martes, 1 de abril de 2014

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN PRACTICARÁ PRUEBA PARA COMPROBAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE OFERTA.



Mediante resolución judicial de 27 de marzo de 2014, adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dentro del proceso de ejecución forzosa de las sentencias del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, se ha acordado la práctica de la prueba solicitada por esta Asociación para constatar si el número de plazas a ofertar previstas en el Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, y en los Decretos de oferta de empleo público complementaria de 2007 y 2011, aprobados el 18 de febrero de 2014 por el Gobierno de Aragón, se corresponde con los datos fehacientes del Registro de Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para ello, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha acordado requerir del responsable del Registro de Personal de la Administración de la Comunidad Autónoma la emisión de un certificado que señale el número total de plazas vacantes cubiertas por interinos, sin reserva de puesto a funcionario de carrera que deben incluirse en la oferta de empleo público complementaria de 2011, diferenciando las que corresponden al ámbito de Administración general, ámbito docente no universitario y ámbito sanitario o personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud. Rechaza, por su parte, igual prueba solicitada en relación a la oferta complementaria de 2007, entendiendo que sus cifras han de entenderse subsumidas, en todo caso, en la de 2011.

Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha acordado reclamar de la Administración una copia íntegra de los expedientes administrativos correspondientes a la elaboración y aprobación del Decreto-ley 1/2014, de 9 de enero, y Decretos 23/2014, 24/2014 y 25/2014, todos ellos de 18 de febrero, por los que se aprueban las ofertas de empleo público complementarias de 2011, correspondientes a administración general, personal docente no universitario y personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, respectivamente.

El Tribunal, en su resolución, señala un plazo de veinte días para la práctica de la prueba.

Creemos que la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contribuye muy positivamente a asegurar la correcta ejecución de las sentencias judiciales que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, tratando de despejar cualquier posible duda sobre posibles incumplimientos por parte del Departamento de Hacienda y Administración Pública y, en definitiva, del Gobierno de Aragón.

Como ya expusimos en el escrito de alegaciones remitido al Tribunal, tras la aprobación de los Decretos de oferta complementaria de 18 de febrero de 2014, la ejecución de las sentencias judiciales que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011 no puede entenderse realizada con la mera aprobación de dichos Decretos –cuyas cifras no ofrecen garantía alguna de ajustarse a la realidad de la función pública- si, al mismo tiempo, no queda suficientemente acreditado el dato de que tales Decretos contienen realmente la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por interinos a 31 de diciembre de 2006 y a 31 de diciembre de 2010.

Esa exigencia, reclamada desde esta Asociación, es la que parece atender el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su resolución de 27 de marzo, al requerir de la Administración autonómica el oportuno certificado del responsable del Registro de Personal sobre el número exacto de plazas vacantes ocupadas por interinos que debieran figurar en la Oferta de empleo público complementaria de 2011, es decir, todas aquellas vacantes existentes a 31 de diciembre de 2010, así como una copia íntegra de los expedientes administrativos tramitados con motivo de la elaboración del Decreto-ley 1/2014 y Decretos de oferta de empleo complementaria de 2011.

Quedamos, por lo tanto, a la espera del resultado de la prueba para adoptar las decisiones oportunas.

19 comentarios:

Anónimo dijo...



Esto tiene un enorme interés.

Anónimo dijo...

Bravo!

Anónimo dijo...

Y trascendencia.

Anónimo dijo...

Esto también puede poner en aprietos a Saz.

Anónimo dijo...

Está claro que la lucha por el derecho se mantiene hasta el final.

Anónimo dijo...

Well done!

Anónimo dijo...

Viva el control jurisdiccional! Basta ya de arbitrariedades y mentiras.

Anónimo dijo...

No se fía de los datos del Gobierno de Aragón?

Anónimo dijo...

Eso es lo que yo deduzco de la decisión que han adoptado.

TOMAS dijo...

En el caso de los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) las 3 plazas ofertadas rozaban el insulto cuando deberían rondar las 40.
Desde la AAPNA queremos agradecer vuestra labor. Gracias!

Anónimo dijo...

Magnífica noticia.

Anónimo dijo...


Esto ha de preocupar a más de uno, si lo aprobado no se ajusta a la realidad.

Anónimo dijo...

Una buena noticia para comenzar el nuevo mes. Vuelvo a tener confianza en los jueces.

Anónimo dijo...

Gracias a Guiral y compañía por su perseverancia y buen hacer. Esto ha sido un ejemplo para todos de lo que se puede lograr en la defensa de las normas.

Anónimo dijo...

Enhorabuena, interesante noticia y excelente trabajo. Gracias!

Anónimo dijo...

No le hace falta hacer ninguna prueba, que mire por ejemplo: las vacantes ofertadas para los traslados del Salud, y que compruebe cuantas plazas van a ofertar, sorpresa no coinciden, tenían que haber ofertado todas plazas vacantes y no lo han hecho.

Anónimo dijo...

No soy agente de protección de la naturaleza, pero he mirado la RPT de Agricultura y solo me salen una docena( sin saber de que año es la vacante). Así que no sé de donde salen 40( salvo que incluyan vacantes dotadas en las que ahora mismo no trabaja nadie, plazas reservadas, comisiones de servicios...)

Anónimo dijo...


Todos nos hemos metido a inspectores de plazas, dedicándonos al recuento de vacantes.

Anónimo dijo...



Será por lo poco transparente que es el boletín estadístico que elabora la Dirección General de la Función Pública.