Zaragoza, 26 de octubre de 2009.
El Justicia de Aragón ha tramitado las quejas planteadas por esta Asociación, por vulneración del derecho fundamental de petición, frente a aquellos responsables políticos que no han dado la respuesta que exige la Ley a las peticiones formuladas desde esta Asociación, en ejercicio de dicho derecho fundamental.
La actuación de la Oficina del Justicia de Aragón en esta materia hemos de valorarla muy positivamente. Si las instituciones de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos se mostrasen tibias ante la vulneración de tales derechos por las autoridades públicas o remisas a fiscalizar a responsables políticos que no responden a los ciudadanos que ejercen el derecho de petición, el debilitamiento del Estado de Derecho y el vaciamiento de la participación ciudadana en los asuntos públicos resultaría imparable, pues si hay algo peor que la arbitrariedad del poder político es la comprensión o tolerancia de tal arbitrariedad por parte de los órganos encargados de la defensa de los derechos constitucionales.
El Justicia de Aragón, con su actuación, viene a reconocer el valor que nuestro ordenamiento constitucional concede al derecho fundamental de petición como mecanismo de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos y la necesidad de insistir en el deber de respuesta que tal derecho impone a las autoridades públicas a las que los ciudadanos dirigen sus peticiones.
Muestra de dicha labor de defensa de los derechos fundamentales es la comunicación dirigida a esta Asociación, en relación con la petición que se formuló, ya en noviembre de 2008, a los alcaldes de las ciudades de Huesca, Teruel y Zaragoza, y a los presidentes de las tres Diputaciones Provinciales aragonesas, para el impulso de códigos de buen gobierno en sus respectivas instituciones.
La intervención del Justicia propició la respuesta expresa y favorable, aunque tardía, del Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Alcalde de la ciudad de Zaragoza. Dicha intervención ha servido, asimismo, para recordarles a los Alcaldes de las ciudades de Huesca y de Teruel su obligación legal de contestar, con independencia del contenido de la respuesta que finalmente den a la petición formulada. Como expedientes de queja independientes, el Justicia de Aragón tramita las quejas por falta de respuesta de los Presidentes de las Diputaciones Provinciales de Huesca y de Teruel.
Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito recientemente remitido desde dicha Institución:
“DI-496/2009-4
D. Julio Guiral Pelegrín
Asociación para la Defensa de la Función
Pública Aragonesa
Zaragoza, a 14 de octubre de 2009
Estimado señor:
De nuevo me pongo en contacto con Ud. en relación a su queja presentada ante esta Institución y que quedó registrada con el número de referencia arriba indicado, referente a escritos presentados ante diferentes instancias administrativas planteando la oportunidad de elaborar un código de buen gobierno; escritos que no han recibido contestación por parte de tales administraciones.
Solicitada información en su momento a los Ayuntamientos de Huesca, Teruel y Zaragoza y a la Diputación Provincial de Zaragoza, hemos ido recibiendo diferentes contestaciones que paso a glosar:
En primer lugar, la Diputación Provincial de Zaragoza nos indicó, en su momento, que por parte de esa Administración se remitía escrito a la Asociación que usted representa adquiriendo el compromiso de impulsar un Código de Buen Gobierno para la Institución.
El Ayuntamiento de Zaragoza nos informó, con fecha 22 de septiembre de 2009, de que con fecha 3 de septiembre se remitió a esa Asociación escrito por el que se manifiesta la disposición del Ayuntamiento a estudiar la propuesta presentada.
El Ayuntamiento de Huesca ha remitido, con fecha 8 de octubre de 2009, escrito en el que indica la imposibilidad, por razones de agenda, de entrar a estudiar la propuesta de elaboración de un código de buen gobierno. A la vista de dicha información, con esta fecha nos hemos dirigido a esa Administración, solicitando que dicha información sea remitida de forma expresa a la Asociación que usted preside.
Por último, el Ayuntamiento de Teruel no ha respondido a nuestra solicitud inicial de información, por lo que con esta misma fecha dirijo nuevo escrito al citado organismo con el fin de que el informe me sea remitido.
En el momento en que tenga más noticias al respecto me pondré de nuevo en contacto con Ud.
Atentamente,
p.a.: LA ASESORA JEFE DE LA INSTITUCIÓN,
ROSA CASADO MONGE”
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
1 comentario:
Bien por el Justicia, cada día me merece más respeto,
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