jueves, 17 de octubre de 2013
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO Y PRESUPUESTOS: ESCRITO A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
De acuerdo con la estrategia y
prioridades marcadas por la Junta Directiva
de la Asociación,
en sus dos últimas reuniones, celebradas los días 3 y 15 de octubre de 2013,
ayer se remitió a los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los
Diputados un escrito en el que se solicita una revisión de la redacción del artículo
21 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014,
dedicado a la oferta de empleo público de 2014, en el que se
establecen diversos límites aplicables al conjunto de las Administraciones,
dado su carácter básico, y cuyo respeto al contenido esencial del derecho de
acceso a la función pública (artículo 23.2 de la Constitución
Española) resulta cuestionable.
Entendemos, como ya hemos expresado en
otras notas de este blog, que los objetivos de contención del gasto público han
de actuar sobre la dimensión de la plantilla de las Administraciones o sobre su
masa salarial, pero no puede afectar al ejercicio del derecho de acceso a la
función pública –con el efecto derivado de elevadas tasas de interinidad- por
tratarse de un derecho fundamental que establece la Constitución y que,
por ello, vincula a todos los poderes, incluidas las Cortes Generales.
Resulta muy poco probable que en la
tramitación del Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados, cuyo plazo de
presentación de enmiendas concluye el próximo día 25 de octubre, pueda
modificarse la redacción de su artículo 21 –dada la inercia existente en la
aplicación de las técnicas que ahora discutimos-, pero nuestro primer objetivo,
más allá de la modificación del artículo indicado, es generar una reflexión
sobre la necesidad de que las Leyes de Presupuestos respeten el derecho
fundamental de acceso y no contribuyan al deterioro de la función pública, con el mantenimiento o incremento de tasas de interinidad incompatibles
con el régimen de inamovilidad previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Reproducimos a continuación el texto íntegro
del escrito dirigido a los siete Grupos Parlamentarios del Congreso de los
Diputados:
“Grupos Parlamentarios
Congreso
de los Diputados
C/
Floridablanca, s/n.
28071-MADRID
Zaragoza, 17 de octubre de 2013.
Estimados
señores:
Como
organización comprometida con la defensa y promoción de los principios
constitucionales que ordenan la función pública, entre los que figuran de forma
destacada los de legalidad, profesionalidad y ética pública, deseamos
trasladarles nuestra preocupación por el grave deterioro que viene sufriendo en
el conjunto de las Administraciones Públicas el ejercicio del derecho de acceso
a la función pública que reconoce a todos los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución
Española y que regula el Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por las Cortes Generales el año 2007.
Las
elevadas tasas de interinidad existentes en la mayor parte de las
Administraciones no solo evidencian un claro incumplimiento del régimen de
acceso a la función pública, conforme a los principios de igualdad, mérito y
capacidad que establecen los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución
Española, sino que suponen un claro factor de deterioro de
las condiciones previstas para el desempeño de la función pública, toda vez que
el régimen de inamovilidad que se prevé para los funcionarios de carrera en el
Estatuto Básico del Empleado Público constituye la necesaria garantía para el
deber de imparcialidad de los servidores públicos, circunstancia que se ve
directamente comprometida con tasas de interinidad que fluctúan, en muchas
Administraciones, entre el 25 y el 30% de sus efectivos.
Creemos
que las previsiones que, en materia de oferta de empleo público, han venido
incluyendo las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en pasados
ejercicios, y que vuelven a contemplarse en el artículo 21 del actual Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado, con exclusión de incorporación de
personal de nuevo ingreso durante 2014, con la única excepción de la prevista
tasa de reposición del 10% en determinados ámbitos o sectores de la Administración, han
desconocido de forma indebida el derecho de acceso a la función pública de los
ciudadanos y contribuido, de manera directa, al deterioro de la función
pública, provocando gran parte de su volumen de interinidad, con la
consiguiente quiebra del derecho fundamental de acceso de los ciudadanos y del
régimen de garantía que para el desempeño de la función pública supone la
inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
Ambos
resultados constituyen un menoscabo de nuestro Estado de Derecho, lo que
aconseja revisar la idoneidad y constitucionalidad de la concepción y aplicación
de tales medidas. Consideramos necesario que las previsiones en materia de
oferta del Proyecto de Ley de Presupuestos, actualmente en tramitación, se
ajusten al régimen establecido en el artículo 10.4 del Estatuto Básico del
Empleado Público, de manera que se incluyan en la Oferta anual el conjunto de
las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, salvo que se proceda a
su amortización.
Los
objetivos de contención del gasto público, a los que necesariamente han de quedar
vinculadas las previsiones en materia de incorporación de nuevo personal que
pueda establecer la Ley
de Presupuestos, han de operar sobre la dimensión de las plantillas de las
Administraciones o sobre el volumen de la masa salarial de cada Administración,
pero no deben suponer o conllevar obstáculo alguno al ejercicio de un derecho
fundamental de los ciudadanos, como es el de acceso a la función pública
(artículo 23.2 CE) ni ha de excepcionar el régimen de garantías del estatuto
jurídico de los servidores públicos, previsto para asegurar el desempeño de sus
funciones al servicio del interés general y con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho.
Por
todo ello, solicitamos que por parte de ese Grupo Parlamentario se proceda a
revisar el contenido del artículo 21 del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado, de manera que quede plenamente salvaguardado el ejercicio
por parte de los ciudadanos del derecho fundamental de acceso a la función
pública que corresponde a los ciudadanos, en los términos contemplados en el
Estatuto Básico del Empleado Público.
Agradeciéndoles
de antemano su atención, y quedando a su disposición para cualquier aclaración
o ampliación que puedan desear en relación con la cuestión planteada, reciban
un atento y respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
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3 comentarios:
El primer paso parece bueno, aunque está por ver la respuesta dada por los Grupos.
Hay que actuar en más frentes, para amplificar los efectos de la propuesta.
¿por qué no existe debate político ni académico sobre este tema? ¿no le interesa a nadie la situación de la función pública?
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