UN TRIBUNAL NULO.

El Tribunal calificador de las pruebas de acceso a Administrativos ha hecho público en el portal del Gobierno de Aragón el acuerdo adoptado, en su reunión del día 13 de junio de 2011, por el que, a la vista de las reclamaciones formuladas, deja sin efecto el ejercicio realizado el 24 de octubre de 2010 y decide proceder a su repetición el próximo 2 de octubre de 2011. Es decir, el Tribunal, pasados cerca de ocho meses desde la realización de la prueba considerada, acuerda tenerla por no realizada, dado el alto número de defectos en que incurría el cuestionario planteado. Y emplaza a los opositores a la repetición de la prueba un año después del ejercicio fallido.

Después de dejar que un procedimiento de selección se pudra durante ocho meses, en un ejercicio de irresponsabilidad por parte de todos los órganos del Departamento de Presidencia competentes en materia de selección de personal, es imprevisible el derrotero que puedan tomar los acontecimientos, pero todo parece indicar que el proceso sólo puede recuperar algún grado de credibilidad si los miembros del Tribunal calificador –dada su resistencia a renunciar- son destituidos por los nuevos responsables políticos del Departamento de Presidencia, dado que los actuales se han inhibido totalmente en su deber de ordenación de los procesos selectivos.

Es evidente que los ciudadanos no pueden ser meros sujetos pasivos obligados a sufrir resignadamente la incompetencia de los órganos administrativos, como parece pretenderse en este caso. Sorprende la osadía de un Tribunal, totalmente desacreditado con su actuación, al pretender seguir calificando unas pruebas que, según el acuerdo adoptado, él mismo reconoce no saber siquiera plantear. Pero aún más sorprende que nadie en el Departamento de Presidencia imponga ningún tipo de sanción por lo sucedido, como si la lesión al derecho de acceso a la función pública que han padecido miles de ciudadanos fuera irrelevante.

Cuando un Tribunal causa un daño como el que éste ha causado y provoca un descrédito semejante al ya cuestionado sistema de selección de personal de la Administración autonómica, el más elemental sentido de la responsabilidad exigiría la renuncia en bloque de todos sus miembros. Los errores cometidos y la falta de capacidad y agilidad demostrada para resolverlos sin hacer fracasar el proceso convocado cuestionan la autoridad y legitimidad del Tribunal para calificar cualquier prueba futura.

Tal vez no sean conscientes de un hecho tan elemental como el que al dejar sin efecto un ejercicio, por los innumerables defectos acumulados, no sólo se anula la prueba realizada sino que tal decisión viene a reconocer, al mismo tiempo, la incapacidad o nulidad del Tribunal calificador actuante. Quien, además, ni siquiera es capaz de pedir disculpas por lo sucedido, no merece ni la oportunidad de enmendar su error.