El
pasado mes de febrero, esta Asociación se dirigió al Congreso de los Diputados
y al Senado, en ejercicio del derecho de petición que reconocen los artículos
29 y 77 de la Constitución
Española, para solicitar a ambas Cámaras una medida de
impulso de la acción de gobierno, consistente en dar desarrollo a las
previsiones de la Convención
de Naciones Unidas contra la
Corrupción, aprobada en 2003, para elaborar, a partir de
ella, una eficaz estrategia anticorrupción, en la que se otorgue a los
funcionarios públicos un papel central en la prevención de la corrupción pública.
Pese
a haber transcurrido tres meses desde la fecha de envío de los citados
escritos, esta Asociación no ha recibido respuesta alguna relativa a su
tramitación o a las posibles acuerdos adoptados por la respectiva Comisión de
Peticiones de cada Cámara, por lo que hemos considerado oportuno remitir un
recordatorio de dicho escrito de petición a los respectivos Presidentes del
Congreso de los Diputados y del Senado.
En
nuestro anterior escrito, destacábamos que, de acuerdo con lo previsto en la Convención de Naciones
Unidas, ratificada por España en 2006 y por la Unión Europea en
2008, cada Estado Parte ha de promover la integridad, la honestidad y la
responsabilidad de sus funcionarios públicos, mediante el establecimiento de
códigos o normas de conducta que aseguren el correcto cumplimiento de sus
funciones.
Asimismo,
el Convenio prevé como opción de los Estados, dentro de la estrategia para
prevenir y combatir la corrupción, la posibilidad de establecer medidas y
sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de
corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en
el ejercicio de sus funciones.
Los
funcionarios públicos, a nuestro juicio, han de ser agentes activos en el
aseguramiento diario del Estado de Derecho y han de estar expresamente
comprometidos en la estrategia de prevención y lucha contra la corrupción,
pasando a ser un elemento activo de la misma, mediante este tipo de mecanismos
ampliamente implantados en los Estados anglosajones. Por ello, nuestro
particular énfasis en que las Cortes Generales estudien la oportunidad de
desarrollar un mecanismo de alertas internas ante posibles indicios de corrupción,
similar al establecido en la mayor parte de los países anglosajones.
Reproducimos,
a continuación, el texto íntegro del escrito de recordatorio remitido al
Presidente del Congreso de los Diputados:
“Excmo.
Sr. Presidente
Congreso
de los Diputados
C/
Floridablanca, s/n.
28071-MADRID
Excelentísimo
señor:
Con
fecha 22 de febrero de 2013, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, me
dirigí a esa Cámara, al amparo de los artículos 29 y 77 de la Constitución Española,
para solicitar que por parte del Congreso de los Diputados se inste al Gobierno
de España a aprobar, en el marco de la citada Convención, un programa de
medidas eficaces para prevenir y combatir la corrupción pública y privada
existente en nuestro país, diseñando, en particular, un sistema a través del
cual los servidores públicos de las diferentes Administraciones e instituciones
puedan canalizar denuncias frente a cualquier acto o supuesto de corrupción que
pudieran detectar o conocer en el ejercicio de sus funciones.
Pese
al tiempo transcurrido, no hemos recibido comunicación alguna sobre la posible
tramitación dada a nuestra petición, ni siquiera un mero acuse de recibo por
parte de la Comisión
de Peticiones, órgano de esa Cámara llamado a considerar la propuesta
formulada, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los
Diputados.
Seguimos
convencidos de que las instituciones han de dar plena garantía a los ciudadanos
de su firme compromiso contra la corrupción y para ello convertir al conjunto
de los servidores públicos en agentes vigilantes de la legalidad y de la ética
pública a la que debe someterse la actividad de las instituciones y el
comportamiento de todos los responsables y agentes públicos.
Con
la máxima consideración hacia esa Institución, en la que se halla representado
el pueblo español, solicitamos información sobre la tramitación dada a nuestro
escrito de petición de 22 de febrero de 2013 y la notificación, en su caso, del
acuerdo adoptado por la
Comisión de Peticiones.
Agradeciéndole
nuevamente su atención, reciba un respetuoso saludo.
Zaragoza, 28
de mayo de 2013.
Julio Guiral
Pelegrín”
2 comentarios:
Falta evidente de reflejos.
Leído en El Mundo:
La Ley de Transparencia inicia hoy su tramitación en el Pleno del Congreso y lo hace con buen pie. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido su ley estrella ante el hemiciclo y ha tendido la mano a toda la oposición para mejorar el texto.
La norma, ha asegurado, "marcará un antes y un después en el funcionamiento de las instituciones". "El cambio se impone en todos los niveles y con él un nuevo paradigma institucional que propicie la responsabilidad, la eficiencia, la flexibilidad y la transparencia", ha enfatizado.
Sáenz de Santamaría ha incluido en su intervención varias de las peticiones de los grupos parlamentarios. Y su consecuencia inmediata ha sido que CiU y PNV han decidido retirar las enmiendas a la totalidad que habían presentado.
La norma que obligará a todas las administraciones públicas de España también vinculará a "todos los organismos y a las entidades privadas cuando tengan una financiación pública relevante". El porcentaje de esa financiación será fijado en el trámite parlamentario.
Además, incluirá a la Casa Real con "el mismo régimen de transparencia que tendrán el Congreso, el Senado y el Tribunal Constitucional". "Nuestra monarquía será la primera de Europa en someterse a una obligación general de transparencia", ha añadido Sáenz de Santamaría.
La 'número dos' del Gobierno ha anunciado también que entre otros organismos y entidades, como los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, estará también incluido el Banco de España como órgano supervisor del sistema financiero.
La vicepresidenta ha apuntado que la norma que inicialmente elaboró su departamento es "urgente e inaplazable" y con ella el Gobierno quiere "profundizar en su estrategia de reforma institucional". "Es la primera reforma profunda para la regeneración democrática", ha asegurado.
Publicar un comentario