La Asociación ha dirigido, al amparo del artículo 29 de la Constitución Española, un escrito de petición al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, para solicitarle que vele por el respeto de los plazos que el Estatuto de Autonomía de Aragón impone al Gobierno de Aragón para la aprobación del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma y su remisión a las Cortes de Aragón.
El respeto a las obligaciones que impone el Estatuto de Autonomía de Aragón a las diferentes instituciones públicas autonómicas debe ser una prioridad para todas ellas, puesto que su credibilidad ante los ciudadanos depende, de forma directa, del respeto a las reglas de funcionamiento de que nos hemos dotado como Comunidad Autónoma, entre las cuales ocupa una posición preeminente el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Principio tan elemental es el que esta Asociación quiere recordar al responsable de la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos, mediante el escrito de petición formulado, pero también a las Cortes de Aragón, para lo cual se ha remitido escrito de similar contenido a todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, y al Justicia de Aragón, ante el cual se ha formulado con esta misma fecha escrito de queja por vulneración del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Banalizar el incumplimiento de las normas sólo puede conducir a la descomposición de las instituciones y de la vida democrática. No es admisible que ningún responsable público se permita afirmar que las leyes sufren una “crisis profunda”, como hizo el Director General de la Función Pública, Antonio Brun, recientemente, en relación con la Ley de Ordenación de la Función Pública. ¿También vamos a hacer entrar en crisis, con incumplimientos como el señalado, al propio Estatuto de Autonomía de Aragón?
Es necesario reaccionar de forma inequívoca contra tal forma de razonar y de gobernar. Estamos en una democracia y en un Estado de Derecho, y ello significa que nos gobernamos por leyes, leyes que obligan tanto a los poderes públicos como a los ciudadanos. De ahí, la absoluta necesidad de que los ciudadanos deban denunciar todo incumplimiento por parte de los poderes públicos, por lo que ello implica de “potencial riesgo” para el efectivo gobierno de las leyes.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito de petición dirigido al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo:
“Excmo. Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo
Gobierno de Aragón
Zaragoza, 15 de octubre de 2009.
Estimado señor:
En mi condición de presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad que tiene entre sus objetivos el de velar por el buen funcionamiento institucional de la Comunidad Autónoma, deseo expresarle nuestra preocupación por el hecho de que el Gobierno de Aragón no se haya ajustado, en la elaboración del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2010, a los plazos fijados por el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Tal y como se establece en el artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el Gobierno de Aragón ha de remitir a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuestos antes del último trimestre del ejercicio en curso. A pesar de ello, a fecha de hoy, ya rebasado el plazo previsto en el Estatuto de Autonomía, el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2010 ni ha sido aprobado por el Gobierno de Aragón ni ha sido remitido a las Cortes de Aragón.
Tal circunstancia, a juicio de esta Asociación, no sólo supone un incumplimiento cualificado de la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, condición que corresponde al Estatuto de Autonomía de Aragón, sino que, en una coyuntura económica como la actual, constituye una falta de diligencia en la definición de los criterios de gasto público para afrontar la difícil situación que atravesamos y un signo de escasa disciplina presupuestaria, ya que el puntual cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y aprobación de los Presupuestos ha de ser el primer signo del rigor presupuestario.
Creemos que las instituciones públicas, como es el caso del Gobierno de Aragón, han de dar ejemplo de estricta sujeción al ordenamiento jurídico –en particular, a las obligaciones que les impone el Estatuto de Autonomía de Aragón- y extremar su diligencia en el cumplimiento de sus deberes legales. El sometimiento de los poderes públicos a la Ley en el ejercicio de sus funciones es uno de los elementos que identifican a un Estado de Derecho. Si ello no se asegura adecuadamente, los poderes públicos pierden legitimidad para exigir, luego, su cumplimiento a los ciudadanos.
Por ello, y haciendo uso del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, le solicito que, como responsable directo de la elaboración del proyecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma, adopte las medidas necesarias para que su elaboración, aprobación y remisión a las Cortes de Aragón se haga dentro del plazo que viene establecido en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Agradeciéndole su atención, reciba un respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
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