NO ERA POSIBLE DEMORARLO MÁS TIEMPO.

Tras el complicado debate parlamentario que se desarrolló en el Pleno de las Cortes de Aragón para la convalidación del Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, en el que se adoptaban medidas para la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público del Gobierno de Aragón para 2007 y 2011, y una vez evidenciado que el mismo no daba cumplimiento a los autos de ejecución dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en julio de 2013, quedaba claro que el Ejecutivo autonómico no podía demorar la aprobación de los Decretos complementarios de Oferta, salvo que quisiera exponerse a las consecuencias de un incumplimiento de sentencia.

Se halla pendiente el pronunciamiento del TSJA sobre la ejecución de las sentencias –tras las alegaciones realizadas por parte de esta Asociación y las realizadas por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón-, y es probable que los responsables del Departamento de Hacienda y Administración Pública quieren anticiparse con la aprobación efectiva de los Decretos complementarios a la posible resolución del Tribunal, máxime a la vista de la endeble defensa que desde la Dirección General de Servicios Jurídicos se hizo del Decreto-ley aprobado. Tampoco se puede ignorar el riesgo que suponía la posible imposición de multas coercitivas a los miembros del Gobierno para forzar la ejecución pendiente, medida que no cabía descartar y que hubiera causado un enorme impacto.

Se pueden modular las condiciones de ejecución, siempre y cuando respondan a razones objetivas y de desarrollo ordenado de los procesos selectivos, pero lo que no cabe es desvirtuar interesadamente el alcance de las sentencias, desde planteamientos tan alejados de la legalidad como contraponer los derechos de unos con los derechos de otros, pues es evidente que durante años se ha lesionado el derecho fundamental de acceso a la función pública, y resulta particularmente grave que, en el momento en que una acción legal logra su parcial restauración, determinadas organizaciones solo vean inconvenientes en que, finalmente, los ciudadanos puedan ejercer su derecho de acceso conforme a los principios constitucionales.

Tras la aprobación y publicación de los Decretos complementarios de Oferta, desde el Departamento de Hacienda y Administración Pública y desde los restantes Departamentos afectados se han de adoptar las medidas necesarias para que el desarrollo de los procesos selectivos sea ágil y cuente con las máximas garantías de objetividad.

Ahora bien, no debemos olvidar que estamos sacando a Oferta plazas que debieron ser ofrecidas en 2007 y 2011, y que el número de plazas contenidas en el Decreto-ley 1/2014 es muy inferior al total de las vacantes ocupadas por personal interino, de manera que la reducción de las tasas de interinidad existentes en la Administración y el respeto efectivo del derecho de acceso obligan al Gobierno de Aragón a aprobar en cada ejercicio la respectiva oferta anual de empleo público, sin que pueda escudarse en los decretos de oferta complementaria ahora aprobados para incumplir la obligación permanente de seguir garantizando cada año el régimen de acceso a la función pública, que no puede quedar congelado en las plazas de 31 de diciembre de 2006 y de 31 de diciembre de 2010.

Por otra parte, y una vez ya convalidado el Decreto-ley 1/2014, sería deseable que el Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, mediante comparecencia parlamentaria, expusiera los criterios aplicados para determinar el número de plazas incluidas en la ejecución de sentencia e informase de las posibles medidas a adoptar para corregir el 35% de temporalidad que se indica en el último boletín estadístico –correspondiente a junio de 2013- elaborado por su Departamento.