Los recientes cambios de los responsables de las Oficinas del Gobierno de Aragón en Madrid y en Bruselas (publicados en el Boletín Oficial de Aragón del martes 13 de octubre), oficinas ambas integradas por personal eventual, ponen nuevamente de actualidad la cuestión del ámbito que cabe reservar al personal eventual en la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
De acuerdo con lo que señalan tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Además, y de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, son las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto las que han de determinar los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este personal. En tal sentido, la Ley de Ordenación de la Función Pública todavía vigente reserva la posibilidad de contar con dicho personal al Presidente de la Diputación General y a los Consejeros, es decir a los miembros individuales del Gobierno de Aragón.
Los puestos concretos de personal eventual adscritos a cada uno de ellos se contemplan en las relaciones de puestos de trabajo, cuyo número ha de ser determinado por la Diputación General. Dicha regulación se ha establecido expresamente al regular los Gabinetes y secretarías personales de los miembros del Gobierno de Aragón. Sin embargo, mediante los decretos de estructura departamental y las relaciones de puestos de trabajo se han creado puestos de personal eventual, en oficinas ajenas a los Gabinetes de los miembros del Gobierno, algo que motivó las oportunas quejas de esta Asociación al Justicia de Aragón y recursos de nulidad frente a las relaciones de puestos de trabajo aprobadas. El Justicia de Aragón, en la sugerencia formulada con fecha 24 de abril de 2008, vino a dar la razón a la tesis de esta Asociación.
La posibilidad de reservar puestos de trabajo a personal eventual no puede entenderse libre ni ilimitada, sino vinculada al tipo de funciones atribuidas a tales puestos y al ámbito organizativo expresamente previsto. No cabrá así reservar a personal eventual puestos que no sean de estricta confianza o asesoramiento especial, ni será posible crear puestos de dicha naturaleza fuera del ámbito de los Gabinetes y demás órganos de asistencia y apoyo que contempla la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón: relación con los medios de comunicación, portavocía del Gobierno, protocolo institucional y representación exterior. Tipo de funciones a realizar y ámbitos expresamente definidos por la Ley son dos requisitos que han de darse conjuntamente para la posible creación o existencia de puestos propios de personal eventual.
Esta Asociación ya puso de manifiesto, con diferentes iniciativas, la necesidad de acabar con Oficinas de personal eventual ajenas a la estructura de los Gabinetes de los miembros del Gobierno –y a los ámbitos fijados por la propia Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón-, como es el caso de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y la Oficina de Inmigración, ambas adscritas actualmente al Departamento de Servicios Sociales y Familia, y la Oficina Económica de Seguimiento de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, adscrita al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
También se ha señalado la necesidad de revisar la actual composición de las Oficinas del Gobierno de Aragón en Madrid y Bruselas, por entender que las funciones que corresponden a ambas oficinas no pueden calificarse como de confianza o asesoramiento especial, y ello a pesar de que puedan inscribirse dentro del área de representación exterior. Ni la representación institucional ni la defensa y promoción de intereses de la Comunidad Autónoma caben entre las funciones propias del personal eventual.
La Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, en su Título VI, regula los órganos de colaboración y apoyo al Gobierno, entre los que se incluyen la Comisión de Viceconsejeros y Secretarios Generales Técnicos, los Delegados Territoriales del Gobierno de Aragón, los Gabinetes, la Delegación del Gobierno en Madrid y la Delegación del Gobierno ante la Unión Europea. Es evidente el carácter heterogéneo de dichos órganos. Unos responden a la propia estructura del Gobierno –como es el caso de la Comisión de Vicenconsejeros y Secretarios Generales Técnicos- y otros a la estructura periférica de la Administración –como son las Delegaciones Territoriales, indebidamente calificadas como órganos de colaboración y apoyo al Gobierno- y otros son estrictamente órganos de apoyo inmediato a los miembros del Gobierno –como son los Gabinetes, nutridas por personal eventual o de confianza política-. Finalmente, en cuanto a las Delegaciones del Gobierno en Madrid y Bruselas, parece que la definición de sus funciones –como es la representación institucional, en el primer caso, y la representación, defensa y promoción de los intereses de la Comunidad Autónoma de Aragón- nada tienen que ver con el cometido que corresponde al personal eventual.
