Esta
Asociación se dirigió ayer a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de
Aragón, para solicitarles la adopción de iniciativas de control e impulso de la
acción de gobierno a través de las cuales instar al Departamento de Política Territorial
e Interior del Gobierno de Aragón para que active los mecanismos de control de
legalidad, previstos en la Ley
de Administración Local de Aragón, sobre la actual situación del Ayuntamiento
de Mallén.
No
resulta admisible que el alcalde de la localidad Mallén, Antonio Asín,
permanezca en el ejercicio de su cargo tras haber sido condenado por la Audiencia Provincial
de Zaragoza como autor de un delito de prevaricación administrativa, con una
pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Pese al carácter
no firme de la sentencia, la condena constituye una causa de incompatibilidad,
prevista en el artículo 6.2.b) de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que obliga al
cese en la condición de concejal y alcalde de dicha localidad.
Pese
al ilegal acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mallén sobre la continuidad del alcalde adoptado el pasado 20
de marzo, de cuya gravedad alertó esta Asociación en un comunicado de prensa el
mismo día 20, parece ser que alguna de las instituciones de control de la
legalidad de los acuerdos municipales, como es la Delegación del Gobierno
de Aragón, va a requerir del propio Ayuntamiento la anulación de dicho acuerdo
y, en caso contrario, procederá a su impugnación ante los Tribunales. Igualmente,
la Diputación Provincial
de Zaragoza va a proceder al cese de Antonio Asín como diputado provincial, por
estricta aplicación del supuesto de incompatibilidad en que incurre para el
desempeño de cargos electos.
Creemos
que no es posible que las instituciones y los responsables políticos de la Comunidad Autónoma
de Aragón se inhiban ante la situación planteada en Mallén. El control de
legalidad de los acuerdos municipales no es competencia exclusiva de la Administración
General del Estado, sino que también compete a la Comunidad Autónoma
de Aragón y así lo contempla expresamente la Ley de Administración Local de Aragón, cuyo
ejercicio corresponde al Departamento de Política Territorial e Interior, como
departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de administración
local.
Esta
Asociación se dirigió ya al Consejero de Política Territorial e Interior,
Antonio Suárez, para solicitarle que desde el Gobierno de Aragón se ejerza el
control de legalidad sobre la situación generada en el Ayuntamiento de Mallén,
ante el manifiesto incumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General, pero la iniciativa política y el compromiso con el respeto
de la legalidad y la voluntad de regeneración institucional en nuestra Comunidad
Autónoma no se agota en el Gobierno de Aragón, sino que debe alcanzar también a
las Cortes de Aragón, motivo por el cual nos hemos dirigido con similar petición
a todos los Grupos Parlamentarios del Parlamento aragonés.
Sería
deseable que todos los Grupos Parlamentarios dieran una señal de unidad en cuanto a la exigencia de que la vida pública
aragonesa se atenga de manera escrupulosa al respeto de la legalidad en lo que
afecta al desempeño de cargos públicos, pues nada puede erosionar más la
legitimidad de una institución que el mantenimiento al frente de la misma de
personas legalmente inhabilitadas, degradando con ello tanto la propia institución
como el mandato representativo recibido de los ciudadanos para gobernarla, pero
haciéndolo con sujeción a la ley.
6 comentarios:
¡Quinta nota sobre Mallén!
Lo lamentable es que siga siendo necesario escribir y denunciar una ilegalidad tan flagrante.
Eso es lo debería escandalizarnos.
El Consejo de Gobierno de la Diputación Provincial de Zaragoza acordó ayer dar traslado a la Junta Electoral Central para que se expida la credencial del diputado suplente que sustituirá a Antonio Asín, que cesará en su cargo, de forma oficial, en el próximo pleno de la institución, el día 9 de abril. Le sustituirá el alcalde socialista de Utebo, Miguel Dalmau.
En la misma sesión plenaria se pondrá en conocimiento de la corporación provincial la condena impuesta al alcalde de Mallén por la Audiencia de Zaragoza, que supone su inhabilitación durante siete años como autor de un delito de prevaricación administrativa, por la tramitación irregular de dos facturas.
Antonio Asín fue condenado por actuar "sabiendo como sabía que no existía ningún expediente de contratación para el librador de esas facturas", según recogía textualmente la resolución, que fue recurrida tanto por el alcalde como la acusación particular, ejercida por el Partido Popular en Mallén.
Las facturas se expidieron para el pago de uno servicios, efectivamente realizados, en relación con los esfuerzos realizado por la corporación para atraer a su municipio una industria, Agrovalle, que hubiera creado numerosos puestos de trabajo.
EPA.
En su decisión de ayer, el Consejo de Gobierno de la DPZ, formado por el equipo de gobierno (PP y PAR) y el portavoz del PSOE, esgrime artículos de la Ley de Régimen Electoral General y del Reglamento de Organización y Funcionamiento Jurídico de las Entidades Locales.
"Si Asín cesa en la diputación, le resultará muy difícil, desde el punto de vista legal, mantener al alcaldía de Mallén y el puesto de consejero en la comarca del Campo de Borja", señaló ayer un miembro de la corporación provincial, que ante las dudas que plantea el estatus del diputado condenado por sentencia judicial ha encargado informes a sus servicios jurídicos y ha pedido el asesoramiento de la Junta Electoral Central.
Sin embargo, Antonio Asín y su equipo de defensa, encabezado por el letrado Enrique Trebolle, esgrimen el artículo 118 de la Constitución española, que estipula que "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".
Por otro lado, UPD ha pedido al PSOE aragonés que presente una moción de censura contra Antonio Asín y "demuestre de esa forma su proclamada oposición a la corrupción política". Sin embargo, los otros siete concejales socialistas en Mallén cerraron filas en torno al alcalde en un pleno extraordinario.
EPA.
Al menos se ve que hay reacción institucional.
No es poco.
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