HACE 67 AÑOS, EN LAS PLAYAS DE NORMANDÍA.

No todos los aniversarios son iguales. Hay jornadas instauradas para la concienciación respecto a problemas de nuestro tiempo -el cambio climático, el sida o la violencia de género-, pero hay otras fechas, como la de hoy, que nos obligan a recordar una jornada decisiva para la historia de Europa y del mundo, como fue el desembarco aliado en las playas de Normandía, acción determinante para liberar a las naciones de Europa del totalitarismo y la barbarie nazi, restaurando la libertad y la democracia.

Aquella operación militar, por encima de las que le precedieron y de todas las que le sucedieron hasta la rendición final del III Reich, sigue simbolizando el esfuerzo colectivo de las democracias del mundo y el enorme sacrificio de una generación de jóvenes europeos y norteamericanos para restablecer la libertad de pueblos y naciones que habían quedado sometidos a la ocupación y dominación de un poder sin escrúpulos morales, capaz de decretar el exterminio de millones de seres humanos.

No es retórico pensar ni afirmar que todos nosotros, como ciudadanos de las actuales democracias europeas, tenemos todavía una deuda contraída con todos los que lucharon y perdieron su vida en el desembarco llevado a cabo en aquel 6 de junio de 1944, y por eso la celebración de este aniversario ha de ser sobre todo un homenaje a quienes con su sacrificio devolvieron la esperanza de la libertad a Europa, y un compromiso permanente con la calidad de nuestras democracias, para que todas las vidas perdidas en aquella acción y en todas las demás que fueron necesarias para derrotar al totalitarismo nazi no lo fueran en vano.

La lucha por la libertad y la democracia -es decir, por la dignidad del ser humano- es una tarea permanente, que se sigue librando hoy en numerosos ámbitos, por vías pacíficas, para que los mecanismos del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales funcionen de forma plena y efectiva. No es posible desentenderse de una tarea que reclama nuestro compromiso cívico cuando recordamos que la libertad de la que gozamos -en la que se cimenta la Unión Europea a la que pertenecemos- es tributaria de la lucha y el sacrificio de miles y miles de jóvenes soldados que desde el mar y desde el aire alcanzaron el suelo de Francia, poniendo su vida al servicio de todos los valores entonces gravemente amenazados y que hoy, gracias a su lucha, son los valores y principios de nuestras democracias y regímenes constitucionales: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político.

Con esta breve y sencilla nota, queremos recordar y rendir nuestro homenaje a los soldados aliados, pues nuestro mundo sigue siendo -en gran medida- el resultado de su lucha y de su sacrificio, y su compromiso debiera servirnos hoy de ejemplo para descartar cualquier coartada que nos lleve a desatender nuestras obligaciones como ciudadanos y servidores públicos de una democracia europea.

ESTÁ FEO SEÑALAR A LOS DEMÁS.

Es posible que la cultura de la organización administrativa en la que trabajamos contenga un código de silencios interesados –entre ellos, el no señalar los errores de los otros para que no puedan señalar los nuestros-, y, por ello, a muchos de los empleados públicos de la Administración autonómica pueda parecerles una transgresión de ese principio no escrito el que desde este blog se reclame la destitución fulminante de los miembros del Tribunal de selección actuante en las fracasadas pruebas selectivas de Administrativos correspondientes a las Ofertas de 2007 y 2009, o que se reclame el inmediato relevo del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la falta de respuesta ante la crisis sufrida en uno de los procesos selectivos con mayor número de candidatos.

Si a alguien le produce extrañeza o escándalo lo demandado desde este blog, debería recordar que esta Asociación no se constituyó para defender a los empleados públicos –mucho menos para exculpar o justificar sus errores o irregularidades-, sino para promover y defender los valores y principios que han de presidir el ejercicio de la función pública. No siempre el menoscabo a los mismos procede de los responsables políticos –aunque suele resultar lo más habitual-, sino que también hay funcionarios públicos que se han olvidado de los principios que han de inspirar su actuación y adoptan conductas que están en las antípodas de lo que cabe esperar de un servidor público.

En ningún momento hemos considerado que haya podido haber mala fe en la actuación de los miembros del señalado Tribunal, pero es obvio que la situación que se ha producido es incompatible con las exigencias de buen desarrollo de un proceso, y resulta incomprensible que no se haya producido la renuncia de sus miembros ni se haya expresado –ni siquiera en la última nota informativa hecha pública- la menor disculpa hacia los miles de afectados por la incompetente actuación de quienes componen dicho órgano de selección.

Alguien debería analizar lo sucedido –si se cree que de los errores es posible y necesario aprender, como lo cree toda cultura de la calidad- para posibilitar un cambio decisivo en los métodos de actuación del Instituto Aragonés de Administración Pública a la hora de llevar a cabo los procesos selectivos. El Gobierno de Aragón rechazó una sugerencia del Justicia de Aragón para ordenar con criterios objetivos la designación de los miembros de los tribunales de selección, y a pesar de la posibilidad prevista en el ordenamiento, jamás se ha querido crear un órgano permanente de selección capaz de afrontar con solvencia el desarrollo de los procesos selectivos a los que concurren miles de candidatos.

Pero claro, quien no acierta a formular el diagnóstico de los problemas que padece la función pública –como es el caso de Antonio Brun, y el ejemplo está en el contenido de la comparecencia realizada ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón para presentar un diagnóstico que no era sino un cúmulo de lugares comunes, que perfectamente se podría haber redactado con las opiniones recogidas en la barra de la cafetería del Pignatelli-, difícilmente puede acometer las medidas necesarias para su mejora y superación, y por ello no ha de extrañar que los procesos de selección vayan de mal en peor y se produzcan, finalmente, situaciones como la que ahora presenciamos, con verdadero sonrojo.

Claro que está feo señalar a los demás –no somos ajenos a ese principio no escrito de nuestra cultura organizativa-, pero mucho peor es ignorar el daño que sufren miles de ciudadanos en el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de acceso a la función pública, y participar del silencio de los responsables de esa situación, incapaces de asumir su responsabilidad en lo sucedido.

UN TRIBUNAL DESCALIFICADO.

Hay Tribunales calificadores cuya actuación los descalifica e inhabilita para el ejercicio de su responsabilidad en un proceso selectivo, y ese es el caso en el que se encuentra el Tribunal para las pruebas selectivas de Administrativos correspondientes a las Ofertas de 2007 y 2009, cuya composición fue determinada por Orden de 15 de febrero de 2010, del Departamento de Presidencia, publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 9 de marzo de 2010.

Cuando un Tribunal resulta incapaz de calificar una prueba que, en teoría, ha formulado o elaborado él mismo –cosa que está por determinar- debería reconocer su inidoneidad para proseguir al frente de un proceso, para cuya conducción ha quedado privado de la más elemental autoridad y legitimidad, tras haber demostrado su falta de aptitud para preservar los principios que han de presidir todo proceso selectivo, según se dispone en el artículo 55.2 del Estatuto Básico del Empleado Público: transparencia, profesionalidad, independencia, adecuación de las pruebas a las funciones o tareas a desarrollar y agilidad.

No resulta comprensible que un Tribunal emita una nota, como la hecha pública en el portal del Gobierno de Aragón, en la que comunica a los opositores que con fecha 30 de mayo de 2011 –siete meses después de realizado el primer ejercicio de las pruebas selectivas- “la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios ha solicitado informe a la Dirección General de Servicios Jurídicos acerca de la continuidad o repetición del primer ejercicio del proceso selectivo realizado en fecha 24 de octubre de 2010”.

¿Qué circunstancias motivan la imposibilidad de evaluar con normalidad la prueba realizada? ¿Es imputable la paralización a defectos de la prueba planteada por el Tribunal? ¿Ha habido negligencia o error inexcusable? ¿Por qué no se especifican ni se señalan los motivos que tienen paralizada la calificación de la prueba? ¿Qué razones pueden existir para que los miembros del Tribunal no hayan presentado ya su renuncia ante el Instituto Aragonés de Administración Pública? ¿Espera, acaso, el Tribunal que se le dé una segunda oportunidad para volver a plantear el primer ejercicio en una fecha aún indeterminada?

¿Por qué es el Tribunal el que informa de lo que hacen los órganos directivos del Departamento? ¿No existe el Instituto Aragonés de Administración Pública como órgano administrativo encargado de los procesos selectivos? ¿Nada tienen que decir los titulares de los órganos directivos del Departamento de Presidencia? ¿Antonio Brun? ¿Jesús Sarría? ¿Felipe Faci? ¿Eva Almunia? La falta de liderazgo que ha padecido esta Administración Pública a lo largo de los últimos años queda plenamente de manifiesto en este momento. Los titulares de los órganos directivos guardan un silencio vergonzante y parecen dispuestos a mantener a un Tribunal descalificado por los hechos, cuya destitución fulminante debió haberse producido hace ya muchos meses, para poder devolver algo de credibilidad a un proceso selectivo que afecta a más de cuatro mil personas.

URGE UNA SOLUCIÓN.

No cabe conceder más tiempo al Departamento de Presidencia para que arbitre una solución a la situación que sufren los miles de personas afectadas por la paralización, desde hace siete meses, del proceso selectivo de Administrativos correspondiente a las Ofertas de Empleo de 2007 y 2009 del Gobierno de Aragón. Sus competencias para ordenar el desarrollo de los procesos selectivos son irrenunciables y ha de ejercerlas necesariamente.

El que hayan transcurrido siete meses desde la realización del primer ejercicio, celebrado en octubre de 2010, sin que los interesados conozcan todavía el resultado o calificación obtenida, constituye una grave irregularidad que no sólo cabe imputar a los miembros del Tribunal de Selección actuante –cuya continuidad debiera descartarse a la vista de lo sucedido-, sino también a los responsables del Instituto Aragonés de Administración Pública y de los órganos directivos competentes en la selección de personal, pues su pasividad o incapacidad para resolver la situación no ha hecho sino agravar los efectos de la misma.

Los rumores que circulan respecto a los numerosos errores y defectos de la prueba realizada, que pudieran aconsejar su anulación y repetición, cuestionan, en primer lugar, la cualificación de los miembros del Tribunal –y, con ello, los criterios utilizados para su designación, en su día, por el entonces Consejero de Presidencia, Javier Velasco-, pero el que la situación se haya podido prolongar durante más de siete meses trasciende con mucho el ámbito de responsabilidad del Tribunal actuante y alcanza al conjunto de responsables del Departamento de Presidencia, a los más directos por razón de la materia, como son el Director General de Organización, Inspección y Servicios, Antonio Brun, y el Director General de la Función Pública, Jesús Sarría, pero también al Secretario General Técnico, cuyas labores de coordinación administrativa cumplía ejercer en este caso.

Con independencia de la decisión que se adopte, el proceso selectivo ha de entenderse fallido desde el momento en que se ha permitido que un problema se pudra durante más de siete meses, y no hay peor imagen que pueda proyectar un gestor público o supuesto directivo que la incapacidad para afrontar una situación y ofrecer una solución rápida y adecuada. Tal vez el momento para hacerlo ya ha pasado, y ahora cualquier solución que se adopte es tardía e inadecuada. Pero no queda otra opción que la de resolver y hacerlo sin más demora.

