La
contradicción es consustancial a la vida, pero la incoherencia de que hace gala
el Departamento de Presidencia y Justicia, al afirmar una cosa y hacer la
contraria, alcanza un nivel de contradicción difícilmente aceptable, afectando
directamente a la credibilidad de su pretendido discurso de transparencia pública
y publicidad activa. Mal se puede abanderar objetivos ambiciosos de
transparencia por parte de un Departamento que, al mismo tiempo, se muestra
incapaz de algo tan básico como es dar cumplimiento al deber de publicación de
las resoluciones de nombramiento del personal eventual, tal y como viene
exigido por el artículo 25.5 de la
Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
El
Boletín Oficial de Aragón de ayer publicaba, con más de cuatro meses de retraso,
el consabido e irregular anuncio de publicidad relativo al nombramiento de
personal eventual adscrito al Departamento de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Aragón, vulnerando nuevamente el deber de publicación establecido
en la Ley,
ignorando la sugerencia realizada en su día por el Justicia de Aragón para que
se acomodase la actuación de los Departamentos a lo previsto en la Ley y, lo que es peor,
incumpliendo una y otra vez lo expresado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 5 de Zaragoza. que ya declaró ilegal en su día
la práctica de los anuncios de publicidad de nombramientos y ceses como sucedáneo
de la directa publicación en el Boletín Oficial de Aragón de las resoluciones
de nombramiento y cese del personal eventual del Gobierno de Aragón.
Puestos
a incumplir la Ley,
como parece ser la voluntad constante del conjunto de los Departamentos del
Gobierno de Aragón, parece no haber límite en el grado de su incumplimiento, y
así ayer nos sorprendía la Secretaría
General Técnica del Departamento de Presidencia y Justicia
con la publicidad de unos nombramientos que se produjeron en el pasado mes de
noviembre de 2013, es decir, hace más de cuatro meses. Es inadmisible que
nombramientos sometidos al requisito de publicación para alcanzar eficacia
administrativa, como cualquier otro nombramiento público, puedan desplegar sus
efectos sin haberse efectuado la publicación requerida, sin la cual dicho
nombramiento ha de entenderse carente de eficacia.
Precisamente,
con motivo de los últimos anuncios de publicidad aparecidos en el Boletín
Oficial de Aragón, correspondientes al Departamento de Política Territorial e
Interior, esta Asociación se dirigió a la Intervención General
del Gobierno de Aragón, solicitándole que en la fiscalización previa de las
altas en nómina de dicho personal se controlase si el nombramiento había sido
objeto de la publicación exigida por la Ley.
Hasta el momento
carecemos de respuesta por parte de la Intervención General,
por lo que vamos a reiterar nuestra petición tanto por el anuncio publicado
ayer como por los nombramientos y ceses que han de producirse con el cese del
Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, y el nombramiento de su sucesor en el cargo.
No
será posible otorgar credibilidad alguna al Anteproyecto de Ley de
Transparencia Pública y Participación Ciudadana, impulsado desde el
Departamento de Presidencia y Justicia, mientras algo tan básico como el deber
de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual del Gobierno
de Aragón no sea respetado, en los términos que ya han sido señalados por los
Tribunales.
Esta
Asociación, vista la nula voluntad de los miembros del Gobierno de Aragón de
respetar el deber de publicación establecido en el artículo 25.5 de la Ley del Presidente y del
Gobierno de Aragón, va a verse obligada a valorar la interposición de nuevas
acciones judiciales para anular, por segunda vez, la práctica irregular de los
anuncios de publicidad -como el publicado ayer- y procurar el respeto de la legalidad en materia de
nombramientos de personal eventual.
2 comentarios:
Sigan haciendo su labor, por favor, que es importante para todos.
En El Periódico de Aragón de hoy:
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha solicitado a la DGA un certificado en el que consten las vacantes sin titular ocupadas por personal interino a fecha de 31 de diciembre del 2010. La petición responde al propósito de constatar si el número de plazas a ofertar en las oposiciones que el Gobierno ha convocado en aplicación de las sentencias del Supremo y del TSJA y que fueron excluidas de las oposiciones de 2007 y 2011, se corresponde con los datos del registro de personal de la Administración.
La solicitud vuelve a envolver en cierta inseguridad jurídica un proceso marcado por las denuncias de la Asociación en Defensa de la Función Pública de Aragón contra la decisión de la DGA de convocar esas 2.783 plazas --1.034 plazas en el ámbito de administración general, 385 en Educación y 1.364 en Sanidad--en tres años.
En este sentido, la federación de enseñanza de CCOO exigió ayer la "seguridad jurídica" de las oposiciones de Secundaria, que se celebrarán el próximo verano y que Educación tiene previsto convocar oficialmente la próxima semana. "Desconocemos las consecuencias de esta nueva decisión judicial para los opositores en el caso de que el certificado que se solicita no contenga exactamente el número que en su día dio el Departamento de Educación, si repercutirá en el número de plazas convocadas a oposición o si se obligará la convocatoria de todas las plazas", indicaron desde el sindicato, que recordó que "estamos a menos de tres meses de la realización de estas oposiciones".
En ese sentido, CCOO exigió la retirada del decreto de interinos "ya que es una variable más de injusticia que el departamento va a introducir en este proceso" y volvió a pedir la dimisión de la consejera de Educación, Dolores Serrat, "por su caótica gestión de la educación pública".
La previsión es convocar este verano 210 de las 385 plazas en solo cinco especialidades y aplazar el resto al próximo año o al 2016.
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