Tras
siete años de actividad, esta Asociación mantiene su compromiso y su voluntad
de avanzar en el logro de sus objetivos, que no son otros que la defensa y
promoción de los valores y principios constitucionales de la función pública,
destacando entre ellos los de legalidad, profesionalidad y ética pública. No
minimizamos las dificultades, pero no estamos dispuestos a sumarnos al grupo de
los escépticos que han renunciado a toda esperanza de cambio y de mejora.
El
Justicia de Aragón ha dado a conocer un “Informe especial sobre transparencia y buen
gobierno en la Comunidad Autónoma
de Aragón”, aportación que valoramos muy positivamente, pues es necesario que
las instituciones de la Comunidad Autónoma comiencen a proponer y debatir posibles medidas para alcanzar objetivos de buen
gobierno y de buena administración, sin resignarse a la situación actual de
atonía.
El
Justicia de Aragón, en el citado Informe, condensa las razones por las cuales la
Administración aragonesa ha de ser transparente, como son: recuperar la confianza de los ciudadanos y ser más eficaz; combatir
la corrupción; generar riqueza; fortalecer la democracia
representativa; y mejorar el día a día o calidad de vida de las personas.
Es
deseable que instituciones como el Justicia de Aragón u otros órganos de
participación social –como pudiera ser el Consejo Económico y Social de Aragón-
elaboren, al margen de la confrontación política de los partidos, propuestas
dirigidas a mejorar el funcionamiento institucional de la Comunidad Autónoma,
incluyendo a la
Administración autonómica, pero sin olvidar que la buena
administración exige, por razones de pura lógica, un buen gobierno que sepa
dirigirla de forma adecuada, sin instrumentalizarla de forma partidista ni
desactivarla como mecanismo básico para el aseguramiento de la legalidad y el
respeto de los derechos de los ciudadanos.
Esta
Asociación no puede dejar de felicitarse por el hecho de que los objetivos de
buen gobierno y buena administración, ajenos a la agenda pública durante
demasiado tiempo, sean ahora objeto de atención directa por instituciones como
el Justicia de Aragón, interés al que debieran sumar su apoyo explícito el
conjunto de los servidores públicos de esta Comunidad Autónoma.
La
voluntad de avanzar en respeto a la legalidad, profesionalidad y ética pública,
contribuyendo con ello a mejorar la calidad democrática de nuestras
instituciones –lo que se traduce en buen gobierno y buena administración-, ha
de ser un empeño permanente de quienes ejercen la función pública. Esta
Asociación tiene un compromiso expreso en promover y defender dichos objetivos, sin ceder al desánimo, aunque tarden en verse los resultados del amplio esfuerzo
realizado.
1 comentario:
Que no se quede todo en palabras.
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