La
reciente petición realizada desde esta Asociación a la Presidenta del Gobierno
de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para que determine las responsabilidades
administrativas y políticas en el falseamiento de la oferta de empleo público
complementaria del personal docente no universitario -al alterar la naturaleza de las plazas que debían incluirse en la misma-, llevada a cabo en el
proceso de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
que anuló la Oferta
de Empleo Público de 2011, por no incluir la totalidad de las plazas vacantes
ocupadas por interinos, queremos acompañarla de una petición de control por
parte de los Grupos Parlamentarios en el seno de las Cortes de Aragón.
Cualquier
actuación del Gobierno, si consideramos que el poder democrático es un poder
limitado y sujeto a control, ha de ser objeto de fiscalización política por el
Parlamento, de manera que quienes ejercen la capacidad de dirección política
deban rendir cuenta de sus actuaciones ante los representantes de los
ciudadanos. Si esto es así en cualquier caso, lo es mucho más cuando el
Gobierno, como ha ocurrido en el proceso de ejecución de las sentencias
judiciales en materia de oferta de empleo público, ha implicado
institucionalmente al Parlamento en una toma de decisiones que pueden
constituir un incumplimiento de sentencia judicial y, consecuentemente, una
vulneración del ordenamiento constitucional, donde el respeto a las decisiones
de Juzgados y Tribunales y el principio de separación de poderes son un
elemento fundamental, como requiere la afirmación del Estado de Derecho.
El
Gobierno de Aragón no solo ha alterado el sentido de la sentencia judicial
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón al anular la Oferta de Empleo Público de
2011, cuyas consecuencias fueron fijadas de forma precisa en el auto de ejecución
forzosa adoptado en julio de 2013, sino que en dicho incumplimiento, al hacerlo
mediante la aprobación injustificada de un Decreto-ley, vino a implicar al
Parlamento, mediante el trámite de convalidación del mismo, en su estrategia de
incumplimiento y falseamiento de la resolución judicial.
Dicha
actuación, al margen de las consecuencias jurídicas que pueda determinar el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, ha de tener sus necesarias consecuencias políticas,
que deben saldarse con ceses o dimisiones de los principales responsables de
dicha vulneración y falseamiento, y de la consiguiente instrumentalización del
Parlamento para convalidar una ilegalidad cometida por el Gobierno de Aragón. Dichos
ceses han de producirse dentro del Departamento de Hacienda y Administración Pública
y del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, con
independencia de que el máximo responsable de todo ello, el entonces Consejero
de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, ya haya cesado en sus
funciones.
Debe
aclararse la intervención de cada responsable público en la tramitación del
Decreto-ley, para determinar quienes son los impulsores del falseamiento
producido –indudablemente dentro del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte- y quienes, pese a su responsabilidad en el aseguramiento de
la legalidad en materia de función pública, han desatendido sus obligaciones y
han dado trámite y justificado la irregular propuesta del Departamento
competente en educación. La irregular pretensión de los responsables de educación
debiera haber decaído por la oposición del Departamento de Hacienda y
Administración Pública, responsable directo de la ejecución correcta de las
sentencias judiciales, pero al no haberse impedido dicha alteración del fallo
resulta totalmente necesario constatar el grado de responsabilidad de cada uno
de los responsables que han intervenido en la tramitación del Decreto-ley
1/2014, al ser esta la norma que vino a dar cobertura al ilegal proceder del
Gobierno de Aragón.
Dicha
aclaración ha de producirse en el ámbito de las Cortes de Aragón, y por ello
esta Asociación se dirigirá a los diferentes Grupos Parlamentarios para
solicitarles el impulso de iniciativas de control que permitan clarificar y
exigir las responsabilidades políticas derivadas del irregular proceso de
ejecución judicial.
4 comentarios:
Pero lo del personal docente, pese a su evidencia, no es el único motivo de incumplimiento, creo.
Este tema tiene que afectar especialmente a los Grupos Parlamentarios, pues ya el debate en el pleno de convalidación del decreto-ley del Gobierno fue particularmente polémico, y ya se adelantaron las consecuencias por la temeridad del Gobierno.
Los sindicatos siguen sin decir una sola palabra sobre este asunto, qué curioso.
Los sindicatos siguen denunciando que todo esto no es más que una chapuza y un tirar para adelante sin sentido. El día que un político sea juzgado y condenado por prevariación, ese día quizás se lo piensen dos veces al ver que sus actos les puede acarrear consecuencias personales, mientras tanto... chapuza tras chapuza de unos y otros... psoe-par, pp-par, todos igual.
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