jueves, 13 de febrero de 2014

UN GOBIERNO SIN VOLUNTAD DE RESPETAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES.



El conjunto de omisiones y de actuaciones llevadas a cabo por parte del Gobierno de Aragón para la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 evidencian la escasa voluntad de sujetarse a las reglas del Estado de Derecho y, por consiguiente, el nulo compromiso con el principio de legalidad y con la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En la mañana de hoy se debatirá y votará en el Pleno de las Cortes de Aragón la convalidación del Decreto 1/2014 que aprobó el Gobierno de Aragón con el propósito aparente de ejecutar las citadas sentencias, aunque formal y materialmente es un total incumplimiento de las mismas. El fraude de sentencia en que incurre el Gobierno –al contravenir directamente los términos de los autos de ejecución dictados por el Tribunal Superior de Justicia- se quiere someter al respaldo del Parlamento autonómico, de manera que Ejecutivo y Parlamento unan su voluntad contra las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en un claro desafío al deber de dar cumplimiento a las sentencias de los Tribunales, sin lo cual el derecho a la tutela judicial efectiva que proclama nuestra Constitución sería una pura entelequia.

El incumplimiento del Gobierno de Aragón o su nula voluntad de ajustar sus decisiones a Derecho queda patente con la actuación del Departamento de Educación, incapaz de ajustar sus medidas en materia de oferta de empleo no solo a lo que dicen las sentencias de los Tribunales sino al propio contenido del Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Aragón. No es aceptable que existan responsables públicos, como el Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, o como la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes, Dolores Serrat, que ejerzan sus competencias al margen de la legalidad, anteponiendo su voluntad arbitraria a lo que establecen las Leyes y declaran los Tribunales. Esa forma de actuar no cabe en nuestro marco constitucional y quien no es capaz de adaptarse a las reglas del mismo no merece ostentar cargo público alguno. Por ello, esta Asociación analizará las responsabilidades legales y políticas en que ambos responsables puedan incurrir en este proceso de “ejecución” de los fallos judiciales en materia de oferta de empleo público.

No se puede trivializar el trato dispensado por un Gobierno a la vigencia y efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues tales derechos son indisponibles para los poderes públicos y su primera obligación consiste precisamente en garantizar su realización y protección. Unos poderes públicos que olvidan su principal cometido y desconocen la posición de los ciudadanos dentro del vigente modelo constitucional están condenados a un inevitable proceso de deslegitimación social, siendo este fenómeno uno de los más graves y preocupantes elementos de la crisis política e institucional que padecemos como país y como sociedad.

Aguardaremos el resultado del debate de las Cortes de Aragón que tendrá lugar esta mañana y esperaremos también el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la adecuación de la actuación del Gobierno de Aragón a los términos de las sentencias que está obligado a ejecutar. No obstante, no olvidamos que, por encima de todo el debate político y jurídico que ha provocado este proceso, se encuentran el derecho de los ciudadanos a acceder a la función pública y el valor de la seguridad jurídica, así como el respeto al modelo de función pública que debemos considerar consustancial a las exigencias de un Estado de Derecho como el que proclama nuestra Constitución.

21 comentarios:

Anónimo dijo...


La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa y sindicatos de enseñanza acusan a la DGA de haber incumplido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que, el pasado mes de julio del 2013, obligaba al Gobierno de Aragón a adoptar "todas las medidas necesarias" para aprobar, en seis meses, un nuevo decreto de la oferta de empleo público complementario a los procesos no completados de los años 2010 y 2011 en sanidad, educación y administración.

Los colectivos cuestionan el cumplimiento de ese plazo otorgado por la Justicia para convocar el nuevo proceso. "Ese plazo expiró en enero", sostienen desde CGT. La Administración, sin embargo, asegura que el dictamen se ejecutó en plazo. "El pasado 9 de enero se aprobó el decreto ley --que se convalida hoy en las Cortes-- que sirve como base jurídica para que, a partir de ahí, se convoquen ofertas, por lo que no se ha incumplido el plazo", indicaron desde el Departamento de Función Pública.

