Zaragoza, 20 de octubre de 2009.
Cerca de seis meses, desde que el Justicia de Aragón formulase al Departamento de Presidencia la sugerencia de que los nombramientos y ceses del personal eventual del Gobierno de Aragón fueran objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón, ha tardado la Dirección General de la Función Pública en comunicar a dicha Institución que tiene previsto incluir en el Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón la sugerencia planteada, ajustándose con ello a lo previsto por la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
En la comunicación que remite el Justicia de Aragón a esta Asociación, se transcribe la aceptación formulada por la Dirección General de la Función Pública, cuyos términos son los siguientes:
“En relación a la cuestión planteada es preciso recordar que según lo dispuesto en el art. 12.1 del Estatuto Básico del Empleado Público es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
Asimismo, punto 3 (sic) del citado artículo establece que el nombramiento y cese de esta clase de personal serán libres y el pùnto 5 dispone que al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. En relación a la cuestión planteada conviene señalar que según lo dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, “el nombramiento y cese de los Directores, Jefes y demás miembros de los Gabinetes, así como del resto de órganos de asistencia y apoyo previstos en el artículo 2 del presente artículo, serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Aragón”.
Por todo lo expuesto, este Centro Directivo asume lo dispuesto en la normativa de aplicación, tanto estatal como autonómica respeto de la regulación del personal eventual de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y por ello tiene previsto incluir en el Anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón la sugerencia planteada en los términos previstos en la citada Ley 2/2009, de 11 de mayo”.
A la vista de tal aceptación de la sugerencia realizada por el Justicia de Aragón, éste da por finalizada la intervención de la Institución y procede al archivo del expediente, reiterando “una vez más” su agradecimiento a esta Asociación por la confianza depositada en dicha Institución.
Esta Asociación expresa su satisfacción por el hecho de que el nombramiento y cese del personal eventual se ajuste, finalmente, al principio de publicidad y transparencia que ha de regir en el acceso a los puestos públicos, incluidos los reservados al personal de confianza o asesoramiento especial.
Sin embargo, ello no es obstáculo para que se denuncie la utilización fraudulenta que se hace de un gran número de los puestos de asesor adscritos a los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón –a principio del pasado mes de septiembre, esta Asociación formuló una denuncia por tales hechos ante la Fiscalía General del Estado- y para que se rechace, por irregular, la forma en que los Departamentos vienen aplicando el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, pues no se está procediendo a la publicación de las decisiones de nombramiento y cese, sino a dar publicidad, mediante anuncio de las respectivas Secretarías Generales Técnicas, de tales nombramientos y ceses, alterando con ello, de forma deliberada, la efectividad que tal publicación debiera surtir en los respectivos nombramientos y ceses.
Dicha práctica de publicidad –que no de publicación- motivó una nueva queja por parte de esta Asociación ante el Justicia de Aragón, para que se requiera al Gobierno de Aragón una correcta aplicación de lo establecido en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, sin que pueda admitirse la desvirtuación que de tal obligación de publicación se ha realizado por los responsables de personal de los diferentes Departamentos. Ni cuando las Leyes dan pasos en la superación de la opacidad de la gestión de personal –como en este caso- es capaz el Departamento de Presidencia –en particular, su Dirección General de la Función Pública- de asegurar su correcta aplicación.
Sin corregir dicho incumplimiento, carece de todo valor la aceptación comunicada por la Dirección General de la Función Pública al Justicia de Aragón. A la vista de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, no cabía otra opción para dicha Dirección General. Pero las leyes deben aplicarse correctamente, y no de modo parcial e incompleto, como se viene haciendo respecto a los nombramientos y ceses del personal eventual.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
45 comentarios:
No entiendo la diferencia entre publicación y publicidad.
Por otra parte, si ese mandato ya figura en la ley del Presidente, ¿qué necesidad hay de que se incluya en otra Ley para hacerlo efectivo?
¡Qué naderías dice la Dirección General, como si hubiera que transcribirle la ley al Justicia de Aragón!
No salgo de mi asombro.
