CAMPAÑA CONTRA LAS TASAS DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS: ESCRITO A LOS PORTAVOCES PARLAMENTARIOS EN LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

Prosiguiendo con la campaña iniciada por esta Asociación frente a las previsiones que en materia de oferta de empleo público contempla el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, y en particular contra la utilización de las tasas de reposición de efectivos como límite antijurídico al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, nos hemos dirigido, expresando las razones de nuestra oposición a tal fórmula, a los diferentes portavoces de los Grupos Parlamentarios en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, a los que corresponde analizar y debatir, en primera instancia, las diferentes enmiendas formuladas al Proyecto de Ley de Presupuestos remitido por el Gobierno de Aragón.

En esa labor de análisis cabe considerar la adecuación a la norma constitucional de las previsiones que se contemplan, en materia de oferta de empleo público, en el artículo 21 del citado Proyecto de Ley de Presupuestos, introduciendo en su redacción las modificaciones necesarias para asegurar el respete al derecho fundamental de acceso a la función pública que corresponde a los ciudadanos.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro de la comunicación remitida al Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, de igual contenido a las remitidas a los restantes Portavoces en dicha Comisión:

“Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Plural

Comisión de Presupuestos

Congreso de los Diputados

C/ Floridablanca, s/n.

28071-MADRID

Zaragoza, 28 de octubre de 2013.

Como organización comprometida con la defensa y promoción de los principios constitucionales que ordenan la función pública, entre los que figuran de forma destacada los de legalidad, profesionalidad y ética pública, deseamos trasladarle nuestra preocupación por el grave deterioro que viene sufriendo en el conjunto de las Administraciones Públicas el ejercicio del derecho de acceso a la función pública que reconoce a todos los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española y que regula el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por las Cortes Generales el año 2007.

Las elevadas tasas de interinidad existentes en la mayor parte de las Administraciones no solo evidencian un claro incumplimiento del régimen de acceso a la función pública, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad que establecen los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española, sino que suponen un claro factor de deterioro de las condiciones previstas para el desempeño de la función pública, toda vez que el régimen de inamovilidad que se prevé para los funcionarios de carrera en el Estatuto Básico del Empleado Público constituye la necesaria garantía para el deber de imparcialidad de los servidores públicos, circunstancia que se ve directamente comprometida con tasas de interinidad que fluctúan, en muchas Administraciones, entre el 25 y el 30% de sus efectivos.

Creemos que las previsiones que, en materia de oferta de empleo público, han venido incluyendo las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en pasados ejercicios, y que vuelven a contemplarse en el artículo 21 del actual Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, con exclusión de incorporación de personal de nuevo ingreso durante 2014, con la única excepción de la prevista tasa de reposición del 10% en determinados ámbitos o sectores de la Administración, han desconocido de forma indebida el derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos y contribuido, de manera directa, al deterioro de la función pública, provocando gran parte de su volumen de interinidad, con la consiguiente quiebra del derecho fundamental de acceso de los ciudadanos y del régimen de garantía que para el desempeño de la función pública supone la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

Ambos resultados constituyen un menoscabo de nuestro Estado de Derecho, lo que aconseja revisar la idoneidad y constitucionalidad de la concepción y aplicación de tales medidas. Consideramos necesario que las previsiones en materia de oferta del Proyecto de Ley de Presupuestos, actualmente en tramitación, se ajusten al régimen establecido en el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, de manera que se incluyan en la Oferta anual el conjunto de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, salvo que se proceda a su amortización.

Los objetivos de contención del gasto público, a los que necesariamente han de quedar vinculadas las previsiones en materia de incorporación de nuevo personal que pueda establecer la Ley de Presupuestos, han de operar sobre la dimensión de las plantillas de las Administraciones o sobre el volumen de la masa salarial de cada Administración, pero no deben suponer o conllevar obstáculo alguno al ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el de acceso a la función pública (artículo 23.2 CE) ni ha de excepcionar el régimen de garantías del estatuto jurídico de los servidores públicos, previsto para asegurar el desempeño de sus funciones al servicio del interés general y con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho.

Por todo ello, solicitamos que por parte de la Comisión de Presupuestos y por la Ponencia constituida en su seno para el estudio del Proyecto de Ley remitido por el Gobierno se proceda a analizar y revisar el contenido del artículo 21 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, de manera que quede plenamente salvaguardado el ejercicio por parte de los ciudadanos del derecho fundamental de acceso a la función pública que corresponde a los ciudadanos, en los términos contemplados en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Nos permitimos acompañarle el documento de análisis que, sobre la cuestión planteada, ha elaborado esta Asociación, por si pudiera resultar útil al trabajo desarrollado por parte de esa Comisión.

Agradeciéndole de antemano su atención, y quedando a su disposición para cualquier aclaración o ampliación que pueda desear en relación con la cuestión planteada, reciba un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”