Pero los colectivos no están de acuerdo en la división de la oferta realizada desde Educación, que repartirá este mismo año 190 de las 385 plazas pendientes de años anteriores y guardará el resto para, previsiblemente, el 2016 y creen que la sentencia impone que se deberían ofertar todas ya. "Tenemos nuestras dudas acerca de la seguridad jurídica de este concepto y de si la sentencia permite dividir su ejecución", apuntaron desde CSIF.

Por su parte, CGT criticó el "despropósito jurídico" y anunció que volverá a pedir la dimisión de Serrat en la mesa sectorial que se celebrará el lunes. "Lo más grave y vergonzoso de todo este esperpento es que la sentencia es del 15 de julio del 2013 y que en estos últimos meses, cuando Serrat nos confirmaba a sindicatos y docentes que no habría oposiciones porque con la tasa de reposición solo se podrían ofertar 30 plazas, ya sabían que había una sentencia que les obligaba y que tenían un plazo de seis meses".

El Periódico de Aragón.

Anónimo dijo...

Vaya mequetrefe el señor Consejero, qué falta del don de palabra, ¡¡¡qué mal se explica!!!
Y la de excusas que pone: qué difícil ha sido todo esto, no nos daba tiempo, ha habido concursos y amortizaciones y terremotos, Júpiter se alineó con Saturno...

Anónimo dijo...



Acusan a la DGA de retrasar la convocatoria de cerca de 2.000 plazas de empleo público.

Heraldo de Aragón.

Anónimo dijo...


El pasado 11 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) dictó un auto en el que requería al Gobierno de Aragón que adoptara, "en el plazo de seis meses", "todas las medidas necesarias" para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo y del propio TSJA que obligan a la DGA a convocar 2.783 plazas de empleo público correspondientes a las ofertas de los años 2007 y 2011.

El pasado 9 de enero el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, firmó un decreto-ley para cumplir con este requerimiento judicial. En este texto, publicado en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 15 de enero, la DGA se comprometía a convocar la totalidad de las plazas citadas en tres años.

Este decreto-ley llega este jueves a las Cortes para ser convalidado y lo hace bajo la acusación de incumplir el mandato del TSJA y de ser una "maniobra legal" para dilatar la convocatoria de las oposiciones, un extremo que la DGA niega de forma tajante.

Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que fue la que inició el proceso judicial que obliga a la DGA a convocar estas plazas, consideran que el auto del TSJA daba a la DGA un plazo de seis meses para convocar las plazas, algo que no ha ocurrido.

HA.

Anónimo dijo...


"Se incumple el mandato del TSJA"
"La DGA lo que ha hecho ha sido publicar, dentro de ese plazo de seis meses, un decreto-ley en el que se autoconcede un plazo de tres años para convocar las oposiciones, pero con el que no se cumplen las sentencias", afirma José Luis Soro, portavoz de CHA en las Cortes de Aragón.

"Es una burla jurídica", critica José Manuel Aspas, abogado de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. "La DGA tenía en su mano, desde que se conoció el auto en julio hasta el pasado mes de enero, la posibilidad de aprobar la convocatoria de las oposiciones y no lo ha hecho", añade.

El letrado considera que el decreto-ley "no era necesario en este caso" y que, además, "incumple el presupuesto habilitante (una de las condiciones necesarias para que el poder ejecutivo utilice esta herramienta legislativa) de la necesidad urgente y extraordinaria". José Luis Soro opina, en este sentido, que el decreto-ley es una forma de blindar el proceso, ya que cuando se apruebe no cabrá más recurso que ante el Tribunal Constitucional.

"Una sentencia que tenían que cumplir en seis meses la van a cumplir en tres años y a plazos", afirma por su parte Adolfo Barrena, portavoz de IU en las Cortes. "Nosotros vamos a plantearle al Gobierno la posibilidad de que este decreto-ley se tramite en las Cortes como proyecto de ley, para que se puedan admitir enmiendas y se consiga el cumplimiento efectivo de la sentencia", explica Barrena.