Apúntese de paso el dato significativo de que, hasta la fecha, nadie ha pedido disculpas a los afectados por la situación generada. Es decir, nadie se siente responsable de este fiasco ni da la cara. Son estos momentos los que, precisamente, acreditan la calidad de los responsables públicos, tanto humana como profesional. ¿Alguien cree que situaciones como ésta no deslegitiman a los titulares de los órganos directivos competentes?

OPOSITORES INDIGNADOS.

La existencia de ciudadanos exigentes, demandantes de servicios de calidad, es una condición necesaria en toda estrategia de mejora de los servicios públicos. En toda estrategia de calidad han de incluirse compromisos de buena gestión y compensaciones por el mal funcionamiento, a través de las cartas de servicios, y han de establecerse canales para la formulación de quejas y reclamaciones por mal funcionamiento o trato desconsiderado. Para corregirlo, naturalmente.

Sería deseable que el buen trato que la Administración ha de dispensar a los ciudadanos empezase por el respeto a los derechos y expectativas legítimas de quienes desean acceder a los puestos de trabajo ofertados por la Administración, acudiendo a las convocatorias de procesos selectivos realizadas para ello: es decir, el respeto a los derechos de los opositores.

Numerosos Estatutos de Autonomía, en sus recientes reformas, han incorporado en su Título relativo a derechos y principios rectores, el derecho a una buena administración, haciéndose eco de un principio de enorme potencialidad surgido en el ámbito de la Unión Europea, auspiciado por el Defensor del Pueblo Europeo. No lo ha hecho así el Estatuto de Autonomía de Aragón, que nada dice sobre tal derecho de los ciudadanos. También es llamativo el hecho de que la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, al enunciar sus principios de organización y funcionamiento, olvide hacer hincapié en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, algo a lo que se dedica un precepto específico por la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE).

Podría considerarse que tales previsiones normativas resultan innecesarias a la vista de los principios éticos y de conducta que el Estatuto Básico del Empleado Público establece para todo el personal de las Administraciones Públicas. Si tales principios informaran la actuación de dicho personal, los ciudadanos verían asegurado, sin duda, su derecho a la buena administración.

Pero siendo muy importante la conducta de las personas, las normas son fundamentales para conformar la organización en la que los empleados públicos desarrollan su actividad, de manera que la mejor disposición de éstos puede resultar insuficiente para asegurar los derechos de los ciudadanos si la organización y los procedimientos de actuación no están debidamente diseñados para lograr un funcionamiento ágil y eficiente, con plenas garantías de seguridad jurídica y respeto a la legalidad. O si las conductas contrarias a tales principios y objetivos no son objeto de sanción ni reproche. Cuando incumplir las leyes no conlleva consecuencias, la cultura de la organización puede evolucionar peligrosamente hacia la relativización de la legalidad o la irrelevancia de su incumplimiento, cosa que ha sucedido en alto grado con la normativa de función pública, que en unos casos afecta a los ya funcionarios públicos y en otros, como ocurre en los procesos selectivos, a quienes aspiran a acceder a la condición de funcionario.

Seguramente se infravalora por los responsables de función pública el grave efecto que una mala política de selección de personal –con una defectuosa gestión de los procesos selectivos- conlleva para la imagen de la Administración, para su eficaz funcionamiento y para su cultura organizativa, a la que se incorporan desde el primer día quienes han superado los procesos selectivos.

La calidad en la gestión, el respeto a los derechos de los ciudadanos, la agilidad, la transparencia y la seguridad jurídica han de ser valores reconocibles de la política de selección de personal –y han de presidir toda actuación de los responsables de función pública y del Instituto Aragonés de Administración Pública y de los miembros de los diferentes Tribunales y órganos de selección-, pues difícilmente cabrá admitir que el ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos –el establecido en el artículo 23.2 de la Constitución Española- pueda quedar sometido a la arbitrariedad y a la manifiesta incompetencia del poder público, como ocurre en demasiadas ocasiones en los procesos selectivos realizados por la Comunidad Autónoma de Aragón.

El fiasco del proceso selectivo de Administrativos, paralizado desde hace siete meses y que afecta a más de cuatro mil personas, es un ejemplo llamativo del fracaso del Departamento de Presidencia y del Instituto Aragonés de Administración Pública en la política de selección de personal.

No cabe hablar, sin embargo, de una excepción o un caso singular. Años sin Oferta, Ofertas no ajustadas a la legalidad, como lo acredita la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anuló la de 2007, arbitrariedad en la inclusión de plazas –véase lo sucedido con las de la Clase de Sociólogos y Politólogos, inexistentes en las relaciones de puestos cuando se incluyeron-, total discrecionalidad en la designación de los miembros de los Tribunales e incumplimiento general y manifiesto de los plazos legales de ejecución de los procesos selectivos son el caldo de cultivo en el que no es extraño que se produzcan desastres como el proceso selectivo de Administrativos.

Son miles de ciudadanos los afectados por esta mala gestión de la selección de personal, personas que no tienen por qué soportar resignadamente que se juegue con su vida y con sus derechos e intereses. Todos ellos debieran demandar un cambio radical en el actual estado de cosas y reclamar plenas garantías a lo que supone el ejercicio de un derecho fundamental, que, como tal, ha de quedar sujeto a las garantías máximas de seguridad jurídica y no a la arbitrariedad y a la inseguridad jurídica que hoy domina la mayor parte de los procesos selectivos. Sin su reacción, sin su indignación ciudadana por el pésimo discurrir de los procesos selectivos que han de sufrir durante años de incertidumbre, será difícil que alguien se dé por aludido para cambiar una situación cada día más insostenible.

DESPROPÓSITO TOTAL EN LAS PRUEBAS DE ADMINISTRATIVOS.

Lo que sucede con el proceso selectivo para cubrir 37 plazas de Administrativos –correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2009- que gestiona el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón es un claro indicador del grado de descomposición y de incompetencia al que se ha llegado en materia de función pública en nuestra Administración.

Tras más de cuatro años, las plazas de la Oferta de Empleo Público de 2007, a las que luego se acumularon las de la Oferta de 2009, no sólo siguen sin adjudicarse, sino que, de forma injustificable, los más de cuatro mil candidatos que se inscribieron en las pruebas selectivas, después de siete meses de su realización, siguen sin conocer las calificaciones del primer ejercicio, que tuvo lugar el 24 de octubre de 2010.

Resulta incomprensible el silencio que sobre el asunto guardan los responsables de la función pública –tanto el Director General de la Función Pública, Jesús Sarría, como el Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, Agustín Garnica- y sorprende también la actitud que en relación con este caso mantienen los sindicatos de la función pública, a pesar de contar algunos de ellos con vocales designados en el tribunal de selección.

Creemos que deben hacerse públicas las causas de esta situación –en lo que parece apuntar a la invalidación de la prueba realizada- y dar a la misma una rápida solución, favoreciendo el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública. La Administración está ocasionando un enorme daño a un elevado número de personas, a las que se tiene inmersas en un proceso al parecer fallido, del que nadie da razón y para el que nadie parece buscar solución.

El haber llegado a esta situación no puede sorprender a quienes llevamos años advirtiendo del incumplimiento de la legalidad en materia de selección, tanto en lo que hace a la aprobación de Ofertas de Empleo Público, a la inclusión en ellas de las plazas legalmente señaladas, a la realización de los procesos selectivos en los plazos señalados por la Ley y a la configuración de tribunales de selección con suficientes garantías de competencia y objetividad.

Esta Asociación considera que un hecho tan grave como éste ha de ser objeto de investigación para esclarecer las posibles responsabilidades en que hayan podido incurrir los responsables de su correcto desarrollo, comenzando por los miembros del Tribunal actuante y por los responsables del Instituto Aragonés de Administración Pública. Tanto lo sucedido en el primer ejercicio del proceso selectivo como la falta de una solución rápida a tales incidencias, cuestionan la continuidad del actual responsable del Instituto Aragonés de Administración Püblica, dada su incapacidad para garantizar el desarrollo de los procesos selectivos de ingreso en la función pública.

En tal sentido, esta Asociación va a dirigir un escrito de denuncia a la Inspección General de Servicios, solicitando que se proceda a analizar lo sucedido y a determinar las posibles responsabilidades que concurran, y va a solicitar a la Consejera de Presidencia, Eva Almunia, el inmediato relevo del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, Agustín Garnica.

LA SINRAZÓN DE LA TASA DE REPOSICIÓN.

Desde el año 1995 –es decir, hace ya 15 años-, las Leyes de Presupuestos Generales han tratado de limitar la incorporación de personal a las Administraciones Públicas, mediante el establecimiento de la llamada tasa de reposición de efectivos, entendida como el porcentaje máximo a reponer de las vacantes generadas a lo largo del anterior ejercicio – porcentaje que ha venido fluctuando en atención a la coyuntura económica-, y que debería haber tenido como resultado contener el crecimiento del número de empleados públicos o, incluso, provocar una reducción del mismo.

Vista la evolución real de las Administraciones Públicas, cabría constatar el fracaso total de esa fórmula de contención del empleo público y cuestionar incluso su propia concepción y funcionalidad. ¿Por qué no ha contenido el gasto de personal ni el número de efectivos de las Administraciones Públicas, que no ha dejado de crecer en estos años? ¿Cuál ha sido su grado de incidencia en la alta tasa de temporalidad actualmente existente en muchas Administraciones?

Cabría sostener como hipótesis -a contrastar con una información de la que, por supuesto, esta Asociación no dispone-, que los efectos de las tasas de reposición han sido altamente ineficaces y perturbadores, incluso contraproducentes, para la evolución de la función pública española, porque es una técnica errada en su origen, al operar al margen de la realidad –con límites genéricos inviables en muchos casos- y olvidar los mecanismos expresamente establecidos para planificar la evolución de los recursos humanos de las Administraciones, que debiera operar sobre la racionalización de las estructuras, la dimensión de las plantillas y la redistribución de los efectivos existentes.

El coste no ha dejado de crecer –en algunos casos porque los servicios se han incrementado, como es lógico, al poner en funcionamiento nuevos centros de salud, de educación o de servicios sociales, pues la población española ha crecido durante estos años en número y en necesidades, pero también porque la negociación colectiva en muchos ámbitos ha sorteado de forma deliberada la legalidad presupuestaria, con el consentimiento de los responsables políticos de las administraciones públicas, encareciendo indebidamente el coste de funcionamiento de los servicios públicos-, ni ha dejado de crecer el número de efectivos o empleados públicos –tanto el incremento justificado como el injustificado, resultado del clientelismo político desarrollado desde muchas administraciones-, y, al mismo tiempo, la tasa de reposición ha provocado dos efectos altamente nocivos para el buen funcionamiento de la función pública: las altas tasas de temporalidad y la utilización indiscriminada de empresas públicas para obtener el personal –mediante préstamo ilegal de trabajadores- que no es posible reclutar por el procedimiento regular de la oferta de empleo público.

