Zaragoza, 28 de octubre de 2009.
El Justicia de Aragón ha admitido a trámite la queja planteada por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa con motivo del incumplimiento por el Gobierno de Aragón de la obligación que le impone el Estatuto de Autonomía de Aragón de remitir a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma antes del último trimestre del ejercicio en curso.
De acuerdo con dicha obligación, establecida en el artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el Gobierno de Aragón debería haber elaborado, aprobado y remitido a las Cortes de Aragón, antes del pasado 1 de octubre, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010. Sin embargo, ni ha sido todavía aprobado por el Gobierno de Aragón ni, por lo tanto, ha sido remitido a las Cortes de Aragón.
Esta Asociación entendía que el Gobierno de Aragón, con dicho incumplimiento, infringía uno de los mandatos básicos del Estatuto de Autonomía de Aragón en cuanto a las responsabilidades del Ejecutivo en su labor de gobierno, como es la programación y ordenación del gasto público a través del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
El Gobierno de Aragón, en la actual coyuntura económica, debiera haber sido especialmente diligente en la definición de los criterios de gasto público y en la puntual elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos, pues el primer signo de disciplina presupuestaria es el cumplimiento de los plazos establecidos para la elaboración y aprobación de los Presupuestos.
Corresponde al Justicia de Aragón, entre otras funciones, la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón, debiendo, por lo tanto, supervisar que las restantes instituciones de la Comunidad Autónoma –Presidente, Cortes de Aragón y Gobierno de Aragón- ajustan su actividad institucional a las disposiciones normativas del Estatuto.
Esta Asociación va a ejercer un control del comportamiento de las instituciones autonómicas en relación con el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón, por entender que el respeto a las normas es un elemento irrenunciable del Estado de Derecho, remitiendo al Justicia de Aragón escrito de queja por las actuaciones u omisiones del Gobierno de Aragón o de las Cortes de Aragón que se entiendan contrarias al Estatuto, al objeto de su posible supervisión y análisis. Entendemos que los ciudadanos, y las asociaciones en que se agrupan, han de colaborar activamente con las instituciones de control, para asegurar el buen funcionamiento de los poderes públicos.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
23 comentarios:
Estupendo, a ver qué resuelve.
Buenos días a todos lo que esto lean.
No me parece mal esta denuncia. Pero creo que debemos tener cuidado con una excesiva ampliación de los objetivos o actividad de la Asociación. Si intentamos abarcar cualquier incumplimiento legal, o incluso aquellos que derivan del Estatuto de Autonomía, nos podemos salir un poco del ámbito de la Función Pública, y entonces el número de denuncias que haya que hacer puede ser demasiado elevado, y el tema de la Función Pública Aragonesa quedará un tanto empequeñecido dentro de la actividad de la Asociación.
Un saludo.
"El Gobierno de Aragón enviará los Presupuestos de 2010 a las Cortes la próxima semana".
¿Os leen?
A lo mejor les cuentan otros lo que se dice en la prensa.
Una vez más, bien por el Justicia.
SI, como Shakespeare nos previno en su Hamlet, algo huele a podrido en Dinamarca, imaginen ustedes lo hediondos que resultan los vapores que emana nuestra vida pública. Según Transparency International, en su Informe Global sobre la Corrupción en 2008, Dinamarca es el país más limpio y transparente del mundo. Los ciudadanos lo perciben, con un índice de 9´3, como el de mayor rigor y honradez entre todos los Estados del mundo. España aparece en esas tablas de la vergüenza y el escarnio en el puesto 28, después de todas las grandes naciones europeas, con un índice de 6´5. Nos sirven de consuelo, entre los 180 países que incluye el estudio, Birmania, Irak y Somalia, el súmmum del detritus cósmico.
Del mismo modo que, para los clásicos, cada día llevaba consigo un nuevo afán, en la España contemporánea lo que aporta cada jornada es un nuevo caso de corrupción. Sin diferencias entre los colores de los partidos presentes, todas las formaciones que tocan poder y tienen acceso al Presupuesto se pringan en el choriceo más ignominioso. Sobre una hipotética mayoría de políticos honrados, destacan los golfos que se suceden en el estrellato nacional de las más abominables prácticas políticas. En las últimas horas, los focos apuntan a Cataluña -la patria del 3 por ciento- en donde los veteranos y puyolistas Lluis Prenafeta y Marcià Alavedra vuelven por donde solían y lo hacen en lote con media docena de notables del PSC, en Santa Coloma de Gramanet, el feudo de José Montilla.
