Zaragoza, 27 de octubre de 2009.
El trabajo de difusión realizado por esta Asociación, desde su creación en febrero de 2007, ha constituido una prioridad constante para su Junta Directiva, tanto por la necesidad de articular propuestas, análisis críticos y alternativas como por la voluntad de otorgar a las actividades de la Asociación el máximo nivel de transparencia y participación posibles, y la concreción de ambos objetivos ha reposado fundamentalmente en el blog o bitácora de que, desde un primer momento, nos dotamos como instrumento de comunicación, proyección y encuentro.
A través del blog de la Asociación, se ha informado de su vida orgánica o interna –haciéndose público el orden del día de cada una de las reuniones de la Junta Directivas y de las Asambleas anuales de socios, así como un resumen de lo deliberado y acordado en tales convocatorias- y de su actividad externa, dando cuenta de la práctica totalidad de sus actuaciones y campañas, de sus actos públicos y de las opiniones sobre la realidad de la función pública aragonesa, en todo aquello –sólo una pequeña parte de la realidad- que puede llegar a conocerse y afecta a los fines propios de esta Asociación.
El blog ha servido también para dar a conocer el contenido de la mayor parte de las respuestas –cuando las ha habido- de instituciones, autoridades y responsables públicos a las diferentes iniciativas, propuestas o peticiones realizadas por la Asociación. Ello, nos consta, ha dado lugar a más de un enfado por los firmantes, al ver sus escritos de respuesta sometidos al escrutinio público y, en más de un caso, a comentarios críticos y valoraciones negativas. El blog ha servido así, en buena medida, de archivo documental electrónico de la Asociación, archivo accesible a todos los miembros de la Asociación y abierto al conjunto de los ciudadanos.
El blog ha establecido, por sí mismo, unos hábitos de trabajo y unas pautas de actuación que han contribuido de forma decisiva a que la Asociación haya interiorizado en su propia dinámica algunos de los principios que reclama para el funcionamiento de las instituciones y el de las organizaciones sindicales presentes en la Administración Pública, como son la publicidad, la transparencia o la rendición de cuentas. La única medida que fue necesario adoptar, en su momento, fue la moderación de los comentarios, dada la dificultad para algunas personas –sin duda, compañeros- de diferenciar la crítica de la descalificación o el insulto.
Que el blog de la Asociación haya superado ya las quinientas notas es un dato que nos permite cobrar idea tanto del trabajo y del esfuerzo realizados por el conjunto de los socios como del camino recorrido desde que, a comienzos del año 2007, un grupo de funcionarios de la Administración aragonesa decidimos unirnos para trabajar de forma conjunta por la promoción y defensa de los valores y principios de la función pública.
Es posible que la realidad no haya cambiado mucho, y sin embargo el contexto ha cambiado radicalmente, pues ya no es concebible que en nada que afecte a la Administración pública y a su personal se encuentre ausente la voz de los servidores públicos, como actores críticos comprometidos con la legalidad, la profesionalidad y la ética pública. El blog constituye, creemos, el principal testimonio de todo ello.
Si hemos llegado hasta aquí, lo que es motivo de satisfacción, se debe exclusivamente al esfuerzo colectivo de todas las personas que, desde dentro y desde fuera, han prestado su apoyo a este proyecto asociativo, por considerarlo oportuno para la salud democrática de nuestras instituciones y por entender que quienes trabajamos en la Administración tenemos una especial responsabilidad en que los servicios públicos se atengan a las reglas y los fines que los ordenan y justifican.
Enhorabuena y gracias.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
17 comentarios:
Enhorabuena a los miembros de la Junta por el trabajo realizado y el esfuerzo que habéis invertido.
Un saludo.
Felicitémonos por haber llegado hasta aquí, algo que muchos, incluso algunos de nosotros, no teníamos nada seguro.