No deja de ser paradójico, por decirlo suavemente, que un Gobierno –como es el caso del Gobierno de Aragón- invoque la tasa de reposición para limitar las ofertas de empleo público, con evidente olvido de que la finalidad de dicha tasa es exclusivamente de contención del gasto público, al mismo tiempo que vulnera la legalidad presupuestaria, posibilitando la aplicación de cláusulas de revisión salarial –con incumplimiento del límite al incremento retributivo anual fijado en las Leyes Generales de Presupuestos- o introduciendo nuevos conceptos retributivos sin cobertura legal alguna –como el anticipo a cuenta de la carrera profesional-, de modo que la finalidad de contención de gasto a que responde la tasa de reposición queda totalmente desvirtuada, y su único efecto real se traduce en degradación creciente de la situación del empleo público. ¿No hay elementos suficientes para una reflexión seria sobre esta cuestión?

Por ello, la tasa de reposición aparece como un mecanismo fallido e irracional, que equivoca su objetivo –al proyectarse sobre la selección de personal y no sobre el redimensionamiento de las plantillas- y que no sólo no ha servido para contener el incremento de personal y de su coste global –la certificación de su fracaso está en el recorte salarial que acordó el Gobierno por Real Decreto-ley hace un año-, sino que además ha sido un factor de directa perturbación y degradación de la función pública, al generar tasas de interinidad anteriormente desconocidas en la Administración y fomentar la huida del Derecho Administrativo, con la proliferación de empresas públicas que se han utilizado para realizar tareas antes encomendadas a la Administración o, en muchos casos, para suministrar personal adicional a la Administración, por el irregular mecanismo del préstamo de trabajadores (como ocurre en la Administración aragonesa y es conocido por todos).

Tal vez sea el momento de pedir a las responsables de la Secretaría de Estado de Función Pública y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados un análisis riguroso de los efectos que se han derivado de la aplicación de la tasa de reposición de efectivos y del impacto de dicha técnica en el derecho de acceso a la función pública –regulado en la Constitución y en el Estatuto Básico del Empleado Público-, en el crecimiento global de los efectivos y del coste de personal de las Administraciones Públicas y en el agravamiento de la degradación del empleo público, debido a las altas tasas de interinidad provocadas y a la proliferación de empresas públicas, con el consiguiente recurso al préstamo ilegal de trabajadores de estas empresas a la Administración departamental.

Esta Asociación, por supuesto, va a cuestionar la legitimidad constitucional de la tasa de reposición en la limitación del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, tal y como ha sido objeto de aplicación en las Ofertas de Empleo Público de 2010 y 2011, al entender que es un mecanismo que carece de idoneidad para el fin perseguido y constituye un límite al derecho de acceso no autorizado por la Constitución.

UNA ADMINISTRACIÓN A LA ESPERA.

El previsible cambio de gobierno, tras el resultado electoral, ha provocado la parálisis de una buena parte de las unidades administrativas –todas aquellas que no tienen una atención directa a los ciudadanos-, dada la falta de dirección política y administrativa de alto nivel, más allá de la preparación del traspaso de poderes a realizar en el próximo mes de julio.

A la parálisis provocada por el cambio inminente de dirección política, es posible que se añada, en meses sucesivos, la reordenación de Departamentos, la reducción de estructuras, la desaparición de empresas públicas y la supresión de puestos de trabajo –todo lo cual genera la lógica inquietud en el personal que puede verse afectado-, circunstancias que obligan a reflexionar sobre diversas cuestiones organizativas de la Administración autonómica.

En primer lugar, debe ponerse de manifiesto que el nivel de alta dirección administrativa –órganos directivos y servicios administrativos- carece de un nivel de profesionalización adecuado, de manera que resulte posible consolidar una estructura organizativa estable, capaz de funcionar con igual eficacia y profesionalidad con independencia del color político del Gobierno de cada momento. Los altos cargos de dirección administrativa no se ocupan por profesionales, sino por políticos de partido o, en algunos casos, por funcionarios politizados, que no siempre sirven al interés general sino a la consigna política del Gobierno. Y así, como no se ha logrado construir una Administración profesionalizada ni ha habido interés en hacerlo, el cambio de Gobierno –aunque sea después de doce años, o quizás por eso- hace previsible un enorme impacto en la actual estructura administrativa.

El nombramiento de muchos altos cargos se basa en estrictas razones de confianza política, y, a diferencia de lo que exige la Ley de Ordenación y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) de 1997, el acceso a puestos de Director General o asimilados no requiere acreditar “competencia profesional” ni “experiencia”, ni se reserva el nombramiento, salvo excepciones justificadas, a funcionarios de carrera de nivel superior, razón por la cual el nivel directivo existente en la Administración aragonesa en este momento –correspondiente a Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales- no garantiza continuidad administrativa ni asegura la imparcialidad en la gestión pública, lo que hace previsible que un cambio de gobierno conlleve el relevo de un alto número de las personas que ocupan tales tareas. No se ha reivindicado la profesionalidad ni la imparcialidad para ese nivel de responsabilidad administrativa, a pesar de que ha habido doce años para hecerlo. Ello da idea de la falta de horizonte con el que se ha trabajado desde el Departamento de Presidencia en todo este tiempo.

En segundo lugar, llevamos años de aguda crisis económica, se ha procedido al recorte del sueldo de los empleados públicos, pero no se ha reducido la dimensión y el coste de la Administración ni del sector público, ni se ven signos reales de austeridad por ninguna parte. Por ello, una de las primeras medidas que habrán de adoptar quienes asuman la responsabilidad de gobierno es revisar la estructura administrativa y aligerarla, haciéndola menos costosa y más eficiente. Hace falta una estrategia de organización eficiente de carácter global, que abarque personal, gastos de funcionamiento, racionalización de oficinas, implantación de administración electrónica, etc., que permita hacer más con menos, o hacer lo mismo con un coste sensiblemente menor. Nada justifica el derroche de recursos, en especial en momentos de crisis como los actuales. ¿Por qué el Gobierno saliente ha sido incapaz de adoptar medidas para abaratar el funcionamiento de la Administración? O al menos los servidores públicos las desconocemos por completo, lo que hace pensar que, de existir, son simplemente retóricas y aparentes, pues no las notamos, salvo el recorte salarial. ¿O es que, premeditadamente, todo había quedado pospuesto para después de las elecciones?

En suma, hoy nos encontramos con una Administración a la espera de un nuevo Gobierno, pero no para acoplarse a él, como lo haría un ferrocarril debidamente compuesto a una nueva locomotora, sino a la espera de que los nuevos responsables supriman vagones del convoy, despidan al maquinista, cambian la plantilla de a bordo y acaso investiguen a todos aquellos que estuvieron viajando durante años sin pagar su billete. Es lógica la inquietud que embarga a muchos en este tiempo de espera.

LLANTO POR EL FIN DEL MARCELINATO.

Reproducimos en este blog el mensaje que un alto cargo de la Administración autonómica ha difundido por la red, recogiendo sus sensaciones en la noche electoral:

“Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir" Decía el lema más
bonito y profundo que he visto estos días escrito en esta marea de
utopía que se ha dibujado en montones de plazas de todo territorio…

¡Qué paradojas tiene la vida! Son las 4 y media de la mañana y
no es la plaza, sino esa marea azul de gaviotas que se ha instalado en nuestra tierra, como resultado de esta parte de la democracia tan real y sagrada, (no sabía como explicarlo en estos días, cuando todas las calles eran esperanza y nadie auguraba este desastre y yo andaba estaciones cargado de dudas, discutiendo con todos…) que son las elecciones…

Sumada al llanto y al dolor, (eso si, con todo el fair play democrático de aceptar la derrota, de esta noche), de tantos granados políticos, hombres y mujeres… amigos, ahora, rotos y perplejos… que han trabajado en montones de municipios con honestidad y que os confesaba que estos días estaban desconcertados y casi acongojados, pensando, como yo…. (dubitativos… cuando se nos señalaba a los políticos, al lado de los mercados… como los culpables de todo lo construido…), que de repente habían traicionado a la democracia por la que pelearon con denuedo por haber decidido trabajar cuatro años aceptando un cargo político…y aún con todo recorrían los últimos días de campaña, cobijados por unas siglas, pueblo por pueblo, pactando con la dura realidad,intentando buscar lo mejor para su gente, militando en partidos centenarios o no, creyendo que pese al momento duro que viviamos, había que seguir… Gente que se sentía orgullosa de su generosidad política aceptando medidas bien duras para el pueblo y que ni en el peor de sus sueños habían pensado que les tocaría aceptar… o es lo que no me deja dormir.

He de reconocer que no cabía ni en el peor de mis escenarios posibles estos resultados… Y por eso creo que tengo que volver, por lo menos hoy…aunque sea para aceptar que también una parte del juego limpio de esta democracia imperfecta que tenemos exige hoy dar la cara y dar la enhorabuena al que ha ganado…., reconocer que se abren unas semanas de pactos, legítimos que conformarán mayorías… y que durante 4 años serán ellas, espero que con la participación plena de unos ciudadanos,que ahora no van a cejar en su empeño de construir una democracia, mejor…. las que decidirán sobre las politicas sociales, las económicas y también las de participación en los parlamentos y gobiernos municipales…

He visto esta noche concejales de participación de municipios progresistas llorar, sin entender nada… Gentes que han permitido, con actuaciones valientes, soñar a sus pueblos con apuestas novedosas, progresistas, como nunca se habían visto, que hablaban de participación de calidad… Gente que me decía, ¡Nacho, hemos hecho en Aragón una apuesta por la participación que es vanguardia y puntera en todo España… pero ahora, todo da igual. Estoy jodido… sorprendido y decepcionado… ¡Me decían

Hoy es lo que toca, llorar la derrota, preguntarse porqué y cada uno, entiendo que asumir su parte de responsabilidad… Dentro de dos horas sonará el despertador y volveremos con toda la esperanza a seguir luchando, como lo hemos hecho siempre… desde la calle, pero también desde las responsabilidad de las instituciones políticas, desde los colegios, desde los tajos… Esto también es la realidad de la democracia.

Mi última carta era un lamento, porque repetía una y otra vez que con todo el sueño vivido en las plazas, que es maravilloso…, me daba miedo el pensar como se gestionaría luego tanta expectativa… Ya sabéis que los que nos dedicamos a esto, es la cuestión que más nos preocupa siempre cuando la gente se lanza a soñar… Seguíamos haciendo diagnósticos certeros, reconociendo, con dolor que los mercados le han ganado lapartida a la política, señalando culpables…., pero –quizás no era el momento- con poca capacidad de cada uno/a en decir que parte de las responsabilidades de construir el futuro, aceptábamos y empezar a intuir cómo se hace eso de construir una democracia real… He sentido en estos días que era un marciano… Algo no me dejaba alegrarme del todo con lo que estaba pasando… Estaba en la otra orilla… y que diferente se ve la vida cuando estas en tareas de gobierno… Pero he preferido guardar silencio… estar, disfrutar del clamor de esa plaza que no me he atrevido a pisar todavía… y vaya que me duele…

Permitidme que me de dos horas para la nostalgia, el lamerme las heridas y el dolor… un ratico para preguntarme y ahora que? Como lo estarán haciendo tantos compañeros y compañeras de camino…

¿Cómo seguimos, sin perder a nadie en el camino?… He conocido tanto político bueno, decía en mi despedida… Gente que hoy estará despierta como yo, sin poder conciliar el sueño, pero sabiendo que no van a dar ni un paso atrás en ese sueño que les dura desde bien pequeños de seguir construyendo la democracia.. la única.. la que construye día a día en la calle, pero también en las instituciones…

Miguel, Julio, Manuel, Ana, Jose Miguel, Maribel, Sergio.
Fernando, Laura... tantos y tantos...


