REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: PROSIGUE EL TRABAJO TRAS LA PASADA ASAMBLEA.

En la tarde de anteayer martes, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, se celebró, de acuerdo con la convocatoria realizada, reunión de la Junta Directiva de la Asociación, en la que se abordaron los puntos incluidos en el orden del día dado a conocer en este blog.

Tras la aprobación del orden del día y del acta de la reunión anterior de la Junta, celebrada el 27 de febrero, se dio por constituida la nueva Junta Directiva, tras los nombramientos realizados en la pasada asamblea ordinaria de la Asociación, celebrada el 25 de marzo, en la que fueron reelegidos tanto el Secretario como los Vocales que, de acuerdo con los Estatutos, debían ser renovados, continuando vacante el cargo de Vicepresidente.

A continuación, el Presidente hizo un breve resumen de la actividad realizada por la Asociación, desde la fecha de la anterior reunión de la Junta Directiva, que puntualmente se ha ido reflejando en el blog asociativo, destacando de tales actuaciones los pronunciamientos realizados respecto a lo sucedido en el Ayuntamiento de Mallén y la respuesta de la institución del Defensor del Pueblo a nuestra petición de interposición de recurso de inconstitucionalidad frente al artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, por incluir limitaciones indebidas al derecho fundamental de acceso a la función pública.

En el primer caso, se señalan las actuaciones realizadas ante la resistencia del Pleno del Ayuntamiento de Mallén a aplicar al alcalde de la localidad la causa de incompatibilidad para continuar en su cargo, prevista en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, pese a haber sido condenado por la Audiencia Provincial como autor de un delito de prevaricación, con inhabilitación para el desempeño de cargo público, entendiendo obligado el cese en sus cargos públicos y radicalmente ilegal la resistencia mostrada por la mayoría municipal a la aplicación del supuesto legal de incompatibilidad, en contra de lo manifestado en su informe por la secretaria municipal.

Mayor atención y debate merece la respuesta dada por la institución del Defensor del Pueblo, al desestimar la petición de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra las limitaciones a la oferta de empleo público contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, lo que, a juicio de la Asociación, conlleva la inaplicación de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y, consecuentemente, el menoscabo del derecho fundamental de acceso a la función pública. Se analizan los razonamientos jurídicos de la resolución, que en modo alguno se comparten por los miembros de la Junta Directiva, y se echa de menos en la argumentación realizada las obligadas referencias al régimen especial de garantía constitucional de los derechos fundamentales y su indisponibilidad por parte de los poderes públicos, pues un derecho fundamental no puede verse temporalmente suspendido por una ley de presupuestos como se viene haciendo de manera reiterada a través de la Ley de Presupuestos. En particular, se valora muy críticamente la sentencia de 20 de noviembre de 2013 del Tribunal Supremo, a la que se alude en la resolución, al apartarse claramente del criterio que quedó establecido en la anterior sentencia obtenida por la Asociación en su recurso contra la Oferta de Empleo Público de 2007 aprobada por el Gobierno de Aragón. No obstante, se respeta la decisión de la titular de la Institución, al descartar la interposición del recurso de inconstitucionalidad y optar por realizar gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el fin de abordar los efectos negativos que las tasas de reposición previstas en las Leyes de Presupuestos están generando en la función pública, provocando elevadas tasas de interinidad. Entendemos, en cualquier caso, que dicho problema solo puede corregirse mediante el respeto del derecho de acceso, a través de la aprobación de las ofertas de empleo público, en los términos que señala el Estatuto Básico del Empleado Público, y así se lo haremos saber a la Defensora del Pueblo en la respuesta que se acuerda dar a su resolución, frente a la cual no cabe recurso alguno. Se acuerda igualmente solicitar de la institución el posible informe emitido sobre el caso por la Junta de Coordinación y Régimen Interior, que estudió la petición de la Asociación en su reunión de 25 de marzo de 2014. Se valora también la posibilidad de remitir una copia de la resolución del Defensor del Pueblo a los diferentes Defensores del Pueblo autonómicos, para recabar de los mismos la realización de gestiones para que las respectivas Administraciones autonómicas afronten estrategias decididas para reducir las tasas de interinidad actualmente existentes.

Se valoran igualmente los cambios producidos en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, tras el cese de José Luis Saz y el nombramiento de Javier Campoy como nuevo titular del Departamento, y la oportunidad de presentar al nuevo Consejero las principales preocupaciones en materia de función pública, principalmente en lo que se refiere a nuestra posición crítica frente al Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón elaborado durante el mandato de su predecesor. Se insiste por parte de todos los asistentes en la necesidad de destacar los efectos negativos para la profesionalidad de la función pública que conlleva el uso indiscriminado de la libre designación, cuestión que debiera exponerse al nuevo Consejero y al Justicia de Aragón, para el inicio de un posible estudio de oficio sobre el sistema de provisión de puestos en la Administración autonómica, dejando el ejercicio de las acciones judiciales que se habían acordado por un momento posterior a tales actuaciones.

A continuación se repasa el estado del proceso de ejecución de las sentencias sobre oferta de empleo, valorándose muy positivamente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al haber admitido la prueba planteada por parte de la Asociación para que los responsables del Registro de Personal certifiquen la situación de las plazas vacantes ocupadas por interinos en las fechas que fueron señaladas por el Tribunal para determinar el volumen de las ofertas complementarias, cuyos datas podrán ser contrastados con los incluidos en el Decreto-ley y en los Decretos de oferta de empleo complementaria aprobados por el Gobierno de Aragón. Se valora también la oportunidad, en su caso, de contactar con asociaciones representativas de determinados cuerpos o escalas que puedan, a su vez, contrastar la veracidad de los datos oficiales que se aporten desde el Registro, como es el caso de los Agentes de Protección de la Naturaleza.

Finalmente, se aborda el método de trabajo para la preparación del escrito de posibles alegaciones al Anteproyecto de Ley de Transparencia Pública y Participación Ciudadana de Aragón, dentro del trámite de información pública acordado. Se programarán reuniones semanales abiertas a todos los miembros de la Asociación para quienes quieran participar en el debate de los contenidos del proyecto normativo, cuya redacción final será aprobada por la Junta Directiva para su posterior remisión al Departamento de Presidencia y Justicia.

Concluye la reunión de la Junta Directiva, a la que asisten la práctica totalidad de sus miembros, con el convencimiento del enorme trabajo que es preciso desarrollar en este tramo final de legislatura para seguir reclamando pasos decididos a favor de una función pública profesionalizada, plenamente comprometida con el Estado de Derecho, así como la petición de decisiones efectivas que contribuyan a objetivos necesarios de buen gobierno y buena administración. El trabajo de la Asociación debe proseguir.