Buen trabajo. Seguid por ese camino, la legalidad, la objetividad ... el Estado de derecho os lo agradecerán , y por supuesto la mayoría de la ciudadanía. Enhorabuena y gracias a toda la Junta y colaboradores. Saludos
Os habéis onvertido en un referente en Aragón y para estas cuestiones.
Me alegra ver que lo que era una idea sugerente es hoy una realidad. Felicidades.
Gracias a todos los miembros de la Asociación y en especial al esfuerzo desplegado por los miembros de la Junta. Ánimo, seguid por ese camino, que algunos os agradecemos infinito. La legalidad, la democracia, el estado derecho nunca están libres de la manipulación torticera.
Guiral ha demostrado una gran capacidad al frente de esta iniciativa, como aglutinante, animador y portavoz. Felicito a todos por el camino recorrido, pero especialmente al presidente de la asociación.
EL CANCER DE LA CORRUPCIÓN.
LA nueva operación de la Audiencia Nacional en tres ayuntamientos de Barcelona, saldada ayer con nueve detenidos, ha vuelto a poner de manifiesto que el de la corrupción en las entidades locales no es un fenómeno anecdótico o marginal, propio de un reducido número de oportunistas que se valen de la política para enriquecerse con negocios turbios. Por contra, se trata de un fenómeno peligrosamente extendido y demostrativo de que los mecanismos de control, inspección y supervisión son insuficientes ante los desmanes de cargos políticos que convierten el servicio público en una excusa perversa para un enriquecimiento fácil y rápido. No transcurre una semana sin que salten a la luz pública investigaciones policiales o de la Fiscalía -la más reciente la de El Ejido- que alarman a la opinión pública por la facilidad y la impunidad con la que se manejan el dinero, las influencias y el nepotismo en algunas esferas del poder. Ayer fueron detenidos Maciá Alavedra, ex consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña con Jordi Pujol; el ex dirigente también de CiU Lluis Prenafeta; el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet,Bertomeu Muñoz, y el ex diputado del PSC Luis García, entre otros militantes socialistas. Todos ellos acumulan en su dudosa hoja de servicios a la política investigaciones pasadas por casos de corrupción -en Cataluña nadie ha olvidado aún la famosa expresión del «tres por ciento»-, a las que ahora se suman nuevas acusaciones por irregularidades en la adjudicación de obras y servicios vinculados a la construcción. El rosario de delitos sobre la mesa es, lamentablemente, de sobra conocido para la ciudadanía: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho...
Sin embargo, la respuesta institucional al fenómeno de la corrupción ya no puede ser sólo policial, judicial y política, con la depuración -más o menos rápida, y más o menos eficaz- de responsabilidades, con destituciones o expulsiones de un partido político. Son exigibles una profunda regeneración ética en los partidos y una actitud ejemplarizante porque el escaso crédito de que gozan todas las formaciones políticas entre cada vez más ciudadanos desliza a todo el sistema por una frustrante pendiente. Lo acontecido ayer demuestra que la corrupción sacude de manera transversal a todos los partidos políticos y evidencia que la utilización espuria de los escándalos tiene un peligroso efecto bumerán. La corrupción es un fenómeno que no discrimina en función de adscripciones ideológicas, sino que corrompe el sistema político sobre el que se sustenta la propia democracia, provocando efectos demoledores en una opinión pública que tiende a estigmatizar sin matices a la clase dirigente. Se corre el riesgo de que ese desapego de la sociedad hacia sus gobernantes se extienda a medida que los casos de corrupción se generalizan en medio de un ambiente de indignación. Es lo que ocurrió en Italia, donde los escándalos que afectaron sin distinción a los partidos tradicionales provocaron el derrumbe del sistema, lo que favoreció la aparición de formaciones de corte populista sustentadas en la figura de personas concretas al margen de la estructuras de poder de las formaciones clásicas. Nada hay más nocivo que ese sentimiento colectivo que se traduce en la expresión «todos los políticos son iguales», porque refleja que la desconfianza se ha instalado en los resortes más íntimos de la sociedad.
