En
el curso de la reciente polémica por las anomalías detectadas por la Cámara de Cuentas en la
gestión del Ayuntamiento de Zaragoza a lo largo de 2011, consideramos oportuno
deslindar la cuestión de fondo señalada en dicho fondo –lo que realmente debe
importar clarificar, dada la gravedad de lo que se pone de manifiesto-, de la
cuestión referida a la difusión del contenido de dicho informe de fiscalización,
que en principio no parece hallarse sometido a ningún tipo de restricción o deber
de secreto.
Las
acusaciones vertidas desde el Ayuntamiento de Zaragoza, sobre la utilización
política de su filtración, y las manifestaciones realizadas, en el seno de las
Cortes de Aragón, por el Presidente de la Cámara de Cuentas sobre la posible sanción a los
responsables de tal revelación, nos llevan a defender, en las antípodas de
ambas posiciones, la oportunidad y la obligación de resolver dicha polémica a
favor de la transparencia pública, invocando lo previsto en la reciente ley
estatal sobre transparencia, en la que se someten al deber de transparencia
activa los informes de auditoría y fiscalización realizados por los órganos de
control externo, como son el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas de Aragón.
Ni
la opacidad reclamada por el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el contenido de un
informe que pone en cuestión su forma de gestionar ni las medidas de sanción
sugeridas por el Presidente de la
Cámara de Cuentas para quienes revelen el contenido de un
informe de fiscalización elaborado por dicha institución, nos parecen acordes
con la obligación de transparencia activa que la normativa recientemente
aprobada por las Cortes de Aragón señala para los informes de auditoría y
fiscalización de las cuentas públicas realizados por los órganos de control
externo, previsión que cabe extender perfectamente para los informes
provisionales y definitivos.
En
el día de ayer, haciendo uso del derecho de petición reconocido en el artículo
29 de la Constitución
Española, nos dirigimos al Presidente de la Cámara de Cuentas para
sugerirle que por parte de dicho órgano de control se establezca un régimen de
transparencia activa para los informes provisionales y definitivos que se
elaboren, zanjando con ello cualquier nueva polémica sobre supuestas
revelaciones del contenido de tales informes, al que entendemos que los
ciudadanos tienen perfecto derecho de acceso al amparo de la nueva normativa de
transparencia pública.
Se
reproduce a continuación el texto íntegro del escrito dirigido al Presidente de
la Cámara de
Cuentas de Aragón:
“Excmo.
Sr. Presidente de la Cámara
de Cuentas de Aragón
C/
Jerusalén, 4
50009-ZARAGOZA
Zaragoza,
29 de abril de 2014.
Estimado
señor:
En
mi condición de Presidente de la
Asociación para la
Defensa de la Función Pública Aragonesa, deseo expresarle, en primer lugar, nuestro reconocimiento
por la destacada labor que viene desarrollando la institución que Vd. preside
en la mejora de la función de control de las cuentas públicas, para asegurar
los principios de legalidad presupuestaria y de eficiencia por los que han de
regirse todas las administraciones y entidades públicas.
No
son pocas las inercias y resistencias que hay que vencer por parte de los
responsables institucionales y gestores públicos para que la rendición de
cuentas se perciba como un elemental ejercicio de transparencia democrática,
pero confiamos en que la labor rigurosa de la Cámara de Cuentas de Aragón contribuya a una
nueva cultura de gestión, en la que el control se consolide como un elemento de
garantía no solo para los ciudadanos sino también para los propios gestores y
los intereses públicos, al reforzar criterios de exigencia en la correcta
ejecución del gasto público y de rigor en la liquidación de los ingresos.
Creemos
que la importante labor que viene realizando esa Cámara se vería reforzada con
un incremento en la política de transparencia de la institución, a través de
medidas de publicidad activa en la página web de la propia institución,
anticipando la aplicación de las previsiones que en tal sentido establece la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
aprobada por las Cortes Generales, en cuyo artículo 8 se incluyen, entre la
información económica, presupuestaria y
estadística sujeta a obligación de publicidad activa, los informes de auditoria
y fiscalización de los órganos de control externo, entre los que figura la Cámara de Cuentas de
Aragón.