MARTIN FERRAND
Que la política es más de lo mismo era una vieja inercia de nuestra historia que parecía archivada por el empuje moral que tuvo la transición democrática. Pero vuelve la idea de que todos los políticos son iguales. Eso es rotundamente incierto. Aceptarlo es tomar un camino muy equivocado. Al habernos quedado sin crédito bancario, lo que acontece no tiene porque llevarnos al descrédito de lo político. Hágalo con calma pero manténgase en la exigencia de tolerancia cero. Una chapuza comprensible en lo municipal puede transformarse en un alud de corrupción político-administrativa; un desliz en la gestión de un partido político da margen para una trama que corroe parcelas amplias de la vida pública; una incuria judicial puede generar un «tsunami» de consecuencias brutales para la seguridad jurídica. El mal acecha en los detalles. Tolerancia, cero.
¿Cómo puede un ciudadano de a pie contribuir a que estas cosas no pasen? La antipolítica da a creer que el ciudadano es un actor minúsculo atrapado entre los engranajes de las maquinarias implacables de los partidos políticos, ignorado por unas cámaras legislativas generalmente ociosas y ninguneado por la inmensidad paquidérmica del Estado. Sólo en parte es así. Entre el individuo y el Estado está la sociedad. Sociedad y política interconectan con relaciones de causa y efecto que van y vienen en ambos sentidos como la lanzadera de un telar. La articulación de la sociedad civil es determinante para que dejen de pasar algunas de las cosas que pasan.
Estimado amigo, ya sé que no es momento para disquisiciones, pero le aliento a tener en consideración que las sociedades abiertas permiten renovar sus sistemas de refrigeración, sus cauces institucionales, y penalizar a los políticos. Por un lado, se dan factores erosivos que fragilizan los modos democráticos; de otro, podemos recuperar o inventar formas innovadoras que aireen las estancias de una vida pública que huele mal. Hay sinvergüenzas, ladrones, políticos demasiado hábiles y políticos demasiado débiles. Actualmente se diría que una coalición imparable de todos esos componentes controla los asuntos de la nación. Usted sabe que eso no es así. En España tiene que mandar la buena gente. La mucha buena gente que hay. No acepte antipolítica. Exija y reclame política de la mejor.
VALENTI PUIG.
CON CAJAS TEMPLADAS
Cuando hay un par de casos de corrupción, son individuos aislados; y si alcanzan la decena, manzanas podridas. El momento peligroso es aquel en que el ciudadano pierde la cuenta de los cargos públicos bajo sospecha: ahora. Se produce una temible sinécdoque: se toma la parte por el todo y se concluye que los políticos roban siempre, o bien -razona el ciudadano desbordado- montan gestapillos y emboscan a sus peones. En este instante, la noble política, la gestión de lo público, se ha reducido a dinero y poder, pero aún no ha alcanzado su total degradación. Todavía los ciudadanos sirven como rehenes, pues sus votos son la coartada para enjugar delitos o hacer de afilada navaja en reyertas internas. Un buen día los votantes se liberan y, sumidos en el cinismo general, dan la bienvenida a Mr. Proper si promete una limpieza a fondo. Don Limpio ha de ser ajeno a la política para no caer bajo la sombra de la sinécdoque: un Berlusconi que se dedicará a sus asuntos privados, comprando o apisonando jueces y periodistas, con la televisión como adormidera. Ese día, la degradación se lleva la democracia por delante. Aquí no ha llegado, pero estamos en la encrucijada. Sintiéndolo mucho por los diputados que buscaban un empleo fácil, el Congreso es la única institución casi indemne y legitimada para aprobar leyes nacionales drásticas contra la corrupción (no mocioncitas que salven el decoro). Cada uno de los 350 diputados encarna hoy, antes que un partido, la democracia. Sobre ellos recae la responsabilidad de alejarla del precipicio.
IRENE LOZANO.