EDITORIAL DE ABC.
EN todo partido político, como en toda agrupación humana, hay «manzanas podridas». Forma parte de la naturaleza. Pero lo que está ocurriendo en la cúpula del PP empieza a dar la impresión de que allá arriba sólo hay manzanas podridas, gentes que han entrado en el partido para medrar, económica o políticamente. Lo que es injusto, pues hay allí gente honorabilísima. Pero el espectáculo que están dando, primero en el caso Gürtel, ahora con Caja Madrid, es bochornoso para los diez millones de españoles que les votan, y descorazonador para ese otro millón que deciden las elecciones, al votar lo que creen más conveniente en cada momento, y ahora pensaban que era hora de cambiar de gobierno.
No sabemos si en el PP hay más aprovechados, oportunistas o sinvergüenzas que en el PSOE, posiblemente, allá se irán. Pero lo que resulta evidente es que hay bastantes más desleales a su partido y a su causa. El caso Gürtel empezó con un concejalillo que se creyó relegado. El caso Caja Madrid se libra sobre quién tiene la llave de la cuarta institución financiera de España. Puede que no para beneficiarse económicamente de ella, sino para usarla como instrumento de sus ambiciones políticas. Lo que jurídicamente tal vez sea diferente -lo primero es un delito, lo segundo, sólo una inmoralidad-, pero desde el punto de vista ético se parecen bastante. Alguien que antepone sus ambiciones personales a los intereses de su partido seguramente los antepondrá también a los intereses de la nación, si es que llega un día a gobernarla. Y ya hemos tenido bastantes gobernantes de este tipo en España para permitirnos el lujo de seguir teniéndolos, si no queremos que se vaya al cuerno. Lo que quiero decir con ello es que quienes intentan descalificar al rival en la feroz batalla desencadenada en la cúpula del PP se están descalificando a ellos mismos. Puede que ganen esta batalla, pero es casi seguro que perderán la guerra de alcanzar el poder. Uno de los pocos axiomas permanentes en política es que un partido dividido es un partido vencido. Ojo, y un país también. Pero dejemos ese tema de momento.
Contemplando la virulencia con que los líderes populares se están destruyendo entre sí, entiendo un aspecto de la crisis que hasta ahora me tenía intrigado: cómo fue posible que no se dieran cuenta de que tenían a su alrededor una panda de sinvergüenzas que sólo buscaban su propio beneficio, importándoles un bledo el bien del partido y, no digamos ya, el de España. Explicación: estaban tan obcecados en aniquilar a sus rivales que no tenían ojos, manos y oídos más que para eso.
La forma que tienen los campesinos de impedir que las manzanas podridas pudran a las demás es sacarlas del cesto. Lo mismo pasa en política, o sea, Rajoy tiene que actuar. Pero ¿y si se queda con la mitad de la plantilla?
JOSE MARIA CARRASCAL.
LA CORRUPCIÓN salpica toda la geografía española, como una fiebre contagiosa de la que no se libra ninguna comunidad ni ningún partido político. El viernes pasado, era detenido el alcalde de El Ejido, anteayer, el alcalde y tres concejales de Castro de Rei (Lugo) y ayer, siete personas relacionadas con una trama de blanqueo de dinero y especulación inmobiliaria en Santa Coloma de Gramanet y otros municipios de Barcelona.
Entre los detenidos, destacan dos viejas glorias de CiU, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, importantes colaboradores de Pujol y hombres clave en el Gobierno de Cataluña en los 80. Otro de los implicados es Bertomeu Muñoz, alcalde del emblemático feudo de Santa Coloma desde 2002 y miembro del Comité Federal del PSOE.