Las Oficinas del Gobierno de Aragón en Madrid y Bruselas han de estar desempeñadas bien por personal funcionario de carrera –como considera esta Asociación-, o en caso contrario, por altos cargos de la Administración, como ocurre con las Delegaciones Territoriales de Huesca y de Teruel, pero en ningún caso puede atribuirse el desempeño de sus funciones a personal eventual, cuyo ámbito de presencia ha de entenderse restringido a los Gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón o a aquellos ámbitos expresamente previstos –relación con los medios de comunicación, portavocía del Gobierno, protocolo institucional y representación exterior-, cuando la función ejercida sea, exclusivamente, de confianza política o asesoramiento especial.
Por ello, esta Asociación va a solicitar nuevamente la supresión de los puestos de trabajo de personal eventual de las Oficinas del Gobierno de Aragón en Madrid y Bruselas, así como los correspondientes a las Oficinas de Cooperación al Desarrollo, de Inmigración y de Seguimiento Económico de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, recordando la sugerencia que en tal sentido ya se realizó, en el mes de abril de 2008, por parte del Justicia de Aragón. Todo ello, sin perjuicio de la posible adopción de acciones jurídicas encaminadas a la supresión de tales puestos de personal eventual.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
25 comentarios:
La corrupción es un problema transversal que desangra la vida pública española y pone en crisis la confianza ciudadana en sus dirigentes, pero su impacto en la opinión pública está relacionado con la agenda de los círculos de decisión, un conglomerado político y mediático en perpetua batalla por la influencia y el poder; ese poder que pese al desarrollo de la España de las autonomías sigue siendo la primera industria de la Corte.
Ignacio Camacho.
El culebrón Gürtel comparte protagonismo en Cataluña con el caso Millet, el impune expolio del Palau de la Música. Los datos lo sitúan ya por encima de los 12 millones de euros. Sin embargo, en los últimos días se ha conocido una derivada: el «caso Convergència», el partido que ha gobernado Cataluña durante 23 años. Millet, que ayer declaró ante el juez por primera vez después de autoinculparse por carta, desvió fondos del Palau a la fundación Trias Fargas. En Román Paladino, la fundación del partido liderado por Artur Mas recibió dinero negro. Dicen en CDC que lo recibieron de forma legal, pero la actual dirección del Palau quiere que devuelvan alrededor de 540.000 euros. Dicen que tienen los convenios. En el Palau, no aparecen. Dicen que no tienen nada que ver las donaciones de Millet a Àngel Colom, ahora secretario de Inmigración de CDC. Dicen que lo dedicaron al fomento de la cultura, pero la memoria de la Trias Fargas sólo describe actos del candidato de Barcelona, Xavier Trias. Dicen que han pasado cuentas con la Sindicatura, extremo que ésta niega. Dicen que hicieron lo debido en el registro de Fundaciones, pero los datos desmienten que se cumpliera con tal cometido. Dicen que están al corriente con Hacienda. No pongamos la mano en el fuego, por si acaso. Dicen –ahora– que están dispuestos a negociar el retorno de los fondos. Así lo dijo Artur Mas después de mantener un largo silencio. Mientras, el director de la Trias Fargas, Agustí Colomines, amenaza con tirar de la manta. No concreta acusaciones. Prefiere como línea defensiva el «difama que algo queda». Dicen que todo es legal, aunque sorprende que constructoras adjudicatarias de la Generalitat gobernada por Pujol hayan sido tan generosas con sus arcas. Dicen que no estamos ante una financiación ilegal y que todo está en regla, pero se refugian en la estrategia del silencio y la confusión, lo que no hace más que extender la sombra de la sospecha. No vale justificarse diciendo que el dinero negro lo tenía Millet. CDC lo aceptó. Ahora que sabe de su suciedad debe actuar en consecuencia, o algo olerá mal bajo la manta.
Toni Bolaño.
LA decisión del juez de dejar en libertad sin fianza, tras su esperada declaración de ayer, a Fèlix Millet y Jordi Montull por los continuados delitos cometidos en el Palau de la Música no ha dejado indiferente a la opinión pública. En los casi tres meses que van entre la entrada de los Mossos d'Esquadra en el emblemático edificio del Palau y la declaración de Millet en la recién estrenada Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet se han conocido tantas cosas y de tal gravedad que, sin cuestionar la decisión judicial, bien puede decirse que esta ha causado perplejidad en unos, sorpresa en otros y enojo en la mayoría de los ciudadanos, que a través de las diferentes plataformas de información pudieron expresar ayer su opinión. La puesta en libertad con cargos es mucho más llamativa si se tiene en cuenta que además de la Fiscalía, las acusaciones de la Fundació del Palau de la Música y del Consorci, que agrupa a las administraciones públicas, también habían pedido prisión provisional sin fianza para quien hace muy pocos meses era el mandatario único de ambas instituciones. Si las cajas que en estos momentos varios peritos nombrados por el juez están analizando y que fueron retiradas el pasado mes de julio del Palau no aportan novedades significativas, no es descartable que el sumario del caso se ralentice fruto de las diferentes peticiones de los abogados y que los trabajos del juez instructor duren varios años. Será, en todo caso, entonces cuando se adopten nuevas decisiones judiciales, ya que el primer capítulo de este caso lo cerró ayer por la tarde el juez de instrucción Juli Solaz, a cargo del juzgado número 30. Mucho tiempo para un caso que ha despertado una gran indignación ciudadana.