HA.

Anónimo dijo...


"Todo va con normalidad"
Desde el departamento de Hacienda y Administración Pública de la DGA afirman que han cumplido con lo que establecen las sentencias y que su voluntad pasa por hacer las cosas bien y dar las máximas garantías jurídicas a los opositores.

Por ello, indican, se ha optado por dar mandato a la sentencia vía decreto-ley. "De esta forma se ha dotado al proceso, que es muy complejo, de la máxima seguridad jurídica", añaden.

El plazo de tres años que establece el texto legal, indican, no es aleatorio, sino que se ajusta a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, una ley estatal del año 2007.

"El departamento quiere mandar un mensaje de tranquilidad a todos los opositores. Todas las plazas van a salir en el plazo que indica el decreto-ley", señalan las fuentes de la DGA.

HA.

Anónimo dijo...


Más de 900 plazas ya tienen fecha
A fecha de hoy, la DGA ya ha anunciado algunas fechas. Se trata de 909 plazas de empleo público del total de 2.783 que obligan a sacar las sentencias judiciales. 719 plazas se corresponderían con plazas del Servicio Aragonés de Salud y los exámenes comenzarían a celebrarse a partir de la segunda quincena de septiembre.

El resto, 190, corresponden al departamento de Educación y, según la DGA, los exámenes se celebrarían una vez terminado el curso escolar, en el mes de julio.

El abogado de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa no duda de la intención de la DGA de sacar adelante las oposiciones, pero a la vez considera que el auto de julio de 2013 se ha inclumpido "al menos temporalmente".

HA.

Anónimo dijo...


Comentario:

Todas las plazas vacantes ocupadas por interinos deberian haber estado convocadas para echar instancia antes del 31 de Enero de 2014, y no lo van a hacer, han incumplido la Sentencia. Dimisiones YA

Anónimo dijo...


Comentario:

Y ¿cuáles serían las otras mil y pico o dos mil plazas que quedan por convocar?

Anónimo dijo...


Comentario:

A ver si me aclaro, en el 2007 y 2011 no mandaba el PP. Y ahora, los que no convocaron las plazas en su momento exigen que otros lo hagan. Esto es increíble. Hace falta tener caradura.

Anónimo dijo...


La DGA, por su parte, asegura que ese mismo decreto que sirve como base jurídica marca un plazo de tres años para convocar la oferta. "Es el periodo que figura en el estatuto básico del empleado público", aseguran en Función Pública. Por su parte, Educación asegura que no tuvo conocimiento de esta posibilidad de convocar proceso hasta finales del año pasado y que fue la propia consejería la que pidió adelantar a este año la celebración de oposiciones y ofertará 10 plazas para Lengua y Literatura, Geografía e Historia (30), Matemáticas (30), Física y Química (10), Biología y Geología (20), Francés (10), Inglés (20), Orientación Educativa (35), Formación y Orientación Laboral (15) e Intervención sociocomunitaria (10).

epa.

Anónimo dijo...



ASÉPTICA NOTA DE PRENSA

Las Cortes convalidan el Decreto-ley del Ejecutivo para la ejecución de dos sentencias judiciales relacionadas con las ofertas de empleo público de 2007 y 2011

El Pleno de la Cámara ha dado el visto bueno esta mañana a la norma legal remitida por el Gobierno, tras una votación en la que han apoyado el trámite PP y PAR y se han opuesto PSOE, CHA e IU. Este último grupo, además, ha solicitado la tramitación como proyecto de ley, que no ha prosperado finalmente

Zaragoza, 13/02/14.- Las Cortes de Aragón han convalidado esta mañana el Decreto-ley remitido a la Cámara por el Ejecutivo para la ejecución de dos sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón relacionadas con las ofertas de empleo público de 2007 y 2011. El Pleno de la Cámara ha dado el visto bueno a la norma legal con el apoyo de PP y PAR y la oposición de los grupos de PSOE, CHA e IU.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, ha sido el encargado de defender el texto desde la tribuna del hemiciclo en un debate en el que también han participado la diputada del PP Yolanda Vallés, la socialista Ana Fernández, Antonio Ruspira por el PAR, el portavoz de CHA, José Luis Soro, y Adolfo Barrena para defender la postura de IU. Este último grupo ha solicitado, además, la tramitación como proyecto de ley, pero no ha salido adelante al no recibir el apoyo de ninguna otra formación.