La trama de Cataluña tiene la peculiaridad de que la corrupción es transversal: afecta tanto al PSC como a CiU. Queda de manifiesto que, por encima de las ideologías, la corrupción puede unir a alcaldes, concejales, empresarios y conseguidores sin escrúpulos, dispuestos a cualquier cosa con tal de enriquecerse.
El portavoz del PSC, José Zaragoza, prometió ayer que expulsarán a los militantes que sean acusados por el juez Garzón. Pero ello no basta. El partido debería haber detectado antes esos comportamientos. Ahí está el lujoso tren de vida de Bertomeu Muñoz, uno de los capitanes del PSC, que no vivía en Santa Coloma sino en el elitista Turó Parc de Barcelona, lo cual resulta insólito.
Alavedra y Prenafeta ya habían sido imputados en diversas causas, que siempre se habían archivado. Pero tenían una turbia reputación en el oscuro mundo de los negocios en Cataluña, en ese oasis donde también ha aparecido el charco del Orfeó Català, caso en el que Félix Millet estafó unos 20 millones que repartió entre sus propios bolsillos y los de sus amigos de todos los partidos.
Ya Pasqual Maragall amenazó en 2005 con tirar de la manta del famoso 3% que echó en cara a Artur Mas, pero ni el PSC ni CiU estaban interesados en investigar porque las miserias afectaban probablemente a los dos partidos por igual. Jordi Pujol, partidario de no mirar debajo de las alfombras, advirtió el lunes: «Si hay que entrar, entramos». Toda una filosofía que explica lo que está sucediendo.
Ya no es suficiente llevarse las manos a la cabeza y expresar repudio por el latrocinio consumado. Hay que realizar reformas legales y extremar los mecanismos de control para que estos hechos no se repitan. Ayer todos los partidos aprobaron en el Congreso un endurecimiento de las penas de los delitos de corrupción, una iniciativa insuficiente pero que va en la buena dirección.
Los partidos no han sido capaces de atajar hasta ahora esta lacra, con casos tan recientes como Gürtel, Mercasevilla, Benidorm, El Ejido, Palma y Unión Mallorquina, en el que María Antonia Munar ha tardado años en ser imputada -a pesar de sus continuos desmanes- gracias a la impunidad que le proporcionaba su alianza con Antich. El espectáculo es desolador, mientras cunde el descrédito de una clase política que utiliza los escándalos para minar al adversario pero que mira para otro lado hasta que la Justicia actúa cuando el cohecho está en sus filas. No hay una solución fácil a esta desvergüenza. Pero si los partidos tienen voluntad de combatir el mal, podrían llegar al acuerdo de crear una comisión parlamentaria que acometiera las reformas legales en todos los órdenes -desde el Código Penal a la legislación en urbanismo- para erradicar estos comportamientos.
O la democracia acaba con la corrupción o la corrupción acabará poco a poco con la democracia. Los líderes políticos tienen que elegir cuál es la opción por la que se decantan.
EDITORIAL DE EL MUNDO.
NO HAY puebas, o al menos no las tengo yo, de que jueces y policía (algunos jueces y algunos policías) se hayan conjurado en España para hacer una limpieza a la italiana. Madrid, Valencia, Palma, Almería y Cataluña han sido, últimamente, escenarios de actuaciones importantes contra presuntos corruptos. Intervienen juzgados a veces diferentes y aparentemente no existe un centro rector. Quizá esa apariencia formal sea beneficiosa para los objetivos que se pretenden conseguir: Manos Limpias tuvo siempre su talón de Aquiles en la estrategia coordinada de unos jueces y fiscales sobre los que se aplicó de inmediato la infamante etiqueta de redentores. Pero haya o no estrategia los efectos sobre el paisaje español son implacables. La palabra corrupción es el tag (la etiqueta) del momento. Y en una proporción superior a lo que sucedió en los años 90, donde la corrupción o su eco alcanzó más altas instancias, pero de un modo mucho menos diseminado. Hace tiempo, y en lo que entonces me pareció una muestra singular de cinismo, un consejero de la Generalitat pujolista (compañero de los Alavedra y Prenafeta, ya detenidos) me decía ante una pequeña ola de acusaciones de corrupción vinculadas al mundo nacionalista, incluida la que se hacía a un precoz Félix Millet: «Sí, es que nosotros hacemos cosas». En el imaginario de aquel hombre era imposible moverse sin cruzar la frontera de la legalidad. Es más: el moverse (el fer coses) legitimaba la ilegalidad.
