La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, según notificación efectuada ayer, ha acordado admitir a trámite el recurso promovido por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa contra el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, por vulneración del derecho fundamental de petición ejercido por la Asociación.
La Asociación formalizó ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el pasado mes de febrero de 2011, un recurso contencioso-administrativo dirigido contra el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, por vulnerar el derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, al no realizar acuse de recibo ni dar respuesta a ninguna de las peticiones que le han sido dirigidas a lo largo de estos cuatro años desde esta Asociación.
La incomprensible actitud mantenida por el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, no es diferente de la adoptada, en la práctica totalidad de las peticiones de esta Asociación, por el resto de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración autonómica, que han optado, de forma generalizada y reiterada, por no dar respuesta a las solicitudes formuladas al amparo del citado derecho fundamental de petición.
El derecho de petición es un cauce de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, a través del cual se pueden formular propuestas o sugerencias a cualquier autoridad pública, sobre cuestiones que corresponden al ámbito de decisión discrecional de dicha autoridad. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición, la autoridad destinataria de la petición ha de efectuar acuse de recibo de la petición y dar una respuesta motivada a la misma en un plazo máximo de tres meses desde su recepción.
Ante el incumplimiento de dicha obligación legal por la práctica totalidad de los altos cargos de la Administración autonómica, se solicitó en su día al Presidente del Gobierno de Aragón que asegurase el respeto de dicho derecho constitucional, impartiendo a Consejeros y demás altos cargos las instrucciones oportunas para que se ajustasen a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2001. Tal petición no recibió siquiera respuesta por parte del Presidente del Gobierno de Aragón, razón por la cual esta Asociación ha de considerar que la vulneración del derecho de petición producida en el conjunto de la Administración autonómica cabe imputarla, por acción u omisión, al Presidente del Ejecutivo aragonés, Marcelino Iglesias.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
21 comentarios:
¿Qué se persigue?
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha acordado admitir a trámite el recurso promovido por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa contra el Presidente del Gobierno de Aragón por vulneración del derecho fundamental de petición.
heraldo.es
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha acordado admitir a trámite el recurso promovido por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa contra el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, por vulneración del derecho fundamental de petición ejercido por la Asociación, según un comunicado de prensa emitido por la misma.
«La Asociación formalizó ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el pasado mes de febrero de 2011, un recurso contencioso-administrativo dirigido contra Iglesias por vulnerar el derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española», dice la Asociación en una nota, «al no realizar acuse de recibo ni dar respuesta a ninguna de las peticiones que le han sido dirigidas a lo largo de estos cuatro años desde esta Asociación», continúa.
«La incomprensible actitud mantenida por el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, no es diferente de la adoptada, en la práctica totalidad de las peticiones de esta Asociación, por el resto de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración autonómica», valora la nota.
Según esta institución, los dirigentes «han optado, de forma generalizada y reiterada, por no dar respuesta a las solicitudes formuladas al amparo del citado derecho fundamental de petición».
¿Qué es el derecho de petición?
El derecho de petición es un cauce de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, a través del cual se pueden formular propuestas o sugerencias a cualquier autoridad pública, sobre cuestiones que corresponden al ámbito de decisión discrecional de dicha autoridad.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición, la autoridad destinataria de la petición ha de efectuar acuse de recibo de la petición y dar una respuesta motivada a la misma en un plazo máximo de tres meses desde su recepción.
heraldo.es
Comentario:
A ver si le meten mano a este enteradillo. Que ya vale de ir a su bola y pasar de la gente del pueblo. Se creen Dioses, en fin que pena de país.
La posibilidad de que el Gobierno central impugne la convocatoria de oposiciones de Aragón por rebasar el límite del 30% de la tasa de reposición de efectivos, no inquieta en exceso a la DGA, que aseguró ayer a los sindicatos en mesa sectorial que el proceso se celebrará tal y como estaba previsto y que la convocatoria se anunciará en breve.
De hecho, desde el Departamento de Educación se advirtió que todavía no se ha recibido notificación alguna a este respecto desde el ministerio, por lo que se limitó a hablar de "especulaciones" acerca de la posibilidad de que, como ayer avanzó El País, Aragón sea una de las comunidades en las que se recurra el proceso. En este sentido, María Victoria Broto, consejera de Educación, subrayó que "estamos seguros de que nos hemos ajustado a la normativa y seguiremos adelante con el proceso".
La Administración, además, continúa convencida de que su aplicación del 30% de la tasa de reposición se ajustó a la normativa legal al convocar 320 plazas de maestros en las próximas oposiciones y así se lo trasladó a los sindicatos, a los que, asimismo, expuso su intención de defender su postura ante el Ejecutivo. Así, salvo que un juez paralice el proceso, este se celebrará como estaba previsto.
el periodico de aragon
Sin embargo, los sindicatos aragoneses de enseñanza mostraron ayer su "preocupación" con la posibilidad de una posible afectación de las oposiciones, aunque mostraron su convencimiento en que "la convocatoria saldrá adelante".
