La
red de empresas públicas de la que se ha dotado la Administración de la Comunidad Autónoma
–en detrimento muchas veces del papel que corresponde a la función pública
profesional- y las empresas concesionarias de servicios públicos autonómicos se
han convertido, como estamos constatando con motivo de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción
en PLAZA, S.A., en un instrumento para eludir todos los mecanismos que aseguran
la buena gestión pública y garantizan la concurrencia y la igualdad en el
acceso al empleo público y a la adjudicación de contratos financiados con
dinero público.
Las
ventajas de agilidad y eficiencia que algunos Consejeros destacaban para
justificar que la gestión de ciertos proyectos saliesen de la Administración departamental
y se pusiese en manos de entidades empresariales, orientadas a los resultados evitando trabas burocráticas, se han revelado en gran parte falaces, pues
el escaso clima ético de la organización era terreno abonado para la corrupción
y el abuso. No bastaba con favorecer a familiares o amigos mediante
subcontrataciones o encargos de trabajos, sino que algunos de éstos han
resultado ficticios, mera apariencia para apropiarse del dinero público puesto
a disposición de los responsables de las entidades empresariales.
Todos
tenemos la sospecha fundada de que ciertas empresas públicas, ligadas a la
gestión medioambiental, han sido un instrumento para el establecimiento de una amplia
red de agentes políticos municipales y comarcales –con los que obtener
presencia y poder local-, olvidando o relegando a un segundo plano todo
objetivo de eficiencia o promoción del interés general. Pese a las evidentes
sospechas, nada se ha hecho desde el Gobierno o desde las Cortes de Aragón para
abordar la cuestión y sanear el sector público autonómico.
Esta
Asociación va a colocar el sector público autonómico entre sus prioridades de
análisis y seguimiento, y en breve formulará una serie de iniciativas para
afrontar su hipertrofia y su deficiente gobierno corporativo, donde la
presencia política –de gobierno y oposición- en sus consejos de administración cuestiona
el propio modelo de eficiencia empresarial pretendido, situándose en las antípodas
de las buenas prácticas propugnadas para las empresas públicas desde los
organismos internacionales.
10 comentarios:
Veremos lo que esto da de sí.
Se decía en Expansión hace unos años:
El sector público autonómico mantiene desde hace una década un proceso continuo de ensanchamiento. De hecho, se le han roto algunas costuras y busca vías de escape en fórmulas jurídicas alternativas, como son las empresas con capital público, las fundaciones o las corporaciones.
Por esta vía, se ha diluido buena parte del endeudamiento generado. En una década (1998-2008), las autonomías han aumentado en un 77% el número de empresas públicas que controlan, que acumulaban en el segundo trimestre de este año una deuda de casi 14.100 millones de euros.
Este agujero está en el punto de mira del Ministerio de Economía, que realiza constantes peticiones de austeridad a sus gobiernos en aras de atajar el déficit, que superará el 10% del PIB este año.
La Intervención General de la Administración del Estado publicó ayer las mil páginas en las que da cuenta de todo el inventario de todos los tipos de sociedades mercantiles, entidades empresariales, entidades de derecho o entes públicos. Con paciencia de amanuense, este organismo dependiente del Ministerio de Economía da cuenta del imparable crecimiento de este sector en autonomías, diputaciones y ayuntamientos. Al mismo tiempo, las empresas estatales han menguado un 14%, al pasar de 333 a 286.
De este modo, el supuesto proceso de descentralización no ha compensado, pues unos pocos cierres han sido respondidos desde el ámbito regional con un sinfín de aperturas. Sólo los gobiernos autonómicos han pasado de 455 a 807.
En total, el 31 de diciembre de 2007 había 2.294 compañías con participación pública en España. En un lustro han crecido en 525, lo que dejó al sector desbocado cuando comenzó el actual periodo de recesión. Incluyendo también las fundaciones y los consorcios, las entidades en las que tienen presencia el sector público se sitúan en 3.807.
La mayor parte de estas empresas se sitúan en gobiernos autonómicos como el de Cataluña, que ha pasado en diez años de acoger 62 empresas públicas a 110, País Vasco (de 83 a 95), Madrid (de 28 a 65), Andalucía (de 46 a 77) o Comunidad Valencianas (de 28 a 54). Sin embargo, hay otras muchas regiones con crecimientos desorbitados, como es el caso de Castilla La Mancha, que pasó de tener una sola empresa pública a 23. O Cantabria, que pasó de 8 a 38.
A pesar del imparable crecimiento autonómico, el 53% del total de las sociedades mercantiles públicas pertenece a diputaciones y ayuntamientos, el 35% es para las autonomías y sólo el 12% restante depende al Estado.
En el ámbito provincial destacan la elevada actividad de la Diputación foral de Vizcaya y el Cabildo de Tenerife, que cada una de ellas aglutina el 11% de las empresas contabilizadas.