Siempre nos hemos jactado en este país de que las cosas funcionaban mejor que en Italia. Era casi un tópico decir que nada se podía conseguir en Italia sin pagar comisiones o sin comprar a una clase política corrupta, contaminada por la Mafia.
Las cosas cambiaron cuando llegaron los jueces de Milán, encabezados por Di Pietro, y empezaron a meter empresarios y políticos a la cárcel. Recuerdo que el poderoso Raul Gardini, presidente de Ferruzzi, se suicidó para evitar la vergüenza de sentarse en el banquillo y pasar 10 años en la sombra.
Los jueces suscitaron una catarsis en la sociedad italiana y partidos de una enorme tradición, como la Democracia Cristiana y el PSI, desaparecieron en el maremoto político provocado por Manos Limpias.
La crisis provocó la redacción de una nueva Constitución con una reforma del sistema electoral y luego llegó Berlusconi. Pero ésa es otra historia.
España ha seguido los pasos de la Italia de los años 70 y 80. Se ha italianizado en el peor sentido de la palabra. La corrupción salpica hoy a todos los partidos y se extiende por toda la geografía, generando un sentimiento de desaliento en los ciudadanos.
La corrupción no ha surgido de forma espontánea sino que ha nacido del interior de los propios partidos, que no han sabido o no han podido atajar este fenómeno. En unas ocasiones, porque se han financiado de la especulación inmobiliaria y en otras, porque tirar de la manta habría supuesto un grave coste electoral.
Me parece que los líderes políticos no han estado a la altura de sus responsabilidades. Ahí está la tibia actitud de Rajoy con Camps o la bochornosa pasividad del PSC ante el escándalo de Santa Coloma, denunciado infructuosamente por la Sindicatura de Cuentas.
Tanto en uno como en otro caso ha sido el juez Baltasar Garzón, fueran cuales fueran sus motivaciones, el que se ha empeñado en investigar y sacar a la luz gravísimas irregularidades. En Palma, en El Ejido, en Lugo y en otros muchos lugares han sido otros jueces los que han tomado la iniciativa.
¿Puede surgir en España un fenómeno como el de Manos Limpias en Italia? No me parece probable ni sería deseable, pero lo que sí estamos viendo es como los jueces hacen el trabajo que no se atreven a hacer unos políticos complacientes con la corrupción.
Lo que sucedió en Italia en los años 90 y lo que ha pasado después debería servirnos de lección
PEDRO G. CUARTANGO.
LA INFORMACIÓN que hoy publica nuestro periódico pone de relieve el grave incumplimiento de sus funciones por parte del Parlamento catalán, que ignoró en 2007 el informe de la Sindicatura de Cuentas en el que figuraba una detallada relación de las prácticas delictivas que ahora indaga el juez Garzón. Ningún partido, ni siquiera el PP, solicitó la comparecencia del síndico ni pidió que se investigara al Ayuntamiento de Santa Coloma a pesar de que ese documento de 122 páginas afirmaba que se habían adjudicado obras a dedo, que se habían vendido terrenos a bajo precio, que se habían concedido licencias de forma irregular y que se habían producido importantes desviaciones presupuestarias. Resulta muy difícil de creer que nadie se enterara hace dos años del contenido del informe de la Sindicatura, pues sacaba a la luz un notable escándalo. Por tanto, la hipótesis más verosímil es que todos los partidos fingieron no enterarse de lo que decía y prefirieron no destapar la corrupción, siguiendo la filosofía de Pujol de no barrer la porquería sino guardarla debajo de la alfombra.
EL MUNDO.
Varios altos cargos de CiU y el PSC han sido puestos a disposición judicial por su presunta participación en operaciones de blanqueo de dinero, tráfico de influencias y cohecho. Hay que agradecer que la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Guardia Civil se hayan puesto a investigar por fin los casos de corrupción en Cataluña, ya que es de dominio público la cantidad de irregularidades que se producen en muchos municipios de la región y a escala autonómica. Dichos casos han salido a la luz gracias a que hay organismos del Estado que todavía tienen competencias en Cataluña. Muy probablemente nunca hubiéramos tenido noticia de ellos si la Justicia estuviera transferida y controlada por el propio poder político local, tal y como propone el Estatut.
Carmen Blanco. Barcelona.