Anónimo dijo...

El plazo máximo de ejecución de las Ofertas de empleo es de 3 años, pues ya pueden empezar a convocar porque los procesos selectivos en Aragón duran eso.

Anónimo dijo...

Las Cortes de Aragón han convalidado este jueves, en sesión plenaria, el Decreto-Ley que propiciará la convocatoria de las pruebas selectivas para cubrir 2.783 plazas de funcionario público.

Aunque el Gobierno dispone de tres años para desarrollar las pruebas, los acuerdos para fijar las medidas de las convocatorias son "inminentes", ha dicho el consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, quien ha defendido la iniciativa legislativa. Los Grupos de PP y PAR han votado favorablemente y en contra lo han hecho PSOE, CHA e IU.

Saz ha dado cuenta a la Cámara del Decreto-Ley, que ha sido presentado para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que obliga a la Comunidad Autónoma a completar la oferta de empleo público de 2007 y contratar a 558 nuevos funcionarios en la Administración General y la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que dispone que la OPE de 2011 se terminará de llevar a cabo cubriendo 2.255 plazas nuevas.

El titular de Administración Pública ha informado de que de las 2.783 plazas corresponden 1.034 a la Administración General de la Comunidad Autónoma, 385 a personal docente y 1.364 a personal estatutario. Los seleccionados serán profesionales sanitarios, docentes, ingenieros y auxiliares administrativos, entre otros. Un siete por cien de las plazas son para personas con diversidad funcional y también habrá reserva de plazas para víctimas del terrorismo.

José Luis Saz ha expuesto que el TS anuló en octubre de 2010 la convocatoria de 2007 y en febrero de 2012 el TSJA hizo lo propio con la de 2011 debido, en ambos casos, a que no se habían incluido las plazas vacantes cubiertas por interinos. Los tribunales dieron un plazo de seis meses para la ejecución de la sentencia, plazo que el Ejecutivo no cumplió, lo que motivó que la Asociación para la Defensa de la Función Pública solicitara la aplicación de la misma mediante un incidente de ejecución de las sentencias.

La situación que se planteó era "complicada", dado que "había que agregar plazas, identificar plazas, analizar cuáles quedaban en vigor", lo cual fue "un proceso muy laborioso". Quedaron excluidas las reservadas a funcionarios de carrera, las amortizadas y las pendientes de amortización.

El consejero ha hecho notar que los puestos que se van a convocar fueron redistribuidos como consecuencia de la reordenación de las Consejerías, además ha habido procesos de amortización y se han celebrado concursos, de ahí la complejidad. Finalmente, el 9 de enero de 2014 el Gobierno de Aragón puso en marcha el Decreto-Ley, eligiendo esta fórmula por conllevar "una mayor seguridad jurídica", ha dicho Saz.

El titular de Administración Pública ha expresado que "durante años ha estado lesionado el derecho de los ciudadanos para acceder a la función pública", resultando afectados este derecho fundamental así como los principios administrativos de mérito y capacidad.

HA.

Anónimo dijo...


El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha negado que haya una mayor seguridad jurídica por ser un Decreto-Ley y ha espetado al consejero que "ustedes no están cumpliendo la ley", ya que "han sido incapaces de cumplir" las sentencias, que marcaban un plazo de seis meses para convocar las pruebas. Saz "está desacatando al tribunal", ha añadido.