Me invade la tristeza… ahora si, estas dos horas, me lo voy a regalar porque me lo merezco. Ahora si, más que nunca, necesito creer que de las plazas van a surgir liderazgos, propuestas, apuestas… utópicas, pero que entiendanque la vida, como tantas veces he repetido, nos habla también de pactos y de barro

Gracias a tantos compañeros de camino en estos cuatro años, de los que hoy tocará irse despidiendo cuando vayamos embalando cajas… con montones de folios, de actas, de discursos, de fotos, de experiencias, de vida, de trabajo construido, empezando de la nada…

Creo, con la máxima humildad… pero con convicción, que tenemos el discurso y la praxis sobre participación mejor trabada de todo el estado… Mañana, puede quedarse todo en agua de borrajas, eso también es la democracia…

Ahora, como un rito, escucharé otra vez, una más, como tantas en la vida las palabras para Julia.. y mañana empieza otra vez la lucha para mi, para tanta gente… cada uno desde su trinchera, todos imprescindibles, sin buenos y malos, sin progres salvadores, ni jacobinos, ni nostálgicos, ni ilustrados… Porque están los que
luchan un día… y esos son los imprescindibles…*

Buenas noches, ya pasan de las 5.. mejor no voy a corregir nada… tal cual, como la vida me lo ha regalado.

GOBERNAR TRAS HACER OPOSICIÓN: LA OBLIGADA COHERENCIA DEL PARTIDO POPULAR.

Las cuestiones de la gestión pública no se ven igual desde la oposición que desde la responsabilidad de gobierno, aunque la coherencia debería llevar a analizarlas bajo criterios similares, sobre todo si de lo que se trata es de asegurar el respeto de la legalidad. No se pueden inaplicar las leyes cuando se gobierna y reclamar su respeto cuando se pasa a la oposición, y tampoco sería lógico que lo que se ha venido demandando desde la oposición se olvide después de acceder al gobierno.

El próximo cambio en la composición del Gobierno de Aragón nos va a permitir analizar si lo que el Partido Popular ha solicitado al Gobierno PSOE-PAR, en materia de función pública y de administración, durante la pasada legislatura, va a incluirlo ahora en sus pautas de actuación, como sería lógico. Esta Asociación estará expectante y espera, por ejemplo, que se hagan públicas las relaciones de trabajadores de las empresas públicas, información que el Grupo Parlamentario Popular reclamó con insistencia y que se le negó desde el Gobierno, alegando la protección de la intimidad de las personas. Nada impediría que a pregunta para respuesta escrita del propio Grupo Parlamentario Popular, el nuevo Gobierno remitiese para su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón la relación de personas contratadas por las empresas públicas. Transparencia y coherencia obligan.

Más difícil será para el Grupo Parlamentario Socialista, en sus nuevas tareas de oposición y control del gobierno, reclamar el respeto de las normas que durante años ha venido incumpliendo, como por ejemplo la publicidad del personal eventual de los Gabinetes o el control del cumplimiento de sus funciones. Las irregularidades cometidas durante la etapa de gobierno hipotecan la labor de control a realizar desde la oposición, y ello redunda en un mal funcionamiento de las instituciones democráticas, posibilitando que los abusos se interioricen y generalicen, se consientan o se silencien. De ahí el importante papel de control que corresponde realizar también a la sociedad civil –dentro de la cual se incluye esta Asociación-, a los medios de comunicación y sobre todo a instituciones como el Justicia de Aragón.

El Partido Popular ha de acometer un programa profundo de regeneración de las instituciones aragonesas y la función pública ha de ser una prioridad en su acción política, y no sólo por necesidades de racionalización del gasto público, sino por la inaplazable tarea de recomponer una función pública que durante años se ha gestionado al margen de la legalidad y de las más elementales exigencias de la ética pública democrática. Casi nada de lo que deja el Gobierno saliente en esta materia resultará aprovechable para el futuro, y sólo en coyunturas como ésta se puede cobrar conciencia del coste que conlleva una década perdida en la modernización y mejora de la función pública.

INSTITUCIONES RENOVADAS.

La celebración ayer de las elecciones autonómicas y locales ha significado un notable cambio de signo político en muchas de las instituciones afectadas por el proceso electoral, entre ellas las Cortes de Aragón. Ello es consecuencia directa del voto de los ciudadanos, es decir, de la expresión de la voluntad popular, único factor de legitimidad democrática de Parlamentos y Gobiernos.

Las instituciones que salgan de este proceso electoral serán, en su origen, tan legítimas como las que terminaron ayer su mandato. Ambas han sido resultado del voto ciudadano y de la confianza parlamentaria que asegura la gobernabilidad del sistema.

No le corresponde a esta Asociación ningún juicio de valor sobre el resultado electoral, más allá de congratularse de que el mismo sea fruto de la facultad de decisión de los ciudadanos. No cabe negar que una de las manifestaciones fundamentales de la democracia es la facultad que se concede a los ciudadanos de cambiar, con su voto, el signo de los gobiernos, recordando, aunque sea cada cuatro años, a quién le corresponde la capacidad de elegir y de decidir la orientación política de nuestra comunidad.

La renovación de las instituciones llevará ahora el ritmo que imponen las normas. Los resultados y los plazos propiciarán, sin duda, alianzas políticas para alcanzar o retener cuotas de poder en unos y otros ámbitos. En cualquier caso, la expresión de la ciudadanía ha sido inequívoca en cuanto a las responsabilidades de gobierno que se han querido atribuir al Partido Popular en el actual momento de crisis.

A esta Asociación le gustaría creer que los cambios de signo político en las instituciones pueden ser una buena oportunidad para corregir malas prácticas de gobierno existentes. Por ello, y porque su trabajo a favor del buen gobierno y la buena administración es ajeno al color político de quienes dirigen las instituciones, tras la constitución de las Cortes de Aragón se hará llegar a los diferentes Grupos Parlamentarios un documento de propuestas con las que mejorar la Administración Pública, para servir mejor al interés general.

Igualmente se remitirán a quien, como resultado de la voluntad de los Grupos Parlamentarios, haya de asumir las responsabilidades de gobierno, que inicialmente todos coinciden en atribuir a la candidata del Partido Popular, Luisa Fernanda Rudi.

DERECHOS COMPATIBLES.

No existe ningún derecho ilimitado. Ni siquiera los derechos fundamentales carecen de límites. Pero, si eso es cierto, no lo es menos que ningún derecho fundamental puede ser innecesariamente cercenado o sacrificado. Los derechos fundamentales constituyen un todo coherente y están llamados a convivir entre sí.

Por ello, hay que analizar con enorme cautela la incompatibilidad que se pretende establecer entre el derecho de reunión de unos ciudadanos –ejercido de forma pacífica- y el derecho de sufragio que podrán ejercer este próximo domingo todos los electores convocados a las urnas, tanto españoles como extranjeros residentes.

La Junta Electoral Central ha considerado que las concentraciones de protesta que se desarrollan en buena parte de las ciudades españolas son contrarias a la legislación electoral, y determina que las Juntas Electorales Provinciales han de impedir su celebración durante la jornada de reflexión y la jornada de votación. Ahora bien, es difícil calificar de acto electoral las concentraciones de protesta –pues en ellas no se reclama el voto para ninguna candidatura, razón por la cual no cabe entender que vulnere el sentido de la jornada de reflexión- y tampoco hay razones sólidas para considerar, de forma apriorística, que las concentraciones coartan la libertad de voto de los ciudadanos.

Es innegable que las concentraciones de protesta han incidido de forma destacada en el desarrollo de este proceso electoral –y está por determinar su incidencia futura-, pero sería un error mayúsculo y un signo de debilidad del sistema democrático el acudir a la prohibición y al ejercicio de la fuerza, salvo que se produzcan interferencias en el derecho de sufragio de los ciudadanos.

El artículo 23.1 de la Constitución reconoce, en pie de igualdad, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, de forma directa o a través de representantes. Hasta la fecha, jamás se había producido un ejercicio simultáneo de debate de los asuntos públicos de estas características en el curso de un proceso electoral, pero los ciudadanos nunca pueden ser unos intrusos en los procesos democráticos, siempre que su presencia no lesione el derecho fundamental de nadie. El que una situación no la hayamos vivido con anterioridad no quiere decir que sea ilegal ni inviable.

Hacer compatibles ambas manifestaciones populares –la emisión del voto y la libre protesta- en una jornada electoral será, sin duda, un signo positivo de cambio y de madurez democrática.

CIUDADANOS CON VOZ Y VOTO: SENTIDO DE UNA PROTESTA.

Las concentraciones de ciudadanos en las plazas de las principales ciudades de España constituyen un signo de esperanza para la regeneración de nuestra democracia. Cuando los partidos políticos solicitan el voto a los ciudadanos, una parte de éstos ha querido recordar que, además de voto, tienen voz y que apenas se sienten escuchados por quienes dicen representarlos. Es evidente que quienes no escuchan ni responden a los ciudadanos se inhabilitan para gobernar e, incluso, para representarlos en cualquier institución. Celebremos, por lo tanto, que miles de ciudadanos, desde las calles y las plazas de nuestro país, recuerden algo tan básico y elemental en una democracia.

Los ciudadanos hemos visto –con desazón- la progresiva esclerotización de nuestro sistema político, transformado cada día más en un terrero reservado en exclusiva para los partidos políticos. Cada vez resulta más trabajoso votar en unas elecciones, pues éstas –si bien mantienen su función de apelar a la voluntad de los ciudadanos para la conformación de parlamentos y gobiernos- se perciben también como un mecanismo de colocación por parte de quienes han hecho de la política su exclusivo medio de vida.

Esta Asociación ha experimentado en carne propia los modos de gobierno que parecen haberse instalado en nuestras instituciones. Por ejemplo, con un Gobierno que no responde ni asegura el cumplimiento de la ley. Ha de recordarse que el Director General de Participación Ciudadana, Ignacio Celaya, justificó la falta de respeto al derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación con el argumento de que nosotros no íbamos a marcar la agenda del Gobierno. Es decir, la agenda del Gobierno deja sin efecto los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Cuando un responsable público se atreve a explicitar razones de tal calibre, el proceso de deslegitimación del poder político resulta imparable, y a la vista está.

Igualmente reprochable, si no más, es la respuesta dada, en su día, por la Mesa de las Cortes de Aragón a esta Asociación respecto a algunas de las peticiones que formulamos al Parlamento aragonés –como era la creación de una Comisión para elaborar un código de conducta pública, a semejanza de lo hecho en otros países democráticos-, respuesta en la que se nos negó legitimación para dirigir peticiones de tal naturaleza a la Cámara, olvidando acaso nuestra condición de ciudadanos representados en ella. Cuando unos ciudadanos son reducidos al silencio por sus propios representantes, se cobra conciencia de la gravedad de la situación, y se comprende perfectamente que, al final, para muchos sólo queden las calles para expresarse.