Salvo que esté en el error, y ruego que se me corrija, la publicación de una resolución es su inserción íntegra en un boletín oficial, de acuerdo con lo que se establece en las normas de procedimiento administrativo. Es decir, se sabe cuándo y quién ha acordado el nombramiento.
Y publicidad, si podemos considerar que es lo que se está haciendo en estos momentos, es la publicación de un escueto anuncio en el que se identifica el puesto y la persona nombrada, pero no se reproduce la orden de nombramiento, en su texto íntegro, ni se conoce la fecha en que se ha producido tal nombramiento(o cese).
¿Cuál es el resultado de ello? La publicación en el BOA no es requisito de eficacia, sino simplemente una exigencia de publicidad. Ello permite antedatar, sin ningún problema, los nombramientos, puesto que la fecha real del nombramiento no se va a hacer pública en el Boletín.
La diferencia resulta bastante sutil.
Buen asunto para debates entre administrativistas.
Lo dice Sevach:
Decía Luis XIV que cuando adjudicaba un cargo público, obtenía cien descontentos y un ingrato. Algo parecido sucede cuando un Tribunal de oposiciones publica la lista de aprobados: alegrías y tristezas, según les va la feria; y luego la sombra de la duda: ¿enchufes?,¿suerte?,¿filtraciones de ejercicios?, ¿arbitrariedad?, ¿injusticia?…
José Ramón Chaves García, con una finalidad eminentemente didáctica y práctica ha explorado la jurisprudencia contencioso-administrativa y extraído el fruto de los criterios judiciales sobre cuestiones tan candentes como las siguientes: las convocatorias, los requisitos y los méritos admisibles, la composición de los Tribunales, abstenciones y recusaciones, los ejercicios y pruebas ajustados a derecho, los límites de la discrecionalidad técnica, las singularidades de la funcionarización y laboralización, problemas del anonimato, la compleja ejecución de las sentencias anulatorias, etc. Y el resultado lo ha plasmado en su recientísima obra titulada ” El Control de Concursos y Oposiciones en la Jurisprudencia” (Ed. Reus, 2009) que acaba de saltar a las librerías. En esta obra, el autor cambia el estilo de su anterior libro ” La prueba contencioso-administrativa: análisis dogmático y jurisprudencial” (Ed.Universitas, 2007), hacia derroteros mas populares y prácticos.
SEVACH/CHAVES
IGUALITO A
TARRES/SERRAT
¡Cómo no había caído hasta ahora!
Porque no hay un gramo de malicia.
Fallece don Manuel Díez de Velasco.
ARACELI MANGAS MARTIN
Antiguo magistrado del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la UE, ha sido uno de los más destacados juristas españoles del siglo XX. Fue un hombre de Universidad que estuvo en los momentos precisos de la reciente historia de España al servicio del Estado. Cursó sus estudios de Derecho en Valladolid y se doctoró por la Universidad de Madrid en 1951.
Su carrera docente iniciada bajo el magisterio de otro gran maestro de Derecho Internacional, Adolfo Miaja de la Muela, represaliado por el franquismo, transcurrió en diversas universidades (Valladolid, Madrid y Valencia). En 1958 obtuvo la Cátedra de Derecho Internacional, primero en la de Granada y, luego, en la de Barcelona hasta 1971, dejando una huella inolvidable entre los estudiantes y la sociedad catalana por su defensa de la libertad y la democracia en años difíciles.
Fue experto y consejero en diversos asuntos jurídicos, el más conocido en el caso de la Barcelona Traction ante la Corte Internacional de Justicia. Desde 1971 fue Catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid para seguir en 1974 su magisterio en la Universidad Complutense hasta su jubilación.
En su labor académica hizo dos importantes paréntesis para desempeñar la tarea de magistrado del Tribunal Constitucional entre 1980 y 1988, y, durante los seis años posteriores, la de magistrado en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Después siguió sirviendo al Estado como consejero.
La sociedad supo reconocerle su entrega y humanidad con distinciones como el Premio Pelayo 2005 o el de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Complutense. La comunidad científica internacional le acogió en el selecto Institut de Droit International desde 1979 y la nacional en la Academia de Legislación y Jurisprudencia desde 1984.