La financiación de los partidos políticos, la ejecución de determinadas operaciones urbanísticas, el bien privado y el bien común, entreverados en una suerte de inquietante e inexorable convivencia, no parecen concebirse en España sin que medie la ilegalidad. El ambiente dominante es que la ilegalidad está en todas partes, como constitutiva de la acción, y que dependerá de la azarosa ruta que tome el escrutinio judicial el que sea o no descubierta. Por si fuera poco, no siempre ese escrutinio se interpreta como resultado del movimiento ciego de la Justicia, sino que prima la interpretación de que los jueces actúan por motivos ideológicos o políticos.
Los socialistas españoles han dicho más de una vez, aleccionando a sus bases, que a la derecha no le afecta electoralmente la corrupción. Una elegante manera de decir que en la derecha no sólo es corrupto el pequeño grupo de votados sino la inmensa masa de los votantes. Pero no hay prueba alguna de esa discriminación ideológica. Ninguna. La corrupción en España es ya un tema de Estado.
ARCADI ESPADA.
El presidente catalán, José Montilla, y el líder de CiU, Artur Mas, han evitado enfrentarse en el pleno del Parlament a raíz de los casos de corrupción destapados en Cataluña, a lo que se han sumado ERC e ICV-EUiA, mientras que PP y Ciutadans han reclamado una comisión parlamentaria de investigación.
Una operación del juez Garzón contra una presunta trama de corrupción urbanística conmocionó ayer la vida política y social de Cataluña, que aún no se ha repuesto del escándalo del Palau de la Música. La acción judicial afecta especialmente al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, aunque con ramificaciones en otros. Más allá del calado de las imputaciones, que son relevantes, ha sorprendido la identidad de algunos de los detenidos, hombres de peso entre los socialistas catalanes y personajes de gran influencia en los gobiernos de Jordi Pujol. Entre los arrestados se encuentran el alcalde de Santa Coloma, el socialista Bartomeu Muñoz Calvet, miembro del Comité Federal del PSOE y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, así como el director gerente de Servicios del Consistorio, Pascual Velade, y el regidor de Urbanismo de la misma localidad y presidente de la empresa Gramepark, Manuel Dobarco Touriño. Figuran también el ex diputado del PSC Luis García Sáez y dos importantes constructores. Más llamativas todavía han sido las detenciones de Lluís Prenafeta, quien fue secretario de la Presidencia con Jordi Pujol, y Macià Alavedra, ex consejero de Economía durante la misma época. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho en el marco de una investigación que comenzó en la Audiencia Nacional en 2007 a partir de datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza. La operación de Garzón se ha producido cuando la sociedad catalana digiere todavía el «caso Millet» y sus trapicheos en el Palau de la Música, en el que aún están por determinarse todas las conexiones políticas. Como en otros casos, conviene antes de nada recordar que la presunción de inocencia ampara a todos los arrestados, sea cual sea su color político. No se trata de montar juicios paralelos ni de actuar con ánimo inquisitorial, como han hecho el Gobierno y el PSOE en los últimos meses. De lo que se trata es de averiguar la verdad y depurar las responsabilidades penales y políticas a que hubiera lugar. Está claro que ningún partido está a salvo de actuaciones individuales irregulares y que, en todo caso, lo que define la responsabilidad democrática de cada formación es la respuesta a esos abusos. Es moneda de uso frecuente en la pugna política que se relativice el escándalo «propio» y se criminalice la sospecha ajena. En el caso de Santa Coloma aparecen implicados de notoria relevancia social en Cataluña, aunque de diferente sesgo ideológico, lo que podría dar a entender que es una especie de trama transversal que afecta a nombres de las dos formaciones catalanas mayoritarias. La presencia en la investigación de Prenafeta y Alavedra, que afecta de lleno al que fuera núcleo del poder nacionalista durante lustros, así como la de Bartomeu Muñoz, personaje muy importante en el PSC, da argumentos a quienes sostienen que el «oasis catalán» es un espejismo y que Cataluña no está inmunizada contra los excesos y los desmanes de personajes públicos. Quien tenga la tentación de mirar para otro lado o de minimizar situaciones de esta relevancia prestará un flaco favor al interés general y a la imagen de Cataluña. Por esa razón, en éste como en otros escándalos, la Justicia debe llegar hasta el final, caiga quien caiga. Hay pocas cosas peores para la confianza y el crédito de los ciudadanos hacia los políticos que la doble vara de medir en función del poder, las influencias o la ideología de los implicados.