Los españoles respetuosos con la Ley y con Hacienda observamos sorprendidos y consternados la situación del país. Tras el paso de un régimen personalista a otro constitucional y democrático, en la actualidad nos invade un clima de corrupción alentado y/o consentido en la mayoría de las ocasiones por políticos o altos cargos de diferentes organismos. Como dice Arcadi Espada, «da la impresión que la ilegalidad está en todas partes».
¿No será hora de llevar a cabo una segunda Transición que desemboque en una nación con un mayor control de los pelotazos? Que nadie se extrañe si en futuras convocatorias electorales aumenta considerablemente la abstención.
Regino Gastaminza. Zaragoza
El Parlament de Catalunya ha justificado su pasividad ante un informe de 2007 de la Sindicatura de Cuentas en el que se alertaba de irregularidades en el Ayuntamiento de Santa Coloma alegando que, con la normativa en la mano, su obligación se reduce a "conocer" las anomalías, pero no a actuar sobre ellas al no tener competencia sobre entes locales.
La cámara catalana se defiende así de las informaciones en las que se asegura que hace dos años rehusó investigar la corrupción en el consistorio colomense pese a conocerla gracias a un informe de la Sindicatura en el que, a través de más de 120 páginas, se destacaban "numerosas irregularidades" vinculadas con "expedientes de obras".
Así las cosas, según el Parlament, los propios ayuntamientos cuentan con "órganos de control democráticos, a quienes corresponde adoptar las medidas que corrijan las irregularidades", es decir, que debe ser el propio consistorio sobre quien se viertan sombras de irregularidades el que actúe sobre ellas.
Tal y como reconocen los miembros de la Mesa del Parlament, todos los informes elaborados por la Sindicatura -incluyendo el mencionado sobre las cuentas de Santa Coloma del ejercicio de 2003- son distribuidos y conocidos por todos los grupos parlamentarios, que son quienes, en realidad, deben reclamar la puesta en marcha de acciones.
Efectivamente, el artículo 166 del reglamento del Parlament señala que, una vez los diputados tienen los informes de la Sindicatura sobre la fiscalización de los entes locales, se "abre un periodo de 15 días durante los cuales los grupos parlamentarios pueden pedir la presentación del informe que consideren pertinente".
De todos los grupos parlamentarios, únicamente CiU pareció interesado en abordar el contenido del informe, reclamando en octubre de 2007 que se presentara en comisión. Sin embargo, y tras más de un año de espera, CiU retiró su petición en marzo de 2009.
Tal y como queda reproducido en la normativa del Parlament, si ningún grupo reclama abordar el informe en el plazo estipulado, éste se da por "suficientemente conocido" y desaparece de la agenda parlamentaria.
EL MUNDO.
La realidad se ha empeñado en confirmar que la corrupción es un fenómeno muy liberal y que el PP no tiene el monopolio. Basta colorear de negro las comunidades afectadas por esta forma de latrocinio para comprobar que el país es una pústula en el mapamundi, cuya extirpación completa salpicaría de heces al rincón más impoluto. El último foco se ha detectado en Cataluña, que antes era un oasis y ahora una fosa séptica, con la singularidad de que ha mostrado hermanados a cargos públicos del PSC con prebostes del pujolismo. Estar de mierda hasta el cuello une bastante.
También en este caso, la clase política se ha visto sorprendida en su buena fe. Su ignorancia es tan clamorosa como su amnesia. Maragall le dijo a CiU que su problema era el 3% pero, en cuanto Mas le replicó que se metiera por la barretina su Estatuto, se olvidó del asunto, y eso que aún no estaba enfermo. Millet, el salteador del Palau, regó con sus desfalcos a diestro y siniestro, aunque todos se asombraron mucho de que robara siendo de tan buena familia. Hasta Pujol amenazó hace unos días con tirar de la manta. ¿Sabría a qué se dedicaban Alavedra y Prenafeta, los puntales de su gobierno detenidos? Pues claro que no. ¿Nos vamos a hacer daño a estas alturas?
La conducta del Molt Honorable es irreprochable y, sin duda, mienten los que afirman que se reunía con constructores en las oficinas de la Generalitat en la calle Montalbán de Madrid para recordarles que tenían que pasar por caja. ¿Por qué le diría entonces Florentino Pérez a la ex ministra Matilde Fernández, cuando la acosaba para que apoyara la recalificación de la Ciudad Deportiva del Madrid, que él se entendía bien con todos los gobiernos menos con el de Pujol porque le pedía un porcentaje de las obras? Tremendo arcano.