Hay que recuperar la democracia y las instituciones para los ciudadanos, hoy indebidamente monopolizadas por los partidos políticos. Esta Asociación lleva cuatro años batallando por recuperar la función pública para los ciudadanos. Ese objetivo es el que ha inspirado nuestra batalla jurídica por el derecho de acceso a la función pública. Nuestra batalla confluye, sin duda, con la librada en otros muchos ámbitos por quienes siguen anteponiendo el respeto a leyes y principios al simple interés personal de políticos profesionales, y por quienes, como los miembros del Movimiento 15-M, pretenden poner el acento en el ciudadano, recordando que no se ha hecho el hombre para la democracia sino la democracia para el hombre, para asegurar su libertad y su dignidad.

MALESTAR Y COMPROMISO: POR UNA DEMOCRACIA EXIGENTE.

Es difícil transitar de la indiferencia a la indignación sin estadios intermedios, pero bien pudiera también pasarse de una indignación pasajera –epidérmica- al escepticismo y proceder a instalarse en el malestar estéril, lo que en nada contribuye a superar los problemas que sufrimos como sociedad y que, lógicamente, afectan de forma más intensa a unos que a otros.

La indignación que se predica como actitud frente al abuso del poder –político o financiero- sólo puede tener sentido positivo si se produce desde el compromiso con unos valores éticos que, precisamente, hacen inaceptables determinados comportamientos.

No podemos negar que esta Asociación vive con evidente malestar la realidad degradada de las Administraciones Públicas –donde resulta especialmente reprobable la inaplicación u olvido de las normas legales- y que nos provoca indignación el ver determinadas prácticas abiertamente ilegales –como la utilización de puestos de trabajo públicos como mera prebenda política- o el sufrir la vulneración constante de ciertos derechos fundamentales –como sucede con el derecho fundamental de petición-, al tiempo que hemos de soportar la retórica política de la participación ciudadana del actual Gobierno de Aragón.

Creemos que nuestra Constitución fija las reglas necesarias para asegurar una vida democrática efectiva, pero ello requiere de ciudadanos responsables y comprometidos con los valores y principios constitucionales, que hagan de ellos el criterio de exigencia para el funcionamiento de las instituciones públicas y el comportamiento de los cargos públicos.

La crisis económica que padecemos es resultado de otras crisis previas –entre las cuales ocupa un lugar especial la crisis ética o crisis de valores, pues hemos vivido todos una larga etapa en la que el beneficio económico era justificación suficiente de cualquier iniciativa o proyecto, y la centralidad del dinero ha provocado una creciente corrupción pública, a la que nadie ha puesto coto hasta ahora-, y es lógico, por ello, que haya de aflorar tarde o temprano la grave crisis que padecen nuestras instituciones de gobierno, a las cuales aqueja una importante falta de transparencia y de ejemplaridad, además de la deseable eficiencia que requiere el uso racional de los recursos públicos.

Hemos llegado al malestar y a la indignación desde el compromiso con los principios y valores constitucionales –al verlos inaplicados y burlados una y otra vez-, y nos negamos a vivir en una democracia de baja calidad, como la que ha propiciado en nuestra Comunidad el Gobierno PSOE-PAR, al margen de retóricas vacías que no soportan el menor contraste con la realidad.

Sin ceder un ápice en dicho compromiso ni dejarnos llevar por propuestas populistas que supondrían renegar de la razón democrática, esta Asociación reitera su aspiración a alcanzar crecientes niveles de buen gobierno y buena administración en nuestra Comunidad Autónoma, desde la exigencia personal, ese esfuerzo de racionalidad y solidaridad que ha de empezar por uno mismo para luego proyectarlo a la vida social y política, sin olvidar que la sociedad democrática es un quehacer común y una exigencia moral.

EL OLVIDO INTERESADO DE LA CORRUPCIÓN: EL CASO ASAEL Y OTROS.

Es llamativo el hecho de que, ante la celebración de unas elecciones municipales, uno de los principales fiascos de la política local aragonesa durante la legislatura que concluye –como son las irregularidades producidas en la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL) y su precipitada disolución, evitando con ello responder de su gestión y, principalmente, de sus deudas ante los numerosos acreedores de la entidad, entre los que figura la propia Unión Europea- haya quedado totalmente silenciado, más allá de alguna referencia al hecho de que quien fuera su Presidente y alcalde del municipio de Herrera de los Navarros, Jesús Solá, vuelva a ser candidato a la alcaldía, por las siglas del mismo partido, el Partido Aragonés. Ese hecho parece dar igual a los responsables del Partido, que, pese a episodios como el protagonizado por ASAEL, no tiene reparo en presentarse públicamente como la garantía de buen gobierno.

Afortunadamente, y nos gusta recordarlo, los ciclos del Estado de Derecho no son los mismos ciclos del Estado democrático. Es decir, las responsabilidades jurídicas en que se haya podido incurrir por la gestión de recursos públicos o el ejercicio del poder político –sea en ASAEL o en cualquier otro ámbito institucional- no desaparecen por el hecho de revalidar, en unas elecciones, el voto y apoyo ciudadanos. Las elecciones no eximen de responsabilidad jurídica. Los ciudadanos no imparten justicia al votar: los votos no son un aval de inocencia ni de integridad.

A veces, como bien señalaba el profesor Emilio Lledó, también el ciudadano participa de la corrupción de los responsables políticos, contribuyendo con su voto a consolidar lo que él denominaba la dictadura de la indecencia. Nada hay peor que el hecho de que los ciudadanos se hagan tolerantes con el mal gobierno y otorguen su voto a quienes han hecho un ejercicio indebido del poder. ¿Qué se pretende con tal voto? ¿Dar una nueva oportunidad al abuso? ¿Premiar a quien burla la legalidad? ¿Agradecer algún favor recibido?

Cuando el panorama político aragonés deja poco espacio para la esperanza, pues no es posible creer en promesas electorales, cuando las mismas no vienen corroboradas por una línea de acción previa que las haga mínimamente creíbles, no queda otra opción que apelar a la conciencia cívica de los ciudadanos y confiar en la responsabilidad de las instituciones y órganos que tienen como misión preservar el respeto de la ley, es decir, la salud del Estado de Derecho, sin el cual no es posible hablar de ciudadanía, pues ésta en modo alguno se reduce a votar, y menos cuando las candidaturas contienen personas cuya ejemplaridad pública es más que cuestionable.

UN OBJETIVO: SENTAR JURISPRUDENCIA SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.

La reiterada inaplicación del ordenamiento jurídico por parte del Gobierno de Aragón, a la hora de aprobar la Oferta anual de Empleo Público –sin olvidar aquí los años en que se incumplió incluso el deber de tal aprobación-, ha obligado a esta Asociación a recurrir dicha Oferta en cuatro procesos judiciales diferentes, referidos a tres ejercicios: 2007, 2010 y 2011.

Ha de recordarse que en el 2008 no se aprobó Oferta y que en el 2009 esta Asociación, al hallarse todavía pendientes de resolución los dos recursos de casación promovidos respecto a la de 2007 –tras su inicial rechazo por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón-, optó, posiblemente de forma equivocada, por no impugnar la Oferta de ese ejercicio. Afortunadamente, supimos reaccionar en años sucesivos, evitando desistir en la defensa del derecho de acceso y haciendo de ella una de las señas de identidad de esta Asociación. El tiempo ha venido a darnos la razón: valía la pena dar la batalla jurídica, agotando todas las instancias necesarias, para reclamar el respeto al derecho de acceso a la función pública.

El resultado de todo ello, en el momento actual, es la obtención de una sentencia favorable del Tribunal Supremo, por la que se anula la Oferta de Empleo Público de 2007, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, lo que vulnera, a juicio del Alto Tribunal, el derecho de acceso a la función pública que se reconoce a los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española. Dicho pronunciamiento es de un valor enorme, ya que supone la superación de una anterior línea jurisprudencial claramente restrictiva del derecho y condescendiente con la potestad de autoorganización de las Administraciones Públicas. Pero la sentencia dictada, aun siendo importante, no constituye un criterio jurisprudencial consolidado, pues dicho criterio no puede derivarse de un único pronunciamiento. Es necesario que el Tribunal Supremo reitere, en sentencias futuras, la tesis sostenida en la que ha anulado la Oferta del Gobierno de Aragón para 2007.

Por ello, y como en el pecado se lleva normalmente la penitencia, podemos agradecer al Gobierno de Aragón su reiterada vulneración de la legalidad, incluso después del reciente fallo del Tribunal Supremo, porque es muy posible que ello permita a esta Asociación –a través de los recursos judiciales promovidos en ejercicios sucesivos- obtener nuevos pronunciamientos del Tribunal Supremo que reiteren y refuercen la doctrina de la reciente sentencia que anuló la Oferta de 2007, consolidando con ello un criterio jurisprudencial de aplicación a todas las Administraciones Públicas y vinculante para todos los Tribunales españoles.

La mera posibilidad de obtener ese resultado impide a esta Asociación desistir de los recursos judiciales contra las cada día más irregulares Ofertas aprobadas por el Gobierno de Aragón, al tiempo que aconseja concentrar la modalidad de impugnación en la vía especial de protección de los derechos fundamentales, por ser dicha vía no sólo más rápida sino también la que ha permitido obtener el primer pronunciamiento favorable del Tribunal Supremo.

Creemos que la lucha por el Estado de Derecho y el buen funcionamiento de las instituciones que, en este caso, ha de ser asumida por una organización de la sociedad civil –ante la penosa pasividad de las instituciones públicas llamadas a defender la legalidad-, ha de tener una visión estratégica, asignando recursos y energías a objetivos prioritarios y fundamentales para el resto de los fines perseguidos, y es posible que el derecho de acceso a la función pública sea la piedra angular de una Administración profesional y comprometida con los valores constitucionales, reacia a dejarse instrumentar por quienes ejercen el poder público desde la arbitrariedad o el mero interés personal o de partido.

IMPUGNADA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2011.

La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha formulado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, recurso contencioso-administrativo, en vía especial de protección de los derechos fundamentales, contra el Decreto 83/2011, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2011.

El recurso se fundamenta en la no inclusión del número de plazas que imponen tanto el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, como son las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos. Precisamente, una reciente sentencia del Tribunal Supremo anulaba recientemente la Oferta de Empleo Público de 2007 por dicho motivo, pero el Gobierno de Aragón parece no haberse dado por enterado, pues ni ha procedido a la ejecución de dicha sentencia -a lo que no se hace referencia alguna en la nueva Oferta aprobada- ni ha corregido los criterios de actuación invalidados por la misma. El Gobierno de Aragón -y, en especial, el Departamento de Presidencia- sigue sin respetar las normas que ordenan la selección de personal de la Administración y, con ello, continúa -ahora ya de forma deliberada, a sabiendas de la improcedencia de lo realizado- vulnerando el derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución.

Esta Asociación no pretende, en estos momentos, que el empleo público se incremente y con ello el coste de personal de las Administraciones Públicas, pero no puede admitir que la actual coyuntura se aproveche para inaplicar la legalidad administrativa y constitucional. La crisis económica no puede ser invocada para dejar en suspenso la vigencia de derechos fundamentales como el de acceso a la función pública. El respeto de tal derecho no conlleva incremento de gasto, pues como bien señalaba el Tribunal Supremo en su sentencia -por la que se anulaba la Oferta de 2007-, el coste económico va ligado a la existencia de puestos de trabajo ocupados por personal interino, puestos que, en el caso de mantenerse, han de ser cubiertos por funcionarios de carrera, pues el acceso a la función pública ha de realizarse en atención a principios de igualdad, mérito y capacidad, lo que requiere la realización de pruebas objetivas que los garanticen. La Oferta de Empleo Público ha de ser, precisamente, la ordenación de tales procesos y no su impedimento o negación. Señalaba el Tribunal Supremo, en la citada sentencia, que no hay mayor negación del derecho fundamental de acceso que la negación de los procesos selectivos legalmente previstos.

