CAMPAÑA POR EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA: UNA OPORTUNIDAD PARA SUMAR APOYOS Y FORJAR ALIANZAS.

Tras las batallas jurídicas libradas para reclamar la sujeción de las Ofertas de Empleo Público al derecho de acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, y a los términos del artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, esta Asociación ha iniciado una nueva campaña, que cabría considerar continuación de la anterior, para reclamar la eliminación de las tasas de reposición de efectivos que se contienen en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, al entender que las mismas constituyen un límite inconstitucional al derecho de acceso a la función pública, siendo responsables en gran medida del gran volumen de interinidad existente en el conjunto de las Administraciones Públicas.

Estamos convencidos de que esta nueva iniciativa, completamente necesaria para desbloquear el régimen de acceso a la función pública y que hemos puesto en marcha con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, sólo alcanzará verdadera efectividad si logra incorporar los imprescindibles apoyos de otras organizaciones comprometidas con la legalidad y el Estado de Derecho y con la defensa del modelo constitucional de función pública.

El inicio de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, al comienzo del presente mes de octubre, y el contenido establecido en su artículo 21 en materia de oferta de empleo público, con evidente desconocimiento de lo establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público, nos forzó a poner en marcha la campaña pretendida, con el fin de trasladar nuestros argumentos a los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y tratar de modificar la inercia que parece haberse consolidado en la materia, pese a los efectos claramente negativos que se han derivado de la aplicación de tasas de reposición en las distintas Administraciones.

Nuestra voluntad, pese a vernos obligados a iniciar esta campaña en solitario, es sumar a la misma a importantes organizaciones de la función pública, como FEDECA (Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado) o COSITAL (Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local) u otras entidades de ámbito autonómico, próximas a nuestros planteamientos, como Conceyu Por Otra Función Pública N’Asturies (COFPA), con quienes venimos manteniendo contactos con cierta periodicidad.

Es más, creemos que un objetivo como el propuesto, tendente a modificar una política contraria al modelo de función pública, pero claramente consolidada por la inercia de muchos años, puede ser la oportunidad de confluencia de todas aquellas organizaciones que, en unos y otros ámbitos del sector público, ya sea estatal, autonómico o local, vienen o venimos defendiendo la recuperación de una función pública profesional, plenamente comprometida con los principios democráticos y los valores constitucionales, entre ellos los de mérito y capacidad, para contribuir como servidores públicos a reafirmar el respeto a la ley y a los derechos de los ciudadanos y a propiciar la regeneración institucional que recupere la confianza general en los poderes públicos y en nuestro futuro colectivo como país.

Tenemos plena confianza en poder sumar a nuestro esfuerzo el esfuerzo de otros muchos y lograr juntos no solo sacar adelante el actual objetivo de eliminar las tasas de reposición que recogen las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, sino también fraguar una estrategia común para recuperar la idea de una Administración pública profesional, sin la cual no es posible imaginar una salida real a la crisis que hoy vive nuestro país, a la que sin duda ha contribuido el permanente menoscabo de la profesionalidad de la función pública resultante de visiones patrimonialistas de lo público.