En tan altas responsabilidades tuvo ocasión de demostrar su fe en la consolidación del Estado de Derecho y en la construcción europea. Creía en el progreso de la sociedad y en la necesidad de volver al seno de Europa.
Su impronta en la universidad le ha distinguido como un renovador del derecho internacional, abandonando la mera perspectiva doctrinal e histórica (Vitoria, Suarez�) para adentrarse en el moderno derecho internacional positivo. Su manual Instituciones de Derecho Internacional Público (17ª edición, 2009) sigue siendo la obra de referencia de casi todas las universidades españolas e hispanoamericanas.
Su gran calidad humana llegaba a todos, en especial a sus alumnos, conseguía siempre exigirse a sí mismo, e inculcaba a sus discípulos la necesidad de ser docentes responsables. Sabía y transmitía conocimiento como nadie. Nunca hubiera dejado que sus alumnos buscasen el saber en soledad con los nuevos vientos del aprendizaje. Se dejaba la vida por mostrarlo, por ayudar a alcanzarlo y hacerlo progresar. Era, en el sentido machadiano, un hombre bueno. La universidad española ha perdido a uno de sus últimos maestros.
Manuel Díez de Velasco, magistrado, nació en Santanter el 22 de mayo de 1926 y falleció el 20 de octubre de 2009 en Baza (Granada).
En septiembre de 2008, el alcalde de El Ejido respondía airado a un lector que osó acusarle de ser un mal alcalde y reírse de la gente aprovechándose de su desconocimiento e ignorancia, que él no se reía «de nadie». «Me río de usted –dijo– por ignorante, que no aprecia la democracia». Tan clara y llanamente como el cristalino Enciso siempre ha sido capaz de expresar, vino a decir que no están hechas las mieles de la democracia –la suya, de la que él y otros muchos tanto se han servido– para las asnales bocas de ningún votante. «Vota y calla, estúpido», se notó entre líneas que era lo que realmente quiso decir el alcalde. Y en esa misma entrevista, otra ciudadana más le exigía la claridad y transparencia de la que nunca había hecho gala en su gestión de gobierno y la respuesta fue también igualmente elocuente, aunque desprovista en este caso de la riqueza verbal con la que, por desgracia, Enciso no fue naturalmente tocado: «Las instituciones tenemos, valga la redundancia, otras instituciones que nos controlan y auditan». Ahí queda eso. Obtuso y posiblemente orate, pero lleno de razón. Al fin y al cabo, la institución era él. ¿Pero dónde estaban realmente esas instituciones que controlaban la gestión de El Ejido durante los casi veinte años de sus gobiernos municipales? ¿Dónde estaba la Cámara de Cuentas, la Administración regional, los partidos que le reían las gracias en beneficio de las cábalas de voto, los magistrados, las fiscalías, el Defensor del Pueblo...? ¿Dónde todos éstos que ahora dicen que la «Operación Poniente» es un gran paso para la humanidad pero olvidan que durante años dieron cobijo a un sujeto que, como poco, públicamente mantenía reírse de quien no era capaz de entender los enigmáticos secretos de la democracia y de las instituciones que él mismo representaba? Sólo el PP mantuvo un poco de cordura expulsando de su seno a un tipo que negoció con nocturnidad el gobierno de la Diputación y cuyo secretario general del otro partido beneficiado fue ascendido a consejero.
Manuel Prieto.
Hartos de tanta corrupción.
Casos como el de Millet, Gürtel o Palma Arena han crispado a la sociedad, que exige a la justicia que actúe en consecuencia.
"Mientras vamos conociendo los casos de corrupción que nos rodean, vemos que las condenas parecen de broma. En cambio, sus víctimas ya han sufrido las consecuencias en serio, pues el paro o una vivienda no es cualquier cosa". Así de contundente ya pronosticaba a mediados de abril el lector Juanjo Salbia en una carta, titulada "La gravedad de la corrupción", la situación con la que los ciudadanos tienen que convivir actualmente.
Ya han pasado seis meses desde esa carta y desde entonces los casos de corrupción, como el caso Gúrtel o el caso Palma Arena, no han dejado de sucederse casi a diario, colmando las portadas de los principales periódicos y medios digitales del país.