Mientras, a nivel municipal, se mantienen encabezando su particular ránking Barcelona, Marbella y Estepona. Estos dos últimos municipios de la Costa del Sol han estado salpicados por diversos escándalos de corrupción.
Fundaciones y consorcios
Las fundaciones públicas, mientras tanto, han crecido aún más que las empresas, al contar tanto las que tienen finalidad asistencial, cultural, de investigación, educación o deportivos. Si en 2003 había 163, en 2008 habían crecido a 541, de las que 344 están bajo el control de los diferentes gobiernos autonómicos.
Mientras, los consorcios, tanto los administrativos como los empresariales, han pasado de 434 a 972, de los que más de 600 son de las comunidades.
La deuda se quintuplica
Si el crecimiento del número de empresas públicas fue imponente entre los años 1998 y 2008, con ese 77% de aumento, la deuda creada es mucho mayor. De hecho, según los datos del Banco de España, en 1998 la deuda generada por este epígrafe en las regiones era de 2.296 millones de euros. En 2008 llegó a los 12.753 millones.
El último dato registrado, el del segundo semestre del actual ejercicio, ascendía a 14.184 millones, dando buena muestra del imparable ritmo de crecimiento. Son muchos los expertos que han denunciado la puerta de atrás para desviar endeudamiento propio que han encontrado las administraciones locales con estas sociedades. En total, contado también al Estado y a los entes locales, el endeudamiento generado llega a los 44.598 millones.
Comentario:
Mientras el gobierno central iba privatizando el sector público empresarial, las autonomías iban creándolas exponencialmente.
Así no se puede ser un pais competitivo y aun menos emprendedor.
Esto si no se da marcha atrás a este desaguisado autonómico, único en el mundo, donde el gobierno central no controla ni el 30% del presupuesto de todo el sector público, curiosamente alrevés de lo que ocurre en cualquier Estado federado o confederado, se esto no se da marcha atrás, aquí no hay futuro.
Comentario:
Hubo pinchazo de la burbuja financiera.
Hubo pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Ahora viene el pinchazo de la burbuja política.
Esperemos.
Comentario:
No nos engañemos, la mayoría de estas empresas, si se investigaran, se vería que son como agujeros negros. La fértil mente Ibérica, para todo lo que es confusión, enmascaramiento, chanchullos varios y robo patatero. Se esta estrujando a los ciudadanos hasta niveles demenciales. Ser político de un Ayuntamiento, es hoy día, como con James Bond, permiso para robar. Hoy en día un político, para no contagiarse, debería ser honrado, unos principios fuertes e ir de buena , Tantas cosas no pueden ser, porque seria un Santo. Mas cuando se lo brindan con bandeja de plata, y velado por el oscurantismo, de unos órganos de control, que son un pitorreo, cuya eficacia es igual a cero.
Comentario:
Deberían desaparece la mitad de las empresas públicas que se han creado, las autonomía han dado cabida a la estafa y a la corrupción a lo grande... Tanto control en estas cosas , y ¿Como no tenemos un organo supervisor de lo público en condiciones?
Comentario:
Las empresas públicas crecieron como setas a la sombra de los fondos estructurales y de cohesión de la UE, con objeto de gestionarlos, en muchos casos al margen de los instrumentos de control del Estado, y con la sospecha de la financiación ilegal de partidos políticos. Lo cierto es que creo que en pocos meses muchas de ellas deberan reducirse o cerrar puesto que ya no llegará tanto dinero de europa, mas bien nos toca pagar la ampliación, que unido a la crisis, asegura un panorama terrorifico. Este dinero de la UE debería haber servido para crear y asegurar un buen tejido empresarial que proporcionara empleo y riqueza una vez que la UE nos dejara de subvencionar, pero las cosas se han hecho mal y el dinero se lo han comido los políticos por medio de sus empresas públicas. Ahora solo queda llorar y preparar la maleta para volver a emigrar en busca de trabajo. No supimos aprovechar la ocasión para ser competitivos.
Comentario:
En el caso de las empresas públicas de televisión regional el tema es realmente sangrante. Deberían privatizarlas de inmediato, y si la Comunidad Autónoma necesita de espacio televisivo puede comprar la franja horaria a las cadenas privadas mediante una oferta de contrato público. De esta manera nos ahorraríamos muchisimos impuestos.
Empresas públicas, entidades de derecho público, etc, donde el personal se coge a dedo, tras procesos de selección donde se sabe muy bien quien resultará agraciado. Entidades donde se trabaja 1 hora menos que en el resto de la D.G.A., con autobuses que pagamos entre todos y a donde podian ir en autobus urbano, como hace el resto.
Amortización de plazas de funcionarios constante, mientras a la vez que crean en la plantilla de personal propio. Entidades que con ser un Servicio sería más que suficiente y no costarian el dinero que cuestan. En resumen Cortijos en Aragon.
Publicar un comentario