miércoles, 12 de febrero de 2014

POR UNA LEY DE TRANSPARENCIA EN ARAGÓN.



El Consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, ha anunciado ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón la próxima presentación del Anteproyecto de Ley de Transparencia por parte del Gobierno de Aragón, cuyo texto será sometido a trámite de información pública o participación ciudadana. Asimismo, se anuncia la posible revisión de la actual Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón para incorporar los contenidos correspondientes a “buen gobierno”.

Esta Asociación ha venido reclamando de forma reiterada medidas de buen gobierno, como la aprobación de códigos éticos para los miembros del Gobierno de Aragón y altos cargos de la Administración autonómica y una adecuada regulación de los conflictos de intereses, que impida la confusión de intereses privados con el interés público, evitando con ello que nuestra Comunidad Autónoma tolere conductas que están desde hace años prohibidas en la Administración General del Estado. Por ello, vamos a seguir con particular interés el desarrollo de esta iniciativa legislativa, para velar por la calidad de su contenido y, sobre todo, por su efectiva aplicación.

Desde nuestra condición de miembros de la Coalición Pro Acceso, plataforma estatal de organizaciones de la sociedad civil que ha demandado la regulación del derecho de acceso a la información pública en el ordenamiento español –como elemento fundamental de la transparencia de la gestión pública-, trataremos de que la tramitación de la Ley cuente con la supervisión de los expertos de la Coalición, de manera que esta plataforma pueda jugar un papel activo en el proceso de participación ciudadana que se anuncia, y en el encaje de la ley autonómica dentro del marco establecido por la reciente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobada en diciembre por las Cortes Generales.

La transparencia es un elemento imprescindible para el control del poder político por parte de los ciudadanos, evitando no solo la opacidad en la gestión de los asuntos públicos sino también la mediación interesada de grupos de interés para evitar el acceso de ciertas informaciones a la opinión pública. La transparencia es asimismo un instrumento fundamental de prevención de la corrupción pública, tanto política como administrativa, pues la tentación de incurrir en irregularidades y abusos en el ejercicio de las potestades administrativas resulta inversamente proporcional al grado de publicidad y difusión al que se somete la gestión de los asuntos públicos.

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