"Hastiada y decepcionada de ver en qué se ha convertido este país. Abundan los sin escrúpulos, sin ética, sin respeto hacia los conciudadanos, y lo último ya, también sin justicia contundente para los infractores", comenta "Hastiada" desde Barcelona, una opinión que refleja el pesimismo y la desconfianza de la sociedad ante los últimos acontecimientos.
"La gravedad de la corrupción va más allá de un hecho puntual, corresponde a un acto de ruptura del estado, de su gobernabilidad, de su justicia, impidiendo la igualdad de oportunidades y el acceso a aquello que es de primera necesidad", continuaba Juanjo Salbia en su carta. Y es que la corrupción ha hecho mella en todos los estamentos, desde el propio Gobierno hasta la justicia.
Usuarios como 'Juanjo' o 'Cincumio' exigen a los partidos políticos que endurezcan las penas por corrupción y piden que no haya una justicia de ricos y una de pobres: "Desgraciadamente, la única forma de parar esto es con el palo. Seguro que todos los ciudadanos se lo agradeceremos y no perderán votos", exclama 'Juanjo'.
Los lectores no comprenden como puede ser que casos como el de Millet queden impunes. "Que vergüenza de políticos y de justicia; realmente me hace sentir que en este país se puede comprar todo (…) Así basta con hacer una llamada adecuada al corrupto de turno para que este llame al que haga falta. Así imponen la ley en este país los mafiosos. Realmente estamos acabados, luego metemos a la cárcel a personas por menos.
Así va el país", expresa 'Plataformamiquel'. Asimismo, el lector 'JAA' de Barcelona explica que el auténtico escándalo de este caso es la inoperancia de la justicia: "Es intolerable que dos estafadors i lladres a gran escala, dos delinqüents confesos que han robat milers de milions estiguin en llibertat. Això no és justícia, és una burla a tota la societat!"
Y es que la multitud de casos de corrupción han herido la moral de los ciudadanos, que ya no creen en la política ni en la justicia. Una herida que costará mucho curar y que, como Juanjo Salbia sentenciaba en su carta, sólo se puede sanar deteniendo la corrupción "desde la fuerza de la legalidad, buscando la verdad, aireando la corrupción para librarnos de ella y seguro que con ello seremos más libres, más prósperos y justos, más iguales, seguro que entonces tendremos más posibilidades de continuar en un mundo azul con esperanzas de futuro para nuestros hijos y nietos más allá de las palabras".
Patricia Plaza, en La Vanguardia.
¿Qué pasa cuando el Gobierno, la oposición y demás son incapaces de detener las constantes corrupciones?
Yo añadiría algo muy importante: ¿por qué los tribunales, los jueces y los fiscales cuando se ponen la toga y el birrete no dejan su ideología en casa?
La corrupción se pasea indiferente sin mostrar vergüenza ni pudor en nuestro país, un país desarrollado, democrático y solidario, dicen. En cambio, la tolerancia con la corrupción llega a los niveles más altos, o eso nos parece al ver día sí y día también titulares informativos dando muestras de ella, o acciones judiciales mínimas y tremendamente decepcionantes.
Y la alcaldesa de La Muela tan campante.
Parece como si ignoráramos la fuerza de la transparencia como norma, transparencia más allá de las palabras, transparencia en todo tipo de transacciones mercantiles y financieras, transparencia en la aplicación de leyes penales no tolerantes con ningún tipo de corrupción, la transparencia es el antídoto contra la corrupción y los corruptos, genera igualdad ante la ley y el bien común, favoreciendo la redistribución de la riqueza y poniendo un poco de esperanza en priorizar aquello que debe ir primero: la vida y la dignidad de todas las personas.
Juanjo Salbia.
Estoy totalmente de acuerdo: TRANSPARENCIA es la palabra clave. Simplemente con que un gobierno se dedicase durante una legislatura a permitir el ACCESO RAPIDO Y FACIL de la población a las CUENTAS PUBLICAS PERFECTAMENTE DETALLADAS, el avance democratico seria enorme.
¿Por qué no se garantiza el derecho a saber de los ciudadanos?
