UN SISTEMA EN CRISIS.

Al concluir la larga etapa de gobierno PSOE-PAR, una simple mirada al estado de la función pública permite apreciar la grave crisis en que ésta se halla tras doce años de supuesta “estabilidad política”. Casi un tercio del personal de la Administración Pública –en cualquiera de sus sectores- es personal interino, como resultado del reiterado incumplimiento de la legalidad en la aprobación de la Oferta anual de Empleo Público. En algunos centros de trabajo, la interinidad llega al cincuenta por ciento de la plantilla, algo que constituye una total anomalía y que parece, no obstante, haber resultado indiferente a los responsables de función pública de todos estos años.

Cientos de secciones y de negociados tienen a sus responsables en comisión de servicios, fórmula provisional que, en la mayor parte de los casos, ha prolongado indebidamente su duración, y que añade más provisionalidad en la cobertura de puestos de trabajo a la importante tasa de interinidad. Ello también es resultado del incumplimiento de las normas de provisión de puestos y de la no realización de los concursos de méritos preceptivos, con inclusión en los mismos de los puestos cubiertos por comisión de servicios.

En mitad de ese panorama, destacan singulares medidas de provisión, que han proliferado en el final de esta legislatura –y final también de un ciclo político en la Administración autonómica-, y que, desgraciadamente no son la excepción que confirma la regla, sino actuaciones que confirman la burla a la norma y la arbitrariedad que ha dominado la política de personal en todos estos años.

A ello, además, hay que añadir la grave falta de credibilidad que afecta a órganos de selección de personal –nombrados de forma totalmente discrecional y deslegitimados en su actuación por la incompetencia o arbitrariedad de sus decisiones, y da lo mismo mirar al tribunal que interviene en las pruebas de Administrativos que en las de Administradores Superiores- o a comisiones de valoración –con valoraciones de méritos incongruentes, inexplicables o descaradamente favorables a los candidatos predeterminados-, y es que la imparcialidad y la objetividad –sin las cuales no hay confianza posible en los procesos de selección y provisión- han sido principios abandonados por buena parte de los funcionarios que intervienen en tales órganos.

El resultado de esta situación no sólo es una flagrante vulneración de la normativa de función pública, con una evidente lesión a los derechos profesionales de los cientos de empleados públicos afectados por la misma, sino también y sobre todo una preocupante quiebra de los principios propios de un Estado de Derecho, cuya viabilidad se ve claramente comprometida sin una Administración profesionalizada y expresamente comprometida con el principio de legalidad.

Difícilmente puede existir una fuerte cultura de la legalidad en una Administración en la que sus componentes observan cómo de forma permanente los responsables de la organización –muy en especial, los responsables del Departamento de Presidencia- incumplen la normativa de función pública, arrinconando el mérito y la capacidad por otros criterios espúreos que sólo generan “miseria burocrática”, parcialidad, sectarismo, favoritismo o servidumbre.

Y, sin embargo, una Administración Pública está necesariamente llamada a servir al interés general, a pesar de todas sus carencias y disfunciones. Desde esta Asociación nunca hemos cultivado el catastrofismo ni nos hemos limitado a la descalificación sistemática de la gestión de personal –nuestras críticas han sido siempre razonadas, a partir de los principios constitucionales y legales que rigen la función pública-, pero no es posible dejar de advertir la pérdida acelerada de exigencia y calidad en la mayor parte de los procesos de selección de personal y provisión de puestos de trabajo, mecanismos sin los cuales no es posible garantizar una Administración profesionalizada que constituya una garantía de eficacia y legalidad para el conjunto de los ciudadanos.