Los ciudadanos han de saber cuánto les cuestan los acuerdos sindicales en las Administraciones Públicas. Y también los servidores públicos han de saber cómo se negocia y qué acuerdos se adoptan, y si los mismos cuentan con los informes económicos y jurídicos preceptivos. No queremos –o no debemos- ser beneficiarios o receptores de acuerdos ilegales, de beneficios ilegítimos. Y por ello, además, creemos que los negociadores por parte de la Administración no pueden ser personas que vayan a verse afectados –casi siempre favorablemente- por los acuerdos alcanzados. ¿Qué interés defienden en esas negociaciones? ¿El público o el propio, o ambos a la vez? No parece razonable que no se evite dicho conflicto de intereses.

El llamado “diagnóstico” sobre la función pública, presentado por el Director General de la Función Pública, Antonio Brun, ha carecido de la honestidad y la valentía necesarias para abordar los males que padece la negociación colectiva en el seno de la Administración autonómica. Sin detectar los males e identificar sus causas, ni cabe hablar de “diagnóstico” ni resulta posible avanzar adecuadamente en su corrección. El peor “diagnóstico” posible es el autoengaño.