martes, 4 de febrero de 2014

MOMENTO DE CUESTIONAR EL ABUSO DE LA LIBRE DESIGNACIÓN.



La publicación ayer de gran parte de las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma –práctica que debemos saludar como ejercicio de legalidad y transparencia- permite constatar con un simple repaso de las mismas el uso y abuso de la libre designación como forma de provisión, extendido a todos los puestos de jefatura de servicio y otros muchos puestos cuyo contenido y naturaleza no pueden justificar dicha fórmula discrecional de cobertura. Particularmente injustificado es el supuesto de la relación de puestos de trabajo de la Presidencia, donde al parecer la proximidad al poder político hace que todos los puestos –absolutamente todos, incluidos jefes de negociado y puestos no singularizados- se configuren como de libre designación, demostrando que poder político y profesionalidad resultan difícilmente compatibles.

La arbitrariedad de la que ha hecho uso este Gobierno en la provisión de puestos de trabajo –con la rancia fórmula de ocupación de los puestos públicos por “los nuestros”, en un ejercicio de sectarismo político que nada tiene que ver con una Administración profesionalizada- y el desdén con que ha tratado a un amplio grupo de funcionarios por considerarlos poco proclives a las consignas políticas del nuevo equipo de gobierno, en un claro desconocimiento de lo que es y debe ser una función pública comprometida con la legalidad, hace de la libre designación la clave del proceso de desprofesionalización que vivimos en la actual legislatura. Nada impide prescindir de funcionarios cualificados y suplirlos por otros inexpertos, cuya docilidad los hace particularmente idóneos para llevar adelante cualquier instrucción política que se les imparta.

El uso de la libre designación ha permitido incorporar a la Administración autonómica funcionarios de otras Administraciones Públicas –como la estatal y local-, cuando se ha querido, respondiendo en muchos casos a meras presiones políticas de partido para resolver situaciones personales, instrumentalizando la Administración para atender intereses privados y políticos, lo que supone una clara desviación de poder y una muestra más del escaso respeto que merecen los profesionales de la Administración autonómica a los actuales responsables políticos.

La libre designación debilita el papel que corresponde ejercer a los funcionarios públicos en la aplicación de las leyes y en la garantía de la objetividad de la gestión pública y quebranta de forma evidente el pretendido modelo de mérito y capacidad que propugnan la Constitución y las Leyes. En otras Comunidades Autónomas la utilización abusiva de la libre designación ha merecido severos reproches por parte de los Tribunales, pero nada de ello ha sido tenido en cuenta por el Gobierno de Aragón y los responsables de la Función Pública, carentes de la menor voluntad de poner freno a la arbitrariedad que hoy sufrimos. Los altos cargos reclutados entre funcionarios han dejado de sentirse profesionales –si alguna vez lo fueron- para pasar a considerarse una mera pieza al servicio del equipo de Gobierno, encontrando en la libre designación el medio para colocar al frente de los puestos de responsabilidad administrativa a aquellas personas que menos problemas les puedan ocasionar en sus relaciones de sometimiento al poder político.

Una función pública instrumental e instrumentalizada, como la que se configura con la libre designación, es la antítesis de la función pública que necesita nuestro país para salir de la actual atonía y degradación institucional y recuperar el impulso ético de los principios y valores constitucionales.

Debemos comenzar a combatir el actual uso y abuso de la libre designación –la arbitraria adopción de nombramientos y ceses y la ocupación partidista de los puestos de la estructura administrativa- como elemento esencial de un programa de profesionalización del que, lamentablemente, este Gobierno presidido por Luisa Fernanda Rudi parece carecer.

6 comentarios:

Anónimo dijo...


Pues pongámonos a ello sin demora.

Anónimo dijo...

Sentencia reciente sobre la libre designación en la Diputación Provincial de Zaragoza:

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1502597

Anónimo dijo...

Arbitrariedad y Admon Pca de Aragón son sinónimos. Y la Sra Rudi volverá a pedir mi voto para potenciar estos cortijos. Sra Rudi, no repetiré errores.

Anónimo dijo...

Hay que exigir que las vacantes que se vayan produciendo (básicamente por jubilaciones)se saquen inmediatamente a concurso. No puede ser que mucho antes de una jubilación esa plaza ya esté adjudicada, produciendose un corrimiento hacia arriba de adjudicaciones provisionalmente definitivas, cebando así ese clan de amiguetes agradecidos.

Anónimo dijo...



Joan Baez es la autora de una de las citas más rotundas sobre la corrupción, que debería grabarse en el frontispicio de los organismos públicas, pero igualmente de las empresas privadas. Es aquella que dice: "Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella". No es la estrofa de una canción, sino una frase sin banda sonora. No corresponde a sus mítines contra la guerra de Vietnam, sino a sus campañas por los derechos humanos.

Anónimo dijo...

Te da lo mismo que esté un partido político como otro. Todos iguales. Cambian los Directores Gerentes, pero los usos siguen siendo los mismo. Concretamente en una Entidad de Derecho Público, no paro de ver como amortizan plazas de funcionarios y las pasan a personal propio de la Entidad. El objetivo sin duda es colocar a personal a dedo, consecuentemente personal agradecido y manso. Un placer ser Director de un monton de trabajadores, NO FUNCIONARIOS, agradecidos.