jueves, 5 de mayo de 2011

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ACUSA RECIBO DE LA PETICIÓN DE ESTA ASOCIACIÓN.

Al igual que hacía recientemente el Presidente de la Comisión de Peticiones del Senado, la responsable del Departamento de Registro del Congreso de los Diputados, acusa recibo de la reciente petición dirigida por esta Asociación a dicha Cámara, en materia de derecho de acceso a la función pública, y comunica que dicho escrito ha sido trasladado a la Comisión de Peticiones para su oportuno estudio y tramitación.

Con su petición, esta Asociación quiere dejar clara la firmeza de la sociedad civil en la demanda de respeto y protección a los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los cuales figura el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, derecho que ha venido siendo desconocido y vulnerado por la práctica totalidad de las Administraciones Públicas y que ha dado lugar a elevadas tasas de interinidad en su seno, impidiendo que las plazas sean cubiertas en la forma que exigen las normas constitucionales, conforme a principios de mérito y capacidad y en las condiciones de inamovilidad que establece el Estatuto Básico del Empleado Público para garantizar el deber de imparcialidad que corresponde a los servidores públicos.

La constatada resistencia por parte de las Administraciones a respetar, como es debido, el derecho de acceso a la función pública, utilizando para ello los argumentos más variados posibles –admitidos generalmente por los Tribunales del orden contencioso-administrativo- ha recibido un importantísimo toque de atención por parte del Tribunal Supremo, cuyos razonamientos en la reciente sentencia que anula la Oferta de Empleo Público de 2007 aprobada por el Gobierno de Aragón, invalidan la invocación a criterios de autoorganización o de índole presupuestaria cuya única finalidad sea la inaplicación de la Ley.

Es evidente que una única sentencia del Tribunal Supremo no va a ser suficiente para modificar una práctica arraigada de arbitrariedad administrativa en materia de acceso al empleo público, pero constituye un pronunciamiento de enorme valor, a partir del cual cabe reclamar del conjunto de las instituciones públicas –entre ellas, las Cortes Generales- un compromiso activo en la defensa de la función pública y del modelo de Administración que establece nuestra Constitución, modelo que pasa por la vigencia del derecho fundamental de acceso a la función pública, garantía básica de la profesionalidad y eficacia de nuestras administraciones públicas y elemento distintivo de todo Estado de Derecho reconocible.

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