No existe ningún derecho ilimitado. Ni siquiera los derechos fundamentales carecen de límites. Pero, si eso es cierto, no lo es menos que ningún derecho fundamental puede ser innecesariamente cercenado o sacrificado. Los derechos fundamentales constituyen un todo coherente y están llamados a convivir entre sí.
Por ello, hay que analizar con enorme cautela la incompatibilidad que se pretende establecer entre el derecho de reunión de unos ciudadanos –ejercido de forma pacífica- y el derecho de sufragio que podrán ejercer este próximo domingo todos los electores convocados a las urnas, tanto españoles como extranjeros residentes.
La Junta Electoral Central ha considerado que las concentraciones de protesta que se desarrollan en buena parte de las ciudades españolas son contrarias a la legislación electoral, y determina que las Juntas Electorales Provinciales han de impedir su celebración durante la jornada de reflexión y la jornada de votación. Ahora bien, es difícil calificar de acto electoral las concentraciones de protesta –pues en ellas no se reclama el voto para ninguna candidatura, razón por la cual no cabe entender que vulnere el sentido de la jornada de reflexión- y tampoco hay razones sólidas para considerar, de forma apriorística, que las concentraciones coartan la libertad de voto de los ciudadanos.
Es innegable que las concentraciones de protesta han incidido de forma destacada en el desarrollo de este proceso electoral –y está por determinar su incidencia futura-, pero sería un error mayúsculo y un signo de debilidad del sistema democrático el acudir a la prohibición y al ejercicio de la fuerza, salvo que se produzcan interferencias en el derecho de sufragio de los ciudadanos.
El artículo 23.1 de la Constitución reconoce, en pie de igualdad, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, de forma directa o a través de representantes. Hasta la fecha, jamás se había producido un ejercicio simultáneo de debate de los asuntos públicos de estas características en el curso de un proceso electoral, pero los ciudadanos nunca pueden ser unos intrusos en los procesos democráticos, siempre que su presencia no lesione el derecho fundamental de nadie. El que una situación no la hayamos vivido con anterioridad no quiere decir que sea ilegal ni inviable.
Hacer compatibles ambas manifestaciones populares –la emisión del voto y la libre protesta- en una jornada electoral será, sin duda, un signo positivo de cambio y de madurez democrática.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
8 comentarios:
La Asociación para la Defensa de la Función Pública reclama el derecho a protestar.
aragonnoticias
En una nota, la entidad ha afirmado que “que quienes no escuchan ni responden a los ciudadanos se inhabilitan para gobernar e, incluso, para representarlos en cualquier institución”.
“Celebremos, por lo tanto, que miles de ciudadanos, desde las calles y las plazas de nuestro país, recuerden algo tan básico y elemental en una democracia”, han expresado.
ZARAGOZA, 20 May. (EUROPA PRESS) – La Asociación para la Defensa de la Función Pública se ha solidarizado este viernes con el Movimiento 15M, que ha organizado numerosas acampadas en ciudades españolas para exigir la “democracia real”. En una nota, la entidad ha afirmado que “que quienes no escuchan ni responden a los ciudadanos se inhabilitan para gobernar e, incluso, para representarlos en cualquier institución”.
ZARAGOZA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Defensa de la Función Pública se ha solidarizado este viernes con el Movimiento 15M, que ha organizado numerosas acampadas en ciudades españolas para exigir la "democracia real".
En una nota, la entidad ha afirmado que "que quienes no escuchan ni responden a los ciudadanos se inhabilitan para gobernar e, incluso, para representarlos en cualquier institución".
"Celebremos, por lo tanto, que miles de ciudadanos, desde las calles y las plazas de nuestro país, recuerden algo tan básico y elemental en una democracia", han expresado.
Los ciudadanos "hemos visto --con desazón-- la progresiva esclerotización de nuestro sistema político, transformado cada día más en un terrero reservado en exclusiva para los partidos políticos".
