LA DEMOCRACIA QUE TENEMOS.

España es un país democrático, universalmente reconocido como tal. La legitimidad de todas sus instituciones sólo proceden de la voluntad popular y de su Constitución. Cuestionar su funcionamiento –o señalar sus preocupantes patologías- no puede conducirnos al dislate de afirmar que no existe democracia, o negar la fórmula de la democracia representativa como la idónea para organizar nuestra vida colectiva. La Constitución de 1978 no sólo ha asegurado la libertad y la concordia entre todos los españoles –algo inédito en nuestra historia pasada-, sino que, al mismo tiempo, nos ha permitido vivir el periodo más largo de progreso económico y social y de prosperidad, debido en gran parte a nuestra entrada en la Unión Europea.

Las dificultades que ahora vivimos, por duras que sean, han de afrontarse desde nuestro marco institucional y nuestro régimen de libertades. Las protestas por las medidas sociales o la situación económica son legítimas, pero sus destinatarios no pueden ser otros que los responsables políticos legítimos que hemos elegido para dirigir los asuntos públicos, desde el debate, la deliberación pública, la responsabilidad y la rendición de cuentas. Carecería de sentido demandar soluciones de aquellos a los que negamos legitimidad para acordarlas. Sólo desde la responsabilidad y la coherencia cabe exigir igual comportamiento a nuestros representantes.

Las instituciones democráticas y quienes se incorporan a ellas, como resultado de la voluntad popular expresada en los procesos electorales, nos representan, y negarlo supondría dislocar toda nuestra organización política, sin recambio posible. Las reglas del juego no son inmutables, pero los cauces para cambiarlas están perfectamente establecidos, sin que quepa admitir atajos o veleidades de cualquier tipo, ni sea posible alentar el espejismo de que la soberanía nacional reside en las calles y en quien las ocupe. La ciudadanía y el derecho de participación política que conlleva corresponde a todos y cada uno de los ciudadanos, indignados o no, y el espacio público de debate ha de estar abierto a todos, como exige una democracia que ha hecho del pluralismo político uno de sus principios superiores.

Las democracias no sólo exigen buenas instituciones, sino también buenos ciudadanos, una sociedad civil claramente comprometida con los valores democráticos, exigente con el respeto de los derechos fundamentales y con la máxima transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Este ha sido el criterio que ha presidido toda la actividad de esta Asociación desde hace más de cuatro años, cuando creimos que era necesario reaccionar frente al alarmante declive de la ética pública en el seno de nuestras instituciones y a la banalización de la ilegalidad en la ordenación de la función pública, debilitando con ello la funcionalidad del Estado de Derecho.

Nuestra lógica no ha sido la de cuestionar las instituciones, sino determinados comportamientos o conductas de sus titulares, entendiendo que el buen funcionamiento de la democracia requiere, sobre todo en momentos de dificultad, políticos que generen confianza en los ciudadanos y que estén dotados de autoridad y credibilidad para marcar objetivos y prioridades, para plantear las medidas con las que contribuir al bienestar general. Es cierto que la cerrazón que ha mostrado el Gobierno de Aragón, ahora saliente, frente a todas nuestras propuestas ha puesto de manifiesto las grandes dificultades de nuestra actual clase política para impulsar cualquier medida innovadora dirigida a recuperar el aliento ético esencial de todo sistema democrático y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

No por ello, sin embargo, vamos a dejar de realizar nuestro trabajo y nuestra crítica, desde el absoluto compromiso con los principios y valores constitucionales y desde el respeto al papel que corresponde desempeñar a las instituciones públicas, únicas legitimadas para ello, y desde la reivindicación pública de la democracia constitucional que tenemos, enormemente valiosa a pesar de todos sus defectos y carencias.

España es, indiscutiblemente, una democracia constitucional y sólo en el marco de la razón y participación democráticas cabe buscar solución a sus innegables carencias y a los conflictos sociales que provoca la actual crisis económica. Poner en duda el carácter democrático de nuestro sistema político, como algunos se permiten hacerlo hoy, no sólo es una falacia, sino que introduce un factor de deslegitimación institucional que sólo puede degradar nuestra vida colectiva y agravar nuestros problemas políticos, económicos y sociales. La fortaleza democrática de un país es la mejor garantía para afrontar los problemas y buscar soluciones inteligentes y justas.