SIGUE EL MIEDO.

Cabría pensar que la libertad individual está asegurada, en todos los ámbitos de la vida social, después de treinta y cinco años de vigencia de la Constitución. Pero, tristemente, no es así. Y no porque nuestras normas no sean efectivas, sino porque nosotros –los ciudadanos- carecemos del coraje cívico y personal para hacerlas valer en todos los órdenes de la vida. Preferimos, por ejemplo, renunciar a la libertad de expresión para evitar las posibles molestias derivadas de nuestras opiniones. Aceptamos incluso la conculcación de la legalidad en el interior de las Administraciones Públicas, pues reaccionar contra ella nos señalaría como posible persona non grata para el poder y ello podría afectar a nuestras expectativas de promoción futura. El no darse a entender sigue siendo una pauta general en muchos ámbitos, y, en particular, en las Administraciones Públicas.

Hace unos días representantes de esta Asociación mantuvieron un encuentro con funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza, para conocer de primera mano una serie de problemas que afectan a la función pública municipal –ámbito del que esta Asociación ha permanecido ausente hasta el momento-, y flotaba en el ambiente y en las propias palabras un evidente temor a adoptar posiciones públicas frente a las medidas de personal impulsadas en el Ayuntamiento, pese a ser contrarias a los criterios de profesionalidad.

Algunos incluso no se habían atrevido a acudir al encuentro con esta Asociación, como si se tratase de una reunión clandestina de la que pudieran derivarse consecuencias desgraciadas. Es evidente que, con este coraje, España seguiría sometida a una dictadura. Quien no ejerce las libertades constitucionales, sencillamente, no ha alcanzado todavía la conciencia de ciudadano, y vive el anacronismo y el sinsentido de sentirse súbdito en una democracia, cediendo a esa tendencia que se llama “servidumbre voluntaria”. Es grave que ese sentimiento pueda estar en los ciudadanos, pero lo es mucho más que se encuentre en la actitud de los servidores públicos, pues mal se puede defender el Estado de Derecho y hacer respetar la legalidad desde el apocamiento y la actitud temerosa, y ello a pesar de que las normas de función pública garanticen la inamovilidad precisamente para que el miedo a perder el empleo no lleve a ceder ante órdenes contrarias a la legalidad.

Es evidente que el deterioro interno de las Administraciones Públicas es elevado, pues el sentimiento de miedo de los funcionarios públicos no sólo es indicador del clima enrarecido que existe en ellas, sino sobre todo del desistimiento profesional y cívico de muchos de los empleados públicos, dispuestos a ceder o inhibirse en toda decisión que exija el menor enfrentamiento con el nivel político de dirección. Nadie está obligado a ser un héroe en su vida diaria, pero es preciso mostrar algo más de resistencia frente a las presiones indebidas del poder político, en la defensa de la legalidad, pues nuestra presencia y nuestro estatuto jurídico están precisamente para asegurar el funcionamiento correcto de la Administración.