Lo escandaloso no es que se atraque sino que quienes han alentado el delito se encojan de hombros o se enzarcen en reproches. Son ellos y sus enjuagues los responsables de esta crisis económica sin precedentes. ¿Acaso este fracasado modelo productivo basado en la construcción y en la especulación surgió de la nada? Aquí se ha construido sin medida porque cada obra pública, cada piso, cada recalificación enriquecía a alcaldes, concejales de urbanismo y a los intermediarios de los partidos. Ha sido el sostén de unos políticos corruptos, que ahora nos proponen salvarnos de ellos mismos.
JUAN CARLOS ESCUDIER.
Desde que tengo uso de razón (que no sé si lo tengo pero cuento 53 años de vida)no he visto en este país otra cosa que el mamoneo, el enchufe, el soborno,la corrupción en suma. En el colegio, en la mili, en la universidad, en el trabajo, en los negocios, en los garitos, en todos y cada uno de los rincones de este país que llamamos España (por no hablar de las brutalidades de las que fui testigo durante el franquismo y la famosa transición). Chico, si la corrupción fuera mierda, habríamos muerto ya hace muchos años atufados. Así que tengo que pensar que la corrupción es una especie de plasta inodora, incolora e insípida. Tampoco me sorprendo con lo que ocurre ahora ni con la sorpresa que todo esto parece producir.
Digo yo: hasta qué punto la economía española depende de la corrupción?. Si alguien levantara las alfombras afectaría de tal forma al tejido productivo por estar tan extendida que supondría la quiebra técnica del país.
Es como los tejidos en caso de los quemados: están tan pegados a la piel que no se sabe que es piel y que tejido.
El problema no es que haya corruptos, el problema es que dejamos que los haya. Como es posible que no exista un control riguroso en las cuentas de las instituciones, caso Millet, Ayuntamientos, etc.
Yo no sé por qué este revuelo en lo que concierne la corrupcion?.Alguien puede asegurar que en el lugar donde reside no hay corrupcion?.No,claro que no,no hay un solo Ayuntamiento a quien no se le reprochen casos corruptos y magullas.A mi juicio,lo peor de todo es que sabiéndolo todo ciudadano de a pié,quienes tienen que tomar medidas,alegan no tener conocimiento de este tipo de casos.Resumiendo,mientras este pais esté en manos corruptas,tanto del Psoe como Pp,nunca saldremos del hoyo.Cada vez que sale a la luz un caso de éstos,no hay vecino del ayuntamiento referido,que no nos diga:”eso hace tiempo que todos lo sabiamos”,o:’’se veia venir,tarde o temprano caerian
Entre la ciudadanía de este país hay también muchos corruptos a pequeña escala que, además, presumen de ”listos”:los que no declaran los ingresos reales (autónomos y pequeños empresarios), los que ”arreglan” para cobrar por larga enfermedad sin que su enfermedad les impida realmente trabajar, los que hacen trampas en la declaración de la renta para solicitar (y obtener) beca para su hijo (normalmente empresarios y autónomos),los que no piden la correspondiente licencia municipal para edificar su casas,etc.Estos son algunos casos reales que yo,por desgracia, conozco.En mi opinión este es un fraude no sólo a la hacienda pública sino también a todos los trabajadores y a todos los ciudadanos que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales.
Todos deberíamos ser honestos y honrados:los políticos y los ciudadanos de a pie. Mientras sigamos aceptando y justificando actitudes como las mencionadas más arriba,ni la corrupción ni el fraude desaparecerán de este país.
La mayoría llevamos un pequeño corrupto en potencia dentro, y si no se refuerzan los valores de honradez y honestidad desde el principio tarde o temprano se cae en la tentación.
Educación y Valores.
En los últimos díez años el ladrillo ha sido la cocaina de España , solo que en Colombia el narcotráfico ha regado más beneficio al común de la gente -con la gran diferencia de la violencia física , que la corrupción no es si no una forma de violencia económica -. Recordar que las mayores advertencias y denuncias han venido desde Europa ,y que han sido rechazadas a una por los dos partidos mayoritarios . A Europa han tenido que ser dirigidas las demandas contra los muchos abusos urbanísticos . Que se vayan todos
Oficina Antifraude.