Ha dicho también que no hay garantía "en absoluto" de dotar las plazas si no se modifica el Capítulo I de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Ha pedido que el Decreto se tramite como proyecto de ley, lo que ha votado en contra el resto de la Cámara.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha afirmado que votar a favor significa "colaborar para que una ilegalidad parezca legal" y ha considerado que este Decreto-Ley es un "ataque gravísimo a la separación de poderes", ya que esta norma es un instrumento para que "el Ejecutivo se aproveche del Legislativo para pitorrearse del judicial".

En opinión de Soro, "se están negando abiertamente a dar el debido cumplimiento" a las resoluciones judiciales incumpliendo los plazos. Ha negado que con el Decreto-Ley se dé mayor seguridad jurídica a los procesos selectivos.

La parlamentaria socialista, Ana Fernández, ha exigido a Saz que cumpla las sentencias de los tribunales, ha recordado que ha tenido seis meses de plazo y ha tildado de "innecesario" el trámite de la aprobación del Decreto-Ley, que ha atribuido al interés del Gobierno en darse a sí mismo "un plazo mayor al que está marcado en la normativa".

"Hay muchas personas pendientes de estas convocatorias", ha continuado Fernández, quien ha aseverado que el Ejecutivo pretende "dilatar" la convocatoria de las pruebas. Ha negado que el Decreto-Ley dé más seguridad jurídica.

En representación del PAR, el diputado Antonio Ruspira se ha mostrado convencido de que la norma aprobada da garantía jurídica y ha subrayado que con las pruebas se repone la "lesión" a los ciudadanos y se cumplen las sentencias del TS y el TSJA.

La parlamentaria del PP, Yolanda Vallés, ha expresado que con el Decreto-Ley se repone el derecho de acceso a la función pública y ha asegurado que algunos de los que se oponen a realizar una nueva ordenación "no son los responsables, sino culpables" de la situación, dado que las plazas no se convocaron con el anterior Gobierno autonómico.

HA.

Anónimo dijo...


EFE 13/02/2014

El pleno de las Cortes ha convalidado hoy el decreto ley por el que el Gobierno aragonés convocará 2.783 plazas por oposición correspondientes a las ofertas de empleo público de los años 2007 y 2011 cubiertas por interinos para cumplir con dos sentencias de los tribunales, con el rechazo de la oposición, que consideran que se incumplen las sentencias.

En defensa del decreto ley ha intervenido el consejero de Hacienda, José Luis Saz, quien ha indicado que el Gobierno cumple así la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las convocatorias de 2007 y 2011 al no incluir todas las plazas vacantes ocupadas por interinos.

El proceso de convocatorias de estas 2.783 plazas comenzará en 2014 y se cerrará en un plazo máximo de tres años, abarcará 1.034 plazas en el ámbito de la administración general, 385 en el docente y 1.364 en el sanitario.

Saz ha explicado que el proceso se desarrollará mediante distintos decretos en los que se irán convocando las plazas, que son "inminentes".

Además, ha informado de que habrá una reserva del 7 por ciento para personas con diversidad funcional y también, por primera vez, a favor de víctimas del terrorismo, y ha resaltado que con estas convocatorias se repone el derecho fundamental del derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad que quedó lesionado en aquellas convocatorias.

En contra de la convalidación del decreto ley han intervenido los tres grupos de la oposición, PSOE, CHA e IU, que consideran que con este decreto ley se incumplen las sentencias, que daban al Gobierno un plazo de seis meses par convocar las plazas y ahora se dilatan hasta tres años.

El más contundente ha sido el presidente del grupo de CHA, José Luis Soro, quien ha advertido que votar a favor de la convalidación del decreto ley supone "colaborar para que una ilegalidad parezca legal", porque las sentencias establecen que es el Gobierno el que debe aprobar en seis meses los decretos con todas las plazas, y esto no se ha cumplido.

"No sé si tienen claro que van a ser cómplices de un ataque gravísimo al principio de separación de poderes" y por tanto a la democracia, ha dicho a los diputados del PP y del PAR, porque con su apoyo al decreto ley "van a ser un instrumento para que el poder ejecutivo se aproveche del poder legislativo para pitorrearse del poder judicial".