José Antich, Director de La Vanguardia.
Barcelona. (EFE).- El juez que investiga el desvío de fondos del Palau de la Música alega en el auto en que acuerda la libertad de Félix Millet y Jordi Montull que no hay riesgo de fuga, porque los imputados pudieron huir con el dinero defraudado y no lo hicieron, y descarta que vayan a destruir pruebas incriminatorias.
En cataluña nadie va a la carcel
La democracia -con su máximo desarrollo jurídico de los derechos- rebaja a semejante nivel la barrera de lo ético que la estúpidez más irracional se puede defender. Por ello, las democracias generan las sociedades que merecen.
Quien no vea que hay una justicia de ricos y una de pobres está ciego.Por mucho menos encierran a los no poderosos.Ay si alguien tirase de la manta iban a salir culebras,cucarachas,...
Vergüenza de país cuando desde el código penal un hombre de avanzada edad puede evadir la cárcel, porque en la carcel estan perfectamente atendidos, mejor que en libertad, pues un preso tiene asiastencia médica 24 horas al día y un hombre libre tiene que hacer lista de espera.
Claro está que la justicia que hay en este pais,és de lo más deplorable que hay.Los ricos andan por sus anchas.El pobre que roba 2O euros que los necesita para comer,lo meten a la cárcel sin piedad durante años...A esos sinvergüenzas deberian cumplir cadena perpetua y fichados a perpetuidad también.
nada mas hay que ver la sonrisa socarrona de millet saliendo del juzgado para ver que se rie de todos incluido el juez.
el juez los deja en libertad porque cree que son de fiar despues de robar lo increible. El juez si que no es de fiar por dejarlos en libertad
mediocridad eso es lo que reina en nuestra clase politica
EFE
BARCELONA
El Govern recurrirá a través del abogado del Consorcio del Palau de la Música la decisión del juez Juli Solaz de dejar en libertad con cargos a Jordi Montull y Fèlix Millet, según ha asegurado hoy el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, en la rueda de prensa posterior a la reunión de Govern.
La Generalitat retirará la Creu de Sant Jordi, tras acordar hoy modificar el decreto correspondiente para revocar la condecoración.
EFE
BARCELONA
La decisión de Juli Solaz, juez de instrucción número 30 de Barcelona, de dejar en libertad a Fèlix Millet y a Jordi Montull ha suscitado una lluvia de críticas, algunas procedentes de la propia judicatura, ante las que la jueza decana, Maria Josep Feliu, ha salido al paso defendiendo su profesionalidad.
Solaz acordó ayer dejar en libertad provisional a los imputados por el desvío de fondos del Palau de la Música, pese a que la fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la Fundació Orfeó Català y el Consorcio del Palau de la Música pedían su ingreso en prisión sin fianza.
El volumen del saqueo del Palau de la Música y el Orfeó Català no fue motivo suficiente para que el juez Juli Solaz, que se ocupa del caso, dictara ayer órdenes de más envergadura que la simple libertad con cargos para los dos principales encausados, Fèlix Millet y Jordi Montull. La petición de las acusaciones particulares y del fiscal de acordar prisión provisional cayó en saco roto. Tampoco indujo a Solaz a aplicar medidas cautelares de mayor entidad el riesgo de destrucción de pruebas, que de hecho ya se ha producido, la alarma social y el riesgo de fuga, que indirectamente reconoció al retirar el pasaporte a Millet y Montull.
Con independencia de que la decisión del juez se atenga a derecho, y de las razones que hayan alimentado su benevolencia, lo cierto es que las implicaciones del caso –financieras, sociales y políticas–, la cuantía de lo defraudado, presumiblemente muy superior a las cantidades entregadas por Millet y Montull al dar al juez la carta en la que admiten los manejos llevados a cabo, y las investigaciones en curso hacían pensar en otras medidas. En todo caso, el reembolso de una parte del dinero sustraído por Millet y Montull de los caudales que debían administrar se antoja una pobre atenuante para justificar el desenlace de la primera declaración de ambos ante el juez.
