PREPARAR EL TERRENO A LA FUTURA LEY DE CALIDAD.

Las Cortes de Aragón tramitan, en estos momentos, el Proyecto de Ley de Calidad de los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, frente al cual se han presentado dos enmiendas a la totalidad por los grupos de oposición, cuyo planteamiento apenas ha tenido eco ni en los medios de comunicación ni en la propia Administración.

Abordar, por fin, una estrategia de calidad en el conjunto de los servicios públicos autonómicos era una tarea necesaria e inaplazable, pues nuestra Comunidad Autónoma constituía una excepción en el movimiento general de las Administraciones Públicas hacia objetivos de calidad, situación que resultaba injustificable.

Tras el reciente Decreto, de mayo de 2012, que vino a ordenar las cartas de servicios, entendidas como instrumento de compromiso con objetivos de calidad en la prestación de cada servicio público, se ha querido establecer el marco general de calidad, entendiendo por tal “el conjunto de programas para mejorar la calidad de los servicios públicos, proporcionar a los poderes públicos información consolidada para la toma de decisiones al respecto y fomentar la transparencia mediante la información y difusión pública del nivel de calidad ofrecido a los ciudadanos”. 

Sin perjuicio de valorar positivamente el esfuerzo de cambio que el Proyecto de Ley representa, al poner fin a la inexplicable desidia de las pasadas legislaturas en esta materia, no podemos dejar de señalar sus insuficiencias ni de advertir que introducir la calidad de los servicios públicos en la gestión de los diferentes Departamentos es algo más que aprobar una norma. Ha de ser algo más que un empeño voluntarista que, de carecer del respaldo preciso, quedará como una nueva norma inaplicada, como ocurre desde 1996, sin que ello provoque escándalo a nadie -ni gobierno ni oposición ni sindicatos-, con tantas previsiones contenidas en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón: programación de la gestión administrativa, auditorías administrativas, manuales de procedimientos, etc.

Esta Asociación, por principio, no puede oponerse a ningún intento dirigido a la mejora de la calidad de la Administración, pero esa calidad, si queremos que sea real, ha de pasar inevitablemente por un cambio cultural del conjunto del personal de la Administración, cambio que se precisa para asumir el reto de la calidad –el trabajo por objetivos y el trabajo bien hecho-, y en el que se ha de incorporar también el sentido de la legalidad y de la profesionalidad.

Sin el respeto a las leyes no hay calidad democrática, y si esta falla cualquier objetivo de calidad en la gestión resultará inconsistente. La legalidad son los cimientos necesarios de toda gestión pública y la calidad no puede ser una alternativa a la misma, sino un complemento y desarrollo adecuado. Por lo tanto, hace falta un enorme trabajo para llevar a cabo todos los cambios previos y necesarios que permitan que la futura ley de calidad dé verdadero resultado.