CCOO, por ejemplo, anunció la convocatoria de movilizaciones ante las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y mostró su rechazo a los recursos realizados desde el Gobierno y advirtió que "la posibilidad de suspender las oposiciones ya convocadas o a punto de serlo en Aragón supone algo más que un mazazo a las aspiraciones de los opositores y opositoras que pueden ver arrojado por la borda el trabajo y el esfuerzo realizado en los últimos meses por ellos y sus familias".
En este sentido, el sindicato animó a todos los trabajadores del sector y, especialmente, a los opositores, a manifestar el rechazo "comprometiéndose a propiciar movilizaciones unitarias".
El Gobierno central confirmó ayer que ha recurrido las oposiciones de plazas públicas de profesorado de Castilla y León, Cataluña y Navarra por considerar que exceden el límite del 30% de reposición de vacantes de docentes al que obligan los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Según publicó ayer El País, la Administración central va a recurrir por el mismo motivo la convocatoria de plazas de Extremadura, Aragón, Andalucía y Baleares.
periodico de aragon
Esa asociación está más sola que la una.
No conozco ningún funcionario que la apoye.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, según notificación efectuada ayer, ha acordado admitir a trámite el recurso promovido por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa contra el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, por vulneración del derecho fundamental de petición ejercido por la Asociación.
La Asociación formalizó ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el pasado mes de febrero de 2011, un recurso contencioso-administrativo dirigido contra el Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, por vulnerar el derecho fundamental de petición, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, al no realizar acuse de recibo ni dar respuesta a ninguna de las peticiones que le han sido dirigidas a lo largo de estos cuatro años desde esta Asociación.
La incomprensible actitud mantenida por el presidente del Gobierno de Aragón no es diferente de la adoptada, en la práctica totalidad de las peticiones de esta Asociación, por el resto de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración autonómica, que han optado, de forma generalizada y reiterada, por no dar respuesta a las solicitudes formuladas al amparo del citado derecho fundamental de petición.
El derecho de petición es un cauce de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, a través del cual se pueden formular propuestas o sugerencias a cualquier autoridad pública, sobre cuestiones que corresponden al ámbito de decisión discrecional de dicha autoridad. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición, la autoridad destinataria de la petición ha de efectuar acuse de recibo de la petición y dar una respuesta motivada a la misma en un plazo máximo de tres meses desde su recepción.
Ante el incumplimiento de dicha obligación legal por la práctica totalidad de los altos cargos de la Administración autonómica, se solicitó en su día al Presidente del Gobierno de Aragón que asegurase el respeto de dicho derecho constitucional, impartiendo a consejeros y demás altos cargos las instrucciones oportunas para que se ajustasen a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2001. Tal petición no recibió siquiera respuesta por parte de Iglesias, razón por la cual esta Asociación ha de considerar que la vulneración del derecho de petición producida en el conjunto de la Administración autonómica cabe imputarla, por acción u omisión, al presidente del Ejecutivo aragonés.
diario aragonés
¿Preocupación de los sindicatos por la posible suspensión de las convocatorias de oposiciones?
¿Y qué pasa con las que ya están en marcha y llevan paralizadas más de 6 meses? Como por ejemplo la de administrativos, que eran examinados en octubre de 2010 y todavía no saben la nota que sacaron en el examen.
¿Por esto nadie pide responsabilidades a los responsables del Gobierno de Aragón, por su ineptitud, desidia, manipulación, desprecio, soberbia...?
¿Qué persigue esa Asociación? Algo tan noble, en su sencillez, como que los gobernantes cumplan las leyes; que cuando se le escriba al presidente al amparo de la Ley Orgánica del Derecho de Petición éste conteste; porque también le obliga a él.
"Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y
comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado." (Margaret Mead)
¿Lograremos acaso cambiar la Administración?
¿No se trata de un pecado de soberbia?
¿O es un simple esfuerzo de exigencia?
LA SALA de lo Contencioso-Administrativo del TSJA admitió a trámite el recurso de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa contra Marcelino Iglesias. El recurso se formalizó en febrero, debido a que el presidente de Aragón no había dado acuse de recibo ni respuesta a las peticiones de la asociación durante esta legislatura. De ahí que la agrupación decidiera demandarle amparándose en el artículo 29 de la Constitución, que trata del derecho de petición como participación en la función pública.
el periodico de aragon
¿Aún hay algún eco en la prensa del trabajo de esta asociación?
Cuando todos reblaron, cuando la mayoría calló, miró hacia otro lado y agachó la cabeza, nosotros estuvimos allí, nosotros alzamos la voz, nosotros mantuvimos la cabeza alta. Nosotros tuvimos la osadía de recordarle al presidente del Gobierno que él también tenía que cumplir las Leyes.
Alguien lo hizo, y ese alguien fuimos nosotros.
Sólo nos quedará eso. Ya es bastante.
No es poco.
Siempre es necesario recordarles a quienes ejercen el poder, que las leyes también están dictadas para ellos. Que gobernar conlleva obligaciones que hay que cumplir.
Esta Asociación no está sola, y si hay funcionarios que la apoyan, cada vez más.
La gran pena es que una Asociación con estos fines tan claros y concretos, la defensa de la función pública, tenga que existir, deberíamos preguntarnos porque se ha tenido que llegar a ello. Algún día se recordará a los valientes que dieron el paso y resistieron ante tanta injusticia.
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