En el Govern admiten que se puede hacer más, pero recuerdan que tampoco la Sindicatura "ha llevado nunca" las irregularidades que ahora airea a la Fiscalía para que tirara del hilo. Hay quien incluso insinúa que el síndico mayor, Joan Colom, reivindica su gestión, dolido por la creación de la Oficina Antifraude, un órgano alumbrado en mayo para impedir este tipo de casos y nutrir de información a la Fiscalía. Precisamente, el director de este órgano, creado a instancias de ERC, es el ex fiscal anticorrupción David Martínez Madero, que adquirió fama tras participar en la investigación del caso del lino. El PSC se resistía a que la Oficina Antifraude controlara los ayuntamientos. Al final lo hará con limitaciones.
El Govern sostiene que la Sindicatura no se pensó para "combatir el fraude" sino para asegurar la correcta gestión de recursos públicos.
PUBLICO.
Una operación del juez Garzón contra una presunta trama de corrupción urbanística conmocionó ayer la vida política y social de Cataluña, que aún no se ha repuesto del escándalo del Palau de la Música. La acción judicial afecta especialmente al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, aunque con ramificaciones en otros. Más allá del calado de las imputaciones, que son relevantes, ha sorprendido la identidad de algunos de los detenidos, hombres de peso entre los socialistas catalanes y personajes de gran influencia en los gobiernos de Jordi Pujol. Entre los arrestados se encuentran el alcalde de Santa Coloma, el socialista Bartomeu Muñoz Calvet, miembro del Comité Federal del PSOE y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, así como el director gerente de Servicios del Consistorio, Pascual Velade, y el regidor de Urbanismo de la misma localidad y presidente de la empresa Gramepark, Manuel Dobarco Touriño. Figuran también el ex diputado del PSC Luis García Sáez y dos importantes constructores. Más llamativas todavía han sido las detenciones de Lluís Prenafeta, quien fue secretario de la Presidencia con Jordi Pujol, y Macià Alavedra, ex consejero de Economía durante la misma época. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho en el marco de una investigación que comenzó en la Audiencia Nacional en 2007 a partir de datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza. La operación de Garzón se ha producido cuando la sociedad catalana digiere todavía el «caso Millet» y sus trapicheos en el Palau de la Música, en el que aún están por determinarse todas las conexiones políticas. Como en otros casos, conviene antes de nada recordar que la presunción de inocencia ampara a todos los arrestados, sea cual sea su color político. No se trata de montar juicios paralelos ni de actuar con ánimo inquisitorial, como han hecho el Gobierno y el PSOE en los últimos meses. De lo que se trata es de averiguar la verdad y depurar las responsabilidades penales y políticas a que hubiera lugar. Está claro que ningún partido está a salvo de actuaciones individuales irregulares y que, en todo caso, lo que define la responsabilidad democrática de cada formación es la respuesta a esos abusos. Es moneda de uso frecuente en la pugna política que se relativice el escándalo «propio» y se criminalice la sospecha ajena. En el caso de Santa Coloma aparecen implicados de notoria relevancia social en Cataluña, aunque de diferente sesgo ideológico, lo que podría dar a entender que es una especie de trama transversal que afecta a nombres de las dos formaciones catalanas mayoritarias. La presencia en la investigación de Prenafeta y Alavedra, que afecta de lleno al que fuera núcleo del poder nacionalista durante lustros, así como la de Bartomeu Muñoz, personaje muy importante en el PSC, da argumentos a quienes sostienen que el «oasis catalán» es un espejismo y que Cataluña no está inmunizada contra los excesos y los desmanes de personajes públicos. Quien tenga la tentación de mirar para otro lado o de minimizar situaciones de esta relevancia prestará un flaco favor al interés general y a la imagen de Cataluña. Por esa razón, en éste como en otros escándalos, la Justicia debe llegar hasta el final, caiga quien caiga. Hay pocas cosas peores para la confianza y el crédito de los ciudadanos hacia los políticos que la doble vara de medir en función del poder, las influencias o la ideología de los implicados.
LA RAZON.
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