¿Por que nadie convoca una manifestación ciudadana contra la corrupción? ¿Quien lo hará? ¿Sindicatos?¿Partidos? Ellos por supuesto no, por que estan vendidos. Me averguenzo profundamente de ser Catalán / Español
Bien, todos estamos de acuerdo, son unos ladrones y los jueces que los protegen otro tanto y ¿ahora que? es evidente que gobiernos, poderosos, ricos seguiran robando y destruyendo nuestro planeta mientras nosotros jugamos al jueguito de la democracia boba (¿voto al PP o al PSOE? a eso se reduce nuestra democracia) Creo que ha llegado la hora de parar las maqunas, echarlos a todos y empezar de nuevo, este sistema no funciona y va a peor, solo echandolos a todos, redactando una nueva constitucion y creando un sistema practico de administracion publica que tome en cuenta de forma inmediata y total la opinion del pueblo se podra evitar esta rapiña que nos lleva al abismo. Y a quien tenga miedo de perder lo que tiene que piense que pronto no quedara nada por perder, tanto economia como medio ambiente acabaran destruidos en corto plazo.
¿refundamos España?
¿con estos mimbres?
Más de tres meses después de que se descubriera el colosal desfalco en el Palau de la Música de Barcelona, obra de su insigne presidente, Félix Millet, y de su director administrativo, Jordi Montull, el juez Juli Solaz ha imputado a estas dos personas y, tras tomarles declaración, las ha dejado en libertad con cargos. A pesar de que tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares habían solicitado prisión provisional para los autores materiales del saqueo, todavía no evaluado pero que, según los peritos, podría superar los veinte millones de euros. La perplejidad de la opinión pública ha sido extrema.
Perplejidad pero no sorpresa. De hecho, el constitucionalista Francesc de Carreras ya publicó hacer días un relevante artículo titulado Uno de los nuestros, título de una brillante película de Scorsese. Explicaba Carreras que Félix Millet i Tusell, hijo y nieto de catalanistas ilustres, vinculado a las grandes instituciones del catalanismo político –el Orfeó Català, el Palau de la Música Catalana, la Lliga Catalanista, el modenismo, la industria textil, la iglesia catalana, Montserrat, el Òmnium Cultural– pertenece al núcleo de la famosa "sociedad civil" catalana, que el propio Millet describió así en unas declaraciones suyas incluidas en el libro L´Oasi Català de los periodistas Cullell y Farrás: "Somos unas cuatrocientas personas, no hay muchos más, nos encontramos en todas partes y siempre somos los mismos. Nos encontramos en el Palau, en el Liceo, en el núcleo familiar y coincidimos en muchos lugares, seamos o no parientes". En definitiva, Millet era "uno de los suyos". Y todo indica que esta pertenencia le ha valido para obtener un trato especial.
Ya entonces Carreras manifestaba su escepticismo sobre el desenlace del escándalo. "Por el momento –escribía Carreras–, la lentitud del juez parece excesiva. Después de dos meses, hay petición fiscal pero todavía no hay imputados, aunque parezca mentira tras haberse confesado Millet autor de varios delitos… ¿Qué está pasando ahí?".
La decisión del juez debe ser acatada aunque se discrepe de ella. Y la discrepancia en este caso es profunda porque los argumentos manejados para justificar la puesta en libertad sin fianza –no parece que vayan a fugarse ni que puedan destruir documentos– pueden tener sentido ahora, tres meses después del estallido del escándalo, pero no lo tenían en el momento de descubrirse el pastel, que es cuando la Justicia debió haber actuado con una diligencia que, como es notorio, ha brillado por su ausencia. Lo decía ayer Jiménez Villarejo también en la prensa catalana: "Ante determinada delincuencia de cuello blanco y de un elevado rango social y económico, los jueces casi siempre reaccionan igual: con benignidad y hasta con afabilidad. Como si, con relación a de estos delincuentes, no existiese ese Poder Judicial que caracteriza al Estado de derecho. Es muy grave y expresa una profunda crisis de la democracia".
El mensaje que esta clase de hechos lanza a la ciudadanía es muy perturbador. Decía Valle Inclán en plena Restauración que "en este país se puede robar un monte pero no se puede robar un pan". Infortunadamente, todo indica que, en esto, España ha cambiado poco.