Aunque
la exigibilidad de tal previsión no entre en vigor hasta el próximo 11 de
diciembre de 2014, nada impediría que la Cámara de Cuentas, por iniciativa propia,
acordase sujetar a la obligación de publicidad activa la totalidad de sus
informes de fiscalización, dando tal tratamiento de transparencia no solo a los
informes definitivos sino también a los informes provisionales, evitando con
ello que puedan darse situaciones polémicas como la producida estos días con
motivo del informe provisional sobre las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza
de 2011.
La
publicidad de ambos tipos de informes no solo aportaría mayor transparencia a
la labor de control ejercida por la
Cámara de Cuentas, sino que posiblemente reforzaría también
la calidad y el rigor en la confección y
presentación del trabajo de fiscalización, pues todo documento sujeto al
conocimiento público suele ser elaborado con especial cuidado y precisión,
permitiendo a su vez poner de manifiesto de manera pública las posibles
insuficiencias en la información aportada por la institución controlada para
alcanzar conclusiones sólidas o firmes sobre la corrección de la gestión llevada
a cabo.
En
consecuencia, y por las razones expresadas, al amparo del derecho de petición
reconocido en el artículo 29 de la Constitución
Española, le solicitamos que, vistas las obligaciones de
publicidad activa que contiene la normativa estatal de transparencia, considere
la oportunidad de someter a dichos criterios de publicidad no solo los informes
definitivos de fiscalización, sino también los informes provisionales, así como
el grado de cumplimiento de las distintas administraciones controladas en la
remisión de la documentación requerida para su oportuna fiscalización.
Agradeciéndole
de antemano la atención prestada a este escrito de petición, y reiterándole
nuestro expreso apoyo a la decisiva labor de fiscalización que desarrolla esa
Cámara de Cuentas, reciba nuestro más cordial y respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
5 comentarios:
Zaragoza ultima su ofensiva técnica y legal contra la Cámara de Cuentas.
EPA.
El Ayuntamiento de Zaragoza prepara una ofensiva técnica y legal contra la Cámara de Cuentas de Aragón que podría acabar incluso en los tribunales. No se descarta nada en una respuesta contundente a un informe provisional sobre el presupuesto municipal del 2011 que se considera que tiene errores graves de interpretación que han manchado la imagen de la institución al haberse filtrado a los medios de comunicación sin ni siquiera atender las pertinentes alegaciones o de elevarlo a la categoría de dictamen.
Al margen de la discusión política o del rédito o descrédito que unos y otros partidos puedan obtener con este informe provisional, en el que se acusa al consistorio de ocultar más de 355 millones de euros en la liquidación del ejercicio 2011, la fractura institucional es total y, esta vez sí, parece ser que habrá consecuencias. Ya sea en el Gobierno municipal o en el órgano de fiscalización. Porque los técnicos municipales ultiman su respuesta a las graves acusaciones lanzadas por quienes auditaron las cuentas municipales a quienes las avalaron con su firma.
Y, en algunos casos, incluso contradicen las indicaciones marcadas desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Algo que podría considerarse un error subsanable en el periodo de alegaciones o aclaraciones pero que ya es irreversible por la notoriedad que desde la Cámara de Cuentas se ha querido dar a estas valoraciones preliminares. Y los servicios jurídicos ya trabajan en acudir a los tribunales porque se ha quebrantado un principio tan básico como es la confidencialidad de estos informes. Así que al presunto interés político del Partido Popular señalado por el vicealcalde Fernando Gimeno, ahora se suma el incumplimiento de las normas que rigen la Cámara de Cuentas y la derivada judicial.
EPA.
La discusión política comienza mañana con la celebración de una junta de portavoces en la que se hará entrega de ese informe. Puede que el Gobierno también ponga fecha a la comisión en la que los técnicos explicarán lo ocurrido.
