PROPICIAR LA ACCIÓN DE CONTROL PARLAMENTARIO EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA.

Pudiera ser que los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón comiencen a ser receptivos a las propuestas y sugerencias realizadas desde esta Asociación para avanzar en el respeto de la legalidad en materia de función pública. Así lo pone de manifiesto el hecho de que, por el momento, dos de los cinco Grupos existentes en el Parlamento autonómico –los correspondientes a Chunta Aragonesista e Izquierda Unida- han atendido nuestra reciente sugerencia sobre iniciativas de control al Gobierno de Aragón en relación con la ejecución de las sentencias judiciales firmes que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 aprobadas por el Gobierno de Aragón.

Valoramos muy positivamente la relación de entendimiento con los Grupos de las Cortes de Aragón, pues el papel de los representantes parlamentarios comprende también atender y, en la medida de lo posible, canalizar las iniciativas surgidas en la sociedad a la que representan, en particular si van dirigidas a reforzar el funcionamiento correcto de las instituciones públicas, como ocurre con la obligada ejecución de unas sentencias judiciales que afectan al derecho fundamental de acceso a la función pública de los ciudadanos, con miles de potenciales interesados.

El respeto de los derechos fundamentales y la aplicación de las leyes que nos hemos dado todos los ciudadanos, a través de nuestros Parlamentos, no pueden resultar indiferentes a nadie que ejerza una función pública, ya sea ejecutiva, jurisdiccional o parlamentaria. Por ese motivo, nada tiene de extraño que los Grupos Parlamentarios incluyan en su función de control a la acción de gobierno preguntas relativas a las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las sentencias que obligan a la aprobación de ofertas de empleo complementarias a las anuladas de 2007 y 2011, incluyendo en las mismas la totalidad de los puestos vacantes ocupados por interinos a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010, respectivamente.

Esta Asociación ha cuidado su neutralidad política a lo largo de sus siete años de actividad, evitando el establecimiento de relaciones privilegiadas con grupos políticos concretos, pero desde el inicio de su existencia ha priorizado la relación con el Parlamentos aragonés y también con las Cortes Generales –dirigiéndose de forma asidua a sus órganos de funcionamiento y al conjunto de sus Grupos Parlamentarios-, convencidos de que la sociedad civil ha de mantenerse en constante diálogo con sus representantes. Tampoco hemos dudado en llevar ante el Tribunal Constitucional actos de resistencia de las Cortes de Aragón a reconocer nuestro derecho de petición a la Cámara, obteniendo el amparo del Tribunal, y hemos tratado siempre de distinguir las instituciones y las formaciones políticas de quienes las encarnan o representan en cada momento, con mayor o menor acierto.

La defensa de los derechos de los ciudadanos y de la legalidad –entendida ésta como el respeto y la aplicación de las leyes por parte de los poderes públicos, y en especial por quienes ejercen la función ejecutiva, como son el Gobierno y la Administración Pública- ha de ser un campo propicio para la estrecha colaboración entre la sociedad y sus representantes parlamentarios, pues la ley en una democracia constituye un elemento central para garantizar la convivencia y el autogobierno y su defensa no puede quedar encomendada a la exclusiva intervención de los jueces.