EDITORIAL DE LA RAZÓN.
LAS detenciones practicadas en las últimas horas a instancia del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dentro de la denominada operación Pretoria y que afectan al alcalde y otros cargos del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, dos ex altos cargos en los gobiernos de Jordi Pujol (Alavedra y Prenafeta) y varios empresarios relacionados con la construcción vinieron ayer a añadir nuevos argumentos a los que aseguran que el epicentro de la corrupción vive instalado en la clase política. Tras el caso Millet, que ha conmocionado a la sociedad catalana por la dimensión de la apropiación económica del ex responsable del Palau de la Música y por la falta de controles en la vigilancia del dinero de administraciones y particulares en la entidad, las detenciones llevadas a cabo ayer suponen el segundo golpe en muy corto periodo de tiempo. No está de más decir que, en estos momentos, hay que ser prudentes con las acusaciones que se puedan hacer, ya que el juez Garzón ha decretado secreto de sumario y a los detenidos no les ha tomado aún declaración. La relevancia de las personas implicadas, unas con responsabilidades presentes y otras en el pasado, obliga necesariamente a ser escrupulosos en las incriminaciones - durante todo el día, por ejemplo, fueron incesantes los rumores sobre ayuntamientos implicados y personalidades involucradas que con las horas se iban evaporando-,ya que la fase procesal concluirá en muy pocos días. Hay que confiar en la acción de la justicia, pero también pedir a sus responsables que sean lo más ágiles posible en sus determinaciones, puesto que no es menor lo que hay en juego.
JOSE ANTICH.
Desgraciadamente, nuestra vida pública –en el ámbito privado y en el institucional– tiene, de vez en cuando, casos poco ejemplares. La opinión pública se escandaliza, con razón, por la acusación del célebre 3% y por el caso Millet, y se alarma ante las detenciones de ayer mismo de personas que tienen o han tenido importantes responsabilidades políticas. No sabemos cómo continuará la actuación judicial de ayer, pero, de momento, ya podemos hacer algunas reflexiones.
En primer lugar, que la ilegalidad hay que combatirla sin contemplaciones. Esto aporta confianza en las instituciones y crea responsabilidad colectiva. Pero a mí me inquieta que el juez que ha ordenado las detenciones de ayer sea Baltasar Garzón. Es el juez a quien se le han escapado narcotraficantes gallegos de envergadura y que ha ordenado desmontar un barco pieza a pieza sin ningún resultado. Y no puedo olvidar el escándalo de la detención de independentistas en 1992, a los que no atendió en sus quejas de tortura, algo por lo que el Estado español fue condenado en Estrasburgo. Garzón es un juez conocido porque instruye muy deficientemente sus casos, quizá porque tiene pretensiones de competencia exageradamente universal.