Si a todo ello se suma que Solaz ha tardado tres meses en citar a declarar a los imputados, es harto comprensible la sorpresa por las medidas que ha dictado. Los medios de comunicación y los nuevos gestores del Palau han tenido acceso a demasiada información como para relativizar la importancia de todo lo sucedido.
Resulta asimismo insuficiente suponer que anima a Millet y Montull la buena voluntad de reparar por completo el daño causado; al menos en otros casos en los que han sido perjudicadas en sus economías instituciones públicas y privadas, el criterio de los tribunales no ha sido este.
Dicho todo lo cual, hay que aceptar que las decisiones adoptadas por el juez responden a la independencia de juicio y actuación que corresponde a los tribunales y, en consecuencia, deben respetarse. De la misma manera que debe exigirse la mayor celeridad en la instrucción del caso. Las repercusiones que ha tenido hasta ahora, y las que previsiblemente alcanzará en el futuro, justifican esta exigencia para evitar que el principio de ejemplaridad quede sepultado en un rosario de demoras procesales.
Lo que le hagan al Sr. Millet me es igual, a mi no me robará nada, a mi lo que me preocupa es lo que me roba el gobierno.
Solo tengo un calificativo.. ESCANDALOSO!!!!!!
en Estados Unidos el sr. Madoff ya lleva tiempo tras las rejas, aqui en España, ¿que va a pasar? NADA DE NADA, y si nó , al tiempo.
El principio mas sagrado de la Constitución ha sido violado. Pienso qué es lo que ha sentido el juez. ¿Pena, respeto a la ancianidad, sumisión a la alta burguesía catalana? Me da igual. Solo siento una inmensa pena porque no vamos bien en nada. ¿Qué legado dejaremos a las generaciones venideras?
Aunque nos empeñemos en que esta realidad de charanga y pandereta no existe, siempre habrá un informativo que nos recuerde en qué estamos. Por ejemplo, el presidente de la Generalitat de Valencia, ese al que llaman los chicos de Zaplana Forrest Camps, utiliza un coche igualito al que se compró Touriño y que tantos disgustos le dio en la campaña electoral gallega. Pero en este caso no pasa nada. Se subió a él, una vez más, el otro día, mientras el llamado Ric Costa se iba caminando, triste y cariacontecido, después de haber pagado los primeros platos rotos. Ha pagado por obediente, que es lo que les suele ocurrir a los niños de buena educación, buena familia e insoportables cuellos de camisa. Sucede, sin embargo, que a muchos de esos niños les entran a veces unas pataletas de impredecibles consecuencias. Ya veremos.
Pero seguimos en el empeño de negar esta realidad, y se aparece el ectoplasma Cospedal en las pantallas, de nuevo, esta vez maquillada y peinada, no como en el verano marbellí, para anunciar lo que en Valencia niegan. Ambas partes tardan veinticuatro horas en dejar de hacer el ridículo.
Mientras tanto, Rajoy cabecea en su sillón, con su puro y su coñá. Alterna el tenis con el fútbol clasificatorio para el Mundial 2010. Quién me mandaría a mí meterme en este lío, piensa. Pero la verdad es que no se acuerda de cuándo empezó la joda, las razones por las que dejó su cómoda plaza de registrador e inició su carrera política en Galicia. Hubo buenos momentos, es verdad, incluso una cierta felicidad en las dos legislaturas aznaritas, hasta que llegaron los hilillos del «Prestige» y la guerra de Iraq. Después, ¡ay, después! Con lo fácil que pintaba todo, con lo bien que se lo habían puesto para no hacer nada y gobernar desde un sillón. Maldita realidad empecinada.
José Mª Noguerol
A cada tipo de pueblo, lo timan los políticos gandules y sinvergüenzas (que no son todos, todo el tiempo, pero sí bastantes a menudo) de una manera distinta. Cuenta la idiosincrasia, las tradiciones y, sobre todo, eso tan universal de escuchar lo que nos gusta oír. Los catalanes practican la autosatisfacción tanto como los valencianos, quizás un poco más, por eso un atracador desarmado como Fèlix Millet (alias «Fèlix Millonet»), el responsable de l´Orfeó Català, pudo estafar diez millones de euros a lo largo de muchos años: no son los cuarenta millones del Bigotes/Correa que los magistrados buscan en la Isla de las Nieves (advierto que tiene nombre de País del Nunca Jamás, no sé si encontrarán algo), pero es una pasta.