Dado que no es posible admitir que un Gobierno gestione la función pública al margen de la legalidad e ignorando los criterios que le han sido expresamente marcados por el Tribunal Supremo, esta Asociación se ha visto en la necesidad de acudir nuevamente a los Tribunales a reclamar el respeto de la legalidad, entendiendo que la garantía del derecho de acceso es hoy no sólo la garantía de una modalidad del derecho al trabajo de los ciudadanos -que no les puede ser hurtada indebidamente-, sino el principal paso para la necesaria regeneración de la función pública autonómica, en la cual la aplicación de las normas se ha visto desplazada por la arbitrariedad con que el Gobierno dirige la Administración. Sin servidores públicos correctamente seleccionados, difícilmente cabrá corregir la situación existente. Por ello, cobra especial interés el respeto al sistema de selección, y por ello esta Asociación se ve en la necesidad, por tercera vez, de acudir a los Tribunales impugnando una Oferta de Empleo Público, algo que sólo es posible explicar por la contumacia del Gobierno de Aragón en vulnerar las normas y, con ellas, los derechos de los ciudadanos.

LAS COSTAS PROCESALES, COMO DISUASIÓN O SANCIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL: LA LECCIÓN DE APUDEPA.

Pleitear contra la Administración, aunque sea en defensa de intereses generales, además de arduo, puede resultar caro, muy caro, ruinoso incluso. A la vista está el caso recientemente sufrido por APUDEPA (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés), que, debido a la condena en costas impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en los recursos judiciales promovidos en defensa de los elementos arquitectónicos de la Estación Internacional de Canfranc, se ha visto condenada al pago de 9.000 euros en costas procesales a satisfacer a las diferentes partes codemandadas. No basta con la desigual batalla de batirse frente a cuatro entidades –el Ayuntamiento de Canfranc, ADIF, la empresa Suelo y Vivienda de Aragón y el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón-, con sus respectivas defensas jurídicas, sino que, en el caso de perder, uno ha de afrontar el pago de los gastos procesales de todas las partes contrarias.

Flaco favor se hace con esta forma de proceder de los Tribunales y de nuestras Administraciones a los ciudadanos para que éstos se comprometan con la defensa de los intereses generales –sea el medio ambiente o el patrimonio cultural- frente a desmanes de particulares o, lo que es peor, de las propias instituciones. ¿De qué sirve establecer la acción pública en determinadas materias, si el ciudadano o entidad cívica que se atreva a ejercerla se puede ver condenado a afrontar el pago de los gastos de quienes han promovido el desafuero denunciado? ¿Es posible mayor sarcasmo? ¿Es posible contemplar el hecho con indiferencia?

Zaragoza es una ciudad con un nivel enorme de destrucción arquitectónica y monumental, resultado de la especulación urbanística sufrida durante los siglos XIX y XX. Muchos hemos visto con nuestros propios ojos desaparecer edificios singulares –como las casas modernistas del Paseo de Sagasta y tantas otras, algunas muy recientemente-, y hemos visto, en los ya acabados años del urbanismo especulativo sin freno, una contrucción de urbanizaciones de montaña que en nada ha respetado los valores paisajísticos ni ha tenido inconveniente alguno en contaminar los ríos en sus propias cabeceras. Todos los valores ambientales y culturales han venido y siguen cediendo ante los intereses económicos de unos pocos. Penoso es constatar que la Administración Pública, encargada de la defensa de la legalidad y del interés general, dentro del cual están los recursos naturales y los valores culturales, haya optado en estos últimos años por convertirse en empresario público y promover proyectos que, directamente, afectaban al paisaje y al patrimonio arquitectónico.

En algunos de esos casos –entre ellos, la intervención en la Estación Internacional de Canfranc-, ha sido la sociedad civil, a través de una entidad como APUDEPA, la que ha asumido la defensa de los valores arquitectónicos del edificio frente a la intervención proyectada. El resultado de dicha defensa ha sido no sólo la derrota jurídica –algo que entra siempre entre las probabilidades de toda acción ante los tribunales, aunque uno actúe convencido de las razones que le asisten y del deber de agotar los mecanismos de defensa-, sino un severo varapalo económico, al imponerle unas costas que exceden claramente la capacidad económica de una asociación civil como APUDEPA y que condiciona e hipoteca su labor futura, algo que sin duda repercutirá muy negativamente en la defensa de nuestro patrimonio cultural.

Desde esta Asociación no podemos sino lamentar lo sucedido y expresar nuestra solidaridad con la labor desarrollada por APUDEPA en la defensa del patrimonio de todos los aragoneses. Lamentamos que los Tribunales no sean capaces de apreciar circunstancias, como las que concurren en un caso de este tipo, que justificarían la no imposición de costas. Su imposición afecta directamente a APUDEPA, pero supone una advertencia directa a todas las organizaciones de la sociedad civil –incluida esta Asociación- que se han comprometido en la defensa de la legalidad y de los valores públicos, y que confían en el papel de los Tribunales para corregir la arbitrariedad del poder público.

MIL PRIMERAS NOTAS DEL BLOG.

El blog de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que inició su andadura en enero de 2007, hace casi cuatro años y medio, ha alcanzado sus mil primeras notas, de muy variado contenido, pero de idéntica finalidad, consistente en defender y reivindicar una función pública comprometida con los valores constitucionales, los principios democráticos y el Estado de Derecho.

El camino recorrido en este tiempo –del cual es testimonio el blog alimentado a lo largo de más de cuatro años- marca, en nuestra opinión, un itinerario de consolidación, maduración y coherencia. Y, sobre todo, de resistencia. No nos hemos visto obligados en este tiempo a corregir ninguna de nuestras afirmaciones ni a revisar ninguno de nuestros postulados. Al contrario, la realidad no hace más que reafirmarnos en ellos, imponiéndonos la necesidad de profundizar en sus exigencias y consecuencias. De hecho, el principal compromiso de esta Asociación, relativo al derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública, ha merecido un reciente y valiosísimo espaldarazo del Tribunal Supremo.

Lo que hasta ahora sólo era nuestra opinión, sostenida prácticamente en solitario, es hoy un contundente pronunciamiento del Tribunal Supremo, en el que se desautorizan los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Aragón en materia de Oferta de Empleo Público. La sordera institucional nos lleva, sin embargo, a reincidir en los mismos errores, repetidos años tras años por quienes dirigen la función pública aragonesa, como si se pretendiese convertir en ley la costumbre de su reiterada vulneración.

La Oferta para 2011 se olvida deliberadamente de lo fallado por el Tribunal Supremo, volviendo a la inercia administrativa de la arbitrariedad más arraigada, y, por ello, esta Asociación se verá en la necesidad de recurrir, por tercera vez, una Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno de Aragón. ¿Qué otra cosa cabe hacer cuando el Gobierno insiste, año tras año, en inaplicar la ley y desconocer el derecho fundamental de los ciudadanos? ¿Acaso hemos de renunciar a su vigencia efectiva y admitir que un Gobierno autonómico pueda desconocerlos de forma arbitraria, como ha venido haciendo desde hace más de una década?

Este blog es reflejo de la acción de la Asociación –de su actividad en defensa de la legalidad y de la ética pública- pero también es un permanente ejemplo de uso público de la razón, pues pretende ser una exposición de objetivos planteados, razonamientos de las propuestas realizadas y justificación de todas las iniciativas que se llevan a cabo.

La marca de las mil primeras notas ahora alcanzada por este blog coincide con una campaña electoral de las elecciones autonómicas y locales. Las instituciones renuevan su representatividad, conforme a la voluntad popular, única fuente de legitimidad para su constitución. Pero la legitimidad que se gane en las urnas ha de mantenerse en el transcurso del ejercicio del poder, respetando las leyes a las que dicho ejercicio está sometido. Los ciudadanos no agotan su capacidad de participación política con la emisión del voto, y mucho menos pueden desentenderse del respeto a las reglas del Estado de Derecho por parte de quienes, en nuestro caso, asumen la dirección de la Administración Pública y, consecuentemente, la de la función pública.

Difícilmente habrá buena administración sin que exista buen gobierno, y sólo al mal gobierno le interesa contar con una mala administración que le sea dócil en sus arbitrariedades y sus abusos. Por ello, el esfuerzo que viene realizando esta Asociación –con menos resultado del que hubiéramos deseado, pero con más resistencia de la que muchos esperaban- se mantendrá durante la próxima legislatura, gobierne quien gobierne, pues la experiencia enseña que el mal uso de los recursos públicos no es patrimonio exclusivo de ningún partido político y que la desprofesionalización de la función pública aragonesa, a la que nos ha llevado el Gobierno PSOE-PAR, no se superará –si es que hay voluntad de hacerlo- con un simple cambio de personas o de siglas.

Por ello, esta Asociación seguirá con su defensa del papel que corresponde cumplir a la función pública y de los principios que deben regir su ordenación y actuación, y seguirá dando a conocer su labor a través de este blog como se ha venido haciendo hasta ahora, y así lo evidencian las mil notas publicadas.

DIEZ AÑOS SIN MANUEL GIMÉNEZ ABAD.

Se cumplen diez años del asesinato de Manuel Giménez Abad y es imposible no revivir aquellos momentos de incredulidad y desolación vividos en la tarde del domingo 6 de mayo de 2001. Han pasado diez años ya, pero la imagen de Giménez Abad –su estatura como servidor público- sigue intacta en muchos de nosotros.

Pocas personas como él han encarnado y transmitido valores y saberes que hoy ejercen o habrían de ejercer funcionarios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de la Administración General del Estado, a los que él preparó, animó y orientó durante años, pero sobre todo inspiró con el ejemplo de su trabajo y de su talante. Un servidor público, y él lo dejó claro a lo largo de toda su vida, es un profesional comprometido con su sociedad.

Ejerció sus responsabilidades administrativas y políticas con los mejores valores de cada una de ambas actividades: la preparación, la exigencia, la generosidad, la cordialidad, el servicio a los demás, la defensa de los principios que nos dignifican a todos.

Contribuyó desde el primer momento a consolidar las instituciones de nuestra Comunidad Autónoma –en la Diputación General de Aragón y en las Cortes de Aragón- y se comprometió en responsabilidades de gobierno, con las inevitables hipotecas que la actividad política impone a quien gusta de razonar en libertad. La libertad que él sacrificó nos permitió a todos disfrutar de un proyecto –ya entonces- de regeneración de la vida pública.

Su asesinato no sólo nos arrebató a la persona –y nos ha privado de su compañía desde hace ya diez años a todos los que lo apreciábamos-, sino que supuso para nuestra Comunidad Autónoma una pérdida irreparable e irreemplazable, pues ejercía una labor vertebradora y mediadora dentro del conjunto institucional de nuestra Comunidad Autónoma que nadie más ha sido capaz de desarrollar.

