Las
Cortes de Aragón y sus Grupos Parlamentarios, al dejar decaer la propuesta de
creación de comisión de investigación promovida por el Grupo de Izquierda
Unida, con una interpretación formal y rigorista del reglamento, que obvia el
propio pronunciamiento de la Mesa
de la Cámara,
viene a darnos una muestra más de la aversión que tiene el poder político al
control, a la rendición de cuentas y, sobre todo, a la investigación de
irregularidades que puedan conllevar responsabilidades por parte de quienes han
ejercido cargos públicos.
La
mala gestión del dinero público –con una posible malversación de más de
cincuenta millones de euros- y las posibles tramas corruptas que hayan podido
funcionar en la ejecución de la plataforma logística de Zaragoza –a nivel
empresarial o político- no parecen razones suficientes, al parecer, para que el
Parlamento, que tiene entre sus funciones la del control de la acción del Gobierno
–del cual dependen todas las empresas públicas de la Comunidad Autónoma-,
ponga en marcha una comisión de investigación que trate de clarificar las
fallas del funcionamiento de la empresa pública y los criterios de
funcionamiento que hayan podido permitir actuaciones irregulares por parte de
los gestores o directivos de la empresa pública y de las empresas ejecutoras
del proyecto de urbanización de la plataforma.
La
inhibición de los órganos de control político –con la excusa de que no debe
interferirse en la actuación de la
Fiscalía y de los Tribunales de Justicia- supone,
sencillamente, la negación de la política. El control de la gestión pública no
pueda quedar solo en manos de la jurisdicción penal, como se pretende por parte
del Gobierno de Aragón y de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón,
a excepción de Izquierda Unida. La función de la Justicia se limita a
tratar de comprobar –con las dificultades inherentes a toda investigación de
actividades ilícitas- si se han producido infracciones penales y determinar los
responsables de las mismas, como autores, cómplices o encubridores. La gestión
pública, lógicamente, va más allá de la posible comisión de faltas o delitos
penales.
Una
mala dirección, que ha permitido la posibilidad de graves malversaciones de
fondos públicos, constituye en sí misma una responsabilidad política, por mala
gestión de los intereses públicos. No es posible, políticamente, que un
Consejero o un miembro del Consejo de Administración de Plaza –sean Francisco
Bono, Javier Velasco, Alfredo Boné, Eduardo Bandrés, Alfonso Vicente o Carlos
Esco- digan que nada tienen que ver con las certificaciones de obra o que el
Consejo de Administración no detectó ninguna irregularidad. Si las hubo y no se
detectaron, la confesión de negligencia en el desempeño de su función resulta
evidente.
Tampoco
el entonces Ministro de Interior Antonio Asunción era quien custodiaba a Luis
Roldán y su fuga fue causa inevitable de su dimisión, por estrictas razones de
responsabilidad política. Parece, sin embargo, que en cuestión de asunción de
responsabilidades políticas no hemos hecho más que retroceder. En muchas
ocasiones, no dimiten ni los imputados en procesos penales, alegando que debe esperarse
a la posible sentencia condenatoria, tratando así de equiparar equivocadamente la
presunción de inocencia penal con la honestidad en la gestión pública y la
debida confianza de los ciudadanos.
Posiblemente,
el precedente de La Muela
–casi olvidado para la opinión pública, por los años transcurridos, sin que se haya
iniciado todavía el juicio de los imputados- anima al Gobierno de Aragón y a los
Grupos Parlamentarios a circunscribir el tema de PLAZA al ámbito judicial, en
el que las garantías procesales pueden permitir que muchos hechos quedan sin
detectar o sin probar, posibilitando que la impunidad política que se persigue
se vea acompañada, con un poco de fortuna, por la impunidad penal de algunos de
los implicados en los hechos.
No
obstante, debemos recordar que esta Asociación se dirigió días atrás, en
ejercicio del derecho fundamental de petición, tanto a la Mesa de las Cortes de Aragón
como a la Presidenta
del Gobierno de Aragón, solicitando, al igual que Izquierda Unida, la creación
de una comisión de investigación, informando de ambas peticiones al conjunto de
los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón. Seguimos a la espera de las
obligadas respuestas de ambas instituciones autonómicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario