URGE COMPETENCIA PROFESIONAL Y DIGNIDAD POLÍTICA EN EL GOBIERNO DE ARAGÓN.

La falta de solvencia o acierto en la dirección de la gestión pública que ha demostrado el actual Gobierno de Aragón, constatada con el fiasco presupuestario y el agravamiento del déficit que colocan a nuestra Comunidad Autónoma de Aragón como campeona del incumplimiento de los objetivos de ajuste fiscal, merecería un análisis detenido por parte de algún órgano capaz de detectar y evaluar las fallas –cada vez más numerosas y cada vez mayores- que acumula la Administración de la Comunidad Autónoma como organización.

No es solo un mero desequilibrio entre ingresos y gastos –aunque éste sea el factor determinante del problema-, sino sobre todo un grave problema de ineficiencia administrativa y de creciente desprofesionalización, resultante de una política de nombramientos de altos cargos sin cualificación suficiente –el caso del Instituto Aragonés de Servicios Sociales es clamoroso y señalado por todos- y de un sistema de provisión de puestos que ha desplazado el mérito y la capacidad por otras consideraciones de simple confianza política o personal, haciendo que sea la gente menos cualificada y más inexperta la que gestione los servicios públicos en circunstancias de especial dificultad como las que atravesamos.

Las actuales circunstancias, en las que el Gobierno de Aragón parece incapaz de dirigir de forma solvente una organización tan compleja como la Administración autonómica –incapaz de poner a las personas adecuadas al frente de cada área de gestión pública, como lo demuestran los ceses recientemente acordados y, sobre todo, los no acordados y reclamados con insistencia-, han puesto de manifiesto también la falta de altura y dignidad política de sus miembros, reacios a asumir las responsabilidades que les corresponden en el desgobierno público que sufrimos, en la quiebra interna de la Administración, de la que se tardará años en recuperarse, en la liquidación del crédito social de muchos servicios públicos, incapaces de cumplir la función de apoyo a los ciudadanos que se encuentran en circunstancias agudas de precariedad.

La dignidad de la política –innegable para todos los que seguimos creyendo en el valor del gobierno democrático- exige dignidad en quienes ejercen funciones políticas de gobierno –lo que no están demostrando los miembros del Gobierno de Aragón en este momento, en los que ninguno de ellos asume responsabilidades por el fracaso de su gestión, por el resultado de sus decisiones y de sus errores- y dignidad de las políticas aplicadas, lo que también queda en entredicho con reformas como la impulsada en materia de ingreso aragonés de inserción, abiertamente descalificada por las entidades sociales que, en estos momentos, ante la falta de liderazgo político y moral del Gobierno de Aragón, se convierten en los puntales imprescindibles de la cohesión social y de la solidaridad con quienes se acercan o ya han traspasado el umbral de las mínimas condiciones de vida digna. No podemos olvidar que la dignidad de las personas es la base de nuestro orden político y de la paz social. Si lo olvidamos, no podremos entender casi nada de lo que está sucediendo.

La ruina social en una democracia como la española, de producirse, nos arrastrará a la ruina política, y un elemento más necesario que nunca para evitar ambos resultados es reforzar la dignidad de la política, es decir, la dignidad de quienes ejercen responsabilidades políticas y la dignidad de las políticas aplicadas, algo que hoy sentimos como una necesidad urgente en nuestra Comunidad Autónoma.