Porque con la convalidación del decreto ley, ha argumentado Soro, lo que está haciendo el Gobierno es "negarse abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial", y ha advertido de que cuando esto lo hace una autoridad o funcionario el Código Penal lo tipifica como delito de desobediencia judicial y "esto es gravísimo".

El diputado de IU Adolfo Barrena ha negado que el decreto ley dé más seguridad jurídica, ha criticado que el Gobierno lo utilice cuando es una fórmula para situaciones de necesidad urgente y extraordinaria cuando conoce las sentencias desde julio de 2013 y además, le acusado de estar "desacatando" al tribunal porque "dilata a tres años" lo que debe hacer en seis meses.

Ana Fernández, del PSOE, ha insistido en que el Gobierno debía haber cumplido las sentencias y ha criticado que se dé un plazo mayor pada convocar las plazas que el que marca la normativa, que presente un decreto ley para "aparentar que cumple" y que haya dejado transcurrir los meses para que su "inacción" se convierta en urgente necesidad -que no existe- cuando lo que realmente persigue es "dilatar" la convocatoria.

Por su parte, Antonio Ruspira (PAR) se ha mostrado convencido de las garantías jurídicas del decreto ley, por lo que ha sugerido a los grupos de la oposición, al igual que la diputada del PP Yolanda Vallés, que si creen que supone el incumplimiento de sentencias que acudan a los tribunales.

Anónimo dijo...

Artículo 70 Oferta de empleo público

1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.

Yo entiendo que el plazo de 3 años es para desarrollar los procesos selectivos, no para convocar la oferta, ¿es así?

Anónimo dijo...


Esto sucede en Baleares:

La nueva ley de Función Pública abre la puerta a más supuestos para cobrar el ´Nivel 33´, aunque la consellera Riera afirma que indicó que se mantengan los mismos "Si la redacción no es la correcta, se cambiará", anuncia la titular de Administraciones Públicas

Anónimo dijo...


Mateu Ferrer ­El Govern no quiere polémicas con el ‘Nivel 33’ –un plus salarial al que tienen derecho los funcionarios que pasan por la política–, y aunque el borrador de la nueva ley de Función Pública contempla hacerlo extensivo a más beneficiarios, verbalmente asegura que bajo ningún concepto ampliará los supuestos para disfrutar de esta prebenda.

La consellera de Administraciones Públicas, Maria Núria Riera, afirmó ayer a este diario que el Ejecutivo “no quiere hacer ninguna modificación con este complemento”, y señala que dio instrucciones específicas a los técnicos para mantener los requisitos vigentes de consolidación del máximo nivel, sin añadir nuevos.

No obstante, el anteproyecto de la nueva norma abre la puerta a aumentar los supuestos para cobrar el ‘Nivel 33’, al aumentar la relación de “otros altos cargos” a los que se reconoce este privilegio. “No es nuestra intención incrementar nada”, y en cualquier caso, “si la redacción no es la correcta, se cambiará en el borrador”, anuncia Riera.

En la jerga funcionarial se llama ‘Nivel 33’ a la consolidación del máximo grado de la escala y del complemento de destino de un director general de la administración del Estado. Supone para el receptor un sobresueldo de hasta 1.151,23 euros más al mes durante el resto de su vida laboral, una vez regresa a su plaza de funcionario. Tiene derecho a cobrarlo aquel funcionario que ha ocupado durante dos años continuados, o tres con interrupción, determinados cargos políticos, saltándose así de un solo paso todos los escalafones por los que debe pasar el común de los funcionarios para promocionar.

Diario de Mallorca

Anónimo dijo...


Comentario:

Y qué sentido tiene ese complemento de por vida? a mi que me lo expliquen. Como se nota que ellos mismos son los que votan las leyes que les favorecen... Con razón cada dos años hay una "reorganización" del Govern. Normal, todos quieren chupar.

Anónimo dijo...


Complemento:

Que lo retiren con carácter retroactivo.