Estos están ultimando la respuesta a todos los aspectos señalados en el informe provisional. En un clima de indignación en el que hacen aflorar, aseguran, errores de bulto en la interpretación que hace la Cámara de Cuentas. Como que sea inapropiado calcular el remanente de tesorería como exigía Hacienda, con la Instrucción de Contabilidad Local, o incluir entre las deudas de dudoso cobro los 23 millones que en 2011 adeudaban otras administraciones (el ministerio obliga a no incluirlos), o que se incluyan los 67,9 millones pendientes de percibir de deudores con antigüedad inferior a un año, o sea, que lo eran desde ese mismo año (eleva lo que debían ser 128 millones a más de 194), o los 51,1 millones de ventas de suelo cuyo pago se había aplazado al 2012. Una disputa entre técnicos que ya forma parte del debate político.
EPA.
El secretario general del PSOE, Javier Lambán, anunció ayer que su grupo presentará varias iniciativas en las Cortes para pedir responsabilidades por la filtración del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza correspondiente al 2011.
El socialista mostró ayer su enfado por la filtración del informe, que es preliminar, y está pendiente de alegaciones. El PSOE tiene claro que el documento salió de la Cámara de Cuentas. Y todos los focos apuntan a Luis Rufas, consejero del órgano fiscalizador nombrado por el PP y persona muy cercana al portavoz popular en el consistorio Eloy Suárez.
Lambán calificó de "gravísimo" que se haya producido a un medio de comunicación la filtración de este informe, que es "absolutamente provisional" y debe ser sometido a análisis y estudio por parte de los técnicos municipales. A su juicio, al hablar de un desfase de 355 millones de euros, la filtración se ha hecho de forma "sectaria" y para él está "claro" que "quien lo han aprovechado para lanzar insidias y ensuciar es el PP", dijo el secretario general.
EPA.
Una de las conclusiones llamativas a las que llega el informe provisional de la Cámara de Cuentas sobre el presupuesto del 2011 del Ayuntamiento de Zaragoza hace referencia al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de la capital aragonesa con los representantes sindicales en el último pacto convenio, del que dice que acepta algunas concesiones a la plantilla que considera directamente ilegales.
Este es el caso del artículo 24 del pacto que posibilita la promoción profesional, "a través de la antigüedad y la formación, permitiendo acceder al funcionario a un grado de complemento de destino superior". "Se ha comprobado que el 61% de los empleados seleccionados de la muestra tienen un complemento de destino superior al asignado al puesto de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). "Esta previsión carece de cobertura legal, al no ser una materia objeto de la negociación, dado que, hasta que entre en vigor la correspondiente Ley de Función Pública que regule la carrera horizontal de los funcionarios de carrera en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, no puede negociarse la misma", afirma.
"No se ha remitido acuerdo de reconocimiento de aumento de nivel de complemento de destino de 17 empleados de los 40 que tienen en nómina un nivel superior" al de la RPT, añade el órgano fiscalizador.
Además, destacan los auditores que en los complementos de productividad fijo y variable que existen, se ha observado que "no se motiva la asignación" de la misma a los empleados "ni constan reglas". Y que se asignan, en algunos casos, por "el simple hecho de ocupar un determinado puesto de trabajo" y no por sus "especial rendimiento, actividad extraordinaria y el interés e iniciativa" que exige el artículo 5 del Real Decreto 861/1986.
GRATIFICACIONES También subraya la carencia de cobertura legal en el caso de la gratificación que se da al personal en octubre (por quedarse a trabajar en un mes de más actividad por las fiestas del Pilar) en la que se gastaron 258.597 euros. O la que se da por jubilación (76.320 euros), las que se dan anticipada de forma voluntaria (192.621 euros) y por subsidio por minusvalía de hijos o cónyuges (180.253 euros). O los 48.000 euros que se dedicaron a las ayudas sanitarias dentarias, oculares u ortopédicas para funcionarios jubilados.
EPA.
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