ANTONIO PAPELL
La presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar, ha sido imputada en el Caso Can Domenge por parte del Magistrado instructor de las Diligencias Previas 2/09 abiertas en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), Francisco Javier Muñoz Jiménez, quien hoy ha dictado hoy una providencia en la que cita a declarar en calidad de imputados a Munar el día 16 de noviembre a las 10.00 horas, y al conseller 'popular' en el Consell de Mallorca Fernando Rubio Aguiló, el mismo día a las 11.30 horas.
La providencia, notificada esta mañana a las partes afectadas, acuerda además la citación de varias personas más como testigos y la práctica de otras diligencias.
La imputación de Munar en este caso, que investiga la venta del solar de Can Domenge por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado, se produce después de que el pasado 5 de octubre la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) acordara asumir las competencias para instruir este caso teniendo en cuenta que entre los imputados se encontraban los aforados Miquel Nadal, actual conseller de Turismo del Govern, y Bartomeu Vicens, diputado del Grupo Mixto (ex-UM) en la Cámara autonómica.
Del mismo modo, Munar también tiene la condición de aforada por ser la presidenta de la Cámara autonómica, mientras que en la pasada legislatura ostentó la Presidencia del Consell Insular de Mallorca, al tiempo que presidía Unió Mallorquina.
EUROPA PRESS
EUROPA PRESS El senador autonómico por Baleares Pere Sampol consideró hoy que la imputación de la presidenta del Parlament balear, María Antònia Munar, es un hecho "grave" dado que afecta a la "segunda autoridad" de la comunidad autónoma y supone, además, "una circunstancia sin precedentes" en el archipiélago.
En declaraciones a Europa Press, el senador del Bloc per Mallorca se refirió así a la providencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) de citar en calidad de imputada a Munar, en relación con el caso Can Domenge.
Sampol señaló que, con esta decisión, se está demostrando que la administración de justicia actúa "con independencia y sin ningún tipo de parcialidad" en los presuntos casos de corrupción "afecte a quien afecte".
Por tanto, el senador balear apeló que desde la esfera política se tiene que "dejar trabajar a la Justicia" y desde las administraciones públicas lo que se debe hacer es "dotarla de más medios" para que prosigan su trabajo en investigaciones "tan complejas" como las que realizan.
EFE. PALMA. La actividad política en Balears está marcada en los últimos años por la imputación en una quincena de causas judiciales sobre corrupción de más de veinte dirigentes políticos y ex altos cargos, la mayoría del PP y de Unió Mallorquina (UM).
"CASO PALMA ARENA" (MALLORCA): El juzgado investiga presuntas irregularidades y malversación en la construcción del velódromo Palma Arena durante el gobierno del entonces presidente autonómico Jaume Matas (PP), imputado en la causa. El coste del proyecto se disparó de los 48 millones de euros presupuestados a más de cien.
Por este caso fueron detenidos el pasado mes de agosto el ex director general de Deportes de Balears, el campeón olímpico José Luis "Pepote" Ballester, y el portavoz PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, quien abandonó el cargo en septiembre.
"CAN DOMENGE" (MALLORCA): En este caso se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de los terrenos de Can Domenge, en la capital balear. El caso se inició a raíz de una querella de la constructora Núñez y Navarro ante la decisión del Consell de Mallorca, durante la legislatura 2004-2008, de enajenar el solar para construir viviendas en beneficio de una constructora que ofreció 30 millones de euros frente a los 60 que ofertaron los querellantes.
En la causa están imputados la ahora presidenta del Parlament balear y entonces presidenta del Consell, Maria Antònia Munar (UM); el conseller balear de Turismo, Miquel Nadal (UM), y el diputado autonómico suspendido de este partido, Bartomeu Vicens, entre otros.
CASO SON OMS" (MALLORCA): Relacionado con supuestos pelotazos urbanísticos en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa. Entre los imputados figuran el ex secretario general de Unión Mallorquina (UM) y ex director del territorio de Mallorca, Damià Nicolau, así como el diputado del grupo mixto y ex conseller de Ordenación del Territorio de Mallorca, Bartomeu Vicens.
