EMPEZAR CON MAL PIE.

No ha andado muy acertado el nuevo responsable de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Aragón, Daniel Alastuey, en sus primeras declaraciones tras su elección como Secretario General, al pretender reclamar para los sindicatos un monopolio en la defensa de los intereses sociales y descalificar iniciativas ciudadanas como las “mareas sociales”, con advertencias que parecían llevar implícito un tono de amenaza injustificable.

Hay que lamentar que el proceso de renovación de una organización tan relevante como es la Unión General de Trabajadores se vea deslucido por un error de semejante calibre, que pone de manifiesto la evidente dificultad de lectura del momento social que vivimos, en el que el prestigio de los partidos políticos y de los sindicatos, hundidos en las encuestas de opinión, no se recuperará mediante la descalificación de las plataformas ciudadanas, cuya legitimidad está fuera de toda duda, gusten o no gusten y se compartan o no se compartan sus planteamientos.

Esta Asociación conoce por experiencia propia ese tipo de mentalidad y de discurso, dirigido a negar todo espacio posible a cualquier entidad que pueda restar o disputar el mínimo protagonismo a los sindicatos. Los sindicatos mayoritarios de la función pública aragonesa, UGT y CCOO, no escatimaron en su día esfuerzos en tratar de impedir el acceso de esta Asociación a los Tribunales para la defensa de la legalidad administrativa, tratando con ello de blindar los resultados de la negociación colectiva, aunque éstos fuesen manifiestamente ilegales, acordados en claro perjuicio de terceros, como son los ciudadanos.

Todo el esfuerzo sindical para desestabilizar y mediatizar a esta Asociación resultó inútil, y acabó en fracaso absoluto, como llamado al fracaso está cualquier intento de restar legitimidad a los movimientos sociales que hoy defienden de manera abierta y plural los servicios públicos del Estado del Bienestar y reclaman la máxima sensibilidad de las instituciones públicas hacia las personas que padecen los efectos de la crisis económica en sus condiciones de vida más básicas, como la vivienda o las ayudas sociales esenciales para no verse condenados a la marginación.

Un sindicato que ha fracasado en asegurar el modelo de función pública constitucionalmente establecido, y que se ha desentendido de forma reiterada de algo tan básico como el derecho de acceso de los ciudadanos al trabajo en el sector público, debiera hacer autocrítica sobre su trayectoria antes de criticar, sin fundamento, el compromiso de los ciudadanos con objetivos de cambio y regeneración institucional a los que los sindicatos habrán de sumarse necesariamente si quieren seguir teniendo alguna relevancia.