Con toda seguridad, la Administración autonómica no se hallaría en el actual estado de atonía y de deriva si los terroristas no hubiesen truncado su vida. Si las personas son las que dan vida a las instituciones y marcan su carácter, Manuel Giménez Abad ha sido y sigue siendo la mejor y más destacada demostración de ello.

ADMITIDO A TRÁMITE RECURSO JUDICIAL CONTRA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, según notificación efectuada ayer, ha acordado admitir a trámite el recurso promovido por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa contra el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, por vulneración del derecho fundamental de petición ejercido por la Asociación.

La Asociación formalizó ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el pasado mes de febrero de 2011, un recurso contencioso-administrativo dirigido contra el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, por vulnerar el derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, al no realizar acuse de recibo ni dar respuesta a ninguna de las peticiones que le han sido dirigidas a lo largo de estos cuatro años desde esta Asociación.

La incomprensible actitud mantenida por el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, no es diferente de la adoptada, en la práctica totalidad de las peticiones de esta Asociación, por el resto de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración autonómica, que han optado, de forma generalizada y reiterada, por no dar respuesta a las solicitudes formuladas al amparo del citado derecho fundamental de petición.

El derecho de petición es un cauce de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, a través del cual se pueden formular propuestas o sugerencias a cualquier autoridad pública, sobre cuestiones que corresponden al ámbito de decisión discrecional de dicha autoridad. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición, la autoridad destinataria de la petición ha de efectuar acuse de recibo de la petición y dar una respuesta motivada a la misma en un plazo máximo de tres meses desde su recepción.

Ante el incumplimiento de dicha obligación legal por la práctica totalidad de los altos cargos de la Administración autonómica, se solicitó en su día al Presidente del Gobierno de Aragón que asegurase el respeto de dicho derecho constitucional, impartiendo a Consejeros y demás altos cargos las instrucciones oportunas para que se ajustasen a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2001. Tal petición no recibió siquiera respuesta por parte del Presidente del Gobierno de Aragón, razón por la cual esta Asociación ha de considerar que la vulneración del derecho de petición producida en el conjunto de la Administración autonómica cabe imputarla, por acción u omisión, al Presidente del Ejecutivo aragonés, Marcelino Iglesias.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN: EL DERECHO DE ACCESO COMO PRIORIDAD.

En la tarde del pasado martes, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar, conforme a la convocatoria previamente remitida y hecha pública en este blog, una nueva reunión de la Junta Directiva de la Asociación, cuyo objeto principal era decidir las posibles medidas a adoptar en relación con la Oferta de Empleo Público para 2011 aprobada recientemente por el Gobierno de Aragón.

Tras la aprobación del orden del día y del acta de la reunión anterior, celebrada el 5 de abril de 2011, el Presidente de la Asociación, Julio Guiral, realizó un informe de las actividades desarrolladas –la petición formulada ante las Cortes Generales para instar el respeto por parte de las Administraciones Públicas de los criterios señalados por el Tribunal Supremo en materia de acceso a la función pública, el escrito dirigido a la Consejera Eva Almunia, reiterando la petición de ejecución de dicha sentencia del Tribunal Supremo, por la que se anuló la Oferta de 2007, así como el escrito dirigido al Presidente del Gobierno, Marcelino Iglesias, lamentando la falta de iniciativas en materia de buen gobierno a lo largo de la legislatura que concluye-, e hizo repaso a los diferentes escritos recibidos desde distintos órganos y entidades, especialmente la respuesta dada por el Departamento de Medio Ambiente a nuestra petición de información respecto a las denuncias medioambientales no tramitadas, cuyo contenido –al margen de su generalidad y vaguedad- se acuerda remitir, como información complementaria, a las Fiscalías Provinciales de Medio Ambiente, por si en dicha falta de tramitación cupiese apreciar una inaplicación dolosa de la ley.

Seguidamente, se procedió a analizar la Oferta de Empleo Público para 2011, aprobada por el Gobierno de Aragón el día 5 de abril y publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 15 de abril. Al considerar que los términos de dicha Oferta vuelven a incurrir en las arbitrariedades e incumplimientos que han llevado a la Asociación a impugnar anteriores Ofertas, por entender vulnerado el derecho fundamental de acceso de los ciudadanos a la función pública en condiciones de igualdad, se acuerda impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa el Decreto 83/2011, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba dicha Oferta. Con el objeto de alcanzar la eficaz garantía del derecho vulnerado, se acuerda formular dicha impugnación por la vía preferente y sumaria de protección de los derechos fundamentales, al entender oportuno que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón recoja en su jurisprudencia el criterio fijado en fechas recientes por el Tribunal Supremo, de modo que sea posible corregir la arbitrariedad en la que persiste el Gobierno de Aragón. Con ello, la Asociación pretende reafirmar la prioridad total que se concede al derecho de acceso como elemento de regeneración de la función pública aragonesa.

Además de acordar la interposición del citado recurso contra el Decreto de Oferta, se acordó igualmente instar ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de 2007 –de manera que el Gobierno de Aragón apruebe un nuevo Decreto en el que se incluyan todas las plazas vacantes ocupadas por interinos que no se incluyeron en su momento, vulnerando la obligación legal de incorporarlas a la Oferta-, y se convino en la necesidad de analizar la posible responsabilidad en que pudieran haber incurrido el Director General de la Función Pública y la Consejera de Presidencia por elaborar un Decreto de Oferta manifiestamente ilegal, sin respetar los criterios fijados por la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la Oferta de 2007.

Seguidamente, y en relación con la elaboración de un documento de propuestas con motivo de las elecciones autonómicas y locales de 22 de mayo de 2011, se analizó tanto el esquema del borrador elaborado –con un conjunto de propuestas agrupadas bajo los epígrafes de buen gobierno y buena administración- como la fecha oportuna para el cierre del documento y su presentación pública, entendiendo como opción preferible aguardar para su presentación pública a la constitución de las nuevas Cortes de Aragón, de modo que el documento se haga llegar a los nuevos Grupos Parlamentarios constituidos como resultado de las elecciones de mayo. En dicho documento no sólo se contendrán propuestas de mejora de la función pública que puedan impulsarse desde los diferentes Grupos Políticos, sino que tales propuestas servirán de guía para la actuación de la Asociación a lo largo de la nueva legislatura.

Finalmente, en el apartado de ruegos y preguntas, se planteó la necesidad de prestar especial atención al irregular desarrollo del proceso selectivo para acceso a la clase de especialidad Administrativos, ante el hecho insólito e injustificable de que las calificaciones del primer ejercicio de la fase de oposición no se hayan hecho públicas siete meses después de su realización, hecho que exige una investigación sobre responsabilidades en que hayan podido incurrir los miembros del Tribunal y los responsables del Instituto Aragonés de Administración Pública.

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ACUSA RECIBO DE LA PETICIÓN DE ESTA ASOCIACIÓN.

Al igual que hacía recientemente el Presidente de la Comisión de Peticiones del Senado, la responsable del Departamento de Registro del Congreso de los Diputados, acusa recibo de la reciente petición dirigida por esta Asociación a dicha Cámara, en materia de derecho de acceso a la función pública, y comunica que dicho escrito ha sido trasladado a la Comisión de Peticiones para su oportuno estudio y tramitación.

Con su petición, esta Asociación quiere dejar clara la firmeza de la sociedad civil en la demanda de respeto y protección a los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los cuales figura el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, derecho que ha venido siendo desconocido y vulnerado por la práctica totalidad de las Administraciones Públicas y que ha dado lugar a elevadas tasas de interinidad en su seno, impidiendo que las plazas sean cubiertas en la forma que exigen las normas constitucionales, conforme a principios de mérito y capacidad y en las condiciones de inamovilidad que establece el Estatuto Básico del Empleado Público para garantizar el deber de imparcialidad que corresponde a los servidores públicos.

La constatada resistencia por parte de las Administraciones a respetar, como es debido, el derecho de acceso a la función pública, utilizando para ello los argumentos más variados posibles –admitidos generalmente por los Tribunales del orden contencioso-administrativo- ha recibido un importantísimo toque de atención por parte del Tribunal Supremo, cuyos razonamientos en la reciente sentencia que anula la Oferta de Empleo Público de 2007 aprobada por el Gobierno de Aragón, invalidan la invocación a criterios de autoorganización o de índole presupuestaria cuya única finalidad sea la inaplicación de la Ley.

Es evidente que una única sentencia del Tribunal Supremo no va a ser suficiente para modificar una práctica arraigada de arbitrariedad administrativa en materia de acceso al empleo público, pero constituye un pronunciamiento de enorme valor, a partir del cual cabe reclamar del conjunto de las instituciones públicas –entre ellas, las Cortes Generales- un compromiso activo en la defensa de la función pública y del modelo de Administración que establece nuestra Constitución, modelo que pasa por la vigencia del derecho fundamental de acceso a la función pública, garantía básica de la profesionalidad y eficacia de nuestras administraciones públicas y elemento distintivo de todo Estado de Derecho reconocible.

EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, PRIORIDAD MÁXIMA PARA REGENERAR LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA.

Cuando se pretende elaborar un programa de medidas para tratar de que la función pública recupere la senda de la constitucionalidad –es decir, cumplir la misión que le otorga la Constitución, que no es otra que la del servicio objetivo al interés general-, se cae en la cuenta de que una gran parte de las medidas que se proponen no son sino una exigencia tan básica como el respeto de las leyes vigentes, incumplidas de forma reiterada y generalizada por los responsables de función pública, con el consentimiento tácito de gran parte de los empleados públicos.

El hecho de que no se respeten por un Gobierno las normas de acceso a la función pública –como recientemente ha declarado el Tribunal Supremo, al anular la Oferta de Empleo Público de 2007-, ni las de ordenación de los puestos de trabajo –constantemente redefinidos en función de las características de los candidatos a ocuparlos, llegando a la desviación de poder más manifiesta, como en el caso del puesto de dirección de la Biblioteca de Aragón-, ni las de provisión de puestos de trabajo –con uso y abuso de la libre designación, generalizado incumplimiento de los límites temporales impuestos a las comisiones de servicios y falta de convocatoria de concursos de méritos- ni las de retribuciones –pactando y aplicando una cláusula de revisión salarial nunca publicada ni aprobada por las Cortes de Aragón, o implantando un anticipo de carrera profesional sin cobertura legal alguna-, es la prueba más evidente del nivel de degradación y descomposición en que se halla la función pública aragonesa.

Tal situación sería inimaginable si tal estado de cosas –por las razones más diversas- no contase con el consentimiento generalizado de los empleados públicos y de los sindicatos de la función pública aragonesa. Difícilmente se puede reaccionar contra la ilegalidad que nos perjudica, cuando aceptamos la ilegalidad que nos favorece. Cuando la norma cede ante el interés personal o la presión de un alto cargo, la tendencia que se impone es hacer valer esos intereses y buscar el amparo de los cargos políticos –con sus naturales contraprestaciones- para obtener lo que la norma no permite o facilita. En esa dinámica, recuperar el sentido general de respeto a las leyes resulta una tarea casi imposible. Y sin embargo, es algo cada día más urgente e indispensable.

