PETICIÓN DE GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

La Asociación dirigió ayer un escrito de petición a la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, recordándole la obligación legal de aprobación anual de Oferta de Empleo Público que corresponde al Ejecutivo autonómico, en cumplimiento de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, en las que se vienen a establecer las condiciones precisas para la garantía del derecho fundamental de acceso a la función pública, constitucionalmente garantizado, de manera que el incumplimiento de la ley implica una vulneración del derecho fundamental de acceso.

Ante las evidencias sobre la falta de voluntad del Gobierno de Aragón de aprobar para 2013 la correspondiente Oferta de Empleo Público, lo que se añadiría a la falta de aprobación en 2012, hemos entendido necesario impulsar un conjunto de iniciativas para demandar la garantía del derecho fundamental y el cumplimiento del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las acciones que quepa adoptar en el caso de que, nuevamente, se produzca una vulneración frontal del derecho de acceso, lo que tiene una incidencia directa en el progresivo deterioro de la función pública aragonesa.

El escrito de petición dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón se añade a la queja planteada ante el Justicia de Aragón y a los escritos que, en fechas próximas, se remitirán tanto a la Mesa de las Cortes de Aragón como al conjunto de los Grupos Parlamentarios de la Cámara, con el fin de que ninguna institución aragonesa pueda alegar desconocimiento en cuanto a la situación del régimen de selección de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma ni minusvalorar el alcance de su reiterado incumplimiento.

Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito de petición dirigido a la Presidenta del Gobierno de Aragón:

"Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de Aragón

Edificio Pignatelli

Pº María Agustín, 36

50071-ZARAGOZA

La Constitución Española, en su artículo 23.2, reconoce el derecho de todos los españoles  a acceder en condiciones de igualdad a la función pública, en los términos previstos en la ley. Como derecho fundamental, su contenido vincula a todos los poderes públicos, conforme dispone el artículo 53.1 CE, entre los cuales, lógicamente, ha de entenderse comprendido el Gobierno de Aragón.

Al tratarse de un derecho fundamental de configuración legal, el contenido del mismo, en lo que afecta al ingreso en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, queda definido por lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. Ambas leyes establecen la obligación de aprobar, con carácter anual, una Oferta de Empleo Público. Dicha aprobación corresponde al Gobierno de Aragón, conforme a lo previsto en el artículo 23  de la Ley de Ordenación de la Función Pública.

En dicha Oferta, conforme a lo expresado por el Tribunal Supremo en la Sentencia que anuló la Oferta de Empleo Público de 2007 aprobada pro el Gobierno de Aragón, han de incluirse necesariamente la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, como claramente se establece en el artículo 7.4 de la Ley aragonesa establece: “Las plazas ocupadas por interinos serán incluidas en la primera oferta de empleo público que se apruebe, salvo los casos de sustitución de funcionarios”.

Pese a la señalada obligación legal, directamente conectada con la garantía del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la función pública, el Gobierno de Aragón no ha aprobado Oferta de Empleo Público en 2012 ni en 2013 en los términos legalmente exigibles, al margen de medidas parciales e insuficientes en ciertos sectores de la Administración.

El respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y la ejecución de las leyes constituye, a nuestro juicio, la primera obligación de todo órgano de gobierno en un Estado de Derecho como es el establecido por la Constitución Española, sin que los ajustes presupuestarios ni la grave crisis económica que padece nuestro país sean razón suficiente para suspender el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre los que se encuentra el de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y en los términos previstos en la ley.

Al constituir la aprobación de la Oferta de Empleo Público una obligación del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de que su elaboración corresponda al Departamento de Hacienda y Administración Pública, entendemos que es responsabilidad directa de quien preside dicho órgano colegiado asegurar el cumplimiento de sus competencias, y en particular aquellas que, como la aprobación de la Oferta de Empleo Público, afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos.

La no aprobación de Oferta de Empleo Público y la consecuente precarización laboral del personal de la Administración Pública aragonesa –fenómeno que ha puesto de relieve el Justicia de Aragón en un reciente informe sobre el empleo público en nuestra Comunidad Autónoma-  constituyen uno de los más graves menoscabos al Estado de Derecho, tanto en lo que se refiere a la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos como al debilitamiento del principio de legalidad al que ha de someterse la actuación de las Administraciones y que ha de quedar garantizado, precisamente, por funcionarios públicos seleccionados conforme a los requisitos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Por todo ello, y en ejercicio del derecho fundamental de petición que se establece en el artículo 29 de la Constitución Española, le solicitamos que adopte las medidas oportunas para asegurar la aprobación por parte del Gobierno de Aragón de la Oferta de Empleo Público para 2013, en los términos previstos por el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública, conforme a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, es decir, incluyendo la totalidad de los puestos de trabajo vacantes ocupados por funcionarios interinos.

Zaragoza, 2 de mayo de 2013.

El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral Pelegrín".