Dentro del plazo procesal correspondiente, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha formulado su proposición de prueba, dentro del procedimiento de recurso contencioso-administrativo seguido contra el Decreto 39/2010, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2010.
Dicha proposición de prueba se refiere a tres cuestiones fundamentales para el control de legalidad de la Oferta de Empleo Público: en primer lugar, se solicitan, conforme a la información obrante en el Registro de Personal, los datos de funcionarios interinos que ocupan puesto de trabajo vacante, agrupados por Escalas o Clases de especialidad, y de trabajadores temporales en igual situación, agrupados por categorías profesionales; en segundo lugar, se solicita informe sobre las necesidades de personal manifestadas por los diferentes Departamentos y organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma a la Dirección General de la Función Pública; y, por último, se pide certificación por parte de la Dirección General de la Función Pública del número de plazas adscritas a la Clase de especialidad Sociólogos y Politólogos existentes en la fecha de aprobación del Decreto que aprueba la Oferta de Empleo.
Dicha información, junto con la argumentación jurídica expresada en el escrito de demanda, ha de permitir constatar tres graves irregularidades de la Oferta de Empleo aprobada por el Gobierno de Aragón: en primer lugar, la vulneración de la obligación legal de incluir en la Oferta la totalidad de las plazas ocupadas por personal interino y temporal, de acuerdo con lo que se exige tanto por la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón como por el Convenio Colectivo aplicable, obligación que fue expresamente declarada por el Tribunal Supremo en la sentencia que vino a anular la Oferta de Empleo Público para 2007; en segundo lugar, la vulneración del procedimiento de confección del proyecto de Oferta de Empleo Público, al haberse desconocido por la Dirección General de la Función Pública la facultad de propuesta que normativamente corresponde a los Departamentos y Organismos autónomos sobre necesidades de personal a incorporar en la Oferta; y, en último lugar, el desconocimiento del carácter vinculante que tienen las relaciones de puestos de trabajo para el contenido previsto en la Oferta de Empleo, resultando imposible contemplar en la misma plazas que no figuran en las relaciones de puestos de trabajo, como es el caso de las plazas de la Clase de especialidad de Sociólogos y Politólogos.
Todos los datos recabados y el consiguiente debate jurídico no deben hacer olvidar el objeto principal del recurso, que no es otro que exigir el respeto al derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, reconocido como derecho fundamental en el artículo 23.2 de la Constitución Española.
Cuando el ejercicio y la garantía de un derecho fundamental ha de reclamarse, año tras año, ante los Tribunales –a pesar del claro pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto a la Oferta de 2007-, se puede tener una idea del nivel de deterioro que sufren nuestras instituciones públicas, y en particular de la bajísima calidad democrática de quienes, en nuestra Administración, dirigen tanto el Departamento de Presidencia como la Dirección General de la Función Pública.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
6 comentarios:
¿Seguimos sin saber nada del estado de ejecución de la sentencia del Supremo sobre la OEP de 2007?
¿Se van a marchar sin dar la cara?
No sólo se ha de saber todo esto, tambien cuantos, como yo, llevamos meses esperando en casa (y cobrando) a que nos den un destino. Nadie sabe nada, nadie informa, yo estoy ya hasta las narices de llamar, preguntar... siempre están "reunidos", dejo recados y no me contestan... voy al Pignatelli y tambien tienen reunión... Dos personas cobrando para el mismo puesto de trabajo... anda que...
¿Cómo puede suceder esto?
También se debería pedir informe, a la Dirección General de la Función Pública, del número de funcionarios que estan en su casa depués de un cese y el tiempo que se tarda de media en adscribirlos a un puesto de trabajo....
¿Y no le vais a pedir responsabilidades a la Almunia?
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