LA COHERENCIA NECESARIA.

Con mayor o menor acierto, esta Asociación ha tratado de mantenerse coherente, a lo largo de sus siete años de actividad, con los principios y objetivos que se marcó en el momento de su constitución. Ello nos ha llevado, inevitablemente, a confrontar con todos los responsables de Función Pública, de uno y otro signo, pues todos ellos han sido incapaces de impulsar la función pública autonómica hacia objetivos coherentes con el Estado de Derecho y el valor del servicio público. La deriva de la función pública continúa, sin excepción, y la actual etapa lastrará enormemente las opciones de regeneración en el futuro, pues ha provocado quiebras inimaginables en el seno de la función pública, por los niveles de cinismo y sectarismo alcanzados, por la falta de sinceridad y de coraje de sus planteamientos y por la inexistente vocación de cohesión interna y de liderazgo ético. En definitiva, por la sumisión a los peores dictados posibles del nivel político, desnaturalizando la pretendida profesionalidad de ciertos niveles directivos.

Cuando esta Asociación se marcó como principios y objetivos de actuación exclusivamente la defensa y promoción de los principios constitucionales y legales fijados para la función pública –entre ellos, la legalidad, la profesionalidad y la ética pública-, nada permitía anticipar que seríamos un elemento de resistencia interna frente a la arbitrariedad política y administrativa de quienes ejercen funciones directivas en la Administración autonómica. La lógica hubiera permitido creer que los objetivos de la Asociación –al ser coherentes con el ordenamiento jurídico- la convertirían en un instrumento válido para reforzar todas aquellas estrategias públicas de mejora de la función pública, en una entidad colaboradora con los responsables de la Administración de la Comunidad Autónoma. Tal relación de colaboración no ha resultado, sin embargo, posible. Pues ningún equipo de gobierno ha mostrado hasta el momento una voluntad real y sincera de querer restablecer, en el seno de la función pública, el respeto a las normas, la centralidad del interés general y de los derechos de los ciudadanos.

No solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. El desánimo de quienes todavía sienten alguna estima por la función pública que realizan no ha hecho más que crecer, ante la arbitrariedad que ha imperado en la presente legislatura, ante iniciativas aparentemente válidas –como las cartas de servicios u otros objetivos de calidad- que no encuentran, sin embargo, anclaje alguno en una estrategia global de profesionalización de la función pública. Sin el marco adecuado de credibilidad, ninguna iniciativa puede cumplir la función que, en principio, cabría esperar de ella. Se ha olvidado que la premisa de toda propuesta de mejora para las Administraciones Públicas es el reforzamiento del compromiso con la legalidad, elemento claramente olvidado en la presente legislatura. Ni siquiera la publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual se ha podido ajustar a la ley. Eso revela la nula voluntad del actual Gobierno de corregir malas prácticas en la gestión administrativa. Ni siquiera hay garantía de que la cifra del déficit público reconocida por el Gobierno sea la real. Quien falta a la legalidad, perfectamente puede faltar a la verdad. Quien no respeta las normas, pierde toda credibilidad como responsable público, pues en un Estado de Derecho no cabe aceptar un ejercicio del poder desvinculado del respeto a la Ley.

La coherencia es un objetivo al que tratamos de mantenernos fieles, a pesar de las dificultades que ello pueda comportar. Podremos equivocarnos como todos, pues no somos infalibles, pero nunca tomaremos una decisión marcada por el interés o la conveniencia que suponga un fraude a los principios y objetivos de la Asociación. Por eso no pudimos mantenernos en silencio ante medidas retributivas contrarias a la legalidad –como la cláusula de revisión salarial o el anticipo de carrera para los funcionarios- ni ahora podemos consentir actuaciones del Gobierno como el cúmulo de irregularidades cometidas en el proceso de ejecución de las sentencias judiciales en materia de oferta de empleo público. Este Gobierno se ha mostrado incapaz ya no de cumplir las leyes sino incluso de cumplir las sentencias de los Tribunales, lo que revela el grado de deterioro alcanzado por la Comunidad Autónoma de Aragón, por mucho que unos y otros traten de minimizarlo. La incoherencia no nos permitirá nunca avanzar en la buena dirección, algo de lo que deberían tomar nota no solo los responsables políticos de esta Administración sino también los sindicatos de la función pública. Y todos los empleados públicos.