Esto lleva a una cuestión relacionada: la Audiencia Nacional es un tribunal que parece estar por encima del bien y del mal. ¿Está en contacto con la fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya? Pues no. Garzón y la Guardia Civil van completamente a la suya, sin tener en cuenta ni las instancias judiciales ordinarias del país ni tampoco la policía de Catalunya. Es evidente que hay que suprimir la Audiencia Nacional, que es anormal. Es evidente que en una democracia no pueden existir tribunales especiales. Son los ordinarios los que deben luchar contra el delito. Y esto hay que hacerlo, hay que hacerlo siempre, con contundencia.
La política es un oficio noble, que la mayoría de personas ejerce noblemente. Por ello hay que denunciar y perseguir todos los comportamientos ilícitos. ¿Que podemos salir malparados? Pues salgamos malparados. Quiero decir, ¡que salgan malparados!
JOSEP MARIA TERRICABRAS.
¿No somos todos corruptos, en un grado u otro?
LA MANCHA SE EXTIENDE.
El chaparrón de la corrupción se extiende como una mancha de aceite por toda la geografía española. Al caso Gürtel que afecta a la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia y Castilla y León, se han sumado Baleares -con el asunto Munar- y Cataluña, con el saqueo del Palau de la Música y ayer todavía otro nuevo episodio: la detención en Barcelona de ocho personas en relación con un supuesto caso de tráfico de influencias, blanqueo de capital y cohecho en Santa Coloma de Gramenet, al parecer por unos 20 millones de euros. El actual alcalde socialista de la localidad del cinturón barcelonés -Bartomeu Muñoz- y dos ex altos cargos de la Generalitat pujolista -Macià Alavedra y Lluís Prenafeta- están a la espera de prestar declaración ante el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.
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Los nombres de Alavedra -ex consejero de Gobernación, Industria y Economía y Finanzas de la Generalitat- o el de Prenafeta -secretario de Presidencia y mano derecha durante años de Pujol- no son unos desconocidos en los tribunales. Prenafeta, que ha llegado a estar imputado en varios, siempre ha salido indemne, aunque en alguno de los casos hubiera, según el juez, "aromas de corrupción". Alavedra simplemente ha sido citado a declarar en un caso como el de la extorsión a empresarios catalanes que practicaba el juez Luis Pascual Estevill, vocal del Consejo General del Poder Judicial nombrado a propuesta de CiU. La detención de ambos -ahora ya convertidos en hombres de negocios sin aparente vinculación directa con el actual núcleo dirigente de Convergència- no ha sorprendido. Caso distinto es el del alcalde de Santa Coloma, un socialista sui géneris, que reside en el corazón de la Barcelona burguesa y ejerce su cargo político en una ciudad de la periferia obrera.
La reacción del Partit dels Socialistes de Catalunya ha sido fulminante en tiempos en que otros partidos -el PP con Gürtel y CDC con la financiación de la Fundación Trias Fargas con dinero del Orfeó Català- se toman el tiempo que necesitan y más antes de adoptar medidas. El PSC ha anunciado, al poco de conocerse las detenciones, la suspensión temporal de militancia y la creación de una gestora en Santa Coloma hasta que el juez decida el grado de inculpación de tres de los detenidos que están afiliados al partido. Convergència, siguiendo su línea habitual, ha pedido respeto a la presunción de inocencia y sostiene que no tomará medidas contra simples afiliados.
Nada es edificante en este nuevo caso de corrupción, que ha surgido tirando del hilo de las cuentas que, al parecer, Alavedra y Prenafeta tenían en el BBVA Privanza de las islas Jersey. Con la crisis económica que azota al extrarradio barcelonés -Santa Coloma tiene un paro de más de un 15% con una población de casi 120.000 habitantes-, el incremento de la desafección política y de la desconfianza hacia partidos e instituciones es la consecuencia predecible de esta mancha de corrupción que va extendiéndose a ojos vista.
EDITORIAL DE EL PAIS.
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