El hecho de que el actual Director General de la Función Pública, al igual que sus antecesores, se preocupe más de hablar de la futura ley que ha de ordenar el empleo público autonómico –inédita después de cuatro años de trabajos- que de poner remedio al general incumplimiento de la normativa vigente, da idea de la pérdida del principal valor de toda función pública, como ha de ser el de la legalidad. Difícilmente los funcionarios públicos van a hacer valer el respeto a la ley en los diferentes ámbitos de intervención administrativa, cuando su propio estatuto profesional experimenta una clara quiebra de legalidad, situación que viene a contaminar toda la cultura administrativa de la organización. Esta situación es, probablemente, el mayor reproche que cabe hacer a este Gobierno de coalición PSOE-PAR, pues recomponer una función pública a la altura de las exigencias de un Estado de Derecho requerirá muchos años de esfuerzos y de tensiones internas.

En suma, cualquier documento de propuestas de regeneración de las instituciones públicas ha de partir, para no enmascarar la realidad en que vivimos, de la grave crisis de legalidad que padecemos en la función pública y, por lo tanto, del alto riesgo que ello supone para el funcionamiento del Estado de Derecho y para la vigencia de la propia democracia. Si la democracia se concibe como un sistema de gobierno de leyes, y éstas son la expresión de la voluntad general -de modo que el pueblo asegura su autogobierno al darse a sí mismo las leyes a que ha de someter su conducta-, la inaplicación de dichas leyes y su desplazamiento por la voluntad arbitraria de quien gobierna constituye el más claro fraude a la vida democrática. Mientras no se ponga el énfasis suficiente en dicho hecho, cualquier programa de regeneración que se formule no será más que una cortina de humo para ocultar el principal y más grave dato de la falta de calidad institucional: la vulneración de las leyes y la falta de reacción institucional y social a dicha vulneración.

EL SENADO ACUSA RECIBO DE LA PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

El Presidente de la Comisión de Peticiones del Senado ha acusado recibo del escrito de petición que, recientemente, se dirigió a dicha Cámara por parte de esta Asociación, para que desde las Cortes Generales se inste a las Administraciones Públicas al máximo respeto del derecho de acceso a la función pública reconocido a los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española, respetando para ello los criterios expresados por el Tribunal Supremo en la reciente sentencia por la que se anuló la Oferta de Empleo Público para 2007 aprobada por el Gobierno de Aragón.

Las instituciones del Estado no pueden quedar al margen de una problemática tan crucial para el buen funcionamiento de nuestro sistema constitucional como es la vigencia efectiva de los derechos fundamentales –entre los que figura el de acceso a la función pública en condiciones de igualdad- y la existencia de una función pública profesionalizada, comprometida con el servicio objetivo al interés general.

Confiamos en que la petición sea trasladada al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, algo que ya hicimos directamente desde la Asociación –sin que hayamos obtenido respuesta alguno desde la Secretaría de Estado para la Función Pública-, pero desearíamos que tal remisión fuese acompañada de un debate previo entre los miembros de los diferentes Grupos Parlamentarios y de una toma de posición, asumiendo los criterios manifestados por el propio Tribunal Supremo en su pronunciamiento.

En ocasiones anteriores, hemos acudido con similar petición a las Comisiones de Peticiones del Congreso de los Diputados y del Senado, solicitando que desde las instituciones del Estado se vele por el respeto de la normativa básica estatal en materia de función pública, y nos parece oportuno insistir en tal petición, añadiendo a nuestras anteriores razones las ahora expresadas por el Tribunal Supremo, en las que se viene a acoger nuestras tesis a favor del derecho de acceso a la función pública.

En un Estado de Derecho es fundamental el control jurisdiccional de la actuación administrativa, pero tanto o más importante es la actuación conforme a derecho de todas las autoridades públicas –entre ellas, el Gobierno de Aragón-, de modo que los ciudadanos no se vean en la necesidad de acudir a los Tribunales en defensa de sus derechos, una y otra vez, cuando las leyes son claras y se conocen los criterios con los que han de ser aplicadas. No nos hemos de cansar por ello, en reclamar una y otra vez, a las instituciones del Estado un compromiso expreso e inequívoco con el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos.

NO NOS CONFORMAMOS CON LO QUE HAY.

Hay diferentes actitudes posibles ante las insuficiencias de nuestra realidad institucional y administrativa: se puede mostrar indiferencia, colocarse al margen -no participar en la degradación, pero no hacer nada por combatirla-, caer en la resignación fatalista -"esto no hay quien lo cambie"- o subirse al carro de los que mandan, para disfrutar de una parte del botín -ser pragmático, actuar de forma inteligente, para quienes entienden la inteligencia como sinónimo de extraer ganancia de las cosas-, pero también cabe adoptar una posición distinta a todas ellas -y es por la que hemos optado en esta Asociación-, que es la del compromiso activo con el respeto a la legalidad y con los principios democráticos.

En el ejercicio de este compromiso no experimentamos decepción, porque no esperamos recompensa. La recompensa es simplemente la conciencia de no haber claudicado, de no haber todavía admitido el hecho de que un Presidente del Gobierno de Aragón o un Consejero puedan, sin mayor problema, desatender las obligaciones que les imponen las leyes, como son el contestar a las demandas de información del Justicia de Aragón o a las peticiones formuladas por los ciudadanos. Es decir, que olviden su principal misión: cumplir y hacer cumplir las leyes. Puede ser que esa conducta no sea sancionada por los Tribunales -de otro modo, no habríamos llegado a la actual situación-, pero los ciudadanos no pueden dejar de reprocharles una conducta que les deslegitima para el ejercicio del poder público en una democracia.

Hay quien confunde gobernar en una democracia con gobernar democráticamente. Para gobernar democráticamente no basta con ser elegido por los ciudadanos y acceder al poder de forma legítima. Los que no han gobernado como se exige gobernar en una democracia -con sometimiento al ordenamiento jurídico- solicitan nuevamente nuestro voto, sin la menor reflexión sobre su estilo de gobierno ni sobre sus incumplimientos. La condición de electo debe ir acompañada por el correcto ejercicio del poder, y en ello hay algo que no está sujeto a valoraciones subjetivas -de mayor acierto o desacierto en las políticas aplicadas-, sino a un juicio objetivo y comprobable: el del respeto de las obligaciones que imponen las leyes.

En esta Asociación, comprometida con los principios y valores que presiden el ejercicio de las funciones públicas, la máxima preocupación es la del respeto de la legalidad por parte de los titulares de todas las instituciones públicas. Aun a riesgo de resultar reiterativos e impertinentes, no vamos a dejar de señalar conductas que nos parecen reprochables, cuando no directamente ilícitas y sancionables: sirvan de ejemplo, la utilización de los puestos de trabajo de la Administración para estrictos fines de partido, la quiebra del principio de publicidad, igualdad y concurrencia en los procesos selectivos de personal y en la contratación administrativa, el incremento fraudulento de las retribuciones de los empleados públicos -a los que luego hay que bajarles las retribucines legales, lo que da idea del absurdo en el que nos hallamos inmersos-, o la irresponsabilidad por hechos tan inexplicables como la gestión de fondos europeos por parte de ASAEL, entidad constituida por entidades locales aragonesas que, con su conducta, descalifica a Aragón en el conjunto de Europa, algo que a nadie parece importarle.

Podemos clamar en el desierto, decir cosas que de tan obvias nadie se molesta en recordarlas -ni siquiera cuando se vulneran a diario, como ocurre con las normas de función pública-, promover pleitos que se eternizan en los tribunales -permitiendo que las arbitrariedades, como la cometida en la Biblioteca de Aragón, se consumen-, o ganar sentencias que luego la Administración se resiste a ejecutar -como la dictada por el Tribunal Supremo en materia de acceso a la función pública-, pero todo ello no nos lleva a cejar ni reblar -no les vamos a dar esa satisfacción a los políticos y funcionarios responsables de las ilegalidades que sufrimos y denunciamos-, sino a insistir y redoblar nuestro esfuerzo, hasta que veamos una tierra en la que , aunque no ponga libertad, al menos ponga legalidad y tengamos la certeza y el orgullo de vivir en un Estado de Derecho, donde el ciudadano pueda tener la plena confianza en que las instituciones trabajan para asegurar sus derechos.

El objetivo, en definitiva, no es otro que el de comprometernos con la vigencia de nuestro modelo constitucional y reaccionar frente a la desvirtuación de toda la base ética que lo sustenta. No puede existir compromiso más lógico que ése, pues el día que admitamos que la Constitución -y, principalmente, los derechos fundamentales que en ella se reconocen- deje de vincular a los poderes públicos, habremos renunciado a nuestra condición de ciudadanos.

LIBRE Y CONSTANTE EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

Las instituciones gozan, en todo momento, de continuidad, lo que evita que puedan producirse vacíos institucionales que afecten a alguno de los poderes del Estado. Así, la Diputación Permanente garantiza el ejercicio de los poderes y facultades del Parlamento, durante los periodos de inactividad de éste o tras su disolución, y el Gobierno en funciones hace lo propio en cuanto a las facultades del poder ejecutivo, con las lógicas restricciones o modulaciones expresamente establecidas.

Ahora bien, si algo es constante y continuo en una democracia es el estatus de los ciudadanos y su facultad de ejercer, de forma libre, los derechos fundamentales que les otorga directamente la Constitución. Ni los procesos electorales ni las transiciones que puedan vivir las instituciones públicas –en los cambios de legislatura- constituyen una causa de suspensión de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Todo ello viene a propósito de la actividad que esta Asociación ha venido ejerciendo en el transcurso de la legislatura y que, lógicamente, pretende seguir ejerciendo en las semanas y meses próximos, pues nuestra Comunidad Autónoma sigue contando con instituciones obligadas a asegurar la vigencia de los derechos de los ciudadanos, entre los cuales se encuentran algunos que hemos venido reivindicando sin descanso desde nuestra creación: el derecho de acceso a la función pública y el derecho de petición, ambos consustanciales a la configuración del Estado democrático que lleva a cabo nuestra Constitución.

Confiamos en que el Gobierno de Aragón tenga la capacidad y la voluntad de ejercer sus responsabilidades institucionales de aquí a la constitución del futuro gobierno que salga de las elecciones de mayo, y que, con independencia del desarrollo del proceso electoral y de la renovación institucional que se derive del mismo, asegure el ejercicio de dichos derechos, a pesar de que no lo haya hecho a lo largo de la legislatura que ahora concluye.

Esperamos que la actual Consejera de Presidencia, Eva Almunia, proceda a la ejecución de las sentencias de los Tribunales –como la dictada por el Tribunal Supremo en materia de oferta de empleo público, cuya ejecución vamos a tener que reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Aragón ante la inactividad y el silencio incomprensibles de los responsables del Departamento de Presidencia- y respete el derecho de petición ejercido por esta Asociación en relación con diferentes temas de la función pública aragonesa.

No restamos ninguna trascendencia a la importancia que tiene un proceso electoral –como máxima manifestación del autogobierno de los ciudadanos-, pero precisamente porque ponemos el acento en el ciudadano y no en las fuerzas políticas que aspiran a representarlo y gobernarlo, creemos que no es tiempo para suspender el ejercicio de los derechos fundamentales, sino para ejercerlos con la misma normalidad y responsabilidad que puedan ejercerse en cualquier otro momento de la legislatura.