ARRIESGADA CONVALIDACIÓN.

Este próximo jueves, en el orden del día del Pleno de las Cortes de Aragón, se incluye el debate para la convalidación del Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas para la ejecución de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de febrero de 2012.

Esta Asociación ha expresado tanto al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) como a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón sus razones para entender que el contenido del citado Decreto-ley no se ajusta a los autos de ejecución del TSJA dictados el 11 de julio de 2013, en los que se ordenaba al Gobierno de Aragón la aprobación, en el plazo de seis meses, de los Decretos complementarios a las Ofertas de 2007 y 2011, a fin de inclir las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos a 31 de diciembre de 2006 y a 31 de diciembre de 2010, respectivamente, que fueron indebidamente omitidas en las Ofertas anuladas.

Es evidente que la obligación establecida en dichos autos de ejecución no se satisface por el Decreto-ley 1/2014 aprobado por el Gobierno de Aragón, el cual constituye un claro desafío al mandato judicial, toda vez que se concede un nuevo plazo, esta vez indefinido, para la aprobación de tales Decretos, y establece además un plazo de tres años para el desarrollo de los correspondientes procesos selectivos, alterando con ello los plazos ordinarios previstos en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Es grave que el Gobierno de Aragón, condenado por incumplir las leyes y vulnerar el derecho fundamental de acceso a la función pública, resulte incapaz también de ejecutar las sentencias judiciales en los términos señalados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y trate de blindar su incumplimiento con la utilización del Decreto-ley, fórmula normativa que en modo alguno se ajusta a las circunstancias del caso, pues la Oferta no es materia de Ley sino de Reglamento, y además, no cabe reconocer ninguna razón de extraordinaria y urgente necesidad que permita acudir a tal fórmula normativa. Como ya se alegó ante el TSJA, la inactividad y pasividad mostrada por el Gobierno en el cumplimiento de las sentencias, apurando el plazo concedido de seis meses sin proceder a la aprobación de los Decretos de oferta complementaria, no puede constituir causa habilitante para la utilización del Decreto-ley.

Igualmente resulta grave que las Cortes de Aragón puedan dar su respaldo a la irregular actuación del Gobierno mediante la convalidación del Decreto-ley 1/2014, convirtiendo en ley la ilegalidad y desafiando de forma directa el mandato que se contiene en el artículo 118 de la Constitución Española: “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto”. Esa ejecución correcta de los fallos judiciales ha de entenderse contenido propio del derecho a la tutela judicial efectiva, que quedaría vulnerado por la actuación del Gobierno de Aragón y por la posible convalidación de las Cortes de Aragón.

Los Grupos Parlamentarios, así como la Mesa de las Cortes de Aragón y su Junta de Portavoces, deberán valorar las implicaciones que puede tener la convalidación de un incumplimiento de sentencia por parte del Gobierno de Aragón, aunque dicho incumplimiento se haya revestido con la forma de Decreto-ley.