Dice Jordi Pujol «que està molt dolgut» con el señor Millet. Pues imagínese, president, cómo estarán los catalanes corrientes a quienes no les llegaba, como a cierta fundación de Convergència, abundantes despojos de las raterías (presuntas) de Millet que se atrevió a pagar con dinero de las donaciones (públicas y privadas) obras particulares, servicios eróticos, cajas de condones y la boda de sus hijas (Aznar creó escuela). Pujol dice que tan persistente saqueo pudo ocurrir «perquè tots ens despistaren un poc».
Emili Piera.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, y a la policía que se investiguen adjudicaciones de contratos del Gobierno de Castilla y León en los que haya podido intervenir, entre otros cargos públicos, el ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento castellano Y leonés, José Manuel Fernández Santiago, cuyo apodo, reconocido por él mismo, es Toti, un nombre que aparece en los documentos intervenidos a la red de Francisco Correa.
Una vez que la fiscalía cree tener acreditada la relación entre Fernández Santiago y la trama corrupta que dirigía Correa, su propósito ahora, tal y como asegura hoy el diario El País en una información recogida por Europa Press, es que los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales indaguen otras adjudicaciones de obras públicas otorgadas por el departamento de Fernández Santiago durante su etapa como consejero de Fomento, cargo que abandonó para ocupar el de presidente de las Cortes autonómicas, institución que aún preside.
Los investigadores sospechan que Fernández Santiago no sólo recibió una comisión de 39.000 euros por adjudicar a la empresa Teconsa, afín al conglomerado de empresas de Correa, la variante del municipio leonés de Olleros de Alba, sino que también ha podido recibir otras comisiones ilegales. La policía entregó hace 15 días al Tribunal Supremo un informe de 22 folios en el que se apunta claramente al presidente de las Cortes de Castilla y León como perceptor de sobornos, puesto que su apodo, "Toti", aparece completo en al menos dos documentos, y con iniciales (TT o TO) en otros.
Que depuren responsabilidades y que envien a la cárcel al que sea.
LEIDO EN EL NORTE DE CASTILLA:
Ocho horas para trabajar, ocho para el ocio y la familia y ocho para dormir. Ésa es la base para una vida más feliz. El presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios, Ignacio Buqueras, defendió ayer en el salón de recepciones del Ayuntamiento una nueva organización del tiempo «más humana», que sustituya el «presentismo» en los empleos por una verdadera cultura de la eficiencia.
«Hay que acabar con esa tesis de que lo importante es estar en la empresa se trabaje o no y que uno sólo abandona su puesto cuando se haya ido el jefe; ni que estuviéramos en la época feudal», señaló el responsable de este organismo, quien abogó porque en el 2010 se alcance «un gran pacto» nacional para homologar la organización horaria del trabajo con resto de Europa. Para ello solicitó el apoyo de responsables políticos, empresarios y organizaciones sindicales. El especialista aseguró que los horarios en España son «tercermundistas» con jornadas laborales interminables, «mientras que en productividad estamos a la cola». Las principales víctimas son las mujeres, porque luego en casa siguen con las tareas, y los niños, que quedan desatendidos por sus padres durante muchas horas al día con la posibilidad de ver o hacer lo que no deben. Buqueras, quien compareció acompañado del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, propuso una jornada laboral más europea y flexible con entrada entre las 7.30 y las 9.30 horas de la mañana y salida entre las 16.00 y 18.00 horas. El tiempo para la comida debería oscilar entre 45 y 60 minutos como máximo. El responsable de esta comisión, presidida por los Reyes, arremetió contra costumbres tan españolas como el cafecito de las diez de la mañana o el almuerzo «porque distorsionan y mucho la productividad». Solución: Salir bien desayunado de casa.
Asimismo, destacó la importancia de la puntualidad en todos los actos públicos y reuniones de empresa, que tienen que tener una hora de comienzo y otra de finalización para que cada uno se organice su tiempo. Además, recomendó a las televisiones a que adelanten sus programas de 'prime-time', de manera que la gente se pueda ir antes a la cama a descansar. A juicio de Buqueras, la mala organización del tiempo en este país deriva en problemas de pareja, siniestralidad laboral o baja natalidad.
El experto reconoció que el horario de funcionario, tan criticado y a la vez soñado por muchos durante décadas, es de los más racionales, porque permite compaginar vida laboral y familiar con una jornada continua. Buqueras matizó que «el de funcionario es buen horario, siempre que sean eficientes y haya productividad, algo que a veces no ocurre».
Ahí siguen las oficinas, sin ningún problema.
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