SECTARISMO TRASNOCHADO E INACEPTABLE.

No es admisible que, a estas alturas de democracia española, en la Administración Pública se produzcan, sin consecuencia o sanción alguna, supuestos de marginación profesional a funcionarios públicos por razones políticas, ideológicas o estrictamente partidistas. Se ignora que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y no los dictados políticos de quien manda en cada momento, y se olvida, además, que los funcionarios públicos cuentan con un deber de imparcialidad que se traduce en un principio de actuación conocido como “eficacia indiferente”. El color político del gobierno no puede determinar el nivel de implicación o rendimiento profesional de un funcionario público, pues su labor va dirigida a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, al margen del Gobierno concreto que dirija la Administración en cada etapa. El Gobierno legítimo determina la orientación de las políticas públicas y los funcionarios han de mostrar lealtad en su ejecución. Pero esa lealtad es igualmente exigible a los cargos políticos en forma de respeto hacia los profesionales de la función pública

Ni los ciudadanos ni los empleados públicos se merecen la presencia en cargos públicos de personas incapaces de dirigir las organizaciones administrativas sin sectarismo político, marginando a aquellos funcionarios que, por su ideología o afinidades personales, consideran enemigos o desafectos, sin que les importe que el resultado de todo ello sea una organización disfuncional, con una inevitable pérdida de eficacia en la acción pública y un despilfarro de recursos, y una manifiesta vulneración de los principios de funcionamiento de las Administraciones Públicas.

No es de recibo que, al comienzo de cada legislatura, los nuevos responsables políticos tengan como primera preocupación la de poner al frente de los diferentes puestos de responsabilidad técnica “gente nuestra” (es decir, suya, de su estricta confianza política, en muchos casos sin la debida cualificación profesional, pues cuando menor es la capacidad mayor es la deuda con el cargo político), al tiempo que, de forma directa o a través de vías espúreas de toda clase, se intenta ir apartando o neutralizando a aquellos funcionarios cuya única “falta” en muchos casos consiste en haber trabajado con pleno compromiso para el Gobierno anterior, algo que parece descalificarlos a los ojos de los nuevos responsables políticos.

Es lógico que los funcionarios –salvo aquellos que han sucumbido de forma definitiva a la estricta lógica política, olvidándose de su condición profesional- contrapongan una lógica institucional frente a la lógica sectaria que traen consigo muchos de los nuevos responsables políticos, quienes creen que las instituciones son tierra de conquista en la que pueden imponer su estricta voluntad, y es habitual que dicha lógica institucional se perciba en muchas ocasiones como un desafío al criterio político –politizado y sectario- de los nuevos responsables, que merece una respuesta contundente, en forma de cese fulminante, para dejar clara la lógica del poder político.

No tendremos una Administración profesional que sirva objetivamente el interés general, es decir, no tendrá verdadero respeto la Constitución Española dentro de la Administración Pública mientras sigamos sufriendo –como se sufre en diferentes ámbitos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón- la marginación profesional de empleados públicos por responsables políticos sectarios, incapaces de dirigir las organizaciones públicas con principios democráticos, lo que los inhabilita absolutamente para el desempeño de cualquier puesto de carácter directivo o de gestión en cualquiera de nuestras Administraciones Públicas.

Esta Asociación, que lucha por la vigencia de la legalidad, la profesionalidad y la ética pública, no va a consentir comportamientos de sectarismo político por parte de responsables políticos de la actual Administración autonómica, pues la cultura de la organización, expresada en los códigos de buen gobierno y buena conducta o en las buenas prácticas, ha de preceder a los cambios normativos que se anuncian, salvo que éstos no sean más que el enmascaramiento del sectarismo que preside la acción política de este Gobierno.