CRISIS DE IDENTIDAD.

Conforme transcurre la actual legislatura, el deterioro o deriva de la función pública no cesa de agravarse. A la crisis de legalidad de la anterior legislatura hay que añadir la crisis de dirección que se padece en la actual, con falta de objetivos y de equipos, con falta de proyectos y de integración de los profesionales en líneas de trabajo de interés, en las que sea posible reconocer los rasgos distintivos de la función pública.

La desprofesionalización de la función pública se ha acrecentado en esta primera mitad de legislatura y a ello ha contribuido una mala selección de equipos directivos y una falta de comunicación interna en la organización. Es difícil hoy encontrar a un solo funcionario que crea que está dentro de una organización que cuenta con una dirección solvente y previsible, comprometida con la legalidad y la mejora del servicio a los ciudadanos, dispuesta a confiar en los profesionales de la organización y a exigirles compromiso con el interés general. El discurso de la austeridad y de la reducción del gasto público requiere de una ejemplaridad y de una empatía social –externa e interna- que ha faltado clamorosamente. Con una Administración instalada en la rutina y la apatía es imposible construir una sociedad con servicios de calidad y verdaderos valores democráticos.

Sin embargo, al reciente proyecto de ley de calidad de los servicios públicos, se añade hoy el avance de la futura ley de función pública, escenificando con ello una retórica que poco tiene que ver con la realidad de la función pública, mostrando el gran divorcio que hay entre los proyectos normativos y la vida diaria de los diferentes servicios, entre el discurso hacia los medios de comunicación y la opinión pública y el mutismo interno, donde ni un solo responsable departamental es capaz de cohesionar e ilusionar a los funcionarios públicos que dependen de él, a los que suele mirar con indiferencia, desconfianza o desprecio.

No hay liderazgo, porque sin ética no es posible ningún liderazgo. El nivel directivo de la Administración carece de autoridad, esa combinación de competencia y compromiso que hace que los funcionarios consideren que su esfuerzo profesional se aplica a programas o medidas válidas y dotadas de sentido. Está claro que el objetivo de esta legislatura no es la regeneración de las instituciones públicas y la profesionalización de la Administración, a pesar de las proclamas que se hagan en tal sentido hacia la galería. La realidad desmiente constantemente cualquier objetivo de mejora efectiva, y sin embargo no es posible resignarse y aceptar el actual estado de cosas.

La pérdida de identidad de la Administración Pública y de la función pública que la sirve y hace funcionar será causa y resultado de la pérdida de sentido del trabajo de los miles de profesionales que diariamente acuden a su puesto de trabajo. No basta que cada cual cumpla correctamente con su labor –aunque eso sería necesario y totalmente exigible-, ya que la Administración requiere organización, dirección, coordinación y motivación, y este equipo de Gobierno y su nivel de dirección han demostrado en esta primera mitad de legislatura su falta de capacidad y de voluntad para reconstruir una Administración profesional capaz de cumplir su cometido constitucional, como es el servicio objetivo al interés general con eficacia y pleno sometimiento a la ley y al derecho. Lógica consecuencia de todo ello es la crisis de identidad que padece la función pública y el clima reinante de desmotivación y de pesimismo respecto al futuro de la Administración Pública.