HOY NO SE CUMPLEN LAS LEYES, MAÑANA SÍ.

Resulta llamativa la facilidad con la que los responsables políticos, ante cualquier acusación de incumplimiento de la legislación vigente, replican de inmediato con el argumento de que se está elaborando una nueva ley que, por supuesto, vendrá a dar solución al tema que se plantea. Se trata de una respuesta completamente falaz e inadmisible, porque el problema que se plantea es la inaplicación de la ley vigente, cuya solución sólo puede pasar por aplicarla, en estricto cumplimiento del principio de legalidad y del sometimiento al ordenamiento jurídico de los poderes públicos.

Si hablamos del derecho de petición que no se respeta por determinados miembros del Gobierno de Aragón, se nos habla de una futura Ley de Participación Ciudadana, como si no nos bastase la vigente Ley Orgánica reguladora del derecho fundamental para que los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma conozcan perfectamente las obligaciones que les corresponden ante el ejercicio de dicho derecho por un ciudadano.

Si el ciudadano ejerce un derecho conforme a una Ley vigente, no es de recibo que la autoridad obligada al respeto de dicho derecho alegue, como justificación de su incumplimiento, una ley futura, como si tuviese la capacidad de eludir la sujeción a la normativa vigente.

Semejante práctica –cada vez más generalizada- debe rechazarse con total contundencia, por falaz y engañosa, por radicalmente antijurídica. Con semejante argumento se trata de disfrazar la ilegalidad actual con una supuesta e hipotética voluntad de legalidad futura. La legalidad obliga al respeto de las normas vigentes en cada momento, tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos. Al igual que un ciudadano no puede dejar de pagar sus impuestos en 2013 alegando las normas que puedan aprobarse en 2014, lo mismo hay que decir de los responsables políticos, cuya sujeción a la ley y al derecho lo es al vigente en cada momento.

Lo contrario supondría un inasumible desajuste temporal entre ciudadanos y poderes públicos. Los ciudadanos que invocan la normativa vigente para reclamar el respeto de sus derechos se ven conducidos a un debate imposible cuando el poder político les responde que una futura ley vendrá a dar solución a la inaplicación denunciada. Cúmplase, por lo tanto, la normativa vigente que otorga seguridad jurídica y reconoce los derechos actuales de los ciudadanos, pues la promesa de legalidad futura no hace sino agravar la ilegalidad presente y romper la confianza en el Derecho como instrumento de ordenación de la convivencia social.