A
mediados del pasado mes de enero, esta Asociación se dirigió a la Presidenta del Gobierno
de Aragón, en ejercicio del derecho fundamental de petición, para solicitarle
que dentro del proceso de revisión del sector público autonómico, se impulsasen
las medidas necesarias que permitan tanto su racionalización funcional y
económica –evitando, en particular, que su personal venga a ejercer
competencias propias de los funcionarios públicos- como la adecuación de su
gobierno corporativo a las directrices auspiciadas desde la OCDE, de manera que se eviten
ineficiencias y distorsiones en el mercado y quede asegurada la transparencia, profesionalidad y calidad en su
gestión, algo que debe acometerse con la celeridad que exige la realidad
económica de nuestro país.
Creemos
que la reforma del sector público autonómico, cuyos resultados desconocemos, ha
sido más una operación de imagen y distracción que una revisión real y seria
del papel que las empresas públicas autonómicas han de jugar en la ejecución de
políticas públicas. Seguimos creyendo que la ejecución de la política ambiental
ha de volver al Departamento competente –cuestionando la funcionalidad de
estructuras como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental o de sociedades
como SARGA, resultante de la fusión de SODEMASA y SIRASA- o que las tareas de
desarrollo de la
Administración electrónica, al igual que ocurre en la Administración
General del Estado, debiera recaer en los órganos centrales
de los Departamentos y no en un ente como Aragonesa de Servicios Telemáticos, cuya actuación ha venido a privar a la Administración
departamental de un control efectivo en la política de modernización de la
gestión pública, así como de los recursos personales necesarios para el diseño
de las estrategias en materia de administración electrónica.
La
petición aludía a diferentes aspectos, como la utilización de las empresas para
nutrir de personal técnico a algunos Departamentos, mediante un irregular “préstamo
de trabajadores” –como ha venido sucediendo en el Departamento de Medio
Ambiente-, pero sobre todo ponía especial énfasis en el establecimiento de
directrices de buen gobierno, lo que pasa por la modificación de la composición
de los órganos de dirección de las empresas –como sus consejos de administración-,
procediendo a su despolitización y promoviendo, en su lugar, una dirección
profesional e independiente de consignas políticas.
Frente
a tal petición, una reciente respuesta remitida desde la Secretaría General
Técnica de la Presidencia,
de fecha 21 de enero de 2014, se limita a acusar recibo del escrito de esta
Asociación y a comunicarnos que se ha dado traslado del mismo al Departamento
de Economía y Empleo, por ser el competente por razón de la materia.
En
contra del criterio señalado en la comunicación de traslado –en la que, por
supuesto, en nada se citad el régimen propio del derecho fundamental ejercido,
para así restar trascendencia a la petición formulada- creemos que entre las
competencias que corresponden a la Presidenta del Gobierno están la dirección del
Gobierno y la coordinación de las funciones de sus miembros, de manera que la
ordenación del sector público empresarial, presente en diferentes ámbitos de
acción que afectan a diferentes Departamentos, no puede ser responsabilidad de
un solo Consejero sino que es un asunto de Gobierno cuyo impulso y coordinación
compete necesariamente a la
Presidenta del Gobierno.
Cosa
distinta sería que desde la
Presidencia se fijasen unos criterios cuya ejecución material
y efectiva se encomendasen al responsable del Departamento de Economía y
Empleo, pero no cabe delegar ni la respuesta ni la decisión en una autoridad pública
a la que no solo no se ha dirigido esta Asociación sino que carece de
competencia real para promover el cambio que se solicita en el escrito de
petición, al afectar la propuesta a empresas adscritos a diferentes áreas del
Gobierno.
La
pobreza de las respuestas por parte de los responsables de la Administración
autonómica a las peticiones formuladas desde esta Asociación no solo constituye
un indicio de la nula voluntad de entablar un diálogo constructivo con la
sociedad civil –algo que sería lo consustancial a una democracia participativa,
como la pretendida en el actual Estatuto de Autonomía de Aragón-, sino que son
también una manifestación de la falta de consistencia de las reformas y medidas
de regeneración del sector público que en su día fueron anunciadas por la Presidenta del Gobierno
de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.
1 comentario:
Las empresas públicas han sido el ámbito perfecto para gestionar de forma opaca el dinero público.
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