ESCRITO AL NUEVO CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: CAMBIO DE RUMBO NECESARIO.

Tras el reciente cambio al frente del Departamento de Hacienda y Administración Pública, desde esta Asociación nos hemos dirigido al nuevo titular, Javier Campoy, para expresarle nuestra disponibilidad al diálogo e indicarle un conjunto de preocupaciones respecto a la orientación actual de la política de personal, comenzando por hacerle saber nuestra oposición al contenido del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón elaborado durante la etapa de su antecesor.

La discontinuidad en los puestos de responsabilidad –como la producida en el área de hacienda y administración pública- constituye un serio inconveniente para llevar a cabo proyectos de alcance en la gestión pública, y ello se constata claramente en el área de la política de personal, donde ha resultado imposible impulsar las medidas necesarias para remediar las actuales carencias de la organización administrativa, con evidentes signos de desprofesionalización e ineficiencia administrativa.

Carecemos de estrategia y de proyecto, carecemos de impulso político y de dirección técnica reconocibles, carecemos de un diagnóstico serio y compartido de problemas y alternativas de la actual situación del empleo público, carecemos, en definitiva, de un rumbo válido para fortalecer la profesionalidad, la eficiencia y el compromiso con la legalidad del conjunto de la función pública autonómica.

Esta situación debiera constituir una prioridad del nuevo Consejero, aunque la falta de horizonte temporal y la especial preocupación por los objetivos del déficit público muy probablemente impedirán que en la agenda del nuevo Consejero la función pública ocupe el lugar que le corresponde, olvidando que sin una función pública competente y comprometida no hay objetivo de gestión que pueda abordarse con garantías. Hasta la fecha, está claro que este Gobierno no ha sido capaz de utilizar la función pública autonómica como elemento clave en el fortalecimiento de la Comunidad Autónoma, para su recuperación económica y su regeneración institucional. Todo el potencial de los recursos humanos de la Administración autonómica ha sido desaprovechado, algo que ninguna otra organización responsable se permitiría hacer.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito dirigido al Consejero de Hacienda y Administración Pública:

“Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública

Gobierno de Aragón

Pza. de los Sitios, 7

50071-ZARAGOZA

22 de abril de 2014.

Estimado señor:

En mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, entidad dedicada desde 2007 a la promoción y defensa de los principios constitucionales de la función pública –como son los de legalidad, profesionalidad y ética pública-, y con motivo de su reciente incorporación al Gobierno de Aragón, como titular del Departamento de Hacienda y Administración Pública, deseo expresarle nuestros mejores deseos de acierto en su gestión, al tiempo que le expresamos nuestra total disponibilidad para cualquier encuentro en el que poder informarle de nuestra actividad o intercambiar valoraciones y contrastar posibles orientaciones en la ordenación de la función pública autonómica.

Al inicio de la actual legislatura, nuestra Asociación elaboró un documento de propuestas para el buen gobierno y la buena administración que en su momento hicimos llegar a sus dos antecesores en el Departamento de Hacienda y Administración Pública –Mario Garcés y José Luis Saz-, y que nos permitimos remitirle también, por si su lectura pudiera resultarle de interés.

Sin perjuicio de otras propuestas que se contienen en dicho documento, en este breve escrito de presentación y saludo, nos gustaría destacarle algunos asuntos que afectan a la función pública  y que, a nuestro juicio, resultan prioritarios en su reconsideración o tratamiento.

En primer lugar, y en relación con el Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón elaborado por su Departamento, deseamos expresarle nuestra abierta disconformidad con el mismo, ya que sus previsiones en modo alguno promueven una función pública profesional y eficiente, sino que consolidan una función pública desvertebrada y sujeta a la discrecionalidad política, con un modelo de carrera que únicamente garantiza un imparable incremento del coste del capítulo de personal. A invitación de su antecesor, que nos solicitó posibles observaciones sobre el proyecto normativo, elaboramos un documento extenso en el que se contienen nuestros motivos de discrepancia con la orientación y contenido del anteproyecto, y que obrará en el expediente tramitado a tal efecto.

En segundo lugar, nos gustaría señalarle que una de nuestras principales preocupaciones, a lo largo de los siete años de actividad de la Asociación, ha sido la garantía del derecho fundamental de acceso a la función pública que reconoce a todos los ciudadanos el artículo 23.2 de la Constitución Española. La falta de respeto al régimen de acceso a la función pública –con la no aprobación de las debidas ofertas anuales de empleo público- no solo ha impedido el ejercicio efectivo de un derecho fundamental por parte de los ciudadanos, sino que ha generado elevadas tasas de interinidad en el conjunto de la función pública, que suponen un evidente menoscabo a su profesionalidad e imparcialidad y una injustificada quiebra del modelo legal establecido.

Fruto de nuestras acciones judiciales en defensa del derecho fundamental de acceso fueron las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2010 aprobados por el Gobierno de Aragón, al considerar que la no inclusión de la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, como exigen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma, constituía una vulneración del derecho fundamental de acceso. El actual proceso de ejecución judicial de las sentencias, instado por esta Asociación ante la pasividad de los responsables de su Departamento, ha incurrido a nuestro juicio en graves irregularidades que, deseamos informarle, hemos puesto en conocimiento de la Presidenta del Gobierno de Aragón y de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón. Asimismo, la aprobación de las ofertas de empleo complementarias ordenadas por los Tribunales no constituyen una razón válida para que el Gobierno de Aragón no apruebe la oferta anual correspondiente a cada ejercicio, en el marco de los límites señalados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, deseamos expresarle nuestra preocupación en relación con la actual situación de los criterios de desempeño de los puestos de trabajo y, más en concreto, con la forma de provisión aplicable para su cobertura, que, a nuestro juicio, requeriría una profunda revisión, labor que no precisaría de cambios legales, sino de simples medidas o criterios de ordenación dirigidos a reforzar la especialización y la imparcialidad de los servidores públicos para un desempeño eficiente y objetivo de sus funciones. No parece razonable que todos los puestos de titulares de órganos administrativos –y de otros muchos puestos de trabajo de menor rango- sean provistos mediante libre designación, apartándose con ello del principio general de mérito y capacidad que establecen tanto la Constitución como las Leyes de Función Pública de aplicación.

Por otra parte, la planificación, ordenación y evaluación de los recursos humanos de la función pública, en las que casi nada se ha avanzado en nuestra Administración, requieren de una herramienta adecuada de información, de la que hoy seguimos careciendo, pese a las potencialidades que ofrecen el Registro de Personal y las aplicaciones informáticas disponibles para su explotación. Consideramos que el actual Boletín estadístico del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón, elaborado desde hace unos meses por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios y el Instituto Aragonés de Estadística, si bien ha venido a definir y hacer público un documento con un conjunto  de datos cuantitativos sobre la función pública, incurre en carencias notables que es preciso corregir para transformarlo en una herramienta útil y un elemento real de transparencia pública.

No queremos exponerle, en el presente escrito, más aspectos que a nuestro juicio urgiría abordar dentro de una estrategia de modernización de la función pública autonómica, para que ésta cumpla la función que le corresponde en el aseguramiento de una buena gestión de los servicios públicos. Confiamos en que las ideas que le expresamos puedan serle de utilidad para su toma de decisiones estratégicas en lo que concierne a la política de personal de la que se halla necesitada nuestra Administración autonómica, y que debiera constituir un factor relevante dentro del programa de recuperación de nuestra Comunidad Autónoma.

Agradeciéndole de antemano su atención, y reiterándole nuestros mejores deseos de acierto en el ejercicio de sus responsabilidades, reciba un atento y respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”