EL SENADO ACUSA RECIBO DE LA PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN.

El Presidente de la Comisión de Peticiones del Senado ha acusado recibo del escrito de petición que, recientemente, se dirigió a dicha Cámara por parte de esta Asociación, para que desde las Cortes Generales se inste a las Administraciones Públicas al máximo respeto del derecho de acceso a la función pública reconocido a los ciudadanos en el artículo 23.2 de la Constitución Española, respetando para ello los criterios expresados por el Tribunal Supremo en la reciente sentencia por la que se anuló la Oferta de Empleo Público para 2007 aprobada por el Gobierno de Aragón.

Las instituciones del Estado no pueden quedar al margen de una problemática tan crucial para el buen funcionamiento de nuestro sistema constitucional como es la vigencia efectiva de los derechos fundamentales –entre los que figura el de acceso a la función pública en condiciones de igualdad- y la existencia de una función pública profesionalizada, comprometida con el servicio objetivo al interés general.

Confiamos en que la petición sea trasladada al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, algo que ya hicimos directamente desde la Asociación –sin que hayamos obtenido respuesta alguno desde la Secretaría de Estado para la Función Pública-, pero desearíamos que tal remisión fuese acompañada de un debate previo entre los miembros de los diferentes Grupos Parlamentarios y de una toma de posición, asumiendo los criterios manifestados por el propio Tribunal Supremo en su pronunciamiento.

En ocasiones anteriores, hemos acudido con similar petición a las Comisiones de Peticiones del Congreso de los Diputados y del Senado, solicitando que desde las instituciones del Estado se vele por el respeto de la normativa básica estatal en materia de función pública, y nos parece oportuno insistir en tal petición, añadiendo a nuestras anteriores razones las ahora expresadas por el Tribunal Supremo, en las que se viene a acoger nuestras tesis a favor del derecho de acceso a la función pública.

En un Estado de Derecho es fundamental el control jurisdiccional de la actuación administrativa, pero tanto o más importante es la actuación conforme a derecho de todas las autoridades públicas –entre ellas, el Gobierno de Aragón-, de modo que los ciudadanos no se vean en la necesidad de acudir a los Tribunales en defensa de sus derechos, una y otra vez, cuando las leyes son claras y se conocen los criterios con los que han de ser aplicadas. No nos hemos de cansar por ello, en reclamar una y otra vez, a las instituciones del Estado un compromiso expreso e inequívoco con el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos.