De
acuerdo con la agenda de la actividad parlamentaria de las Cortes de Aragón,
hoy está prevista la comparecencia del Consejero de Hacienda y Administración
Pública, José Luis Saz, a petición de 6 Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista, al objeto de informar sobre la política de empleo público en la Administración de la Comunidad Autónoma,
disminución del número de empleados públicos y su repercusión en la atención a
los aragoneses, así como las medidas adoptadas en relación con los recursos
humanos de la
Diputación General de Aragón.
Desde
esta Asociación estaremos atentos a lo que el responsable de la política de
recursos humanos del Gobierno de Aragón pueda informar sobre el proceso de
tramitación del Anteproyecto de Ley de la Función Pública de Aragón –respecto
al cual esta Asociación formuló en fecha reciente sus observaciones,
solicitando una revisión de elementos esenciales del mismo- y sobre las
condiciones en que se halle la necesaria ejecución de las sentencias del
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las
Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, y que obligan a la aprobación de nuevas
Ofertas en las que se incluyan la totalidad de los puestos de trabajo vacantes
ocupados por funcionarios interinos que no recogieron en su día.
Es
más que previsible que la comparecencia de hoy se limite a una exposición de
medidas de contención del gasto público y a una exposición de la que parece ser
única línea de actuación de la Dirección
General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios –como es la realización de
los concursos de méritos en los puestos singularizados para reducir el índice
de provisionalidad-, pero es muy probable que la verdadera necesidad de
profesionalización de la función pública y de optimización del personal público
–aprovechando al máximo su enorme potencial- esté ausente en las intervenciones
de los diferentes intervinientes en el debate de esta mañana.
La
situación del empleo público debiera ser, de existir un compromiso real de los
responsables políticos –tanto del gobierno como de la oposición- con el respeto
de la legalidad, una prioridad y un ámbito de amplio acuerdo para mejorar la
calidad de la Administración Pública,
pero poco cabe esperar cuando la situación de incumplimiento de las normas de
función pública que hemos sufrido y seguimos sufriendo es responsabilidad, en gran medida, de
quienes gobernaron en pasadas legislaturas, vulnerando el derecho fundamental de
acceso de los ciudadanos a la función pública como han declarado los
Tribunales.
Los
ciudadanos y los servidores públicos merecemos que el debate sobre el empleo público
de la Comunidad Autónoma
se realice desde una visión institucional que reconozca a la función pública la
significación y la importancia que le corresponde en un Estado de Derecho y en
una Administración prestadora de servicios públicos esenciales para toda la
población. Ojalá que en la mañana de hoy pudiéramos ver algún atisbo de que ese debate
pueda ser una realidad en un futuro próximo.
2 comentarios:
Será un debate de trazo grueso, más que seguro.
Lo ha sido, como era de prever.
Publicar un comentario