Según la Asociación, "cada vez resulta más trabajoso votar en unas elecciones, pues éstas se perciben también como un mecanismo de colocación por parte de quienes han hecho de la política su exclusivo medio de vida".
"Cuando unos ciudadanos son reducidos al silencio por sus propios representantes, se cobra conciencia de la gravedad de la situación, y se comprende perfectamente que, al final, para muchos sólo queden las calles para expresarse", han añadido.
La entidad propone "recuperar" la democracia y las instituciones para los ciudadanos, "hoy indebidamente monopolizadas" por los partidos políticos. Esta Asociación lleva cuatro años "batallando" por recuperar la función pública para los ciudadanos.
No se eluden terrenos comprometidos, veo.
Los acampados en la plaza del Pilar de Zaragoza consideran que su protesta es legítima y no altera el transcurso de las elecciones autonómicas y locales, por lo que no comparten la decisión de la Junta Electoral Central, que ha prohibido estas manifestaciones para los días 21 y 22 de mayo.
diario del altoaragon
Miren otra vez las fotos de la Puerta del Sol de Madrid. Ignoro cuántos miles de personas caben ahí, pero son una impresionante multitud. No cabe un alfiler. No todos están acampados. Hay muchos que van a curiosear, a vivir el fenómeno para poder contarlo después o a solidarizarse con la gran protesta. Pero son, insisto, una impresionante multitud. Ahora póngase usted en la piel y el papel del ministro del Interior. Si decide no disolver esa concentración humana, habrá quien lo acuse de incumplir la ley; ya lo están acusando. Y algo peor: los acampados entenderán que son invencibles, que ni el Estado ni sus administradores tienen redaños para levantar el campamento. Pero, si decide enviar a la policía con la orden de disolver, ¿cómo mete a los guardias en esa plaza? ¿Quién garantiza que aquello no degenere en una batalla campal? ¿Y qué ocurre si hay una víctima mortal?
Tal como se plantea el drama -y no retiro la palabra-, el ministro Pérez Rubalcaba está sometido a un chantaje, y tampoco retiro la palabra: ni puede olvidar su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes, ni puede convertir una protesta cívica en un conflicto de impredecibles dimensiones. Todo, por lo que apuntamos hace dos días: por una norma electoral restrictiva, roma, rígida y que nos trata como a menores de edad, tan faltos de criterio propio que nos dejamos influir por una manifestación para cambiar nuestro sufragio. ¿De verdad tienen ese concepto del ciudadano español?
Los miembros de la Junta Electoral Central que declararon ilegales las concentraciones (con mayoría de un solo voto, una vez más) podrán tener toda la razón legal; pero demostraron carecer de la mínima flexibilidad para evitar que el Estado sea sometido a un desafío como este. Yo les digo: para limitarse a aplicar una ley sin la menor interpretación generosa, no hace falta pagar a juristas tan ilustres en esos órganos. Si ante la magnitud del reto resultan, además, incapaces de escuchar y atender las razones de quienes votaron en contra, o son unos fundamentalistas, o debemos suponerles intención de atizar el conflicto.
¿Saben lo que van a conseguir o han conseguido ya? Lo del miércoles: el efecto llamada. Y algo más: el envalentonamiento de los concentrados, que se saben los héroes de esta película; que se sienten observados con simpatía por la prensa internacional; que son conscientes del apoyo social interno que los respalda; que no tienen nada que perder y mucho que ganar, y que han encontrado en la historia la respuesta mágica del no nos moverán. Todo magnífico. Los intérpretes de la ley no se mueven, los manifestantes tampoco, que Rubalcaba nos saque del embrollo. Pues yo animo al ministro a hacer lo que hizo el miércoles: mandar a los guardias a informar y no a reprimir. Y si alguien piensa que así incumple la ley es que prefiere la gran provocación.
fernando ónega
Muy bien por la Asociación. una vez más demuestran buen criterio y buen gusto al apoyar la movilización ciudadana del 15M, que sólo puede observarse como la lucha por una sociedad más participativa y por un acceso real a todos los derechos.
Mi enhorabuena y mi agradecimiento.
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