"CASO ANDRATX" (MALLORCA): Dividido en cerca de 70 piezas abiertas por corrupción urbanística, tres de las cuales ya han sido juzgadas. Entre los condenados, el que fuera director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas (PP), Jaume Massot, que acumula en las tres condenas más de ocho años de prisión y que se encuentra en libertad bajo fianza de 200.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Palma en diciembre 2008.
El ex alcalde de esta localidad mallorquina Eugenio Hidalgo, expulsado del PP tras ser detenido, también cuenta con una condena de cuatro años de cárcel.
"CASO PEAJE" (MALLORCA): En él se investiga el presunto desvío de dinero destinado a las obras de carretera de Manacor a obras privadas durante el pasado mandato del Consell de Mallorca, gobernado por PP y UM.
Entre los imputados se encuentran el actual vicepresidente del Consell de Mallorca, Antoni Pascual (UM), y el director insular de Carreteras en el pasado y presente mandato, Gonzalo Aguiar, cargo de confianza de Unió en la institución.
CASO PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA": En este caso, abierto en agosto de 2008, se investigan supuestos "pelotazos" urbanísticos en la isla con plusvalías superiores a los 300 millones de euros. Entre los imputados se encuentran los dirigentes Bartomeu Vicens, expulsado de Unió Mallorquina, y Jaime Font, del Partido Popular, además de los promotores inmobiliarios Vicente Grande, Mateo y Cristóbal Sastre.
"OPERACIÓN PITIUSA" (IBIZA): Presunta trama de corrupción urdida por el ex arquitecto municipal de Sant Josep (Ibiza) Antonio Huerta Brito en colaboración con su hijo y su nuera, a quien presuntamente trasladaba los proyectos que tramitó en el ayuntamiento entre los años 1998 y 2007.
"CASO EIVISSA CENTRE" (IBIZA): En él se juzga a la cúpula del anterior gobierno del Ayuntamiento de Ibiza por haber cobrado presuntamente comisiones en el proceso de remodelación del centro de la ciudad. Por este caso está imputado el ex dirigente del PSOE Roque López.
"CASO BITEL 2": En él que se investiga la presunta comisión de los delitos de malversación de fondos públicos por una cantidad que la Fiscalía Anticorrupción estima que podría alcanzar los 700.000 euros, así como los de fraude, falsedad documental y revelación de secretos. Entre los imputados, el ex director general de la empresa pública Bitel, Damià Vidal, detenido el 19 de abril de 2008 y puesto en libertad dos días después, tras pagar una fianza de 200.000 euros.
"CASO TURISMO JOVEN": Caso relativo a una supuesta trama de malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven durante la legislatura 2004-2008, en la que se encuentran implicadas varios miembros del PP.
"CASO RODRIGO DE SANTOS" (PALMA): El ex teniente de alcalde popular del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos fue condenado a dos años de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos al pagar con la tarjeta del consistorio en clubes de alterne, motivo por el cual el PP le suspendió de militancia. En estos momentos está pendiente de sentencia tras el juicio celebrado en octubre acusado de abusos a menores.
"CASO LLUC-TOMAS" (MALLORCA): En noviembre de 2008, el alcalde del municipio mallorquín de Llucmajor, Lluc Tomàs, fue condenado por la Audiencia de Baleares a tres años de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público por malversación de caudales públicos. Ese mismo día, anunció su dimisión del cargo y pidió su baja del PP.
"CASO IBATUR": El 13 de febrero de 2009, el que fuera secretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Angel Bonet fue puesto en libertad con cargos y una fianza de 85.000 euros, acusado de los cargos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Bonet estaría detrás de una presunta trama de corrupción, en la pasada legislatura del PP.
"CASO FUNERARIA PALMA": En este caso se investigan presuntas irregularidades económicas cometidas en esta empresa pública en los últimos años, como la venta de tumbas, la alteración de facturas e incluso la falsedad de alguna de ellas. Entre los imputados se encuentra Óscar Collado, ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma, así como la actual edil del PP y ex presidenta de la EFM en la pasada legislatura, Marina Sans.
Y eso será sólo lo que se ha descubierto.
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