VIGENCIA DE UN LLAMAMIENTO: LA IDEA FUNDACIONAL DE ESTA ASOCIACIÓN FUE LA NECESIDAD DE UN “GIRO ÉTICO”.

Cuando está a punto de concluir el mes de febrero, tal vez valga la pena recuperar el texto del artículo publicado en “Heraldo de Aragón” el 23 de febrero de 2007, para presentar a la opinión pública la constitución de esta Asociación y exponer las razones que llevaron a ello a un conjunto de servidores públicos de la Comunidad Autónoma.

La preocupación por una función pública cuyas señas de identidad se veían amenazadas era, visto en perspectiva, una reacción frente a la crisis de legalidad que se estaba manifestando en el conjunto de las instituciones españolas y a la pérdida de valores fundamentales en la configuración del servicio público.

Creíamos en la necesidad de una reacción “desde dentro”, en la reivindicación de la legalidad y la ética pública por parte del conjunto de profesionales de la función pública, frente a la devaluación constante de los principios propios del Estado de Derecho con los que debe hallarse radicalmente comprometida la función pública.

Siete años es un tiempo suficiente para analizar el grado de vigencia de una idea o proyecto, como los que representa esta Asociación, y también constituyen un recorrido y una experiencia acumulada que permiten revisar en profundidad objetivos y modos de actuación.

Por ello, y ante la Asamblea anual de socios que deberá celebrar esta Asociación en fechas próximas, se hace necesario efectuar un balance de lo que este proyecto ha supuesto, de lo realizado en todos estos años y de lo que sigue pendiente de acometer -lo mucho que queda por hacer-, y deberíamos aprovechar la próxima Asamblea para una puesta al día ambiciosa de objetivos y una apertura al conjunto de la función pública española, articulando actuaciones colectivas para la promoción y defensa de una función pública constitucional plenamente comprometida con la democracia y los ciudadanos.

Ese balance puede iniciarse con una relectura, desde la distancia que otorga el camino recorrido, del llamamiento fundacional de esta Asociación que se publicaba en la prensa aragonesa hace ahora siete años:

"GIRO ÉTICO EN LA ADMINISTRACIÓN.

Un colectivo de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, reunidos en la sede del Colegio de Abogados de Zaragoza, hemos constituido la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Su objetivo principal es "la defensa y promoción de los valores, principios y normas que rigen el ejercicio de la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el fin de contribuir al correcto funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico que definen la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Aragón".

La Asociación pretende que la Administración cumpla la misión que constitucionalmente le corresponde: la defensa y satisfacción del interés general, el aseguramiento del Estado de Derecho y la plena realización de los derechos y libertades de los ciudadanos, contribuyendo a hacer cada día más eficientes nuestros servicios públicos y, con ello, más sólido nuestro sistema democrático y más fuerte la cohesión social sobre la que se sustenta.

¿Por qué una Asociación de este tipo y por qué en este momento? Tras casi 30 años de Constitución democrática en España y cerca de 25 años de Estatuto de Autonomía en Aragón, el peso adquirido por la Administración de la Comunidad Autónoma como prestadora de servicios esenciales para el bienestar de la población aragonesa es innegable. Cerca de cuarenta mil servidores públicos trabajan en sus diferentes Departamentos y Organismos, en las actividades más diversas. Sin embargo, y pese a la importancia que su buen funcionamiento tiene para la calidad de vida de todos los aragoneses, creemos que su situación y su futuro no constituyen ni una prioridad política ni una cuestión de preocupación ciudadana acorde con la incidencia que le corresponde en la vida colectiva y particular de los aragoneses. Pensamos que en la Administración autonómica no se han interiorizado suficientemente los principios constitucionales que han de presidir todo ejercicio de la acción pública, en especial el de legalidad o sometimiento pleno a la ley a la derecho.

 Con más frecuencia de la debida, las instituciones públicas se apartan de los fines y de las reglas a las que deberían ajustar su actividad. Prevenir y atajar este tipo de situaciones constituye una especial responsabilidad de los funcionarios públicos. Consideramos que ese “déficit constitucional” que presenta en la actualidad la Administración Pública aragonesa ha de afrontarse con diversas medidas. Una de ellas, la que incumbe al conjunto de los servidores públicos, es la de contribuir “desde dentro” a que la Administración sea la organización profesionalizada, madura, eficiente y respetuosa de las garantías jurídicas que nuestro ordenamiento constitucional exige.

Los servidores públicos debemos promover e impulsar, con nuestro trabajo y actitud, todas aquellas medidas de mejora que permitan configurar una Administración valorada y respetada por el conjunto de los ciudadanos, receptiva a sus demandas, cuidadosa y exquisita con sus derechos. La Administración es una organización de la que se dota una sociedad para atender, de forma objetiva, eficaz y eficiente, bajo la dirección política del Gobierno, los intereses generales. Debería ser un elemento primario y básico de una ética pública compartida por responsables políticos y servidores públicos que la Administración se ajuste al modelo que las normas establecen y que los ciudadanos demandan.

Ese cambio de actitud que propugna la Asociación, con una permanente defensa de la legalidad y del respeto a los derechos de los ciudadanos, es lo que denominamos "giro ético". Se trata simplemente de que ser y deber ser se vayan aproximando cada día más, en lugar de distanciarse. Pretendemos, en suma, que la Administración sea una organización que se considere y se reconozca al servicio de los ciudadanos y de la democracia.

Julio Guiral Pelegrín, Manuel Diaz Muiña y Félix Gracia Romero, funcionarios y promotores de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa".